El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a situarse este miércoles en 291,73 euros por megavatio hora (MWh), pulverizando el máximo histórico de 288,53 euros/MWh alcanzado el pasado 7 de octubre. El nuevo récord es consecuencia de la subida estratosférica del gas natural, cuya cotización ha vuelto a dispararse esta semana como consecuencia de las tensiones entre Occidente y Rusia.
En concreto, la referencia holandesa para el mercado gasista TTF, que el lunes ya llegó a dispararse más de un 11%, ha llegado a superar este martes por primera vez los 122 euros por MWh, tras las dudas sobre la entrada en operación del gasoducto ruso Nord Stream 2 y la creciente tensión con el Gobierno de Vladimir Putin.
Este martes, el precio del mercado mayorista español ya se situaba a apenas 75 céntimos del anterior récord de octubre, que finalmente ha quedado pulverizado este miércoles.
Durante el pasado puente de diciembre, en un contexto de menor demanda y récord de producción eólica (que deprime los precios), y pese a la menor generación nuclear por la parada por mantenimiento de varios reactores, el pool español había logrado desmarcarse del resto de países europeos, al llegar a cotizar en media diaria ligeramente por encima de los 100 euros/MWh. Un nivel impensable hace un año (por elevado) pero muy inferior a los precios que ha venido registrando este otoño de continuos récords.
Pero la tregua ha durado poco, si bien los precios que marca el pool ibérico para este martes siguen siendo inferiores a los de Francia (más de 346 euros/MWh), Alemania (295 euros) o Austria (311 euros). La explicación está en la menor producción eólica, que está obligando a aumentar el uso de centrales de ciclo combinado, que queman gas natural y este martes están cubriendo cerca del 40% de la demanda en algunas horas.
Este combustible, además, determina lo que cobran todas las tecnologías de generación por el sistema marginalista de formación de precios que el Gobierno español está intentando cambiar sin éxito ante la Comisión Europea. La respuesta de Bruselas se ha quedado en impulsar un sistema de compras conjuntas de gas que no se prevé que tenga efectos a corto plazo.
Entretanto, con la cotización del CO2 (que también impulsa los precios del mercado mayorista) dando una ligera tregua este martes y situándose en el entorno de los 81 euros, la crisis energética se agrava en Europa, cuando todavía no ha comenzado el invierno. Y los futuros de la electricidad del mercado ibérico para 2022 están de nuevo en máximos históricos. Esto indica que no hay visos de que la situación vaya a remitir a corto plazo.
Esta crisis, que ha llevado a la quiebra a más de una veintena de comercializadoras en Reino Unido, ha propiciado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reduzca las garantías que deben depositar estas empresas al operador del sistema (OMIE) cuando compran electricidad para evitar que tengan problemas de solvencia, como ya está ocurriendo con alguna como Aura. Esta comercializadora, con cientos de clientes públicos, ya ha empezado a declarar impagos y romper contratos.
El Gobierno aprobó en septiembre una drástica recarga de los cargos de la factura y puso en marcha un mecanismo de minoración de los beneficios extra de las eléctricas, pero luego lo corrigió para dejar fuera a los contratos a largo plazo. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya ha dejado entrever que ante esta crisis la situación menos mala va a ser dejar crecer el denominado déficit de tarifa o diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico.
El Ejecutivo sostiene que se va a cumplir la promesa de que 2021 acabará con una factura para los domésticos con precios similares a los de 2018, descontando la inflación, aunque admite que habrá hogares que pagarán más: los acogidos a la tarifa semirregulada del precio regulado al pequeño consumidor (PVPC), que tradicionalmente ha sido la más competitiva.
En concreto, los precios registrados en el mercado mayorista repercuten directamente en el PVPC, al que están acogidos casi 11 millones de hogares y pymes en España, en torno al 40% del total de suministros. Pero también sirve de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre, que a la larga también se verán afectados cuando se revisen sus contratos.
Antes de la brutal escalada de este otoño, el Gobierno propuso dos medidas “estructurales” para abaratar el recibo: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), para sacar las antiguas primas a las renovables de la tarifa eléctrica, y de la ley para atajar los denominados beneficios caídos del cielo de la hidráulica y la nuclear por la subida del CO2.
Pero, ante su lenta tramitación parlamentaria, a través de sendos proyectos de ley, para tratar de blindar las medidas de la artillería legal de las eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica asume en el borrador de la orden de cargos para 2022 que estas medidas no van a estar en vigor hasta el segundo semestre del año que viene.