La Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada por colectivos vecinales y ecologistas, se ha concentrado este viernes ante el edificio del Reloj del Puerto de València en el que se ha celebrado el consejo de administración para protestar contra la aprobación del proyecto constructivo de ampliación norte.
Según ha informado la entidad en comunicado, “en 2018 la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) retomó el proyecto abandonado durante la crisis financiera de 2008. Durante estos últimos cuatro años de oposición a la ampliación, pese a la obstrucción del puerto a la participación pública, la Comissió Ciutat-Port ha demostrado que el proyecto de la APV tiene efectos significativos perversos sobre el Medio Ambiente”.
En su momento, Puertos del Estado y ahora, Transición Ecológica, han impuesto “serias condiciones y requisitos ambientales, que no estaban ni mencionados en el anteproyecto, ni en el proyecto de la ampliación norte del puerto de València”.
La concesión de explotación de la terminal por construir está comprometida “con la multinacional MSC, antes de que el proyecto de la mega-explanada esté resuelto, por lo que se teme un nuevo caso Castor si finalmente se confirma la adjudicación”.
Desde la Comissió Ciutat-Port “se quiere poner de manifiesto el evidente desprecio que muestra la APV por el Medio Ambiente. Por mucho que invierta en lavar su imagen mediante falsos alegatos sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, la APV sólo trata de ocultar la opacidad de su actuación, que practica con total impunidad, denegando peticiones para alargar procedimientos, utilizando la estrategia del desgaste y del despiste sobre el funcionamiento de la entidad pública. Interpreta la ley caprichosa y restrictivamente, dando prevalencia al fin sobre los medios; desprecia a la ciudadanía a la vez que atiende complaciente a los lobbies con intereses económicos en el Puerto”.
En relación con el informe emitido por la Dirección General de Costas publicado de forma íntegra por elDiario.es, denuncia la Comissió que un Ministerio de “Transición Ecológica” que responda con fidelidad y eficiencia a su nombre, no puede hipotecar el futuro de la biodiversidad valenciana en un documento que concluye que “en principio” las obras de la ampliación norte del Puerto no producirán graves daños ambientales: “Es obligación de la Administración Pública aplicar el principio de acción preventiva en materia medioambiental, aspecto que el presente informe no sólo obvia, sino que contradice abiertamente”.
Cabe recordar que “el Medio Ambiente saludable es un Derecho Humano según reciente Declaración aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, y que barrios como Natzaret llevan décadas sin este Derecho Humano a causa del puerto”.
Añade esta entidad que “existen muchas cuestiones que apuntan a la zozobra del proyecto, más incluso que las 21 condiciones o líneas rojas impuestas por el informe de Costas publicado esta misma semana. Por ejemplo, la profundidad de la draga del canal de acceso no será de 24 metros como se pretendía con el anteproyecto. El Puerto tampoco podrá utilizar los finos del yacimiento de arena frente a Cullera porque el destino preferente de la draga del fondo marítimo es, por Ley, para la regeneración de la costa. Inevitablemente, el destino de arenas dragadas ha de compensar la regresión de las playas del Sur, especialmente del Saler, la Devesa y la restinga de la Albufera”.
Así lo acredita el informe de Costas, que ha dejado clara “la afección al sur del dique norte del Puerto sobre el que se asentaría la nueva mega-explanada de la terminal. Un informe de la Universitat Politècnica de València además concluye que tales efectos negativos son irreversibles, pero que cabe continuar con la descabellada ampliación norte porque, ingenuamente, se dice que no caben más impactos de esa nefasta ampliación. Es como si tras el desastre del Prestige, la universidad hubiese aconsejado convertir la Costa da Morte en un vertedero de chapapote de otros accidentes petroleros, dado que ya el daño era irreversible. Cuesta aceptar axiomas como esos cuando vienen de una universidad pública valenciana”.
