El proyecto de Presupuestos Generales presentado hoy incluye un aumento de los fondos destinados a investigación y desarrollo (I+D) de 357 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 5,7% con respecto a 2018. Esta subida es similar a la que se produjo en los últimos PGE aprobados por el Partido Popular, que fue de un 5,4%.
El aumento de los fondos de ciencia no se corresponde con el 6,7% de subida que PSOE y Podemos anunciaron el pasado mes de octubre. Sin embargo, el incremento total, 357 millones, es mayor que el anunciado en su día, que fue de 273 millones. Esta disparidad en las cifras aún no ha sido aclarada por el Gobierno.
La nueva propuesta aumenta ligeramente el peso de los fondos no financieros respecto a años anteriores, una reclamación histórica de la comunidad científica, ya que los proyectos de investigación dependen de este tipo de fondos, que este año ascienden a 2.845 millones de euros, un 8% más que el año pasado.
Sin embargo, la partida de fondos financieros, créditos que mayoritariamente se quedan sin gastar y que provocan que hasta el 70% del presupuesto de ciencia no se ejecute, también ha crecido hasta los 3.884 millones de euros, un 3,9% más respecto al pasado año, por lo que supone la mayor parte del presupuesto total, con un 58% de los fondos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los diputados y senadores del PSOE un esfuerzo pedagógico para explicar que los presupuestos “van de políticas reales que pueden cambiar la vida a la gente” y “no dejar que la confrontación territorial que usan otros lo invada todo”.
Montero, que este lunes por la tarde ha mantenido una reunión a puerta cerrada en el Congreso con los parlamentarios socialistas para explicarles el proyecto presupuestario, les ha dicho también que éste es la herramienta fundamental que tiene el Gobierno para corregir los desequilibrios territoriales.
Así lo han asegurado a Efe algunos asistentes a la reunión, en la que también se ha recordado que parte de la inversión prevista para Cataluña es en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo .
El Gobierno no descarta que durante 2019 se produzcan elecciones generales y al Parlamento de Cataluña “de manera anticipada”, según ha hecho constar en el libro rojo de los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. El texto, recogido por Europa Press, también ha reflejado en las cuentas públicas de este año elecciones al Parlamento de Andalucía, aunque se celebraron el pasado 2 de diciembre.
Las políticas de fomento del empleo aumentan un 4,7% en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero este incremento no se aplica a todas sus partidas. El Ministerio de Trabajo dirigido por Magdalena Valerio se ha mostrado crítico con la eficacia de las bonificaciones a la contratación para las empresas, una queja habitual de los sindicatos. En las cuentas socialistas, el Ejecutivo reduce estas ayudas para las compañías en 79 millones, mientras que otras políticas como la formación y la orientación obtienen más fondos.
El presupuesto total para las políticas de fomento del empleo asciende a 5.985 millones de euros en 2019, un 4,7% más que en 2018. El incremento es el mayor desde 2016, cuando se presupuestó un alza de un 8,17 respecto al ejercicio anterior.
El gasto en políticas de desempleo asciende en los Presupuestos Generales de 2019, un 4%, aunque la previsión del Gobierno es que el número de desempleados y la tasa de paro disminuyan. En concreto, el Ejecutivo de Sánchez estima que la tasa de paro se situará en el 14% a finales de este año. El incremento del gasto se justifica, sobre todo, por la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, explica el Gobierno, así como por el alza de un 2% del IPREM, un indicador clave para el cálculo de ayudas y subsidios, como los de desempleo.
Esta política no aumentaba desde 2014, cuando se incrementó un 10,1% respecto a 2013. Este 2019 la partida de “desempleo” está dotada de 18.402 millones de euros. En los últimos años el Ejecutivo del PP ha justificado la reducción del gasto en este concepto (de entre un 22 y un 3%) por la caída del número de desempleados. En la actualidad, 4 de cada 10 desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo se encuentran sin ningún tipo de ayuda.
