El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en situación administrativa irregular en España, una medida que podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio origen a esta propuesta.
De acuerdo con los cálculos de esta organización, en la comunidad extremeña residen alrededor de 69.500 personas nacidas en el extranjero, de las cuales unas 5.000 se encontrarían en situación irregular. En este contexto, se prevé que la regularización extraordinaria genere unas 4.500 solicitudes en la región, de las que aproximadamente dos tercios podrían resolverse favorablemente.
A nivel estatal, la Fundación Ciudadanía Global estima que podrían presentarse unas 751.200 solicitudes, con una previsión de en torno a 503.000 regularizaciones efectivas. La medida se enmarca en una respuesta institucional a una demanda social y política que llevaba años sobre la mesa y que finalmente ha cristalizado en este real decreto aprobado por el Ejecutivo.
Por territorios, Extremadura se situaría entre las comunidades autónomas con menor número de regularizaciones previstas, junto a Cantabria (3.500) y La Rioja (4.000). En el extremo opuesto se encuentran Cataluña, donde se estiman unas 135.000 regularizaciones; la Comunidad de Madrid, con unas 90.000; y Andalucía y la Comunidad Valenciana, con alrededor de 60.000 cada una.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el real decreto establece como requisitos carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. El Ejecutivo calcula que la medida permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas en todo el país.
Esta regularización extraordinaria supone uno de los procesos más amplios de este tipo en España en los últimos años y busca dar respuesta a una realidad estructural vinculada a la presencia de población migrante sin autorización administrativa, facilitando su acceso a derechos laborales y sociales.