La llamada “tasa Google”, es decir, el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que pretende gravar con un 3% determinados ingresos de grandes tecnológicas, ha pasado este jueves su primer trámite parlamentario con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que España se anticipe a la aprobación de este impuesto a escala internacional, aunque después se adapte su aplicación a lo que se determine en la OCDE o la UE. “Parece que podemos avanzar en todo menos en la mejora de los sistemas tributarios”, ha afirmado, rechazando los argumentos de los grupos políticos que pedían la devolución del proyecto.
Los portavoces de la derecha han defendido que es el peor momento para subir impuestos debido a la crisis económica y sanitaria. Montero ha tachado este planteamiento no solo de “ultraliberal” sino de “ultrainfantil y rayando la irresponsabilidad”. “Sin un sistema tributario justo no hay educación, sanidad ni prestaciones sociales”, ha recalcado.
También se ha hecho referencia a las recientes amenazas de EEUU, que ha iniciado una investigación sobre varios países europeos, entre ellos España, por su intención de cobrar más impuestos a empresas con sede estadounidense que probablemente se verían afectadas, como Amazon, Apple, Google o Facebook.
El portavoz del PP, Javier Bas, ha recalcado que “el Gobierno está poniendo en riesgo sectores como el campo y la automoción, que verán amenazadas las exportaciones si se sigue esta vía unilateral”. Ha recordado que Francia retrasó la implantación de este impuesto debido a las amenazas estadounidenses.
Montero, sin referirse a la posición de EEUU durante el debate, sí ha recordado al PP que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro proponía un impuesto dos puntos superior a los que ha proyectado el Gobierno socialista, un 5% en vez de un 3%, con la finalidad de ayudar al pago de pensiones. Además, hace menos de un mes se aprobó en el Parlamento Europeo con los votos del PP una resolución solicitando nuevos recursos propios, entre ellas nuevos servicios digitales.
La tasa Google pretende gravar con un 3% los ingresos que las grandes tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario y quedarían excluidos los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista cuando no actúe como intermediario. El impuesto afectaría a las empresas que facturen más de 750 millones de euros en el mundo y 3 millones en España.
El Ejecutivo había previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros que posteriormente rebajó a unos 968 millones antes de la pandemia, debido a una cierta ralentización de la economía, por lo que tras la COVID-19 dicha recaudación podría ser aún menor.
En su defensa, Montero ha insistido en que este impuesto avanza en la búsqueda de una “fiscalidad del siglo XXI”, ya que las figuras tributarias actuales no son adecuadas para gravar los negocios digitales, capaces de funcionar sin presencia física o de crear valor con la contribución del los usuarios finales, informa Efe. “Una fiscalidad digital para una economía digital, que no haga que los negocios tradicionales sean menos competitivos” que los tecnológicos, ha resumido.
El impuesto, que no empezará a recaudarse hasta tres meses después de su publicación en el BOE, se adaptará si se logra un consenso a nivel europeo o en la OCDE para gravar de manera armonizada las multinacionales. “Ya es hora de tomar decisiones, así forzamos a la armonización”, ha defendido la portavoz del PSOE, Patricia Blanquer, que ha recordado que además de Francia, Italia o Hungría ya han dado pasos en este sentido.