Un fallo histórico del tribunal de la ONU concluye que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohingya
En un fallo histórico y muy esperado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha concluido que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohingya durante las atrocidades cometidas en sus operaciones militares de 2017.
Se trata de la sentencia de la demanda presentada por Gambia hace siete años contra el Estado birmano por supuestas violaciones de la Convención contra el Genocidio en el máximo tribunal de las Naciones Unidas para las disputas entre Estados.
El juez Yuji Iwasawa ha leído la decisión este jueves en el Palacio de la Paz de La Haya y es definitiva, sin posibilidad de recurso, pero el tribunal tiene opciones limitadas para hacerla cumplir. Pero el fallo puede tener grandes repercusiones, al sentar un precedente y aclarar cómo demuestra la corte la intención genocida: se cree que su contenido podría influir en otros casos sobre el que se considera uno de los crímenes internacionales más graves, incluido el litigio abierto contra Israel por su última ofensiva militar en Gaza tras la demanda de Sudáfrica.
El caso no buscaba juzgar penalmente a militares o dirigentes concretos, sino determinar si Myanmar, como Estado, incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio. Es la primera vez que la CIJ declara a un Estado responsable de cometer de un genocidio, y no solo de no haberlo prevenido ni sancionado –en 2007, declaró que las matanzas de Srebrenica constituían genocidio, aunque no declaró a Serbia responsable de haberlo cometido directamente–.
Más de 700.000 rohingyas huyeron a Bangladesh en 2017 tras una ofensiva del Ejército de Myanmar en el estado de Rakáin, acompañada de denuncias de asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y expulsiones masivas. Esta minoría musulmana lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía por las autoridades de Myanmar, un país de mayoría budista.
“El tribunal concluye que todas las pruebas presentadas ante él, consideradas en su conjunto, respaldan la inferencia razonable de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con intención genocida”, ha dicho el juez, que ha argumentado que la magnitud y la naturaleza de las acciones y los métodos fueron “mucho más allá de lo que se requeriría para castigar a la población y, en cambio, son característicos de una intención de destruir una parte sustancial del grupo”.
“El tribunal considera que las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de civiles rohingya, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a los rohingya que huían cuando intentaban escapar en masa a Bangladesh”, ha declarado la corte este miércoles.
Fotografías muestran cómo una gran multitud en un campamento de refugiados rohingya en Bangladesh ha seguido atentamente el veredicto de la CIJ.
“Genocidio. Esta es la conclusión inequívoca de la CIJ. Tras años de negación, impunidad y ocultamiento de la verdad, este fallo constituye un reconocimiento histórico y contundente de las atrocidades cometidas contra los rohinyás, así como un inusual momento de justicia para los supervivientes, las víctimas y sus familias”, ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard.
Gambia presentó la demanda ante el tribunal de la ONU en 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros 11 países intervinieron después en el procedimiento. Fue la primera vez que un país invocaba la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia sin tener vínculos territoriales o nacionales directos con los supuestos crímenes y las víctimas.
La delegación gambiana sostuvo que las pruebas demuestran una intención de destruir total o parcialmente a los rohingyas y presentó testimonios de supervivientes, que declararon a puerta cerrada por razones de seguridad.
Myanmar rechazó las acusaciones y su representante, Ko Ko Hlaing, defendió que las operaciones militares de 2016 y 2017 respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), al que calificó de grupo terrorista.
La Corte ordenó en 2020 medidas cautelares para que Myanmar previniera actos de genocidio, protegiera las pruebas y controlara la actuación de sus fuerzas de seguridad.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) habían calificado la decisión de la CIJ como “un momento crucial en la búsqueda de justicia de los rohingya” y han advertido de que la persecución de esta minoría continúa y se requiere apoyo internacional para garantizar su retorno seguro y voluntario.
Con información de agencias.