Este ejercicio, el Gobierno socialista prevé un aumento del gasto en prestaciones por desempleo y, sobre todo, de los subsidios (18,9%). El mayor coste se argumenta por el retorno del subsidio para parados mayores de 52 años, aunque también por otras medidas como el efecto del aumento del SMI en la prestación contributiva, la inclusión de la cobertura por desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje de alumnos de escuelas taller y casas de oficios, así como el aumento del IPREM, que el PP congeló durante casi la totalidad de su mandato.
El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado incluye una partida de 50 millones de euros para la reantenización de comunidades de vecinos para dejar espacio en el espectro radioeléctrico para la llegada el 5G. La entrada en funcionamiento de esta nueva tecnología de conectividad obligará a trasladar de frecuencia a la TDT, puesto que actualmente ocupa un espacio que es el diseñado para las adjudicaciones a las operadoras que se realizarán en 2020 para el 5G.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este 2019 mantiene la financiación destinada al Foro Español de la Familia “para el sostenimiento económico de su estructura central y la de sus entidades asociadas”. Las cuentas, en concreto el programa de atención a la infancia y a las familias, consignan así los 55.000 euros destinados a este grupo ultracatólico que comenzó a financiar el Partido Popular en los presupuestos de 2016. El Foro Español de la Familia mantiene desde su creación una férrea oposición al aborto y a la eutanasia y basa gran parte de su actividad pública en la defensa de la llamada “familia tradicional”. Es conocido por haber alentado y organizado movilizaciones contra la ley del aborto, de plazos, de 2010 y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El primer examen al que se someterá el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que han llegado este lunes al Congreso, será el debate de las enmiendas a la totalidad, que se celebrarán en la Cámara Baja los próximos 12 y 13 de febrero.
La Cámara Baja ha aprobado el calendario de tramitación de las cuentas públicas de este año, entregadas hoy por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Antes de ese primer examen del debate y votación de las enmiendas a la totalidad, los grupos podrán solicitar comparecencias de altos cargos hasta el próximo lunes 21 de enero, comparecencias que se celebrarán la siguiente semana, entre el 28 y el 1 de febrero. Los grupos podrán presentar enmiendas a la totalidad hasta las 14.00 horas del 8 de febrero, antes de que pasen por el pleno, el 12 y el 13 del mes que viene.
Si las cuentas públicas superan las enmiendas de totalidad, se abrirá un nuevo plazo hasta el 15 de febrero a las 14.00 horas para la presentación de las enmiendas parciales. Enmiendas que pasarán al trámite de ponencia -hasta 1 de marzo- y posteriormente el dictamen de la comisión, previsto como máximo para el 8 de marzo.
Elevado el dictamen por parte de la comisión, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado pasará al pleno, que lo volverá debatir en un pleno monográfico entre el 11 y 13 de marzo, antes de enviarlo al Senado.
Las cuentas públicas para 2019 prevén una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, un 9,5 por ciento superior a la cifra lograda en 2018 y que destinan el 57,31 por ciento del total a gasto social y en las que de cada 100 euros, 42,1 se dirigen a pensiones.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado este lunes que “no se dan las condiciones” para que PDeCAT pueda permitir “ni la aprobación ni la tramitación” de lo Presupuestos Generales del Estado (PGE), al tiempo que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “habilitar un diálogo real entre Catalunya y España” y crear una “comisión bilateral” para vigilar el cumplimiento de los acuerdos en materia de inversiones públicas en Catalunya.
“Hemos explicado muchas veces y vamos a reiterar que no se dan las condiciones hoy ni para la aprobación ni para la tramitación (de los PGE). Es obvio”, ha asegurado el líder independentista en declaraciones a los medios tras la reunión de la Ejecutiva nacional de PDeCAT en Waterloo (Bélgica).
En primer lugar, Puigdemont ha criticado que el Gobierno de Sánchez “no ha hecho nada” para cumplir las peticiones de “habilitar un diálogo real” entre Catalunya y España para “abordar el conflicto político”. “Esto es una evidencia que no podemos dejar de subrayar”, ha remarcado.
