La portada de mañana
Acceder
Un 10% de la población tiene que viajar más de dos horas al día para tratarse un cáncer
Sánchez reivindica la geometría variable en el Parlamento
OPINIÓN | Zabihullah Karimullah se ha ido, por Elisa Beni

Ribera asume que dos de sus medidas estrella para abaratar la luz no estarán en vigor hasta la segunda mitad de 2022

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso.

Antonio M. Vélez


13

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asume que dos de sus medidas estrella para intentar abaratar el recibo de luz no van a estar en vigor hasta bien entrado 2022.

Por qué las medidas del Gobierno no reducen el precio de la luz

Por qué las medidas del Gobierno no reducen el precio de la luz

Se trata del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), para sacar las antiguas primas a las renovables de la tarifa eléctrica, y de la ley para atajar los denominados beneficios caídos del cielo de la hidráulica y la nuclear por la subida del CO2.

Ambas iniciativas se encuentran en tramitación parlamentaria desde este verano. “En ambos casos, para el cálculo de los cargos del sistema eléctrico, se ha considerado que ambas normas desplegarán sus efectos en el segundo semestre de 2022”, indica el borrador de la orden que fija los cargos para el próximo año. Se ha fijado esa fecha por un “principio de prudencia”, explican desde el departamento que encabeza la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Los cargos son la parte regulada del recibo que fija el Gobierno y retribuyen, entre otras partidas, las primas a las renovables más antiguas y parte del extracoste de generar electricidad en los territorios no peninsulares. La propuesta de orden para fijarlos ha salido a consulta este lunes, en vísperas de que el mercado mayorista de electricidad marcase el segundo precio más elevado de la historia, tras dispararse el gas natural más de un 10% en una sola jornada por la creciente tensión entre Occidente y Rusia.

La memoria que acompaña la propuesta fija para la segunda mitad del año que viene el mecanismo de detracción de la sobrerretribución de las tecnologías de generación que no emiten CO2, que Ribera planteó como proyecto de ley y no vía decreto, como llegó a plantear Unidas Podemos.

El texto publicado ahora contempla una hipótesis de cotización de los derechos de emisión de 75 euros por tonelada para 2022 para calcular los ingresos que obtendrá el sistema eléctrico en ese año, una vez esté en vigor. Esa cifra es inferior a los 85 euros actuales y los 100 euros que muchos expertos creen que alcanzará en breve, aunque está muy por encima de los 31 euros en los que cotizaban los derechos de emisión hace un año y los 50 euros de junio.

Fue entonces cuando el Gobierno planteó ese mecanismo para atajar parte de los denominados “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas que el PSOE y Unidas Podemos habían acordado frenar en su acuerdo de Gobierno. En ese momento, el mercado mayorista de electricidad ya comenzaba a dispararse, aunque se situaba todavía en torno a 80 euros, frente a los más de 280 euros/MWh actuales.

Asumiendo que ese precio del CO2 de 75 euros se internalizase en un 80% de las horas en el precio mayorista de la electricidad, el mecanismo de minoración de los derechos de emisión supondría la obtención de unos ingresos de unos 584 millones de euros para el segundo semestre de 2022, según la memoria de la propuesta de orden. Unos 411 millones irían destinados al pago de mecanismos de capacidad y un 10%, a cofinanciar, en la parte correspondiente a las administraciones públicas, el coste del suministro de los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión. Transición Ecológica estima unos ingresos netos para cargos de unos 484 millones por el recorte al CO2.

Este mecanismo se tramita en un proyecto de ley remitido a las Cortes en agosto y que el PP, Vox y PNV han tratado de torpedear en el Congreso tras avalarlo el Consejo de Estado. Este organismo entendió que permitiría poner coto a las “ganancias inmerecidas” que reciben las empresas por la subida de los derechos de emisión. Pero tiene el rechazo frontal de las eléctricas, que en junio llegaron a amenazar con adelantar el apagón nuclear si se aplica. En el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno invitó a las empresas a renunciar a sus concesiones hidroeléctricas una vez entrase en vigor la minoración.

