La UE declara estratégico el proyecto de extracción de cobre en Touro y O Pino, que tiene una fuerte oposición social
La Comisión Europea ha presentado este viernes una segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea entre los que ha incluido dos españoles: el muy contestado plan para retomar la extracción de cobre promovido por Cobre San Rafael en los municipios coruñeses de Touro y O Pino, y otro para el procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten.
“Europa está redoblando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas”, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha explicado que se prevé que los proyectos necesiten una inversión de cerca de 21.100 millones de euros para ponerse en marcha, según recoge Europa Press.
El pasado año, Bruselas ya designó una primera ronda de 47 proyectos estratégicos en suelo europeo y otros 13 en países terceros que están aún en fase de desarrollo y a ellos se sumará ahora este segundo listado, en el marco de una iniciativa que les garantiza simplificación de trámites para acelerar su puesta en marcha, asistencia para conectar a proveedores y compradores y apoyo para acceder a financiación.
Con todo, pese al anuncio de los proyectos seleccionados, el Ejecutivo comunitario no ha detallado de qué modo contribuirá a ellos, ya que la designación de estratégicos no garantiza un acceso automático a fondos europeos. La Ley de Materias Primas Críticas sí establece que el proceso de concesión de permisos no debe exceder los 27 meses para los proyectos de extracción y los 15 meses para otros proyectos, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación de la UE y nacional.
El objetivo en todo caso es fortalecer las cadenas de valor europeas en sectores como el de las baterías, la defensa, la industria aeroespacial e imanes permanentes y no depender más del 65% de un país tercero, en especial de China. La Unión quiere tener la capacidad suficiente para extraer a más tardar en 2030 al menos el 10% de los minerales estratégicos que consume y para transformar el 40% y reciclar el 25%.
Los nuevos “Proyectos Estratégicos” se ubican en Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España y Suecia, y fueron seleccionados entre 102 solicitudes recibidas, con base en criterios como su contribución a la seguridad del suministro, la viabilidad técnica, la sostenibilidad y los beneficios transfronterizos.
Los nuevos proyectos abarcan 15 de las 17 materias primas estratégicas contempladas en la Ley de Materias Primas Críticas, incluidos el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, que “contribuirán a diversificar el suministro en la cadena de valor de las baterías de la UE”, según indican fuentes comunitarias.
Además, las iniciativas relacionadas con el magnesio y el wolframio servirán para las cadenas de valor de la defensa y la industria aeroespacial, mientras que los proyectos que abarcan elementos de tierras raras contribuirán al sector de los imanes permanentes. La nueva lista también incluye proyectos relacionados con el titanio y el silicio metálico.
La mina de Touro
En concreto, el proyecto de Cobre San Rafael se basa en la explotación del yacimiento situado en el Monte de las Minas entre los ayuntamientos de O Pino y Touro (A Coruña). Se trata de una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986, sin que se hiciese posteriormente una reparación ambiental. La idea de volver a extraer cobre en este lugar la retomó la actual empresa promotora hace una década. El primer intento lo rechazó la Xunta con una declaración de impacto ambiental desfavorable en 2020 -con la certificación al año siguiente de que denegaba el permiso- tras una fuerte oposición social y la insistente movilización de los vecinos. En 2024, la empresa reformuló el proyecto -si bien los vecinos consideran que no hay apenas cambios- y volvió a presentárselo al Gobierno gallego, que en esta ocasión lo declaro proyecto industrial estratégico. Sigue desde entonces pendiente de una nueva declaración de impacto ambiental, que aún no se conoce más de dos años después.
El Ayuntamiento de Touro intentó maniobrar para evitar que el proyecto de la mina fuese propuesto para ser declarado estratégico por la UE. Darío Rey, el concejal de Medio Ambiente, explica a esta redacción que supieron en enero, cuando se abrió el procedimiento, se dirigió al Ministerio para la Transición Ecológica. En la misiva le pedía una reunión para exponer los impactos ambientales y los efectos en el entorno, también a nivel productivo, y pedir que España no plantease estos planes como posible proyecto estratégico. Rey lamenta que no recibió nunca una respuesta y traslada su preocupación por el respaldo a la mina que supone la decisión europea.
También reaccionó el BNG. Su portavoz nacional, Ana Pontón, insiste en que su formación seguirá oponiéndose a los planes de reabrir la mina y se mantendrá “del lado de la gente, del lado de Galicia y del respeto al medio ambiente”. A preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa, la líder nacionalista consideró que no es “ninguna novedad” que las instituciones comunitarias se sitúen “al servicio de los intereses de las grandes transnacionales”. Critica la apuesta por “modelo extractivo depredador” que “no tiene en cuenta las necesidades del territorio”.