Y en segundo lugar, ha apuntado que “el problema no está en las promesas sino en los cumplimientos. Por ello, ha reclamado la puesta en marcha de una ”comisión bilateral“ compuesta por ”testigos independientes“ que se encargue de verificar que se cumplen los acuerdos entre el Gobierno Central y la Generalitat en materia de inversión pública.
“Sería lo mínimo para poder tramitar los Presupuestos, pero no está en nuestra mano que el Gobierno español pase de la retórica a los hechos”, ha dicho Puigdemont, quien además ha subrayado que los partidos independentistas han dado ha Sánchez “muchas oportunidades” y “gestos muy importantes”.
EH Bildu ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que no le dará “un cheque en blanco” para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y ha insistido en que si el Ejecutivo socialista quiere el apoyo de la coalición soberanista deberá “sentarse a hablar y decirnos para qué lo quiere”. Además, la formación independentista le insta a abordar el modelo de Estado y la política penitenciaria, entre otros temas.
EH Bildu ha recordado que Pedro Sánchez accedió a la presidencia a través de una moción de censura que apoyó la coalición soberanista y ha remarcado que “siempre le cerrarán la puerta a la derecha”.
Otegi ha considerado que la posición del Gobierno central está “llena de dudas” y es “ciertamente preocupante”. En ese sentido, ha asegurado que el PSOE “puede pensar que al final las izquierdas o el independentismo en general, frente a la amenaza del bloque liderado por las derechas autoritarias españolas, van a estar obligadas a sostener un Gobierno haga lo que haga.
En opinión de EH Bildu, si el Ejecutivo de Sánchez “hace este cálculo, se está equivocando”. “No puede pretender mantener una posición inmovilista en todos los sentido o retrógrada en alguno y pensar que al final el independentismo y las fuerzas progresistas le van a sostener gratis”, ha afirmado.
El líder abertzale ha pedido al Gobierno socialista que le presente los presupuestos y “los planes que tiene” respecto a los mismos. “Tendrá que sentarse a hablar con nosotros y, de momento, no hemos recibido ninguna invitación para esto”, ha asegurado, al tiempo que ha instado al Ejecutivo del PSOE a hablar sobre “derechos sociales, modelo de Estado, la plurinacionalidad del Estado, el derecho de autodeterminación, política penitenciaria, del fin de la dispersión, de la libertad de los presos enfermos”. “En definitiva, de dar una solución integral al tema de las consecuencias del conflicto anterior y al tema de los presos políticos vascos”, ha añadido.
Llega la esperada subida del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), un índice clave en el acceso y cuantía de numerosos subsidios y ayudas, aunque con un dato que no contenta a los sindicatos: un 2%. Este incremento es el mayor de la última década, durante la cual el IPREM ha estado congelado o logrado subidas mínimas del 1%.
El Gobierno de Pedro Sánchez recoge el incremento del IPREM del 2% en sus Presupuestos para 2019. El Ejecutivo retiró esta subida del 'macrodecreto' con medidas de pensiones, laborales y sociales de final de año, pese a estar recogida en su borrador, lo que pospone este incremento a la aprobación de los Presupuestos Generales, en caso de que obtengan el respaldo parlamentario necesario.
Con este alza, el IPREM subiría este año a 548,60 euros mensuales (6.583,16 euros al año en doce pagas) o a 18,29 euros diarios. Tanto UGT como Comisiones Obreras se han mostrado críticos hasta ahora con la subida del 2% del indicador, que se utiliza para establecer la cuantía de varios subsidios de desempleo y marca el acceso a otras ayudas tanto estatales como autonómicas y locales, como la asistencia jurídica gratuita y la renta mínima de inserción andaluza, por ejemplo.
El sindicato UGT ha calculado que el IPREM acumula una pérdida de poder adquisitivo de 9 puntos de 2010 a 2019, dada la inflación durante este periodo, por lo que considera la subida “claramente insuficiente”. En CCOO habían demandado la necesidad de incrementar el IPREM en el mismo porcentaje que el Salario Mínimo.