El Sindicato de Estudiantes presenta una querella contra el concejal de Vox que “allanó” su local en València
El Sindicat Estudiants de la Comunitat Valenciana y la Associació de Dones Lliures i Combatives de País Valencià han presentado una querella contra el edil de Vox en el Ayuntamiento de València Juan Manuel Badenas y dos de sus asesores por los presuntos delitos de “allanamiento” ilegal de su sede en València y de “descubrimiento de secretos”.
En la querella, a la que ha tenido acceso EFE, señalan que el Ayuntamiento de València lleva años cediendo el uso de locales de propiedad municipal a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a desarrollar sus funciones y actividades de interés social.
En noviembre de 2023 el Gobierno local adjudicó a estas dos entidades el local ubicado en la avenida de Cataluña para el desarrollo de su actividad y la celebración de sus asambleas, apunta la organización juvenil. El pasado 3 de julio, según relatan en la querella, un representante del Sindicat d'Estudiants acudió por la tarde y vio que la cerradura había sido dañada y había una llave partida en su interior.
Al revisar las cámaras de seguridad del interior del local comprobó que había cuatro secuencias grabadas del día anterior en las que se aprecia como el edil entra en el local, portando un micrófono en el pecho, acompañado de una mujer que graba con su teléfono móvil las estancias e inspeccionan los documentos de la sala principal, y a los que se suma una tercera persona, otro varón.
El representante del sindicato informó de los hechos al Ayuntamiento y los denunció en la Comisaría de la Policía Nacional. Las tres personas identificadas son el edil de Patrimonio y de dos asesores del grupo municipal de Vox.
Los querellantes consideran que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de allanamiento del domicilio de una persona jurídica y otro de descubrimiento de secretos, “al no limitarse su conducta a la entrada, sino a la grabación de vídeos dentro de los despachos y a la revisión de la documentación”.
Piden que se requiera la declaración de las tres personas que entraron al local, del representante sindical que denunció de los hechos y que el Ayuntamiento de València aporte el informe jurídico que ha solicitado a los técnicos municipales sobre estos hechos.
Tras conocerse los hechos, Badenas calificó de “sentido común comprobar los bienes del patrimonio municipal” y justificó que su entrada en la sede del Sindicat d'Estudiants responde a que le llegó un informe de la Policía Local que comunicaba que llevaba varios días cerrada y quiso comprobar que se hacía un “uso adecuado” del inmueble.
También que se oficie al Ayuntamiento para que informe sobre los protocolos que se siguen en caso de inspección de locales cedidos y si dichas inspecciones se tienen que llevar a cabo por funcionarios del área correspondiente, levantar acta y en presencia de las entidades cesionarias, así como las diligencias policiales derivadas de la denuncia del sindicato.