Este lunes, una semana después de lo previsto, ha comenzado el juicio más largo y con más acusados en los últimos años de la Audiencia Provincial de Ourense, la 'Operación Zamburiña'. En ella se encuentran acusados nueve presuntos traficantes de drogas y cuatro agentes del cuerpo de Policía Nacional que supuestamente colaboraban con ellos en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Los acusados se enfrentan a penas que suman 100 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o tenencia ilícita de armas atribuidos en distintos grados. El caso se destapó tras la extraña muerte en comisaría del agente a quien se relaciona con la primera denuncia presentada a través de una carta anónima enviada a Asuntos Internos.
La fecha de inicio prevista era el 11 de enero, pero uno de los imputados comunicó que presentaba síntomas compatibles con la COVID-19 tras haber estado en contacto con un positivo por coronavirus. El juicio se retrasó por este motivo y finalmente empieza hoy con las cuestiones previas.
A los presuntos traficantes, la Fiscalía los acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas y solicita penas de hasta 13 años. Los cuatro agentes que se sentarán en el banquillo, todos del grupo de estupefacientes de la comisaría de Ourense, se enfrentan a diversas peticiones: tres de ellos por delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos con penas de hasta 7 años y 9 meses de cárcel y el cuarto, por revelación de secretos, por la que se solicita una multa de 5.400 euros. Los cuatro podrían ser inhabilitados.
Según recoge la documentación judicial, “se puso de manifiesto cómo varias personas se dedicaban a traficar en la ciudad de Ourense con sustancias estupefacientes contando para ello con la aquiescencia y protección de varios agentes de la Policía Nacional”.
Los hechos que ahora se juzgan fueron destapados por un escrito anónimo que acabó en manos de Asuntos Internos. Se relaciona con su elaboración a dos policías gemelos y a un agente que apareció muerto en el 2016 tras recibir un disparo en el interior de la comisaría. Las primeras investigaciones policiales apostaron rápidamente por la tesis del suicidio pero la jueza que instruyó el caso consideró que podría tratarse de un asesinato y abrió causa contra los dos policías hermanos para los que dictó una fianza de 60.000 euros y orden de comparecer diariamente en el juzgado.
A la magistrada no le convenció que, minutos antes de su presunto suicidio, el agente fallecido hubiera enviado desde su ordenador un email autoinculpándose como autor de anónimos injuriosos contra algunos de sus compañeros. Tampoco que junto al cadáver se encontrasen tres de las seis pistolas que meses antes alguien había robado del arsenal de la comisaría. El despacho donde se produjeron los disparos estaba cerrado por dentro.
A lo largo de las sesiones están citados a declarar un total de 109 testigos, entre las propuestas del Ministerio Público y las de las 11 defensas. El primero en comparecer será el responsable de Asuntos Internos que investigó la 'Operación Zamburiña' en coordinación con la Fiscalía. En total habrá declaraciones de 28 funcionarios del Departamento de Asuntos Internos y están citados policías de distintas unidades de la comisaría ourensana y también de la de Pontevedra.