El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a abonar a Audasa los casi 14 millones de euros que la empresa calcula que dejó de cobrar por un recorte en las compensaciones aprobado en 2017 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las cantidades entregadas a la concesionaria a cambio de suprimir los peajes de la Autopista do Atlántico, la AP-9, en Rande y A Barcala se redujeron entonces a la mitad y la Administración del Estado deberá asumir ahora esas cantidades que la empresa dejó de ingresar.
El nuevo fallo del Supremo, fechado el 14 de octubre, da la razón a Audasa por segunda vez. Una sentencia anterior disponía ya que el Gobierno debía hacer frente al pago y la nueva resolución confirma la postura y pide que las cantidades se abonen ya. Señala que no hay “ninguna duda” sobre la necesidad de aceptar lo que reclama la empresa, tanto en lo que se refiere a la cuantía como al sujeto obligado al pago. Es decir, pide que el Estado haga frente al pago, con independencia de que otro proceso determine si la Xunta debe asumir la mitad de la cantidad o no.
La concesionaria presentó, tras la primera sentencia, un incidente de ejecución para que se fijase una cantidad exacta y se aplicase el fallo. La suma a abonar supera los 13,8 millones de euros y el propio auto subraya que la Administración del Estado “viene a reconocerla como la cantidad que corresponde a la concesionaria ejecutante por el período de tiempo reclamado y en aplicación del régimen jurídico concesional impuesto por la sentencia”.
Sobre el sujeto obligado al pago, agrega que “la sentencia expresamente impone la condena a la Administración General del Estado”, aunque “sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia como consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006”. Ese fue el año en el que el Gobierno central, entonces dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, y el autonómico, encabezado por Emilio Pérez Touriño, acordaron suprimir los peajes de A Barcala y Rande y compensar económicamente a Audasa por ello. En aquel momento se pactó que la Xunta abonaría la mitad de las cuantías.
La Sala acuerda ahora que el Gobierno deberá abonar a Audasa la suma de casi 14 millones de euros en concepto de retribución de la concesión por los años 2017 (desde el 31 de julio), 2018 y 2019.