El Gobierno neerlandés ordena levantar el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht
El Gobierno neerlandés ha ordenado levantar el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, consecuencia de los recortes del mandato de Mariano Rajoy a las renovables, al considerar que la medida vulnera las obligaciones internacionales de Países Bajos. Así, considera que se trata de un bien protegido por la inmunidad y cuya incautación sería incompatible con el derecho de la Unión Europea.
La decisión se recoge en una notificación oficial firmada por la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad, Claudia van Bruggen, y publicada en el boletín oficial, y en la que se ordena dejar sin efecto la medida con carácter inmediato.
El embargo había sido practicado sobre el inmueble situado en Domplein 3, en Utrecht, sede del Instituto Cervantes, tras una autorización del 19 de marzo de un juez de medidas cautelares del Tribunal de Distrito de La Haya como parte de una disputa entre España y varios inversores.
Este litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Esto desembocó en una oleada de arbitrajes internacionales e intentos de ejecutar los laudos mediante el embargo de bienes españoles en distintos países.
El edificio goza de “inmunidad” internacional
El Gobierno neerlandés concluyó que el embargo es contrario a sus obligaciones y recuerda que los bienes de un Estado extranjero gozan de inmunidad ante embargos, salvo que exista consentimiento expreso del Estado afectado, que este haya reservado bienes para satisfacer la deuda o que se demuestre que el inmueble se destina específicamente a fines comerciales.
Ninguna de esas excepciones se cumple en este caso, añade, puesto que el inmueble pertenece al Estado español y está ocupado por una institución pública cuya misión legal es promover la lengua y la cultura españolas en el exterior.
Las autoridades neerlandesas consideran que el edificio se usa “principalmente para fines públicos” y que el hecho de que parte de sus instalaciones pueda destinarse a veces al alquiler de espacios no altera esa naturaleza, ya que los ingresos obtenidos se destinan a financiar las actividades del Cervantes.
La notificación cita además la jurisprudencia del Tribunal Supremo neerlandés sobre la inmunidad de los bienes estatales y subraya que corresponde al acreedor demostrar que se cumplen las excepciones que permitirían el embargo, algo que, dice, no ha ocurrido.
El Ejecutivo también recuerda que la Comisión Europea considera que las indemnizaciones derivadas de determinados laudos arbitrales sobre el régimen español de renovables constituyen ayudas de Estado cuya ejecución requiere autorización previa de Bruselas.
Mientras esa autorización no exista, señala el documento, rige la “obligación de suspensión”, por lo que permitir la ejecución de los laudos podría suponer la concesión de una ayuda de Estado incompatible con el derecho comunitario.
La decisión supone un respaldo a la posición defendida por España en los litigios derivados de los arbitrajes sobre renovables, en los que sostiene que la ejecución de esos laudos dentro de la UE vulnera el principio de inmunidad y las normas europeas sobre ayudas de Estado.