El mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones se sigue negociando. El ministro Escrivá ha elevado un poco más su propuesta de aumentar la cotización a la Seguridad Social que pagan empresas y trabajadores para formar un “colchón” de garantía de ingresos para las jubilaciones del baby boom. La Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales este lunes que, en lugar de un aumento de 0,5 puntos porcentuales como propuso de inicio, esta cotización adicional del “mecanismo de equidad intergeneracional” alcance los 0,6 puntos durante diez años, explican fuentes sindicales.
El reparto de esta cotización adicional sería “de 0,4 puntos” adicionales para las empresas y “de 0,2 puntos” para los trabajadores, explican en UGT.
Los sindicatos mayoritarios han destacado en un comunicado conjunto tras la reunión su “valoración positiva sobre el giro de la posición del Gobierno” al centrar la definición del mecanismo de equidad “en torno a una mejora de ingresos” del sistema y no en los recortes de las pensiones, como hizo el factor de sostenibilidad que aprobó el PP en 2013.
No obstante, CCOO y UGT han subrayado también que “la propuesta del Gobierno debe ser mejorada en términos de suficiencia, allegando más ingresos, distribución de la cotización adicional entre empresa y personas trabajadoras, no predeterminando las negociaciones futuras en el seno del Diálogo Social, de ser necesarias, además de avanzar en todas las materias pendientes de desarrollo aún del Acuerdo de Pensiones de julio pasado”.
En las patronales han reaccionado con discreción tras esta última oferta del Ejecutivo, después de que los empresarios expresaran la semana pasada su oposición a cotizar más. “La reunión de trabajo se ha celebrado en un ambiente cordial”, se limitan a afirmar fuentes de la CEOE a este medio, y añaden que “deben estudiar” la nueva propuesta.
El plazo para un acuerdo finaliza el lunes
Tras esta nueva oferta del Gobierno, las partes del diálogo social seguirán negociando “en los próximos días”, explican desde el Ejecutivo y los sindicatos. El plazo para alcanzar un acuerdo social se agota: el límite que se fijó el Gobierno concluye el lunes, 15 de noviembre. Si las partes no alcanzan un consenso, el Ejecutivo incorporará el llamado 'mecanismo de equidad intergeneracional' (MEI) en solitario.
El mecanismo pretende –junto a otras medidas– garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones frente al reto del aumento del gasto por las jubilaciones de la numerosa generación del 'baby boom'. La medida sustituir al “factor de sostenibilidad” del PP de 2013 (que se deroga), pero con un cambio de enfoque. En lugar de apostar por los recortes en las pensiones, el Gobierno de coalición aboga por que el mecanismo incida en un aumento de los ingresos del sistema.
La semana pasada la Seguridad Social planteó su propuesta de MEI, que tiene dos fases. La primera consiste en aprobar una cotización adicional durante la próxima década (2023 a 2032) que iría destinada al Fondo de Reserva, conocido como “hucha de las pensiones”. El objetivo de esta cotización adicional –de 0,6 puntos porcentuales según la última oferta– es aumentar los fondos disponibles para pagar las pensiones en caso de que fuera necesario dada la tensión del retiro de los baby boomers con un volumen de trabajadores no tan numeroso.
Escrivá propone una segunda fase del mecanismo de equidad, en caso de que este “colchón” de ingresos no sea suficiente para afrontar el incremento del gasto en el momento de mayor tensión (2050). La Seguridad Social propuso que esta segunda fase del MEI pudiera incidir en reducir el gasto en pensiones, pero sin concretar cómo hacerlo. Esto se dejaba pendiente de negociación en el futuro, entre el gobierno de turno y los agentes sociales, así como el Pacto de Toledo.
Esta segunda pata no convence en los sindicatos, que rechazan que el mecanismo se traduzca en futuros recortes en las pensiones. Una de sus primeras observaciones incide en que la cotización extra de la primera fase parece “insuficiente”, lo que podría facilitar que se desplegara la segunda pata del MEI. Y esta –centrada en la reducción del gasto– quedaría a expensas de futuros gobernantes, algo que tampoco gusta a los representantes de los trabajadores, con el precedente de reformas del pasado como la de 2013.