Pérez Llorca defiende la “prioridad nacional” exigida por Vox y cuestionada por Bruselas y la equipara a las ordenanzas municipales
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido con firmeza la “prioridad nacional” pactada con Vox en materia de vivienda. Esta defensa institucional coincide con la decisión del Partido Popular de aceptar en las Corts Valencianes una enmienda de sus socios de gobierno para implantar de manera efectiva este principio en la asignación de recursos residenciales públicos.
El jefe del Consell ha respondido a las denuncias formuladas por Compromís sobre la incompatibilidad de estas exigencias —como los diez años de empadronamiento— con el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Durante un encuentro informativo celebrado tras la apertura del sexto Foro Económico Español en Alicante, el jefe del Consell ha restado trascendencia a la polémica jurídica.
“Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, se dará cuenta que siempre se establecen prioridades de aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados”, ha argumentado el mandatario autonómico. Para Pérez Llorca, la medida no genera “ningún problema” y se aplica de forma generalizada en las administraciones, “sean del signo político que sean”. Asimismo, ha calificado la controversia de debate artificial: “Creo que se quiere intentar generar un debate que a veces, sinceramente, a mí me parece, me parece estéril”.
El dirigente autonómico se ha reafirmado plenamente en los términos del pacto de legislatura, señalando que este aporta estabilidad a la Comunitat Valenciana, rebaja la presión fiscal y fomenta la construcción de vivienda protegida. “No me arrepiento de nada del pacto”, ha aseverado, al tiempo que reivindicaba la capacidad de diálogo de su ejecutivo para consolidar un territorio próspero.
La “prioridad nacional”, en las Corts
Paralelamente, el pleno de las Corts Valencianes ha debatido sobre vivienda e inmigración, convirtiendo el principio de “prioridad nacional” en el eje central de la sesión. El Partido Popular ha aceptado una enmienda de Vox vinculada a una propuesta propia sobre vivienda, de forma que se procure “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana”.
La tramitación ha evidenciado las profundas divergencias entre los grupos parlamentarios. Desde el PP, el síndic Fernando Pastor ha contrapuesto la labor de su formación frente a una oposición que, a su juicio, “no ha dado nunca un palo al agua en materia de vivienda”. En una línea similar, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha justificado la necesidad de ordenar el acceso a los recursos ante la presión migratoria y el “colapso de los servicios públicos”.
Por el contrario, los grupos de la oposición han rechazado con dureza la iniciativa. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha censurado que el pacto entre el PP y Vox fomenta la especulación y favorece a los fondos buitre. Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que la ultraderecha “intenta nuevamente inocular odio” en lugar de aportar soluciones eficaces al principal problema de la ciudadanía. La votación definitiva de estas propuestas tendrá lugar este miércoles en la cámara autonómica.