El concejal de Vox en València denunciado por “allanar” el Sindicato de Estudiantes defiende que puede entrar porque es una concesión municipal
El concejal de Vox en València denunciado por “allanar” la sede del Sindicato de Estudiantes en la ciudad defiende su actuación como parte de sus competencias municipales. Juan Manuel Badenas, exportavoz y titular de Patrimonio, del que Vox reniega, ha publicado un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que explica que entró en la sede del local como parte de su trabajo, que conlleva la inspección de los edificios públicos.
Badenas señala que el edificio “no está alquilado a nadie”, sino que es “un bien cedido para uso público”. Asegura que otras entidades, incluso concejalías, “me han pedido locales” para desarrollar sus actividades y es un trabajo en el que lleva semanas. El edil afirma que, como titular de Patrimonio municipal, entra en los locales “para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo”. “Es una de mis obligaciones como concejal”, defiende.
Habla de que “antes de tomar las decisiones oportunas, se lleven a cabo las labores de comprobación necesarias”, sin aclarar qué decisiones ha de tomar sobre este inmueble. El edil justifica que los informes de la Policía Local, solicitados por él mismo, apuntan que se han personado en varias ocasiones en el inmueble sin encontrar a nadie. Tampoco explica para qué le ha pedido a la Policía Local estos informes o si han sido él o su departamento quienes han reclamado a los agentes municipales que acudan al inmueble.
El edil continúa su vídeo señalando que accede habitualmente a los inmuebles públicos con otros empleados del Ayuntamiento. “Siempre hemos accedido a cada uno de los locales con las llaves que tiene el Ayuntamiento”, apunta, para después señalar que “el servicio de patrimonio es el custodio de las llaves”, que se entregan a los funcionarios.
El sindicato estudiantil llevó la acción de Badenas al juzgado, tras detectar una cerradura forzada y comprobar las cámaras de seguridad del inmueble. La alcaldesa de València, María José Catalá, anunció que ha pedido una evaluación jurídica de la entrada y sus posibles consecuencias, mientras la oposición ha exigido el cese inmediato del edil, que está siendo investigado por Fiscalía por unos contratos de publicidad en un órgano público.