Las víctimas de violencia sexual en La Salle de Donostia denuncian su sufrimiento en el Parlamento Vasco
Marisol Zamora y Olatz Mercader han comparecido este miércoles en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para relatar supuestos de violencia sexual cometidos por Patxi Ezkiaga, docente en La Salle de Donostia desde 1976 hasta 2012 y fallecido en 2018. Invitadas por la propia Cámara, han intervenido para explicar su situación y emitir su juicio sobre el informe del Ararteko y el tratamiento institucional de sus denuncias.
Desde el inicio de su intervención, las comparecientes han querido enmarcar su presencia como algo colectivo. “No somos dos personas: traemos una memoria colectiva que ha estado enterrada bajo un silencio de décadas”, ha señalado Mercader. Denuncia que su relato fue durante años un “secreto guardado bajo llave” en un entorno donde la institución religiosa tenía más peso que la palabra de las menores. A esto, Zamora ha añadido que los excesos no fueron solo individuales, sino también estructurales, sostenido durante años por el prestigio del agresor y el silencio del entorno.
En su relato, han descrito el impacto de la violencia sexual en la vida de las víctimas, con casos de traumas psicológicos, secuelas emocionales y hasta intentos de suicidio. Han señalado que el abuso no solo afectó a quienes lo sufrieron directamente, sino también a quienes fueron testigos en el aula de una dinámica que han descrito como un “ecosistema de impunidad”, enseñando cómo se puede hacer uso del poder y la autoridad.
“La vergüenza siempre ha estado de nuestro lado”, ha afirmado Zamora, reclamando que ese peso social se traslade a las instituciones responsables. Ambas han denunciado una “omertá” social en torno a los abusos sexuales y han advertido de que “lo que no se nombra no existe”, motivo por el que han decidido romper el silencio públicamente.
Las comparecientes han denunciado además la falta de respuesta adecuada por parte de la institución educativa. Han recordado que La Salle, un centro religioso privado sostenido con fondos públicos, rechazó las medidas de reparación colectiva propuestas en el marco del proceso restaurativo impulsado con el Ararteko, limitándose a respuestas individuales. “No es suficiente con reconocer el daño si no se repara”, ha reivindicado Mercader, criticando que la reparación dependa de la voluntad del propio centro.
Entre sus propuestas, han descrito una reparación con una dimensión colectiva y estructural, así como la creación de un certificado de víctima de violencia sexual que evite la revictimización en los distintos procedimientos administrativos. También han defendido la necesidad de vincular la financiación pública a compromisos éticos de protección infantil, establecer recursos especializados en trauma, crear fondos públicos de reparación y reforzar los mecanismos de prevención y auditoría en entornos con menores. Han interpelado directamente a las instituciones para que pasen de las declaraciones a los hechos. “No venimos a una foto ni a un gesto simbólico, venimos a exigir medidas”, ha señalado Zamora, advirtiendo de que la responsabilidad política es clave para evitar la repetición de casos similares.
Tras los discursos, PSE-EE, EH Bildu y PNV han brindado respuestas con un tono de reconocimiento y apoyo generalizado, aunque con matices. Los socialistas han manifestado su respeto por la valentía de las víctimas y ha defendido la necesidad de avanzar en procesos de justicia restaurativa ante la imposibilidad de una respuesta penal por la prescripción de los hechos y el fallecimiento del agresor. Su portavoz, Miren Gallástegui, ha subrayado el compromiso de “estudiar las propuestas” planteadas y ha criticado que La Salle no haya asumido una reparación colectiva.
Desde EH Bildu, su representante Amancay Villalba ha exigido un pronunciamiento público “claro” por parte del centro educativo que permitió la prolongación de los abusos. Han insistido en que el daño tiene una dimensión colectiva y comunitaria, y han reclamado que las instituciones asuman su responsabilidad por acción u omisión. Villalba ha reiterado la necesidad de avanzar en medidas de reparación, así como en el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios llegados durante el pleno de noviembre de 2023 sobre abusos en el ámbito religioso.
El PNV, a través de Josune Escota, ha trasladado su reconocimiento al sufrimiento de las víctimas y ha afirmado que les escuchan y que les creen. Escota ha subrayado la gravedad de los hechos recogidos en el informe del Ararteko y la importancia de actuar ante ello. También ha defendido que “la verdad, la justicia y la reparación” deben abordarse también desde una dimensión colectiva y ha apelado a la responsabilidad compartida de instituciones y sociedad para garantizar la no repetición.
El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga fue adelantada por 'El País' en 2024, aunque las víctimas sostienen que los hechos pudieron prolongarse hasta 2012. Al menos 30 mujeres han sido identificadas como víctimas tanto en el aula como en actividades extracurriculares como gimnasia rítmica, excursiones y campamentos. El informe del Ararteko recoge que algunas víctimas sufrieron abusos graves durante años, con secuelas físicas y psicológicas persistentes que requieren atención especializada, en un caso que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional y la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito educativo y religioso.