Repsol ha advertido al Gobierno de que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico (FNSSE) que ha planteado crear el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas a las renovables (unos 7.000 millones de euros al año) para cargar progresivamente esta partida a los operadores del conjunto del sector energético, petroleras incluidas, “genera serias dudas sobre su adecuación al marco constitucional”.
En sus alegaciones al anteproyecto de ley que prepara el departamento de Teresa Ribera, a las que ha tenido acceso El Confidencial, la petrolera asegura que la propuesta “plantea problemas de constitucionalidad y de derecho comunitario” y abre la puerta a posibles recortes.
Repsol sostiene que recurrir a sectores ajenos al eléctrico para mantener su sostenibilidad es contrario al principio de neutralidad tecnológica que contemplan el Pacto Verde Europeo, la futura Ley Europea del Clima, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (2050).
Según Repsol, “la creación de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias históricamente ha generado una gran conflictividad jurídica. La prevista para financiar el FNSSE genera serias dudas sobre su adecuación al marco constitucional y al derecho de la Unión Europea (UE)”. “Consideramos que dentro del propio sector eléctrico existen oportunidades para corregir ineficiencias sin necesidad de implicar a otros sectores”.
Su alternativa es recurrir a los Presupuestos Generales del Estado o modificar los impuestos especiales existentes. “En concreto, deberían utilizarse los dos principales impuestos especiales (IIEE) que actualmente gravan el consumo de energía: el impuesto sobre hidrocarburos (IH) y el impuesto especial sobre la electricidad (IE)”, detalla. Es decir, que cargue directamente el coste a los consumidores en lugar de que sean las empresas quienes asuman el impacto y posteriormente lo compensen, si quieren o pueden, trasladándoselo a sus clientes.
En opinión de la petrolera, con la vía fiscal “se minimizan los riesgos de inconstitucionalidad o vulneración del derecho de la Unión Europea y el incremento de la conflictividad”. “La utilización de figuras tributarias otorgaría mayor seguridad jurídica y minimizaría la conflictividad”, asegura.
La petrolera argumenta también que “a diferencia de la electricidad, los productos petrolíferos que fabrican empresas españolas tienen que competir en el mercado internacional y, por tanto, si se llevase a efecto el reparto injusto de los costes del sector eléctrico sobre estos otros sectores, sería necesario adoptar medidas de compensación suficientes para evitar que se produjera una pérdida de competitividad y, eventualmente, un perjuicio para la economía española en su conjunto”.
Pagar las “fiestas” del sector
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya arremetió en diciembre contra ese fondo, que plantea descargar del coste de las primas a los consumidores de electricidad para que lo financien progresivamente todos los operadores energéticos en función de sus ventas. Según Imaz, permitiría “pagar a los fondos, en algunos casos especulativos”, y “las fiestas pasadas del sector eléctrico”.
En diciembre, un informe de Bank of America aseguraba que el impacto del fondo para Repsol será “muy limitado”, ya que aunque su contribución en el periodo 2021-2025 sería de unos 3.000 millones de euros en total, la mayor petrolera española debería poder trasladar su coste al cliente final de productos petrolíferos.