Empresarios e instituciones de Albacete cierran filas para defender la cuchillería ante la posibilidad de nuevas restricciones

Las instituciones de Albacete y los empresarios del sector de la cuchillería han mostrado este viernes su unidad ante el “escenario de incertidumbre” que consideran que se introduce en el sector cuchillero tras las diversas iniciativas que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco han presentado a nivel nacional en los últimos meses para endurecer la compra y tenencia de armas blancas.

En un acto conjunto en el que han participado el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación provincial y la Asociación de Empresarios de la Cuchillería (Aprecu), con la presencia del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano y de Pilar Jiménez, presidenta de Aprecu, se ha procedido a la firma y posterior lectura de una declaración institucional en defensa de la cuchillería de Albacete y su provincia.

Leída por Pilar Jiménez, el texto afirma que la cuchillería albaceteña es “reconocida internacionalmente”, que realiza exportaciones por valor de entre 30 y 35 millones de euros anuales y que en esta provincia se aglutina el 90% de la producción cuchillera nacional, que tiene “siglos de tradición” y genera “miles de empleos” directos e indirectos.

Por eso, las diversas iniciativas que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco han presentado a nivel nacional en los últimos meses para endurecer la compra y tenencia de armas blancas “están preocupando profundamente”. Estas posibles reformas del Reglamento de Armas y eventuales restricciones adicionales a las navajas y armas blancas, “inquietan” al sector.

Aprecu, la Diputación y el Ayuntamiento creen que se debe diferenciar “claramente” entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legítima “de un sector histórico, industrial, artesanal y económico como es el cuchillero español”.

“APRECU lleva meses trasladando institucionalmente su preocupación ante la inseguridad jurídica generada por cambios regulatorios e interpretaciones cambiantes de la normativa, que ya han provocado inmovilización de productos, incertidumbre comercial y pérdidas económicas en empresas que operaban conforme a la legislación vigente”.

“Agotamiento del sector”

El comunicado asegura que la apertura de una nueva reforma normativa “vuelve a introducir un escenario de incertidumbre” que está generando “un claro agotamiento en el sector y enormes dificultades”. “En este sentido, reiteramos que el ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos suficientes para perseguir y sancionar el uso ilícito de armas blancas, tanto desde la Ley de Seguridad Ciudadana como desde el Código Penal”.

Por ello, las instituciones firmantes creen que el debate debe centrarse en actuar contra las conductas violentas, el porte injustificado y el uso intimidatorio o delictivo de estos instrumentos, y no en criminalizar herramientas de uso cotidiano, profesional, deportivo, cinegético, artesanal o de coleccionismo.

“La cuchillería española representa siglos de tradición, miles de puestos de trabajo y un tejido empresarial formado por fabricantes, talleres artesanos, empresas auxiliares, distribuidores y comercios especializados y profesionales que llevan décadas trabajando dentro de la legalidad y defendiendo el uso responsable de estas herramientas. Por ello, creemos que el debate debe centrarse en perseguir el uso delictivo y el porte indebido en la vía pública, reforzando la prevención, el control de la venta ilegal online y la educación, pero evitando criminalizar a un sector histórico y culturalmente arraigado que forma parte de la identidad de muchas regiones españolas”, finaliza la declaración.