El Estado rechaza por tercera vez considerar a 'Naparra', desaparecido en 1980, como víctima del terrorismo
A la tercera va la vencida, pudo pensar la familia de José Miguel Etxeberria, más conocido como 'Naparra'. Pero se ha llevado un disgusto. Una vez más, el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud para reconocer a 'Naparra' como víctima del terrorismo. La noticia la han anunciado este jueves Agus Hernán, por parte de Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia); Pilar Garaialde, portavoz de Egiari Zor, y Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido. Aunque aún no han agotado todas las vías administrativas, la familia no recurrirá la resolución debido al cansancio y al gasto económico que implicaría. Aun así, exige que se revise y que el Ministerio presente una disculpa pública a la familia.
El 11 de junio de 1980, 'Naparra', con 22 años, acudió a una cita que tenía concertada con unos miembros de ETA en San Juan de Luz. El objetivo era compartir sus contactos de traficantes de armas con la banda terrorista. Después de ese día, no se le volvió a ver y su cuerpo nunca ha sido encontrado; solo apareció su coche. El desaparecido formó parte de los comandos especiales de ETA político-militar, más tarde se integró principalmente en ETA militar y terminó abandonándola para unirse a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Para cuando desapareció, ya era uno de los líderes de los CAA.
Según expone el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), se trata de un caso de desaparición cuya autoría es “confusa”. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó el secuestro de 'Naparra' el 24 de junio de 1980, argumentando que la persona se encontraba en España y que corría “con la misma suerte que los asesinados por ETA”. Días después, se difundió la información de que había sido asesinado por sus propios compañeros de los CAA en Francia, adonde Etxeberria había huido en 1978. Sin embargo, en julio, los CAA hicieron público un comunicado en el que ponían en duda la posible autoría del BVE, al considerar que había mentido sobre su secuestro y ocultado su asesinato.
La familia, por el contrario, siempre ha mostrado su enfado por los intentos de señalar a ETA por estos hechos. “¿Alguien puede pensar que si ETA hubiera reivindicado tres veces un acto se hubiera puesto en duda su autoría? ¿Qué intencionalidad hay para intentar construir una hipótesis falsa?”, protestaron este año cuando el Memorial de víctimas de Vitoria, dependiente del Gobierno de España lanzara interrogantes.
A la familia Etxeberria le han rechazado en tres ocasiones la solicitud para que se aplique a su familiar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo: en 2008, en 2013 y ahora, en 2026. La falta de autoría es uno de los motivos por los que el Ministerio del Interior justifica su rechazo. GEBehatokia ha citado el siguiente fragmento de la resolución: “al no poder determinarse la relación de casualidad necesaria y suficiente entre la desaparición y fallecimiento y un hecho de naturaleza terrorista”.
Hernán, de GEBehatokia, asegura que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha recurrido al “copia-pega” de las resoluciones anteriores, a pesar de que la familia ha aportado más argumentos a su favor. Entre ellos, destaca la contextualización de la época, marcada por numerosos atentados parapoliciales en Iparralde, así como varias certificaciones del BVE y de otros organismos que respaldarían la versión del secuestro por bandas parapoliciales.
En la misma línea, Garaialde, de Egiari Zor, ha insistido en que “no hay debate posible”: 'Naparra' es una víctima del terrorismo. La portavoz ha recordado que tanto el Gobierno vasco como las Naciones Unidas reconocen el caso como una desaparición forzada, al igual que el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria. Este último resalta a la vista, ya que el propio Ministerio del Interior participa en el patronato del Memorial, que incluso ha incluido a 'Naparra' en la exposición 'Ausencias presentes', dedicada a personas desaparecidas por terrorismo en España.
Con estos argumentos sobre la mesa, ambas entidades han mencionado el caso de los tres gallegos a quienes sí se les ha aplicado la ley. Trabajaban en Irún y, el 24 de marzo de 1973, desaparecieron al otro lado de la muga, a donde habían ido a ver una película. Sus cuerpos tampoco fueron encontrados y, a diferencia de 'Naparra', nadie reivindicó su secuestro. Además, la justicia no ha esclarecido las circunstancias “exactas” de su desaparición y, aun así, “nadie puede dudar de la naturaleza del hecho doloroso”. “Debían ser reconocidos y lo fueron”, ha concluido Garaialde.
El portavoz de GEBehatokia ha sido directo: “si se tratara de una víctima de ETA, este rechazo nunca se hubiera producido”. Garaialde ha coincidido con él y ha calificado la decisión de “repugnante acto de discriminación”. Este jueves, ambas entidades no han denunciado “un laberinto burocrático ni un vacío legal”, sino “una decisión política, consistente, sistemática y vergonzosa”. También han insistido en la “revictimización” que está sufriendo la familia Etxeberria, condenada a “vivir una discriminación inaceptable de por vida”, según ha afirmado Hernán.
Por su parte, Eneko Etxeberria, hermano de 'Naparra' y familiar presente en la comparecencia, ha completado las declaraciones compartiendo la odisea que ha vivido para lograr que a su hermano se le aplique la ley. Desde conseguir que el Defensor del Pueblo de Navarra colaborara con la causa hasta recibir una carta personal de Ana Ollo, consejera y vicepresidenta primera del Gobierno de Navarra, en la que compartía su “impotencia”. “Todo se reduce en la voluntad de hacerlo”, ha cerrado Etxeberria.
Debido al cansancio y al coste económico que implica, la familia ha desistido de volver a recurrir. “Cada rechazo es una frustración”, ha declarado Hernán. Por ello, Egiari Zor pide que se revise “inmediatamente” la resolución, que se garantice la “equiparación efectiva en el trato a todas las víctimas del terrorismo” y que se presente una disculpa pública a la familia Etxeberria por las cuatro décadas de negación institucional.
La aplicación de la ley a 'Naparra' podría significar mucho para su familia. Sus hermanos, además de recibir una indemnización de al menos 250.000 euros, podrían contar con asistencia psicológica y jurídica gratuita. Pero, sobre todo, su ser querido sería honrado, respetado y recordado en la memoria pública de España.