PNV y PSE-EE dan el primer paso en el Parlamento para tramitar su ley de la “autopista” para grandes proyectos
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición, la toma en consideración de la proposición de ley del PNV y el PSE-EE para simplificar y agilizar los proyectos económicos sostenibles, la conocida como “autopista” regulatoria. El Gobierno lo ha tramitado como proposición de ley y no como proyecto, de modo que se ahorran informes y controles internos.
El texto reduce plazos y cargas administrativas, y pretende reforzar la seguridad jurídica para acelerar la implantación de nuevas actividades en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria, se defiende. PNV y PSE-EE destacan que la reducción de los plazos administrativos no implicará una reducción de “garantías”, sino tan solo una supresión de “duplicidades”. La propuesta pretende impulsar las inversiones estratégicas de la industria verde y, con ese fin, recoge instrumentos para acelerar la implementación de nuevos proyectos, para favorecer la economía circular y fortalecer el sector primario. A su vez, diseña un marco específico para proyectos de “interés público superior”, que han de ser iniciativas vinculadas a la transición energética, la economía circular o las infraestructuras de generación de energía, informa Europa Press.
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi ha explicado que esta ley “simplifica, facilita y aligera los trámites”, con el fin de que “Euskadi no pierda oportunidades en este mundo competitivo”. En este sentido, ha afirmado que, frente al riesgo de “deslocalizaciones”, es necesario garantizar que Euskadi “siga siendo atractiva” para mantener a sus empresas y para atraer nuevas inversiones. “Las empresas lo que piden es que no les toquemos las narices, que no les pongamos pegas, que facilitemos las inversiones emisiones en Euskadi”, ha añadido.
El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha explicado que, con esta ley, “se trata de poner al servicio de la ciudadanía y de los agentes económicos unos procedimientos más ágiles, más modernos y más seguros jurídicamente”. Esto, según ha dicho, permitirá mejorar la competitividad de Euskadi “respecto a otras comunidades del entorno que ya han avanzado en marcos normativos similares para atraer inversiones de alto valor estratégico que pueden ser motor de crecimiento y fuente de empleo estable y de calidad”.
Desde las filas de EH Bildu, Ander Goikoetxea ha calificado de “inaceptables” tanto el procedimiento empleado para tramitar esta ley, como los contenidos de la propuesta. De esa forma, ha criticado que “en nombre de la competitividad”, se plantea “una ley que cambia todo el modelo de gobernanza y que deja de lado la autonomía de los ayuntamientos”. Goikoetxea ha considerado que una ley de esta relevancia “debería venir, por lo menos, de la mano del Gobierno, con una memoria económica, informes jurídicos, evaluaciones de impactos, consultas públicas estructuradas, y con todas las garantías que necesita un proyecto de gobierno”.
El parlamentario del PP Álvaro Gotxi ha expresado su rechazo a la forma en la que se ha tramitado esta ley, través de una proposición de los partidos del Gobierno, en lugar de mediante un proyecto de ley del propio Ejecutivo, un procedimiento que requiere de más controles y garantías. “Lo hacen únicamente para no pasar por donde tienen que pasar un proyecto de ley; no vaya a ser que alguien les diga que esto que presentan hoy aquí es una chapuza irresponsable”, ha denunciado.
Por parte de Sumar, Jon Hernández, ha advertido de que la “desregulación” que se plantea en esta iniciativa “puede reducir el necesario control del impacto de la actividad económica”, especialmente “en temas sensibles como el medioambiental”. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha cuestionado que el Gobierno pueda convertirse en “promotor o facilitador” de la actividad económica a través de esta ley, por lo que ha votado en contra de su toma en consideración.