Cientos de profesionales de la abogacía y la procura esperan la regulación que fije su pensión tras cotizar en mutualidades
El problema es sencillo de formular y enormemente complejo de resolver: cientos de abogados y abogadas y procuradores extremeños han pasado toda su vida laboral cotizando en mutualidades privadas que funcionaban como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Ahora, con la jubilación cada vez más cerca, necesitan saber cuántos de esos años —y cuántas de esas aportaciones— podrán transformarse en una pensión pública. La respuesta depende de un reglamento que todavía no existe y que debe fijar cómo se hará la conversión. El reloj corre en los despachos de Cáceres, Badajoz, Mérida o Plasencia y toda la región, donde la incertidumbre se ha convertido en cálculo y preocupación.
La Ley 2/2026, en vigor desde el 1 de agosto, abrió por primera vez una vía para trasladar al sistema público los derechos económicos acumulados en las mutualidades. Pero dejó sin definir el elemento clave: el reglamento que debe explicar cómo se hará la conversión. El Gobierno tiene de plazo hasta el 29 de octubre para aprobarlo. Solo entonces comenzará a existir una respuesta concreta para cada profesional.
Un problema que viene de lejos
Durante décadas, abogados y procuradores pudieron utilizar sus mutualidades como alternativa al RETA. El sistema evolucionó: la Mutualidad de la Abogacía pasó de la capitalización colectiva a la individual en 2005; en el caso de los procuradores, las organizaciones sitúan ese cambio en 2012. La diferencia es esencial: en la capitalización colectiva las aportaciones se integraban en un fondo común; en la individual, cada mutualista acumulaba derechos vinculados a sus propias aportaciones. Esa transición dejó a muchos profesionales con carreras insuficientemente protegidas respecto a lo que habrían obtenido en el sistema público. La Ley 2/2026 ha reconocido esa desigualdad y crea un mecanismo extraordinario para corregirla.
¿Cuántas personas afectadas hay en Extremadura?
No existe una cifra única. UPTA Extremadura calcula 2.109 profesionales afectados y sitúa algunas prestaciones en 300–500 euros mensuales tras largas carreras de aportación. Las organizaciones de mutualistas manejan cifras mayores: el Movimiento #J2 habló en 2025 de 4.000–4.500 profesionales y de pensiones de 300–400 euros. Las cifras parten de universos distintos, pero coinciden en el diagnóstico: en Extremadura el problema ha adquirido una dimensión pública. En diciembre, abogados y procuradores se concentraron en Mérida para exigir una pasarela que reconociera sus años de aportaciones y evitara pérdidas sustanciales en la conversión. Otras dos veces se han manifestado en Madrid y una en Cáceres. Entre quienes han participado en estas movilizaciones están M.A., abogada, y C.S., procuradora, ambas con más de 65 años y aún sin posibilidad de jubilarse: la primera percibiría 430 euros y la segunda 380, cifras que ilustran el alcance del conflicto.
La fórmula que puede cambiarlo todo
El reglamento deberá fijar un coeficiente dentro de la horquilla prevista por la ley: entre 0,67 y 0,87. Ese número determinará cuántos meses de cotización al RETA resultan de los derechos acumulados en la mutualidad. Las organizaciones de mutualistas reclaman el 0,67, el extremo más favorable. Pero la ley no lo establece como definitivo: la cifra deberá concretarse en el reglamento. “Por eso, conocer el saldo acumulado no basta. Lo decisivo será saber qué periodo de cotización reconocerá finalmente la Seguridad Social”, explica a elDiario.es, una de las portavoces, Mamen Lucas.
Los mayores de 52 años y las reglas específicas
La norma introduce una disposición particular para quienes tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026: cada mes completo de alta en la mutualidad podrá computarse como un mes completo en el RETA solo a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora. No significa que toda la carrera mutualista se transforme automáticamente en cotización pública plena. También existen reglas específicas para quienes iniciaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995, lo que añade más complejidad a un mapa ya diverso: carreras enteras en la mutualidad, trayectorias mixtas, aportaciones complementarias… La pasarela no tendrá el mismo efecto para caja persona.
Una decisión voluntaria, pero irreversible
La ley establece que la transferencia será voluntaria. Pero una vez realizada, el encuadramiento en el RETA será obligatorio e irreversible. Por eso las organizaciones reclaman simulaciones individualizadas y vinculantes antes de que cada profesional decida. La lógica es evidente: si no hay vuelta atrás, nadie debería elegir sin conocer exactamente qué derechos transfiere y qué cotización obtiene.
La puerta cerrada para las y los jubilados
La ley excluye de la pasarela a quienes ya sean pensionistas, salvo en el caso de viudedad. Es uno de los puntos más criticados. En Extremadura, donde las plataformas han denunciado pensiones de apenas unos cientos de euros, la exclusión resulta especialmente sensible. La norma sí obliga a las mutualidades que continúen funcionando a elevar sus prestaciones mínimas y actualizar las rentas, pero no incorpora automáticamente a las personas jubiladas actuales al sistema público.
Quienes permanezcan en el sistema mutualista verán cambios: las cuotas mínimas deberán alcanzar el 86% de la referencia del RETA en 2026, el 93% en 2027 y el 100% en 2028. Además, las entidades deberán someterse a nuevas obligaciones de transparencia y supervisión por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Del conflicto al documento común
Tras meses de movilizaciones, septiembre dejó una imagen distinta: el 22 de septiembre, el Consejo General de la Abogacía Española y representantes de asociaciones de mutualistas trasladaron a la ministra Elma Saiz un documento de 12 puntos con cuestiones compartidas para el desarrollo del reglamento: simulaciones previas, tratamiento de aportaciones complementarias, complementos a mínimos, jurisdicción competente… No significa que el Gobierno haya aceptado todas las reivindicaciones, pero sí que existe un marco común para negociar.
Extremadura mira al BOE
En los despachos extremeños, la espera se ha convertido en cálculo: cuánto se ha aportado, qué parte puede transferirse, qué periodo se reconocerá, qué base servirá para la futura pensión y cómo encaja todo ello con los años ya cotizados en la Seguridad Social. La respuesta llegará —si llega— con el reglamento. El 29 de octubre es la fecha que concentra ahora todas las miradas. Después comenzará el año de plazo para solicitar la transferencia. Entonces el conflicto dejará de ser legislativo y se convertirá en una sucesión de decisiones individuales: para algunos profesionales, la pasarela permitirá integrar en el sistema público una parte de su carrera; para otros, las condiciones concretas determinarán si el traslado compensa. La ley ha fijado el puente. Ahora falta saber cómo estará construido. Y en Extremadura, miles de profesionales esperan conocer cuánto pesa cada año de aquella vida laboral que construyeron al otro lado del sistema público.