Una de las más afectadas, Endesa, confiaba recientemente ante los analistas en que el trámite de enmiendas deje exentas a las instalaciones sujetas a contratos de suministro a largo plazo. Sería una reedición de lo ocurrido con el sistema de minoración de los ingresos extra por el sobreprecio del gas que el Gobierno aprobó en septiembre en el Real Decreto-Ley para recortar drásticamente los cargos.

Fondo de las renovables

En la memoria de la orden de cargos, el Gobierno también fija para la segunda mitad del próximo ejercicio la entrada en vigor del FNSSE, un mecanismo que cuando se presentó hace ahora un año el Ejecutivo confiaba en tener en marcha, en el mejor de los casos, en el primer semestre de 2021. La memoria contempla unos ingresos por este fondo de 633 millones en 2022. Su objetivo es sacar de la tarifa progresivamente (en un lustro) el coste (unos 7.000 millones de euros anuales) de las tecnologías acogidas al régimen conocido como RECORE, y cargarlas al conjunto de comercializadoras de energía de todos los sectores: hidrocarburos (gas y petróleo) y electricidad. 

El FNSSE fue remitido a las Cortes en junio como proyecto de ley y por el trámite de urgencia. En septiembre, cuando el Congreso rechazó los vetos planteados por Vox y el BNG, Ribera pidió a los diputados “agilizar” su puesta en marcha. Pero su tramitación va muy lenta. Este instrumento sí tiene el aplauso de las eléctricas, pero suscita el rechazo de otras energéticas como Repsol o Naturgy. El mecanismo persigue incentivar la electrificación de la economía y, según el Gobierno, reducirá la factura eléctrica al menos un 13% antes de impuestos para los consumidores domésticos. Pero también va a encarecer los carburantes y el gas.

Para paliarlo, el proyecto inicial establecía excepciones al gasóleo B para usos agrícolas o la navegación (incluida la pesca), además de establecer mecanismos de compensación para el transporte de mercancías por carretera, el de pasajeros, taxis y servicios de alquiler de vehículos sin conductor, consumo industrial de electricidad y gas natural. El trámite de enmiendas será el que determine el alcance de esas excepciones, que un estudio de Esade publicado en septiembre recomendaba eliminar, para que tuviera “efectos progresivos” para los hogares con menos renta.

Formaciones como el PP han reclamado al Ejecutivo que aparque este instrumento porque, aseguran, va “en contra de la España rural”, que tiene una mayor dependencia de combustibles como el butano. Según los populares, aunque el FNSSE “puede que baje algo” la factura de la luz, “se va a repercutir sobre todos los consumidores y no sobre todas las grandes empresas energéticas”, por lo que debería financiarse vía presupuestos.

Rebajas fiscales aparte (como el IVA y el Impuesto a la Electricidad), la otra gran medida que ha planteado en los últimos meses el Gobierno para abaratar la luz ha sido el mecanismo de minoración de ingresos extra por la subida del gas aprobado en septiembre, que fue corregido en octubre para salvar su convalidación en el Congreso ante las advertencias del PNV. Aunque el decreto de septiembre introducía una nueva fuente de ingresos adicionales que repercute directamente sobre los cargos, el borrador de la orden que los fija no incluye ninguna partida derivada de este mecanismo. 

Como se explica en la memoria, “se ha juzgado pertinente no considerar ningún ingreso por aplicación del principio de prudencia contable, ya que las liquidaciones procedentes de aquel instrumento regulatorio son, en el momento de elaboración de este proyecto de orden, provisionales”, y están pendientes de validación por parte de la CNMC.

El borrador de orden contempla unos cargos muy superiores a los que recogía el decreto que en septiembre recortó drásticamente (un 96%) esta partida, en principio hasta marzo del año que viene. Fuentes del sector apuntan que será necesario otro real decreto ley que reduzca los cargos hasta entonces para mantener ese recorte hasta al menos la primavera, cuando en principio debería de aflojar la crisis energética europea. Aunque el escenario se complica por semanas y los futuros de la electricidad apuntan ya a precios excepcionalmente altos para todo el ejercicio 2022.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats