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ENTREVISTA Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica

Teresa Ribera: “Si la UE acepta el tope de 30 euros al gas, la factura eléctrica bajará a la mitad”

Teresa Ribera, este lunes en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Teresa Ribera (Madrid, 52 años) dirige un macroministerio que lleva tiempo volcando buena parte de sus esfuerzos en el asunto de la energía, un mercado en convulsión por la guerra de Vladímir Putin en Ucrania. La vicepresidenta tercera confía en que la UE dé su visto bueno a la propuesta ibérica para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico, con un mecanismo de compensación que “pagaremos los consumidores”, aunque supondrá menos coste que el modelo actual, asegura. Insiste en que “no tiene pies ni cabeza pagar toda la electricidad al precio del gas” en dos países, España y Portugal, donde las renovables tienen un fuerte peso.

30 euros de tope a la energía generada con gas en España y Portugal. ¿Es una propuesta de máximos o confía en que Europa lo acepte?

Estamos dando la batalla. Está por ver el resultado. Creemos que es una cifra adecuada, el umbral a partir del que el precio de la electricidad empezó a dispararse de forma muy importante el año pasado, frente al promedio desde que se creó el mercado ibérico de gas. Y no excluye que se pueda pagar el gas por encima de esa referencia. Vamos a seguir pagándolo. Pero será la cifra que sirva de referencia para el mercado eléctrico.

¿Cuánto bajará la factura con este tope?

Bajaría a la mitad de lo que estamos viendo estos días, aunque depende de cada día, cada hora, cómo funcionan el resto de tecnologías y el volumen de electricidad generada por gas.

¿Cuánto va a tardar la negociación con Europa y cuándo se notará en la factura de la luz?

Venimos trabajando con la Comisión desde hace tiempo y aunque necesitan unas semanas para sus procedimientos y consultas internas, está razonablemente avanzado. Los aspectos técnicos, dudas y observaciones las venimos contestando. Esperamos terminar rápidamente, tener a finales de mes una notificación de vuelta de la Comisión y poder acordar esta modificación temporal en el Consejo de Ministros.

¿Quién va a pagar esa enorme rebaja? Si la factura de la luz pasa a la mitad y el gas no ha bajado, ¿esto irá en el margen de las eléctricas, en un déficit de tarifa que pagarán más adelante los consumidores, con cargo a los presupuestos del Estado…? 

Lo vamos a pagar los consumidores pero a un precio muy inferior al de hoy. La mayor parte de ese ajuste que tendremos que introducir a posteriori sobre el precio del gas se financiará con los beneficios de las tecnologías inframarginales. Y solamente si se supera la nota de corte se incrementará el precio final que paguemos el total de consumidores. Incluso en esa hipótesis, estaremos pagando mucho menos que sin un mecanismo como este.

¿Lo que está pasando con la energía y la electricidad es solo culpa de la guerra de Ucrania o hay otros factores que están influyendo en este disparatado crecimiento del precio de la luz en toda Europa?

Algunos factores son estructurales. Desde hace tiempo se viene invirtiendo menos en la extracción de combustibles fósiles, por una expectativa de bajo interés y caída de la demanda por razones ambientales, porque hay otras tecnologías más eficientes, menos costosas y con precios estables y razonables. Si sumamos el paulatino abandono del carbón, se explica por qué el gas natural ha tenido una demanda muy importante, sobre todo de las grandes economías en desarrollo en Asia. Y a esto hemos añadido este otro factor, la guerra, que no sabemos lo que va a durar. Estamos frente a uno de los grandes productores de combustibles fósiles a nivel mundial, Rusia, que ha generado una situación de vulnerabilidad en Europa, como principal exportador de gas natural y petróleo. Y sabemos que tenemos que ir detrayendo ese volumen e irlo sustituyendo por otras alternativas como opción temporal hasta que logremos desterrar definitivamente los combustibles fósiles.

¿Europa puede prescindir al 100% del gas ruso? ¿no tanto España, sino el resto de los países, empezando por Alemania?

Europa debe plantearse cuándo y cómo hacerlo. La situación es enormemente compleja y delicada. No es viable seguir comprando gas y petróleo a Rusia por mucho tiempo. Es el escenario en el que han estado trabajando la Comisión Europea, los grandes importadores y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que está pensando qué grandes productores pueden sustituir el gas, el carbón y el petróleo de Rusia sin que genere demasiadas tensiones en Europa. Va a ser fundamental ser extraordinariamente cuidadosos con el consumo energético. Cuanta menos necesidad de importación tengamos, más fácil será encontrar sustitutos.

Han reforzado el mecanismo para recortar los ingresos extra de las eléctricas. ¿Qué efectos va a tener?

Es más difícil introducir modificaciones en los contratos existentes vinculados al precio del mercado mayorista y da una orientación clara del precio de referencia para los nuevos contratos. Esto es extraordinariamente relevante, sobre todo para consumidores que necesitan encontrar estabilidad en precios. No es imprescindible que firmen un contrato por tres o seis meses. Pueden ser de dos o tres años. Pero es una referencia por encima de la cual habría una detracción mientras dure este mecanismo temporal.

¿Han calculado cuántos beneficios extra se han podido llevar las eléctricas en los últimos meses con la subida del gas?

La información que nos ha aportado la CNMC es que no han vinculado la nueva contratación al mercado mayorista, pero sí a los precios futuros, que están muy por encima del precio habitual histórico, aunque muy por debajo del de estos últimos meses. Básicamente ha habido un efecto de contención que es importante. Seguimos estando muy por encima del precio precrisis. Esto es reprochable, es discutible. Probablemente necesitaban encontrar alguna referencia de un precio que pudieran conseguir en el mercado. 

También han reforzado el bono social, pero sigue sin ser automático, que es algo a lo que se comprometieron hace años. ¿Por qué?

Hemos introducido una prórroga automática de dos años para los que lo tenían y un reconocimiento automático a los beneficiarios del ingreso mínimo vital. El bono social tiene una peculiaridad respecto a otros países: lo financian todos los operadores del sistema eléctrico, no los Presupuestos. Y se tiene que dar una relación contractual entre el beneficiario y la compañía que lo financia. Eso dificulta que pueda ser automático. Hay que comprobar si existe esa relación comercial y se cumplen las premisas de potencia contratada y energía consumida. Estamos intentando facilitar mucho la tramitación y los beneficios, incluido ampliar los potenciales beneficiarios, como hemos hecho en este decreto ley.

En septiembre anunciaron unas subastas para obligar a las grandes eléctricas a ceder parte de su energía. ¿Se van a celebrar?

Consultamos cuánta energía estaba disponible para evitar el riesgo de que deshicieran contratos y se generara tensión, sobre todo en la parte industrial, con un mayor consumo. Y la CNMC nos dijo que prácticamente la totalidad de la energía estaba contratada ya. Por tanto, debemos ser cuidadosos. Esto también debe servir como refuerzo o límite: si no hay una contratación bilateral por debajo del precio de 65 euros al que hemos aludido [el nuevo límite para recortar los beneficios extra], se denuncian esos contratos bilaterales, o se supera ese precio, es más que probable que tenga todo el sentido activar lo antes posible una subasta de energía primaria.

¿Por qué han aprobado una rebaja lineal de los carburantes para todos en vez de ayudar con ese dinero a quien más lo necesita? Tiene más subvención, porque consume más, el dueño de un deportivo de alta gama que el de un utilitario.

Fundamentalmente, por la dificultad de actuar de forma inmediata. Estábamos todos de acuerdo en una idea básica: concentrar la ayuda pública en los grupos que más lo necesitan. Sin embargo, al activar una transferencia inmediata a las familias por ese importe tan masivo esa discriminación hubiera supuesto mucho más tiempo. No solo va dirigido a los grupos más vulnerables. También debía penetrar en las clases medias. Y podía tener efectos regresivos trabajar en función de rentas sin considerar que las zonas rurales tienen menos transporte público que las urbanas. Se ha optado por disparar de esta forma tan amplia a sabiendas de que puede tener un componente regresivo, en la medida en que consume más quien más capacidad de compra tiene.

Si el problema del combustible se alarga para el verano, por ejemplo, ¿valoran cambiar ese modelo por otro distinto?

Tenemos que estar preparados para responder si la situación se sigue complicando, cosa que hoy por hoy no es descartable. Tenemos tres meses para identificar con mucha más precisión el mecanismo de apoyo.

¿Ha habido picaresca en algunas estaciones de servicio, aprovechando para subir los precios antes de los descuentos del gobierno?

Es una pregunta que planteamos directamente a la CNMC. No creemos que se haya producido de forma masiva. Sí sabemos que hay un elemento subyacente en relación con la evolución del precio del crudo y el diésel, con escasez de producción de diésel a nivel europeo. Pero es posible que haya habido ejemplos de picaresca que hay que identificar y controlar. La primera medida desde los servicios de Competencia es pedir información sobre por qué se ha producido ese incremento, en ocasiones, de más de 5 céntimos en alrededor de 200-300 gasolineras en todo el territorio español, que tengamos más o menos identificadas.

Las pequeñas gasolineras, a través de su patronal, han advertido de posibles cierres por tener que adelantar la rebaja que abona después el Estado. ¿Descarta esa posibilidad?

El Ministerio de Hacienda ha estado trabajando en que no ocurra con un sistema de anticipos de gestión sencilla, online, sobre la base de los volúmenes de venta de los meses anteriores. Así, los propietarios de esas pequeñas estaciones de servicio que puedan tener la preocupación de no contar con liquidez suficiente para abordar ese descuento pueden solicitar ese anticipo a la Agencia Tributaria. Confiamos en que este instrumento reduzca ese impacto o esa necesidad de financiar por su cuenta una reducción importante en cada litro vendido.

Cepsa ha advertido de posibles problemas de suministro de diésel por la importancia de Rusia como proveedor. ¿Descarta ese escenario en España?

Mantenemos un contacto muy estrecho con las principales petroleras, tanto las que tienen instalaciones de refino en España como los distribuidores, para dar un seguimiento a esta posibilidad. Hoy por hoy, la capacidad de refino y de producción de diésel nos permite estar moderadamente tranquilos. Calculan que pueden cubrir las necesidades del mercado español. Es verdad que se ve reducida de forma muy importante su capacidad para exportar a países próximos. Y tenemos que estar muy, muy pendientes. Es importante tomar conciencia del papel que podemos desempeñar como consumidores, eligiendo bien qué transporte utilizamos, por razones de sostenibilidad y porque en la medida en que logremos reducir el volumen de consumo reducimos las necesidades de importación de crudo o diésel.

Con la crisis libia, se redujo la velocidad en autopistas temporalmente a 110 km/h. La Agencia Internacional de la Energía ha pedido recientemente medidas en este sentido. ¿Se va a lanzar algún tipo de campaña en España? ¿algún plan de ahorro masivo?

Hemos querido empezar trabajando en el plan de ahorro y eficiencia de la Administración General del Estado, invitando a las otras administraciones a que se sumen a este esfuerzo. Es importante tomar conciencia de que el conjunto de la sociedad puede también aportar. Recuerdo bien aquella decisión que impulsaron los ministros Pérez Rubalcaba y Sebastián. La reducción de velocidad en autopistas supone una reducción en los consumos. Tendremos que analizar si es una de las medidas que podamos adoptar o recomendar a los usuarios en general. Afortunadamente, en general los ciudadanos sabemos que hay pequeños comportamientos y gestos diarios que tienen gran efecto. Y no necesitamos una imposición del gobierno para intentar pensar, reflexionar y actuar.

¿Debemos prepararnos para un posible racionamiento de gas por un corte de suministro ruso?

En nuestro caso, es muy improbable. Hay estados miembros de la UE que están preparándose. Fundamentalmente aquellos en los que un porcentaje muy elevado de su consumo de gas procede de Rusia y ven que no cabe descartarlo, porque se adopten sanciones adicionales, o por una reducción directamente desde Rusia. Hemos visto esta tensión en torno a si ese suministro debe pagarse en rublos, que es una modificación muy importante de los términos contractuales. Por tanto, no es descartable que se produzcan situaciones de tensión.

Una de las consecuencias de esta crisis es el auge de la inflación. Uno de los grandes debates es cómo la mide el INE. En la electricidad, sólo cuenta la tarifa PVPC, la que más ha subido, y no al mercado libre, donde están la gran mayoría de consumidores. ¿Tienen cálculos de cuánto es la diferencia por esa cuestión metodológica?

El INE está haciendo un trabajo que requiere datos de detalle a nivel contractual para tener una serie solvente. Hay una distorsión por considerar solo la tarifa PVPC: aproximadamente representaba el 40% de los consumidores, frente al 60% en mercado libre. En estos meses hemos pasado a un 65-35. Se ha reducido todavía más. El INE ha pedido una información mucho más detallada a la CNMC. Ya no solo de las grandes cifras entre generadores y comercializadores, sino de precios finales. Un elemento tan sistémico e importante en nuestra economía como la energía contaba con una información de detalle insuficientemente precisa para trabajar adecuadamente, incluidas las medidas en un momento de emergencia como este. Y eso explica algunas de las medidas de refuerzo que hemos adoptado desde el año pasado, las obligaciones de información y transparencia y las condiciones en las que finalmente pagamos la energía.

Este sistema metodológico tiene una influencia muy fuerte en el IPC. Según CaixaBank, un punto de la inflación del año pasado es responsabilidad de que el INE sólo mida el PVPC y no al mercado libre.

Sí. Y me consta que la vicepresidenta primera está trabajando en este tema con el INE. Hay un desajuste que hay que corregir cuanto antes y ellos aspiran a hacerlo de una forma metodológicamente solvente y rigurosa y les está llevando algo de tiempo.

¿El cambio de posición sobre el Sahara puede afectar al precio al que pagamos el gas argelino?

España tiene la obligación, por muchos motivos, de tener excelentes relaciones con Marruecos y con Argelia. Y nos gustaría que la relación entre ellos fuera mucho mejor. Con Argelia la relación ha sido siempre de gran confiabilidad respecto a los contratos. La actualización de precios que solicitó Argelia a finales del año pasado a las compañías que compran el gas no siempre se ha acabado de completar. Y evidentemente cuanto antes lleguen a un acuerdo con Sonatrach, mejor. Pero desde el punto de vista del suministro, contamos con todas las garantías del gobierno argelino de que eso no va a cambiar.

Usted ya viajó a Argelia hace unos meses, con el cierre del gasoducto que pasaba por Marruecos. ¿Ha tenido algún contacto con ellos después de lo que ha pasado con el Sahara?

No.

Ha pasado de rechazar una tercera interconexión gasista con Francia a mostrarse dispuesta si la financia la UE. ¿Ve voluntad de Francia para ello?

Hace unos años el análisis coste-beneficio era negativo, al comparar el precio del gas por gasoducto, mucho más barato, con el del gas natural licuado. Tenía poco sentido. Hoy la principal finalidad sería una garantía de suministro adicional desde España hacia el norte de Europa. Eso cambia las cuentas. Pero es importante que la financie quien necesita esa garantía, no los consumidores de gas españoles que ya pagan seis regasificadoras.

También creo que esta situación ha encontrado a Francia en campaña electoral. Hay que respetar sus calendarios. Nosotros hemos venido insistiendo y trabajando mucho en las interconexiones eléctricas. En este momento, la electricidad en Francia se está pagando en el mercado mayorista casi a 3.000 euros/MWh, con prácticamente el 50% de su parque nuclear en parada, por razones de seguridad o de revisión técnica. Están necesitando importar desde otros Estados de la UE, incluido España, más del 10% del consumo de electricidad. Y este ha sido también un asunto enormemente espinoso para Francia. Nunca ha mirado las interconexiones eléctricas hacia el sur como algo que pudiera ayudarles. Pensaban que era una imposición ibérica o de las instituciones europeas que no les aportaba nada. Hoy saben que les aporta mucho.

Se habla de otro gasoducto entre Barcelona e Italia. ¿Qué le parece y cómo se pagaría?

Es el mismo planteamiento. Si la dificultad está en Francia, por razones técnicas, de voluntad o financieras, qué otras alternativas hay. Es un escenario que se empieza a plantear. Hay que ver en detalle qué representa en cifras, complejidad técnica y tiempos de ejecución. Y de nuevo se trataría de un proyecto de interés europeo y con una implicación financiera y de respaldo de las instituciones europeas.

La ultraderecha ha presentado al fracking como solución a esta crisis energética. ¿Podía haber paliado la necesidad de gas y de petróleo de España? ¿Fue un error prohibir las prospecciones petrolíferas?

Es un error pensar que la solución a esta crisis es volver a lo que nos genera fragilidad. En el norte de Burgos hubo exploraciones para extraer gas de esquisto que tuvieron una altísima contestación social y pusieron de manifiesto que la disponibilidad de recurso era mucho menor y a un coste mucho más alto de lo esperado. Se descartó por ser económicamente inviable mucho antes de aprobarse la Ley de Cambio Climático. Las exploraciones de eventuales yacimientos de petróleo tampoco han tenido particular éxito. Durante décadas se ha intentado descubrir El Dorado en territorio español. Es una cortina de humo. Lo importante es acelerar esas alternativas para reducir la importación de combustibles fósiles. Hoy la seguridad energética ya no se mide solo en aprovisionamiento de recursos y seguridad de suministro, sino en proximidad y disponibilidad a precios razonables. La apuesta clara es algo que durante demasiados años quedó en un rincón. A lo mejor si hubiéramos acelerado más en los últimos ocho años, estaríamos todavía en mejores condiciones, siendo como somos un país razonablemente estable y con altos niveles de penetración de renovables.

¿Y en qué fecha podrá España prescindir de las energías no renovables?

En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sale el carbón primero, va reduciéndose el petróleo después y el gas se orienta más hacia 2040-2050. No es un recorrido lineal. Ese plan que tendremos que revisar al alza a partir del año que viene nos permite ver que lo difícil es arrancar, pero una vez se alcanza velocidad de crucero, las cosas pasan más deprisa. Sabíamos que se podrían desarrollar en unos años las nuevas tecnologías, como gases renovables, biogás, la posibilidad de desplazar consumo de gas gracias a estas opciones o utilizar hidrógeno como almacenamiento eléctrico. Los números muestran que la economía del hidrógeno tiene todo el sentido. Debemos aprovechar esas oportunidades para acelerar la transición energética y anclar un peso industrial y de innovación muy potente en el país.

Primero fue la pandemia. Ahora la guerra. ¿Le preocupa que las emergencias que está encontrando el gobierno retrasen la gran emergencia climática?

No necesariamente, pero hay que prestar mucha atención. Afortunadamente había un ejercicio previo y un respaldo social muy importante respecto a las graves consecuencias del cambio climático y la necesidad de prepararse para sus efectos. Contar con un análisis y una sociedad que entiende y reclama acción en materia de clima es capital. No se trata solo de discutir sobre tecnologías o elementos económicos. Se trata de contar con la convicción y la demanda cultural de proceder a ese cambio.

¿España la tiene?

En gran medida, si somos capaces de prestar atención a lo que determina que se mueva la aguja. Que los colectivos preocupados por las consecuencias del cambio sepan que hay alternativa y no se van a quedar descolgados. Por eso es importante hacer especial énfasis en la dimensión social de todo este proceso desde el punto de vista del empleo y del consumidor. Activando todas esas palancas, generando empleo alternativo, cuidando esa recualificación de los trabajadores que se puedan ver desplazados, facilitando la penetración de esas nuevas soluciones sin un incremento de precios insostenible para el consumidor...

Lo vemos con la energía, el agua, la agricultura, los fenómenos meteorológicos extremos. No se puede pensar en que lo va a resolver el mercado, sería enormemente injusto. Por eso es muy importante que el despliegue de las alternativas beneficie inmediatamente a los ciudadanos y es políticamente muy importante no crearnos problemas adicionales. El precio del gas no lo marcamos nosotros. Ni el del petróleo. El de la electricidad es regulación europea. No podemos consentir que si ya tenemos dos problemas con gas y petróleo, entremos en la trampa de asumir un sobrecoste de la electricidad que no se corresponde con un incremento de costes de las tecnologías. España tiene más de un 48% de electricidad renovable a costes estables y baratos, y Portugal, más de un 66%. Y pagamos nuestra electricidad a precio de gas. No tiene pies ni cabeza.

Decía que la sociedad española respalda esa transición energética y este reto contra el cambio climático. ¿Pero no le preocupa que se genere una brecha entre las ciudades y el campo? Estoy pensando en la masiva manifestación que hubo en Madrid en contra, en gran medida, de muchas políticas de su Ministerio.

No es aceptable que una sociedad viva con una fricción de desigualdad tan importante en los servicios, la calidad de vida, las oportunidades, los costes y el reparto de los esfuerzos entre ámbito urbano y rural. Nos ha preocupado desde el principio. No son cuestiones que se resuelvan de un día para el otro. Se producen en un contexto donde se han exacerbado muchas tensiones. Se han disparado los precios de los combustibles y hay una cuestión real respecto a la disponibilidad de agua, que no es muy optimista.

Además de los aspectos de agua, energía, convivencia con biodiversidad, hay otros como los servicios en el entorno rural. Y no es algo exclusivo de la Administración General del Estado. La mayor parte de los servicios son competencia autonómica y quizá durante demasiados años se ha concentrado en cabeceras de comarca o capitales. El otro día en León me contaban que desde el inicio de la pandemia se habían cerrado todos los consultorios en el Bierzo. Eso tiene consecuencias para las personas. Hay que hacer un esfuerzo colectivo por parte de las administraciones para la prestación de servicios. Nos plantea nuevos desafíos la gestión de la energía o el agua y eso tiene implicaciones en el territorio.

Como en la industria, no puede haber trabajadores pobres en la agricultura y la ganadería. No se puede vender a pérdida. La cadena alimentaria tiene que respetar la transparencia respecto a la configuración de precios y el trabajo debe ser digno y bien remunerado. Ha habido una Ley de Cadena Alimentaria que pretendía refrendar esto. Entiendo que pueda haber un momento de tensión y hay que estar muy pendiente de por qué y cómo se diferencia aquello que tiene todo el sentido del mundo y otras cosas que requieren más pedagogía o más explicación, pero a lo mejor no se corresponde exactamente con el modo en que son trasladadas.

La entrevista completa

VÍDEO | Teresa Ribera: “Si la UE acepta el tope de 30 euros al gas, la factura eléctrica bajará a la mitad”

VÍDEO: Nando Ochando, Alejandro N. Bustamante

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