De aquellos barros, estos lodos o el por qué de la situación actual con la infancia no acompañada en La Rioja
Durante los últimos meses, desde el grupo de infancia y juventud del Colegio Profesional de educadores y educadoras sociales, hemos observado con preocupación lo acontecido en nuestra comunidad autónoma en lo referente a la llegada de personas menores de edad, de procedencia magrebí y subsahariana, desde las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, tras el decreto ley aprobado por el Gobierno en agosto de 2025. Nuestra inquietud surge desde diferentes perspectivas que intentaremos ir desgranando en las siguientes líneas: por un lado, está el elevado número de niños, niñas y adolescentes que corresponde a La Rioja acoger y proteger. También nos preocupa la deriva partidista de confrontación entre partidos políticos con un tema tan sensible como es la protección a menores de edad. Igualmente, nos alarma la respuesta social en algunos municipios, muchas veces ensalzada por ideologías de ultraderecha y los discursos de odio y racismo ante niños, niñas y adolescentes cuyo único objetivo es emigrar de sus países para lograr un futuro más próspero en el país de acogida y poder ayudar a sus familias en sus países de origen. Por último, pero no menos importante, como profesionales de la educación social tampoco podemos obviar algunas decisiones tomadas por la administración pública, especialmente al área de Menores de Comunidad Autónoma, que creemos vulneran el interés superior de estas personas menores. Vayamos por partes:
Fue en el año 2006 cuando por primera vez, desde el Gobierno Español y teniendo en la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, se solicitó el reparto de infancia no acompañada a las comunidades autónomas. La Rioja, bajo la presidencia de Pedro Sanz, fue la única Comunidad Autónoma que se opuso. El pretexto para ello fue argumentar que nuestros colegios tenían el mayor porcentaje de infancia de procedencia extranjera de todo el país, como si la llegada de algunos adolescentes a nuestro territorio fuera a suponer el desbordamiento de nuestro sistema educativo. Esto supuso un conflicto de 2 años entre el gobierno central y el autonómico al retirar una subvención de 4,3 millones de euros para atender a personas migrantes al no cumplir nuestra comunidad la condición de acoger a personas menores de origen extranjero procedentes de Canarias, y que zanjó la Audiencia Nacional en enero de 2008, desestimando el recurso contencioso presentado por el Gobierno de la Rioja.
A partir de ahí la respuesta del ejecutivo riojano siempre ha sido la negativa o una respuesta tibia, independientemente de quien haya gobernado. Hemos de recordar que el máximo de chicos que han pasado por nuestro sistema de protección de menores ha sido de 17 durante el año 2024. La consecuencia de esta realidad ha supuesto que, mientras en los últimos 20 años, el resto de comunidades autónomas ha creado protocolos y recursos de todo tipo (habitacionales, formativos, relativos al empleo), con muy diferente calidad según el territorio, La Rioja no ha sido capaz de articular un escudo protector eficaz para la llegada de estas niñas, niños y adolescentes en la actualidad.
En respuesta a esta insolidaridad institucional por parte de La Rioja durante los últimos 20 años, el gobierno central en la actualidad, con la entrada en vigor del Decreto Ley en agosto de 2025, y ante la necesidad de hacer un reparto entre las diferentes comunidades autónomas, ha cargado a La Rioja con un número de personas menores difícil de asumir por parte de nuestra comunidad, por lo menos, y a nuestro entender, en el corto plazo.
Siguiendo con los problemas enumerados en el encabezamiento de este artículo no podemos dejar de denunciar los discursos de odio lanzados desde hace años hacia el colectivo de infancia no acompañada. Y sí, lo remarcamos, INFANCIA, porque además de ser personas menores de edad, también son otras muchas cosas: niñas y niños, adolescentes, hijas e hijos, nietas y nietos, hermanas y hermanos; por lo tanto, sujetos de derecho, contemplado tanto en nuestras leyes autonómicas y estatales como en los tratados internacionales suscritos por España.
