Bruselas llama la atención a España por la lucha contra el fraude de fondos europeos

La Comisión Europea exige a España que cambie su legislación nacional para adecuar las normas de la UE relativas a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión. Bruselas asegura que “esta directiva constituye uno de los pilares de la arquitectura antifraude de la UE”. Además también le pide que trasponga adecuadamente la norma europea “sobre transparencia fiscal y el intercambio de información en relación con las inversiones en criptoactivos y mejorar los intercambios de información entre las autoridades fiscales sobre cuentas financieras”.

Según la Comisión la directiva contra el fraude “protege el presupuesto comunitario mediante la armonización de las definiciones, las sanciones y las normas de jurisdicción relativas al fraude y a otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión”.

España tendría que haber trasladado la directiva a la legislación nacional antes del 6 de julio de 2019. En diciembre de 2021, la Comisión ya envió una carta de emplazamiento a España en la que señalaba “varias deficiencias” relacionadas con “la definición del delito de corrupción”.

De esta manera, la institución europea ha determinado que “España no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva europea”.

El Gobierno hizo una reforma del delito de malversación en 2022 en la que modificó los artículos 432 y siguientes del Código Penal para separar la apropiación indebida o financiación de usos privados de los desvíos presupuestarios o aplicaciones públicas diferentes. Entonces, el Gobierno negó que la propuesta de Bruselas para armonizar las penas en toda la Unión Europea (UE) sobre los delitos de malversación supusiera una desautorización de su reforma, que rebajó algunas penas.

Respecto al tirón de orejas por las critptomonedas, la Comisión señala que “a fin de seguir impulsando una mayor transparencia fiscal y luchar contra la elusión y la evasión fiscales en el ámbito concreto de las rentas de inversión, es fundamental que todos los Estados miembros apliquen de manera plena y oportuna las normas de la Directiva”.

Bruselas asegura que España sigue sin aplicar plenamente la directiva que permita “una estrecha cooperación administrativa en la UE para garantizar una liquidación y recaudación fiscales eficaces de las rentas y ganancias de capital correspondientes”.