Sánchez anuncia que movilizará 200.000 millones de euros para combatir el descalabro económico por el coronavirus

El Gobierno ha aprobado un importante paquete de medidas económicas que movilizará 200.000 millones de euros, de los que 117.000 millones serán íntegramente públicos y el restante se complementará con recursos privados, para contrarrestar la fuerte caída de actividad provocada por la pandemia del coronavirus, ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“La mayor movilización de capital de la historia reciente de España”, ha afirmado Sánchez, que ha cifrado este esfuerzo extraordinario en casi el 20% del PIB español y ha confiado en superar “lo más rápido posible” el “frenazo en seco” de la economía como consecuencia de las medidas de aislamiento social adoptadas para tratar de detener la pandemia. El decreto aprobado, cuyos detalles se conocerán cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene una vigencia de un mes ampliable. Se suma al primer paquete de 18.225 millones aprobado hace unos días.

El espíritu que mueve este paquete de medidas es dar una respuesta al enorme golpe sufrido repentinamente, y evitar al máximo se produzca destrucción de empleo y del tejido productivo con carácter estructural. Lo que desea el Ejecutivo es que el bache pase pronto y poder volver a la senda de crecimiento económico. Su idea no es ahora estimular la economía, sino evitar que se desplome. Una vez que pase el bache, tratarán de animar su rebote, según fuentes del Gobierno. También tocará atajar el incremento de la desigualdad que dan por hecho que se va a producir. Con este anuncio, España se suma a los países que han decidido plantar cara a la crisis con un gran aumento del gasto público. El gasto presupuestario durante el primer mes se calcula en unos 5.000 millones de euros.

“Es una crisis temporal que vamos a superar”, ha insistido Sánchez en una rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas como “escudo” al impacto de la crisis con el fin de “frenar la curva descendente” del empleo y la producción.

El grueso de esa aportación está compuesto por 100.000 millones de euros en avales públicos a préstamos que puedan pedir las empresas, es decir, no es un dinero que vaya a salir de las arcas públicas, al menos inicialmente. Además, se usarán garantías y prestaciones dirigidas a las empresas y a los trabajadores, que están sufriendo una oleada de despidos temporales desde que se declaró a principios de esta semana el estado de alarma sanitaria. Precisamente, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en flexibilizar los ERTE, entre otras medidas laborales.

Todas las ayudas públicas, según fuentes del Gobierno, estarán orientadas a empresas que tengan un compromiso con el mantenimiento del empleo y el buen funcionamiento de la economía.

Además, 17.000 millones estarán destinados a financiar políticas a favor de los colectivos de familias y empresas más vulnerables.

La aportación del sector privado de 83.000 millones, hasta llegar a los 200.000 millones de euros anunciados por Sánchez, vendría de los créditos que se espera que concedan las entidades financieras gracias a las garantías que va a poner el Estado a través de esos 100.000 millones de euros en avales. El objetivo es facilitar que ese crédito se conceda y llegue a la economía real para evitar un colapso de la actividad en este shock que se espera sea temporal.

Estas garantías del Estado a los préstamos, según fuentes del Gobierno, estarán por encima del 50% de los créditos, aunque dependerá de la casuística. En una situación ideal (en el supuesto de que todos los préstamos que se concedan se devolvieran), el Estado no tendría que desembolsar un euro. En caso de impago, cubrirá la parte que le corresponda.

Las nuevas medidas incluyen 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y se garantizan los suministros y los servicios de comunicaciones, así como el derecho a la vivienda con la moratoria de las cuotas de hipotecas para personas de situación de especial vulnerabilidad. Este colectivo será el mismo que se favorece de la moratoria por lanzamientos hipotecarios y de alquileres aprobado hace una semana.

En la actualidad, se consideran familias vulnerables aquellas con hijos menores de edad, o aquellas que sean monoparentales con hijos a cargo, así como aquellas en las que conviven personas en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave o víctimas de violencia de género, además de desempleo.

Alquileres y autónomos

En cuanto al motivo por el que no se ha aprobado también una moratoria en el pago de los alquileres, una de las principales reivindicaciones de los colectivos sociales, las fuentes de ejecutivo consultadas aluden a dos motivos: por un lado que esperan que las propias ayudas a empresas para que los despidos de sus trabajadores sean temporales a través de ERTE sirvan como colchón económico para esas personas que cobrarán subsidio de desempleo mientras dure el parón de su empresa. Y que sea con ese ingreso con el que puedan afrontar el pago de un alquiler, y del resto de necesidades básicas.

Por otra parte, creen que en un mes (que es el plazo que de momento se ponen) debería haber posibilidades de acuerdo entre propietarios e inquilinos en caso de terminar un contrato sin necesidad de que tenga que actuar el sector público.

Otro colectivo que también esperaba medidas más contundentes es el de los autónomos, que hubieran deseado que les exonerasen del pago de cuotas a la Seguridad Social mientras dure el actual estado de caída en picado de la actividad.

A este respecto, el Gobierno cree que son suficientes los acuerdos que les conciernen, tales como el retraso en el pago de las deudas tributarias aprobado la semana pasada y la prestación por cese de actividad, además del resto de medidas de liquidez que van a través de avales del ICO y del sistema financiero.

En el decreto, el Gobierno blindará además a las grandes empresas españolas para impedir que la caída de su cotización por las medidas adoptadas para frenar el coronavirus les haga presas fáciles de compañías de fuera de la UE. El desplome bursátil de los últimos días había puesto a tiro de OPA a algunas de las principales empresas estratégicas del país, como Telefónica, Banco Santander o BBVA, entre otras, que veían cómo sus acciones se han desplomado a mínimos. Solo la semana pasada el Ibex 35 perdió casi un 21% de su valor tras registrar el jueves la mayor caída de su historia.

En el paquete también se incluye otra línea de avales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. Además, se destinan 30 millones a investigación de vacunas.