Deberes para el próximo Gobierno: de qué sirve legislar si la tecnología es ajena
El próximo Gobierno que salga de las urnas, independientemente de su color político, tendrá que enfrentarse a un desafío que marcará la viabilidad económica y la seguridad del país durante las próximas décadas. Hasta ahora, el debate público sobre la tecnología se ha centrado en los riesgos de la inteligencia artificial o en las directrices éticas, pero ha esquivado la pregunta más incómoda de todas: ¿de qué sirve legislar si, ni la infraestructura ni la tecnología sobre la que operamos nos pertenecen?
Europa, y España en particular, han liderado el camino de la regulación con normativas como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Sin embargo, la soberanía legislativa es un espejismo si no va acompañada de soberanía tecnológica. Si los datos de nuestras administraciones, hospitales y empresas dependen de nubes y sistemas ofimáticos de terceros países, la ley que rige en última instancia no es la europea, sino normativas extranjeras —como la estadounidense US Cloud Act— que obligan a las corporaciones tecnológicas a entregar información a sus gobiernos sin importar dónde estén ubicados físicamente los servidores.
El primer deber del nuevo Ejecutivo es revertir esta dependencia tecnológica estructural: dejar de actuar solo como el árbitro que redacta las reglas y saltar al terreno de juego para construir capacidad tecnológica propia.
El Estado como primer cliente de la soberanía: hacia soluciones abiertas y no propietarias
No podemos exigir al sector privado que sea tecnológicamente independiente si nuestras administraciones públicas siguen dependiendo de herramientas comerciales cerradas y licencias de proveedores únicos. El Gobierno nacional debe liderar con el ejemplo y emprender una migración estratégica de sus aplicaciones de escritorio y servicios digitales hacia soluciones no propietarias basadas en estándares abiertos.
No se trata de una ocurrencia ni de un salto al vacío, sino de una hoja de ruta respaldada por Bruselas. La propia Comisión Europea ha incluido el impulso a las tecnologías abiertas y auditables dentro de su paquete de medidas para reforzar la soberanía digital y la interoperabilidad a nivel europeo, instando a los Estados miembros a reducir su dependencia de proveedores externos para proteger el control sobre los datos públicos.
Nuestros vecinos ya están ejecutando este relevo. En Alemania, estados como el de Schleswig-Holstein han comenzado a sustituir decenas de miles de equipos con licencias de Windows y Microsoft Office por sistemas Linux y herramientas ofimáticas abiertas como LibreOffice, mientras el Gobierno federal despliega una alternativa abierta e independiente.
La dimensión económica de este cambio es evidente si se observan los registros de la Plataforma de Contratación del Sector Público: en la última década, las administraciones españolas han superado los 793 millones de euros en contratos vinculados a licencias y servicios de Microsoft, una factura que crece con el salto a la nube y que deja cifras tan elocuentes como los 90 millones de euros adjudicados solo por el Ministerio de Defensa el pasado verano para renovar sus licencias corporativas.
Redirigir esa inversión pública hacia soluciones abiertas y plataformas soberanas europeas no es únicamente una cuestión de seguridad nacional, sino de eficiencia presupuestaria y desarrollo industrial propio.
Más allá del ruido: gobernar para la madurez tecnológica y la Economía del Dato
Toda gran revolución tecnológica sigue un patrón histórico reconocible: arranca con una escalada de expectativas desmesuradas —una campana de promesas y ruido mediático— a la que sigue una fase de ajuste antes de estabilizarse en una meseta de productividad, con fluctuaciones mínimas.
Es arriesgado afirmar si el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial generativa ha tocado techo o si aún le queda recorrido, pero la historia garantiza que esa estabilización llegará.
El reto institucional no es legislar a golpe de titular pasajero, sino preparar al país para esa etapa de madurez a largo plazo.
El Gobierno nacional que salga de las urnas debe evitar que España sea un mero mercado consumidor de algoritmos ajenos y articular una verdadera Economía del Dato con retorno social
Esto exige impulsar infraestructuras públicas de supercomputación y crear espacios seguros de compartición de datos. En ellos, nuestras pymes, universidades y administraciones podrían poner en común información para desarrollar tecnología propia y ganar competitividad, reteniendo siempre la propiedad de su información y superando el actual colonialismo digital, por el que las grandes plataformas extraen nuestros datos como materia prima para vendernos después sus propios algoritmos.
