El Gobierno prepara un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado en respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania que incidirá, entre otras cuestiones, en un refuerzo del teletrabajo de los empleados públicos donde sea posible.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, están perfilando el plan. Este afectará a la Administración central y a las entidades del sector público institucional estatal. Forma parte de las medidas urgentes recogidas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que aprobó el Consejo de Ministros el 29 de marzo. Entonces, el Gobierno se dio un mes para tenerlo listo.
Los dos grandes objetivos de este paquete de medidas son la “racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones” y la “facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía”.
Fuentes del Gobierno explican que, aunque el detalle está por definir, una de las patas que incluirá será un refuerzo del teletrabajo, en línea con una de las directrices de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la factura energética y la dependencia de Rusia ante la colosal crisis generada por la invasión de Ucrania.
El plan se está perfilando en un momento en el que el Gobierno trabaja en el texto final de la normativa sobre teletrabajo en la Administración General del Estado. Hace ya un año, el Ejecutivo firmó un acuerdo con los sindicatos de la Función Pública para que los empleados públicos pudieran trabajar en remoto tres días por semana y otros dos en modo presencial. Según fuentes de Hacienda, todavía no hay un texto definitivo cerrado para esa normativa.
Este plan de ahorro se justifica, según el Ejecutivo, por el incremento “desorbitado” del precio de la electricidad en los mercados mayoristas que se ha producido desde mediados de 2021, que se ha agravado en el último mes por la invasión rusa de Ucrania, y acaba trasladándose a los precios finales de la luz. “La Administración debe adoptar un papel protagonista, aprobando un instrumento que fomente el ahorro y la eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal”, explica el Ejecutivo.
“Con ello se pretenden obtener, a corto plazo, ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país. Al mismo tiempo, la Administración General del Estado va a liderar el proceso de ahorro energético que necesariamente debe poner en marcha el conjunto de las Administraciones Públicas, promoviendo un uso eficiente de los recursos públicos, que garantice en todo momento la prestación del servicio por las empleadas y empleados públicos”.
Pese a la gravedad de la situación, esta es la primera medida de ahorro que va a adoptar el Gobierno, tras haber aprobado una subvención indiscriminada al carburante en ese plan de choque para contener la escalada de los combustibles.
Recomendaciones de la AIE
A principios de marzo, la AIE lanzó un plan de respuesta rápida para que los países de Occidente recorten su consumo de hidrocarburos y evitar que la UE siga financiando a Rusia con sus compras de petróleo y gas.
Entre las medidas que proponía este organismo adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estaba reducir los límites de velocidad en carreteras en 10 kilómetros por hora, tres días a la semana de teletrabajo cuando sea posible, hacer los domingos días libres de automóvil privado en las ciudades, reducir los vuelos de negocios, subsidiar el uso del transporte público y electrificado, como el tren, apoyar el uso de vehículos compartidos y desincentivar los usos no esenciales de combustibles fósiles.
La AIE planteó un decálogo de medidas inmediatas para reducir el consumo global de petróleo en 2,7 millones de barriles al día en solo cuatro meses. Las relacionadas con cambios y restricciones en el uso del automóvil supondrían un ahorro de más de 2 millones de barriles. Las vinculadas al impulso del teletrabajo y la limitación de viajes de negocios permitirían rebajar en alrededor de 700.000 barriles el consumo, según la AIE.
Cada gota de combustibles fósiles que no se consume cuenta y desde distintos ámbitos ya se advierte de la necesidad de imponer un racionamiento del consumo de gas o electricidad ante la invasión de Ucrania. En un momento en el que la UE debate cortar de raíz con las importaciones de energía de Rusia, algunos expertos apuestan por medidas maximalistas, que van más allá de lo que recomienda la AIE, como prohibir los vuelos en Europa continental y vetar el uso del coche privado en las ciudades para dañar a Vladimir Putin.
Estas propuestas figuran en un estudio que acaban de publicar al alimón el ambientalista británico Mark Lynas, el empresario finlandés Rauli Partanen y el experto en energía holandés Joris van Dorp.
Una ambición que el Gobierno no se plantea. En una reciente entrevista con elDiario.es, y preguntada por si el Ejecutivo va a poner en marcha algún plan de ahorro energético masivo ante esta situación, Teresa Ribera indicó que se va a “empezar trabajando en el plan de ahorro y eficiencia de la Administración General del Estado, invitando a las otras administraciones a que se sumen a este esfuerzo”.
Ribera instó a “ser extraordinariamente cuidadosos con el consumo energético” ante una situación que, avisó, puede complicarse aún más. Y reconoció, preguntada por si el Gobierno se plantea recortar la velocidad en autopistas, que “supone una reducción en los consumos. Tendremos que analizar si es una de las medidas que podamos adoptar o recomendar a los usuarios en general”.
Pero apuntó que probablemente no va a ser obligatoria: “Afortunadamente, en general los ciudadanos sabemos que hay pequeños comportamientos y gestos diarios que tienen gran efecto. Y no necesitamos una imposición del gobierno para intentar pensar, reflexionar y actuar”.
En 2011, con la crisis Libia, y en una situación que poco se parecía a la gravísima crisis actual, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya recortó temporalmente a 110 kilómetros/hora la velocidad en autopistas para reducir el consumo de carburantes. La medida tuvo una fuerte contestación social.
Más de 500 millones en contratos
Solo en 2019, el año previo a la pandemia, y con los precios de los carburantes y la electricidad en niveles normales, el importe de los contratos marco (grandes adjudicaciones centralizadas para lograr ahorros de costes) de la Administración central para el suministro de electricidad superó los 323 millones de euros. Los de aprovisionamiento de combustibles en estaciones de servicio alcanzaron los 89,5 millones, según la última memoria de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, correspondiente a 2020.
Entre las 10 empresas con mayor volumen de contratos adjudicados en ese ejercicio figuraban Naturgy, Endesa, Iberdrola y Repsol, con más de 565 millones entre las cuatro.