Un niño, niña o adolescente que se siente acogido, cuidado, querido y con todas sus necesidades básicas cubiertas será extraño que tenga conductas disruptivas, a no ser que ya arrastre traumas de su niñez, como pasa en todas las sociedades.
Los casos que hayan podido suceder en ciertos territorios siempre van acompañados de situaciones de hacinamiento y maltrato institucional. Centros como el de primera acogida de Hortaleza en Madrid o la Purísima en Melilla arrastran un historial de atropellos hacia la infancia no acompañada muy fácil de rastrear en medios de comunicación por sus continuos despropósitos, por ejemplo, duplicando el número de niños, niñas o adolescentes que su capacidad permite. En el caso del centro de Hortaleza solo hace falta indagar los medios para comprobar que las últimas denuncias por hacinamiento datan de julio de 2024, cuando la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Madrid respondió incoando expediente gubernativo para analizar la situación de dicho centro, ante la insostenible situación de albergar a más de un centenar de menores en un espacio proyectado para no superar las 35 plazas.
Es por todo esto por lo que desde nuestro colectivo no deja de sorprendernos la respuesta que está dando la Consejería de Salud y Políticas Sociales, volviendo a un modelo de grandes centros, desterrado de nuestra comunidad desde el cierre de Residencia Iregua, con ocurrencias como comprar un convento religioso a las afueras de Logroño por más de dos millones de euros, o la petición al Ministerio de Transición Ecológica para utilizar la finca de Ribavellosa, en Almarza de Cameros, donde las posibilidades reales de integración en la comunidad serían nulas.
Ante todo lo descrito anteriormente, desde nuestro grupo de trabajo solicitamos a los políticos de nuestra comunidad y de nuestro país, siempre contando con las recomendaciones realizadas desde UNICEF (agencia de las Naciones Unidas dedicada a proteger los derechos de los niños y niñas en todo el mundo), las siguientes peticiones:
Una coordinación directa y continua entre el gobierno central y el gobierno autonómico, asumiendo cada cual sus responsabilidades y, sobre todo, no utilizando este tema como arma electoral.
Al Ministerio de Juventud e Infancia, que mida bien la llegada de infancia no acompañada, con una comunicación directa con la Consejería, donde se dispongan los mecanismos necesarios para acoger y proteger en buenas condiciones a las personas menores que vayan llegando.
A la Consejería de Salud y Políticas Sociales, que no caigan en medidas precipitadas que supongan un retroceso en la atención a estos muchachos. Solo prestándoles un cuidado personalizado y ubicándoles en hogares de acogida o en otras modalidades de vida familiar, se conseguirá lo que la ciudadanía quiere, jóvenes preparados, integrados en nuestra sociedad y que aporten allí donde se les necesite. Pedimos valentía a la consejería para comprar viviendas ubicadas en el casco urbano, diseminadas por toda la ciudad, y que suponga una inclusión social real en nuestros barrios, donde las personas menores puedan llegar a sentirse enraizadas y pertenecientes a la sociedad de acogida. Este modelo de acogimiento residencial ya está funcionando en nuestro sistema de protección, solo tienen que darle continuidad y no dejarse arrastrar por modelos menos inclusivos y más guetizantes.
Y también solicitamos a la ciudadanía que no se dejen llevar por los discursos de odio ni el racismo. Estos niños, niñas y adolescentes no son ladrones, violadores ni delincuentes. Han venido en busca de un futuro más próspero, a un lugar donde saben que tendrán más oportunidades que en sus países de origen y en donde podrán lograr una mejor vida, sobre todo, para ayudar a sus familias, como cualquiera de ustedes querría.
Comisión de infancia y juventud del Colegio profesional de educadores y educadoras sociales (Miguel Ángel Blanco Briongos, Laura Cañas Ruiz, Victoria Jiménez Neila, Iván Pérez Ramírez, Erika Picado Ortiz, Soledad Ruiz Urzanqui y Carlos Terroba García)