El Gobierno ultima un mecanismo para atajar los denominados “beneficios caídos del cielo” de las centrales eléctricas hidráulicas y nucleares, tal y como figuraba en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y pactaron ambas formaciones ya a finales de 2018.
El Ejecutivo prevé llevar al Consejo de Ministros, en principio el próximo martes, un anteproyecto de ley para “minorar” la “sobrerretribución” que reciben estas tecnologías, restándoles del precio del mercado mayorista la cotización de los derechos de emisión del CO2 y destinando esos ingresos al sistema eléctrico para abaratar la factura de consumidores y empresas.
Los precios del carbono están en máximos históricos y en mayo han disparado la cotización del conocido como pool al nivel de enero pasado, durante la borrasca Filomena. Impulsada por el CO2 y los altos precios del gas natural, esa bolsa está en niveles inusualmente altos para un mes de mayo, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva factura eléctrica el próximo martes, que puede añadir aún más confusión entre los consumidores.
El Ministerio para la Transición Ecológica “espera iniciar, si así lo aprueba el Consejo de Ministros, la tramitación de un anteproyecto de Ley de minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado”, explican fuentes del departamento de Teresa Ribera.
La propuesta, que impactaría fundamentalmente sobre las plantas nucleares e hidroeléctricas, y singularmente a Endesa e Iberdrola, las dos principales eléctricas en España, no afectaría a “ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura”, explica el ministerio.
Las mismas fuentes indican que el Ejecutivo está “preocupado por el impacto del precio del CO2 en el precio de la electricidad y sus posibles consecuencias en la recuperación de las economías domésticas e industrial”. Hace unos días, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ya abogó por “una correcta incorporación de las señales de CO2 sin que esto merme nuestra capacidad de recuperación”.
“Incluso cuando sólo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil”, el sistema marginalista de formación de precios mayoristas de electricidad que España tiene implantado “por normativa europea” hace “que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras”, añade Transición Ecológica. Mientras las centrales que queman gas natural para producir electricidad sí hacen frente al coste del carbono, nuclear e hidroeléctrica no lo hacen, y de ahí esa sobrerretribución.
“Por ello, planteamos propuestas respetuosas con el marco normativo europeo así como la seguridad jurídica”, dice el departamento de Ribera, que recuerda que una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 17 de octubre de 2013 ya validó “un mecanismo muy similar en vigor en España entre 2006 y 2009”. La propuesta busca también respetar “las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión (año 2005)”.
Según fuentes del Ejecutivo, el anteproyecto va a ser el fruto de meses de negociación entre Podemos y la parte socialista del Gobierno. Está por ver qué parte de esa minoración (restar la cotización del pool a hidráulicas y nucleares) se aplicaría a aquellas plantas que hicieron su inversión antes de 2005.
En el Ejecutivo estiman que, con los precios actuales del CO2 (en mayo ha llegado a cotizar en 55 euros por la especulación en la bolsa emisora de derechos que tienen que pagar las empresas por sus emisiones), de minorarse el 100%, la medida tendría un impacto de 1.000 millones de euros sobre las empresas eléctricas. El abaratamiento de la factura sería de en torno a un 5%.
A un precio de 40 euros por tonelada, el impacto estimado para las empresas sería de 800 millones. Y si se va a 100 euros por tonelada, como han pronosticado ya algunos analistas, la cifra superaría rondaría los 2.100 millones de impacto sobre las empresas. Pero esos cálculos parten de un escenario de máximos.
Este anteproyecto iría al Consejo de Ministros en paralelo a la remisión al Congreso, previsiblemente el próximo martes, del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE), ya como proyecto de ley, que prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas a las renovables más antiguas (7.000 millones de euros) y cargarla al conjunto de comercializadoras de energía, incluyendo a petroleras y gasistas.
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