El nuevo convenio de la moda pone fin a la 'anomalía laboral' en Zara, Mango y las grandes marcas

Hace apenas dos semanas, el 2 de junio, se firmó el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Lo han suscrito la patronal Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos CCOO y Fetico. Su ámbito abarca todo el territorio del Estado y afecta a las grandes cadenas del sector con más de 400 empleados y presencia en al menos tres comunidades autónomas. Afecta a más de 120.000 personas en empresas como Zara, H&M, Uniqlo, Mango, Primark o Springfield… Es un convenio que no existía. Que nadie había negociado antes. Y eso, por sí solo, ya es una noticia relevante.

Pero lo es mucho más por lo que representa. Porque este convenio no es solo un acuerdo laboral: es también la reparación de un absurdo. El absurdo de que personas de la misma empresa, haciendo el mismo trabajo, vean sus condiciones marcadas por la provincia en la que está ubicado su centro de trabajo, en lugar de que respondan a la realidad económica de su empresa, que es la misma para sus compañeras y compañeros del resto de centros de trabajo presentes en otras provincias. Este nuevo convenio es un paso para superar la atomización de la negociación colectiva, una de las causas que explica la debilidad sindical que padecen muchos sectores económicos de nuestro país.

La negociación colectiva no es un tecnicismo jurídico reservado a especialistas. Es el instrumento mediante el cual millones de personas que trabajan por cuenta ajena regulan colectivamente derechos y obligaciones, algo tan concreto como cuánto cobran, cuántas horas trabajan, la clasificación profesional, la formación y promoción, qué descansos tienen o cómo se organiza su jornada. No es casualidad que cuando un convenio colectivo está bien negociado, con equilibrio entre las partes, no solo mejora la vida de quien trabaja, también obliga a las empresas a competir por eficiencia y calidad en lugar de hacerlo por el abaratamiento del coste laboral. Es, en definitiva, una de las palancas más eficaces de las que dispone una sociedad para distribuir de forma más justa la riqueza.

España tiene más de cinco mil convenios colectivos. Cinco mil. Una cifra que, leída deprisa, podría parecer una muestra de vitalidad negociadora. En realidad, es el síntoma más claro de una debilidad estructural que arrastramos desde los tiempos del franquismo. Tras reiterados intentos de reforma entre las confederaciones empresariales y sindicales, ni estas ni los diferentes gobiernos han sido capaces de corregir esta realidad y modernizar suficientemente la estructura de la negociación colectiva.

La explicación hay que buscarla en las resistencias de quienes, en muchos ámbitos y sectores, no están dispuestos a abandonar espacios de negociación sostenidos por débiles patronales provinciales representadas, en la mayoría de los casos, por despachos de abogados que hacen de esa función su principal actividad. El resultado es conocido: centenares de convenios provinciales de múltiples sectores, con décadas de inercia, contenidos desfasados y una capacidad reguladora mínima, con salarios rozando o directamente superados por el Salario Mínimo Interprofesional. Resultado, en última instancia, de la debilidad sindical fruto de la fragmentación y disgregación de la fuerza de sus trabajadoras y trabajadores.

Quien conoce las leyes de la negociación colectiva sabe que el ámbito condiciona el contenido de un convenio colectivo, y en este caso, el de las grandes cadenas del textil y el calzado, es el mejor ejemplo. Empresas con marcas globales, gestionadas globalmente y de forma integrada en todo el territorio, con plantillas distribuidas por decenas de provincias y políticas de personal centralizadas, tenían enfrente, hasta este nuevo convenio de ámbito estatal, a unos sindicatos fragmentados en múltiples mesas provinciales en las que no coincidían en el espacio ni en el tiempo. No es difícil entender que ese no era el escenario más equilibrado para los trabajadores y trabajadoras, ni la mejor estrategia sindical para construir la identidad colectiva que es condición indispensable para generar la fuerza necesaria para proponer, negociar, movilizar y acordar un convenio colectivo.

Así funcionan, desde hace décadas, la mayoría de los sistemas de negociación colectiva en Europa, articulados en torno a convenios sectoriales de ámbito estatal como columna vertebral. Y con todo, la firma de este convenio ha recibido el rechazo —más allá del contenido, que supone claras mejoras salariales, de jornada, de empleo, sociales y de organización del trabajo, además de mayores garantías de contratación, incluida la garantía de que los convenios provinciales vigentes con condiciones superiores se mantienen— de aquellas organizaciones sindicales cuya lógica y razón de ser responden única y exclusivamente a su comunidad autónoma. Este es el caso por ejemplo de la Confederación Intersindical Gallega (CIG). La lógica de quienes solo negocian en clave autonómica es comprensible desde su identidad, pero deja sin respuesta cómo equilibrar fuerzas con empresas que operan de forma integrada en todo el país. No todos los sindicatos han suscrito este convenio, y ese debate merece un análisis propio. Una contradicción que, en todo caso, no es nueva ni particular de este convenio: es la misma problemática que han encontrado todos los convenios colectivos de ámbito estatal hoy vigentes.

Pero más allá del contenido concreto de este nuevo convenio, que introduce mejoras sustanciales en tiempo de trabajo, descansos semanales, garantías de contratación y salarios, aporta algo más difícil de medir pero igual de importante a medio y largo plazo: construir la identidad de un mismo sector distribuido por todo el país. La identidad que nace de afrontar unidos la interlocución con una patronal fuerte y cohesionada como es ARTE.

La negociación colectiva necesita una reforma profunda en España. Se sabe y viene reiterando desde hace décadas. El I Convenio Estatal de Grandes Marcas del Textil y Calzado puede ser un buen ejemplo y un acicate para impulsar esa reforma pendiente. Demuestra que con constancia —más de tres años desde el inicio de su negociación— es posible dar pasos en la dirección correcta, aunque cueste, aunque genere resistencias, aunque no todos se suban al tren a la vez.