Acompañar este despliegue con entornos de prueba controlados permitiría comprobar si esos sistemas funcionan con garantías antes de aplicarlos a políticas públicas. Serviría, por ejemplo, para comprobar con rigor y garantías cómo funciona una inteligencia artificial diseñada para optimizar la gestión del agua.
La huella física de la nube: centros de datos sostenibles y con arraigo
Existe además una realidad material que conviene desmitificar: «la nube» no flota en el aire. Son naves industriales repletas de servidores que demandan grandes cantidades de electricidad y agua para su refrigeración. España se ha convertido en un destino prioritario para estas instalaciones por una combinación clara: dispone de abundante suelo en comparación con polos saturados como Países Bajos o Alemania occidental y cuenta con excedentes de energía renovable en casi todas sus regiones. Sin embargo, este atractivo choca con un factor crítico: los problemas de escasez hídrica que sufren varias zonas del país, llegando incluso a situaciones de sequía.
Esta tensión ya se refleja en el pulso normativo: las últimas regulaciones impulsadas por el Ejecutivo actual han generado malestar en el sector, encabezado por la patronal de los centros de datos (SpainDC), que alerta sobre el riesgo de frenar inversiones estratégicas frente a otros mercados europeos.
El próximo Gobierno deberá desbloquear este desencuentro mediante un diálogo técnico que aporte seguridad jurídica a la industria, pero sin renunciar a unos estándares ambientales exigentes
La respuesta no pasa por frenar el desarrollo industrial y tecnológico, que aporta inversión y empleo cualificado, sino por exigir soluciones sostenibles con visión de futuro. No podemos comprometer el equilibrio hídrico ni la transición ecológica de nuestros territorios en nombre de la digitalización.
El nuevo Gobierno debe vincular la autorización de centros de datos a criterios estrictos de ecoeficiencia: suministro eléctrico cien por cien renovable, reaprovechamiento del calor residual y sistemas de refrigeración en circuito cerrado que garanticen una huella hídrica mínima o nula. Se trata de impulsar la modernización industrial poniendo a la ciudadanía y al entorno en el centro.
Ciberseguridad y el horizonte cuántico: proteger hoy los secretos del mañana
Mientras la atención pública se concentra en los asistentes conversacionales, en los laboratorios avanza otra transformación silenciosa con implicaciones directas para la seguridad nacional: la computación cuántica.
En pocos años, los procesadores cuánticos tendrán capacidad para romper los sistemas de cifrado que hoy protegen desde las transferencias bancarias y los historiales médicos hasta las redes eléctricas o las comunicaciones institucionales. El riesgo ni siquiera es futuro: actores hostiles ya interceptan y almacenan datos encriptados hoy con la intención de descifrarlos en cuanto esa tecnología madure.
España cuenta con grupos científicos y talento investigador de referencia internacional en tecnologías cuánticas.
El deber del próximo Ejecutivo es conectar de forma urgente ese conocimiento universitario con nuestros servicios esenciales, impulsando un plan nacional para renovar nuestros sistemas de cifrado antes de que los actuales queden obsoletos y nos dejen expuestos.
Un Pacto de Estado por la Soberanía Digital
Migrar la administración hacia estándares abiertos, vertebrar redes de datos bajo control propio, exigir sostenibilidad medioambiental a las infraestructuras digitales y blindar el país frente al salto cuántico comparten un mismo rasgo: son tareas de Estado cuyos frutos trascienden el horizonte de una legislatura de cuatro años.
Del mismo modo que la madurez democrática exige situar la sanidad pública, la educación o la defensa nacional al abrigo de los vaivenes electoralistas, la infraestructura tecnológica que hoy sostiene esos servicios esenciales necesita un compromiso duradero.
El Gobierno que salga de las urnas tiene ante sí la responsabilidad de liderar un Pacto de Estado por la Soberanía Digital que siente en la misma mesa a fuerzas políticas, universidades, asociaciones sectoriales y tejido productivo.
Porque en el siglo XXI, recuperar el control sobre nuestra tecnología es la condición indispensable para seguir decidiendo nuestro propio futuro
Mariano Blaya Andreu es un profesional con amplia experiencia en tecnología digital y especialista en gobernanza del dato e inteligencia artificial fiable que además colabora activamente en asociaciones de referencia como DAMA y PMI.
0