Siete organizaciones se querellan contra CAF en la Audiencia Nacional por su participación en el tren de Jerusalén
La Comunidad Palestina de Catalunya, junto con otras seis organizaciones más, ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra los responsables de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) y de seis empresas vinculadas al Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura conectada e indispensable para los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.
La acción se dirige contra miembros de los consejos de administración, administradores de derecho o de hecho, directivos y responsables del proyecto en CAF y seis sociedades vinculadas a su ejecución, y solicita que se investigue su posible responsabilidad penal en el proyecto desde 2019 hasta la actualidad en la construcción, ampliación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén.
“La querella ofrece evidencias de que las actividades de CAF contribuyen a la consolidación de la anexión ilegal y al mantenimiento de prácticas discriminatorias contra la población palestina”, afirman las organizaciones querellantes en un comunicado.
Las organizaciones impulsoras ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sala en materia de Derechos Humanos el pasado 18 de febrero de 2026, que en mayo acordó admitirla a trámite e investigar los hechos. Nueve meses después, ante la falta de avances, dan el paso a la Audiencia Nacional. “Leemos esta decisión de la Fiscalía como una forma de no investigar nuestra denuncia”, dice el comunicado.
La querella, según las organizaciones, se sustenta en la misma base jurídica que la denuncia presentada ante la Fiscalía, pero esta vez interpuesta ante la Audiencia Nacional, y solicita investigar posibles delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Apunta, así, a la posible contribución de los querellados al traslado y asentamiento de población de la potencia ocupante en territorio ocupado, al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas y a vulneraciones del derecho internacional humanitario y de las obligaciones impuestas por las Convenciones de Ginebra.
Infraestructura al servicio de los asentamientos
CAF participa desde 2019, junto con la empresa israelí Shapir, en la ampliación de la Línea Roja, la construcción de la Línea Verde, el suministro de material ferroviario y la operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén.
Esta infraestructura conecta entre sí los asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Este ocupada con Jerusalén Oeste, “favoreciendo su integración y expansión y profundizando la colonización y la fragmentación del territorio palestino”, dice el comunicado.
La querella se suma a años de movilización y advertencias sobre las consecuencias de este proyecto. En junio de 2026, más de 160 organizaciones suscribieron una carta abierta para exigir a CAF que abandonara el Tren Ligero de Jerusalén y reclamar medidas a las administraciones públicas mientras la empresa mantenga su participación en el proyecto.
El 25 de septiembre de 2026, la ONU actualizó su base de datos de empresas implicadas en los asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado palestino: 214 empresas de 11 países. Entre ellas, tres españolas: CAF, Ineco y Salvat Logística. Las tres están vinculadas al Tren Ligero de Jerusalén.
La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido no renovar el convenio de colaboración con CAF, cuya vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2026. La medida supone el cierre del Aula CAF de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde se desarrollan actividades de formación e investigación ferroviaria.
Las organizaciones impulsoras también reclaman al Gobierno del País Vasco que retire su inversión de CAF mientras siga participando en la ocupación israelí, y al Gobierno español que “adopte medidas efectivas y garantice que ningún recurso público contribuya al mantenimiento o expansión de los asentamientos”.
ElDiario.es se ha puesto en contacto con CAF, que ha rechazado hacer comentarios.