Unidas por Extremadura plantea crear una oficina anticorrupción independiente con multas de hasta 100.000 euros
Unidas por Extremadura ha registrado una propuesta de Ley para la creación de la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, para “prevenir, investigar y denunciar” este tipo de casos de “mala gestión del dinero público”, norma que contemplaría multas de hasta 100.000 euros. Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, n éste sería un organismo “independiente” que se encargaría que “no viene a generar más burocracia” sino, a “proteger el dinero de los extremeños y las extremeñas”.
De Miguel ha indicado que esta oficina, una herramienta “muy útil para evitar que la corrupción campe a sus anchas” a su juicio, ya existe en otras comunidades como Andalucía, Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana, recoge el partido en nota de prensa. “Queremos ver si el Partido Popular y Vox, que ahora parecen tan adalides de la lucha contra la corrupción, están decididos a hacer algo”, ha señalado la portavoz de Unidas por Extremadura.
La portavoz de la coalición de izquierdas ha indicado que “se pueden hacer dos cosas”, por un lado “utilizarla como arma arrojadiza contra el adversario político”, o “poner herramientas que realmente eviten que el dinero público se malgaste y se derroche”. “Nosotros somos de la segunda opción”, ha dicho De Miguel, quien ha reclamado que se ponga esta herramienta en funcionamiento porque es “la más útil y más eficaz para luchar contra la corrupción en las administraciones públicas”.
De esta forma, ha reclamado a las instituciones “transparencia” y con el dinero público así como “cultura contra la corrupción”, y ha asegurado que éste debería ser un asunto “de consenso”. “Hay que identificar dónde podemos mejorar para que el dinero público no se vaya a donde no se debe”, ha explicado sobre una de las funciones de esta oficina.
Denuncias anónimas
La propuesta de ley recoge que la oficina tendría entre sus funciones la de prevención con la elaboración de códigos éticos y de buenas prácticas, así como la formación en integridad pública, la investigación y lucha contra la corrupción, colaboración institucional y protección de denunciantes.
Según la iniciativa de Unidas, estaría dirigida por una persona elegida por la Asamblea de Extremadura por mayoría de tres quintos que acredite más de diez años de experiencia en prevención y lucha contra la corrupción y que gozaría de independencia, inamovilidad y régimen estricto de incompatibilidades.
Se crearía un canal específico para que cualquier ciudadano pudiera presentar denuncias, quejas o sugerencias relacionadas con posibles irregularidades y se admitirían las denuncias anónimas.
En cuanto a las infracciones, la ley tipificaría de muy graves, como obstruir investigaciones, represaliar denunciantes o presentar denuncias falsas dolosas, con multas que irían de los 30.001 y a los 100.000 euros.
También graves como impedir denuncias o incumplir el deber de colaboración, con multas de entre 3.001 y 30.000 euros; y leves como no denunciar hechos obligatorios o responder fuera de plazo a requerimientos, con apercibimiento o entre 300 y 3.000 euros.