El Gobierno de Guardiola deja en manos de Vox la aplicación de la “prioridad nacional” en sus consejerías
El Gobierno de la Junta de Extremadura de PP y Vox ha aprobado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, unas cuentas que alcanzan la cifra récord de 9.254 millones de euros, con un incremento de 425 millones de euros respecto al ejercicio en curso.
La presentación pública del techo presupuestario no solo ha servido para desglosar un gasto social que acapara “casi” el 70% de las partidas regionales, sino también para dejar abiertas las puertas a una de las principales exigencias ideológicas de Vox: la aplicación del principio de “prioridad nacional” en la concesión de subvenciones y ayudas públicas autonómicas.
Preguntada expresamente durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno por las partidas en las que se incluiría la prioridad nacional prometida por la extrema derecha y su grado de concreción en las cuentas regionales, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha optado por eludir la polémica. Manzano ha explicado que el proyecto de ley consigna partidas globales orientadas a reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos esenciales, pero ha dejado la fijación de los criterios específicos de acceso en manos de las órdenes y convocatorias posteriores que elaboren los consejeros al ejecutar sus respectivos presupuestos.
La portavoz de la Junta ha indicado que las cuentas públicas incorporan proyectos de gasto en diversos ámbitos que se desarrollarán con las convocatorias pertinentes aprobadas por cada departamento. Según la consejera, los presupuestos “recogen las demandas” de la ciudadanía extremeña y priorizan los servicios públicos fundamentales, si bien ha precisado que serán esas ordenanzas y bases reguladoras posteriores las que se traducirán en el guión que utilizará cada uno de los consejeros a la hora de ejecutar las partidas asignadas a sus carteras. Con esta respuesta, la administración autonómica cede margen de maniobra a los departamentos gestionados por Vox para fijar las cláusulas y condiciones con las que regular las ayudas y subvenciones públicas.
La controversia en torno a los criterios de concesión de fondos coincide con la luz verde al mayor volumen de gasto de la historia autonómica. El proyecto presentado por la administración regional contempla un crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,8% y fija el objetivo de déficit en el 0,1%, unas previsiones macroeconómicas avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El aumento de 425 millones respecto al ejercicio vigente responde a una subida neta de 400 millones sobre el presupuesto inicial anterior, que se situaba en 8.854 millones de euros, junto a la reincorporación de 25 millones de euros que se destinaban previamente al consorcio de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex).
Para el próximo ejercicio, la norma presupuestaria introduce una rebaja de tipos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, que pasan a situarse en el 7,5% y el 9,5%. De forma paralela, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados disminuye del 4% al 3,5% para los contribuyentes menores de 36 años, personas con discapacidad y familias numerosas o monoparentales.
El proyecto fiscal completa sus novedades con la articulación de deducciones destinadas a personas afectadas por la talidomida y una nueva deducción autonómica de 4.000 euros para enfermos de polio.
El 40% para Salud y Dependencia
En el desglose por áreas de gasto, las políticas sociales representan 6.242 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 6%. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia vuelve a ser el pilar central al concentrar más de 3.540 millones de euros, casi el 40% del presupuesto global de la comunidad. Estos fondos se destinarán a la construcción de nuevos paritorios en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, la incorporación de nuevas vacunas, el aumento de contrataciones de profesionales sanitarios y el refuerzo de los servicios de atención al envejecimiento, la discapacidad y la salud mental. Dentro de este bloque social, el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) alcanzará los 63,45 millones de euros, tras recibir una inyección adicional de 5,2 millones respecto al año anterior.
Por su parte, la Consejería de Educación dispondrá de 1.732 millones de euros orientados a la financiación del transporte escolar, comedores públicos, obras en infraestructuras educativas, Formación Profesional y la Universidad de Extremadura. Asimismo, el departamento de Infraestructuras, Transporte y Vivienda experimenta el tercer mayor incremento en términos absolutos al sumar 32,4 millones de euros adicionales respecto al curso pasado.
En el ámbito económico y tributario, las cuentas asignan casi 2.000 millones de euros, lo que equivale al 21,3% del total regional. La titular de Hacienda ha encuadrado estas asignaciones en la estrategia continuada del Gabinete autonómico para rebajar la presión fiscal. Según los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aportados por la consejera, las deducciones en vigor han supuesto la devolución de 128 millones de euros a los contribuyentes extremeños mientras que la recaudación autonómica se ha elevado en 525 millones respecto a 2023.