Multa de 251.000 euros para dos alquileres turísticos ilegales en Ibiza
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El Ayuntamiento de Santa Eulària (Eivissa) ha confirmado dos expedientes sancionadores a dos viviendas turísticas ilegales del municipio tras desestimar los recursos y alegaciones presentadas por los responsables. En total, las sanciones suman cerca de 251.000 euros.
El Consistorio asegura que ambas viviendas no disponían del título habilitante ni de la descripción en el Registro de Actividades Turísticas en la urbanización Buenavista, en el Puig d'en Fita-Siesta, y en es Puig d'en Valls.
En este último caso, la vivienda pasó de uso residencial a turístico y se comercializaba en una conocida plataforma de alquiler vacacional de la que no ha trascendido el nombre. Los inspectores identificaron que los turistas habían contratado estancias por 286,85 euros y 251,72 euros por noche, incluyendo además servicios propios de actividad turística como lavandería o recambio de toallas.
El Ayuntamiento impuso una sanción de 205.949,58 euros, calculada conforme a la normativa urbanística vigente al tratarse de un cambio de uso sin título habilitante.
Posteriormente, los responsables presentaron un recurso potestativo de reposición, alegando indefensión y cuestionando la validez de las pruebas. La Junta de Gobierno Local acordó desestimar dicho recurso y confirmar íntegramente la sanción al considerarse acreditada la actividad turística irregular a través de las actas de inspección y la documentación aportada.
El segundo expediente hace referencia a una vivienda situada en la urbanización Buenavista. Durante el pasado mes de junio de 2025 se detectó también la comercialización del inmueble a través de la misma plataforma digital. En este caso, se pudo constatar que un visitante había contratado dos noches de estancia por un importe de 210,75 euros, además de recibir servicios asociados a la actividad turística.
Tras la apertura del expediente sancionador, el responsable presentó un escrito de alegaciones defendiendo que se trataba de un hecho puntual y solicitando la reducción de la sanción. Sin embargo, la Junta de Gobierno ha decidido desestimar las alegaciones presentadas y confirmar la sanción propuesta de 45.005 euros.