Miles de mujeres protestan en Polonia por el derecho al aborto y contra el Gobierno de Tusk: “Estamos hartas de promesas”
Miles de manifestantes se han congregado este jueves en decenas de ciudades polacas para exigir al Gobierno de Polonia medidas para despenalizar y liberalizar el aborto, mientras que pesa la amenaza del veto presidencial sobre dos leyes aprobadas por la Cámara Baja del Parlamento con modificaciones que relajan la rígida norma vigente en el país.
La jornada de protestas coincide con el sexto aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó el supuesto de malformación fetal y endureció el acceso al aborto legal, que en Polonia se rige por una de las normativas más restrictivas de Europa.
“Tarjeta roja” al Gobierno de Tusk
Cracovia ha sido una de las ciudades que ha servido de escenario para la protesta. Magda e Iza, dos de las asistentes a la manifestación en esta ciudad del oeste polaco, dicen a EFE que están “más que hartas” de “las promesas de políticos que, curiosamente, son siempre hombres maduros” y que, en su opinión, “sólo se acuerdan de las mujeres para pedirles el voto”.
Bartosz, un joven que se desplazó a Cracovia desde la cercana localidad de Wieliczka, explica a EFE que “nada cambiará en este país si no es por las mujeres”, quienes, dice, “en Polonia parecen ser víctimas del mismo desprecio hoy que en la Edad Media”.
En Cracovia, la manifestación ha comenazado frente a la sede del Ayuntamiento, bajo el lema “Tarjeta roja por el aborto” y ha recorrido las calles del centro para repudiar el legado de la sentencia dictada el 22 de octubre de 2020 por el Tribunal Constitucional bajo la autoridad del anterior gobierno del partido ultraderechista Ley y Justicia.
Las manifestaciones están lideradas por unos colectivos feministas insatisfechos por las reformas aprobadas recientemente por la Cámara Baja de Polonia, donde la Coalición Ciudadana del primer ministro, Donald Tusk, tiene mayoría.
Califican esas reformas de “migajas” comparadas con el compromiso electoral adoptado en 2023 por la coalición gobernante.
Los manifestantes exigen no sólo la derogación definitiva de las barreras penales para quienes asisten en las interrupciones del embarazo, sino el reconocimiento pleno del derecho a decidir de las mujeres dentro del sistema sanitario público.
Tentativas parlamentarias
El debate sobre el aborto durante la actual legislatura de Tusk ha estado marcado por profundas divisiones en la coalición gubernamental.
En julio de 2024, un primer intento de despenalizar la ayuda al aborto fracasó en la Cámara Baja por el rechazo de los aliados conservadores que gobiernan con Tusk.
Por otra parte, una propuesta más amplia para legalizar el aborto a petición hasta la semana 12 de gestación, impulsada por Coalición Ciudadana y La Izquierda, permanece estancada desde hace meses sin haber sido presentada a una votación final.
Sin embargo, la Cámara Baja ha aprobado esta semana dos proyectos de ley fundamentales para modificar la legislación vigente.
La primera iniciativa restablece la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo en casos de anomalías o malformaciones fetales graves e irreversibles.
La segunda norma permite despenalizar parcialmente el auxilio al aborto con consentimiento de la mujer –derogando penas de hasta tres años de cárcel– y protege explícitamente al personal médico que efectúe procedimientos necesarios para salvar la vida o salud de la gestante o ante diagnósticos de daños fetales severos.
Ambas propuestas continuarán su tramitación en el Senado antes de pasar al trámite de la sanción o el veto presidencial.
La amenaza de Nawrocki
El actual marco legal polaco sólo permite la interrupción del embarazo en dos supuestos taxativos: cuando la gestación representa una amenaza directa para la vida o la salud de la mujer, o cuando proviene de un delito como violación o incesto hasta la semana 12.
Esta rigidez ha provocado un grave “efecto disuasorio” entre la comunidad médica, que tiene miedo de practicar abortos en los que el supuesto legal no esté claro.
Casos como el de Izabela de Pszczyna, de 30 años y fallecida por sepsis en septiembre de 2021 tras postergarse la intervención requerida, desembocaron en la condena a penas de prisión de entre uno y año y medio para tres facultativos en marzo de 2026.
Activistas como Justyna WydrzyÅ„ska han sido condenadas a trabajos comunitarios por entregar pastillas abortivas a víctimas de violencia doméstica, mientras miles de mujeres se ven obligadas a recurrir al mercado clandestino de fármacos o viajar al extranjero.
Esta situación fue corregida en 2025 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al declarar que Polonia vulneró los derechos de una paciente obligada a desplazarse fuera del país.
Aunque se prevé que el presidente de Polonia, el ultraconservador Karol Nawrocki, haga uso de su derecho de veto, su portavoz, RafaÅ‚ LeÅ›kiewicz, ha abierto un posible margen de negociación al declarar este jueves que el mandatario “está dispuesto a entablar un diálogo”.