Estos son algunos ejemplos, pero según la plataforma “hay numerosas líneas rojas se han traspasado desde que la Presidencia de la APV, Aurelio Martínez (cuya nefasta trayectoria como gestor es notoria, particularmente por parte de la afición valencianista), decidió retomar su plan para cambiar impunemente el orden de relación entre el puerto y la ciudad de València. Líneas rojas que no deberían haberse cruzado, que no deberíamos dar por irrecuperables y menos impunemente, y que por supuesto el Puerto de València no debería estar intentando traspasar a toda costa para mantener a flote la innecesaria ampliación norte”.
Líneas rojas como la de “los límites de lo que se considera espacio portuario, que sus planes ya han traspasado. El informe de Costas sobre el proyecto de ampliación menciona al respecto la necesidad de modificar la actual Declaración de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) para que pueda acomodar la ampliación, y también el cambio de la terminal de cruceros adjudicada ya a Balearia sin evaluación ambiental. Esta modificación de la DEUP venía siendo reclamada por los barrios portuarios hace mucho tiempo para asentar el cambio de uso de espacios portuarios en favor del disfrute de la ciudadanía. Esperemos que no se haga ahora en favor del disfrute exclusivo de las empresas portuarias”.
Lo que está claro es “la ausencia absoluta de transparencia, de acceso a la información y la seguridad jurídica en el modus operandi de la APV. Desde luego que el Consejo de Administración de la APV no es un ejemplo de democracia, ni tan siquiera podemos hablar de democracia imperfecta”.
Es más bien “un referente rancio de las antiguas taifas de disfrute personal, tan abundantes durante el absolutismo monárquico y durante la dictadura franquista, que hoy perdura aunque en manos de otros, siguen en un cambio para que nada cambie. Porque, nos preguntamos con estupefacción, ¿qué hace un PSOE, cuyos dirigentes se declaran sin empacho en lucha contra la emergencia climática, alineándose con VOX, PP y Ciudadanos en esta cuestión? y ¿qué hace una UGT poniéndose al lado de la patronal cuando hay en juego 500 puestos de trabajo por la automatización de la terminal norte?”.
Más cuando “la APV es una institución negacionista del cambio climático, pues ninguno de sus argumentos se orienta a la resiliencia, a la adaptación, siquiera a la disminución de emisiones, y eso que incluso la OMI, la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, lobby de navieras en comunión con gobiernos, ya ha establecido que en breve todo el Mediterráneo será una zona de control de emisiones para el tráfico marítimo”.
Tanto es así que, “en la práctica, las acciones de la APV son investigadas por la Fiscalía, como en el caso de sus reiterados vertidos de ácido sulfhídrico a la red de alcantarillado de la ciudad. Sólo el productivismo más ignorante de la existencia de límites del planeta mueve sus intenciones. Sin perjuicio de los efectos colaterales de enriquecimiento para empresas multinacionales, con sedes en paraísos fiscales, que se aceptan automáticamente y se fomentan a toda costa”.
De todo esto se desprende, según la Comissió, que en el fondo, “al final de la partida de ajedrez que juega el Puerto de València para conseguir la ampliación norte a toda costa, quien ganará indudablemente es la empresa adjudicataria MSC, ya que una previsible condena o anulación del proyecto por parte de los tribunales seguro que derivará en una reclamación de responsabilidad patrimonial, pagada con fondos públicos al igual que el caso Castor. ¿Podemos preguntarnos por qué hay tanto interés en afianzar los beneficios de una multinacional con su sede central en un paraíso fiscal? Y los miembros del consejo que aprueben la concesión administrativa ¿tienen claro cuáles son sus responsabilidades últimas y que les compensa seguir adelante con ello?”.
Así afirman que “los Tribunales habrán de sacar las cuentas de la ampliación norte del puerto. Como ha sucedido con la ZAL, tres veces declarada ilegal por el Tribunal Supremo. La APV cruza hoy una línea roja aprobando el proyecto de ampliación, y declara abiertamente la guerra a la ciudadanía valenciana. Bien, pues debe saber que esa ciudadanía piensa defenderse y defender el territorio de los depredadores, como ya hizo anteriormente, salvando el cauce del Túria, el Saler, el Cabanyal, el Botànic o sus casas en La Punta”.