Un salto adelante, un aparatoso fiasco
Un plan de Todos Editorial de El País 15/10/2007
Tras más de cinco meses de negociaciones, la Generalitat ha logrado alcanzar un gran pacto con empresarios, sindicatos, cajas de ahorros y una treintena de organizaciones para afrontar el complicado acceso de la mayoría de los ciudadanos a la vivienda. La iniciativa supondrá el despliegue de un amplio paquete de medidas de las que el Ejecutivo catalán prevé que se beneficien 440.000 familias, desde los sectores más desfavorecidos hasta mileuristas y la clase media. La principal actuación es la movilización de suelo para construir 250.000 pisos protegidos, de los cuales 160.000 deberán salir al mercado antes de 2016. La segunda apuesta es la rehabilitación de 300.000 pisos del parque existente. De las dimensiones del proyecto da fe su coste: 8.221 millones de euros (a costear en su mayoría por el Gobierno autónomo) que deberán generar otros 14.400 millones de inversión indirecta.
El acuerdo, inédito en España, atiende a la principal preocupación de los ciudadanos. Pero además, permitirá mantener en marcha la potente maquinaria de las inmobiliarias y constructoras cuando se avecinan vacas flacas para el sector. Las estimaciones de las patronales apuntan que el pacto garantizará al menos el 20% de toda la producción residencial de la próxima década y creará 150.000 empleos. Tener listas para su ocupación al menos 160.000 viviendas antes de 2016 -unas 20.000 por año- es un objetivo sobradamente asumible, más allá de las dificultades para lograr suelo allí donde más se necesita, que es el área metropolitana de Barcelona.
Por primera vez un Ejecutivo elabora un documento consensuado con todos los agentes implicados en la promoción de vivienda asequible, en el que fija y delimita las responsabilidades de cada uno para asegurar el despliegue de las 180 medidas que contempla. Su presunción de credibilidad estriba en que su propio carácter de acuerdo con patronales, ayuntamientos, cajas de ahorros, sindicatos, notarios y otros organismos garantiza la continuidad de todas las actuaciones con independencia de los posibles cambios de color del Ejecutivo catalán. La firma de los promotores y constructores supone un salto adelante, pues hasta ahora los empresarios sólo levantaban poco más del 20% de los pisos protegidos. Y la tradicional falta de suelo se aborda con la integración de los ayuntamientos en el pacto. Éstos deberán inventariar todos sus terrenos para vivienda social, agilizar los trámites de sus nuevos desarrollos para garantizar que el 15% de su parque de pisos sea vivienda asequible. Si no llegan a esta proporción, los consistorios podrán ser penalizados fiscalmente dentro de 20 años.
El pacto sólo exhibe un elemento polémico, no menor: no se ha aprovechado su impulso para eliminar la eventualidad de expropiación temporal del usufructo de los pisos vacíos, prevista no en su propio texto, sino en una ley ya en trámite. El mantenimiento de esta inconveniente e innecesaria medida ha sido aprovechado por la oposición de CiU y el PP (pero no por Ciutadans) como coartada para no sumarse, cuando estaban de acuerdo en todo. Obviamente, es un error que empaña un plan que debía acoger a todas las fuerzas políticas de Cataluña.
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Copia de alquiler Editorial de El País 19/09/2007
El Gobierno presentó ayer dos medidas para incentivar el mercado de la vivienda que corren el riesgo de convertirse en un aparatoso fiasco político. El presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda informaron de que a partir del 1 de enero los jóvenes de entre 22 y 30 años podrán percibir una ayuda mensual de 210 euros mensuales para alquilar una vivienda; pero se da la circunstancia de que está en vigor un plan nacional aprobado en Consejo de Ministros que subvenciona el alquiler de una vivienda con 240 euros mensuales a los jóvenes de hasta 35 años. La segunda medida es una desgravación fiscal a los alquileres del 10,05% en el IRPF que, junto con el tramo autonómico, sumaría una desgravación de hasta el 15% en la declaración de la renta. Pero como el tramo autonómico no tiene por qué aplicarse, la idea difundida ayer desde el Gobierno de que se quiere equiparar el tratamiento fiscal del alquiler con el de la compra de vivienda peca de cierta exageración.
Resulta un poco ridículo que el Gobierno presente como nueva una política de ayudas que ya existe. El hecho de que la subvención patrocinada por Carme Chacón se aplique a rentas de hasta 24.000 euros en lugar del ámbito más reducido de la norma aprobada en julio de 2004, no es causa suficiente para pronosticar que estamos ante un tratamiento novedoso y casi definitivo de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar una vivienda. Existe, además, una objeción de orden estratégico: la subvención directa, en versión Trujillo o en la extendida copia de Chacón, estimula la demanda de alquileres, pero el principal problema del alquiler en la actualidad es la oferta de pisos que puedan arrendarse. Hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido convencer a los propietarios de pisos libres de que el mercado del alquiler es una opción rentable. Sin oferta, los jóvenes no encontrarán un alquiler por el que puedan solicitar los 210 euros previstos.
Resulta irritante el evidente ánimo electoral con el que se tramitó ayer la presentación de una ayuda pública que no es más que la corrección de otra que ya existe, sin explicar que ya existe y por qué no funciona. No está de más recordar que estas medidas son costosas: los 210 euros mensuales supondrán al erario público casi 450 millones de euros. En España no se ha producido el debate público necesario sobre el destino del superávit presupuestario y, por ello, no están claros los criterios con los que debe utilizarse política y socialmente. Esta falta de criterio se aprecia en la aparición inarticulada de ayudas sociales que han brotado como champiñones las últimas semanas.