El profesorado riojano a la huelga general
La convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda nos sitúa ante la responsabilidad de reflexionar sobre las razones que nos llevan a salir a la calle. No se trata únicamente de denunciar las dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna, sino también de preguntarnos qué sucede cuando derechos fundamentales para el desarrollo de nuestras vidas quedan subordinados a los intereses económicos de unos pocos. Quienes defendemos la educación pública en La Rioja sabemos que detrás de ambas reivindicaciones existe una misma convicción: que nuestros derechos no pueden convertirse en oportunidad de negocio. Que, en concreto, el derecho a la educación sólo encuentra su garantía plena cuando es la propia administración pública la que asume directamente la responsabilidad de prestarlo y, de la misma manera, el acceso a una vivienda digna no puede quedar a merced de los intereses de quienes especulan con la misma.
En La Rioja conocemos bien las consecuencias de subordinar derechos a los intereses privados. Durante años hemos asistido a un proceso paulatino de privatización de la educación que comenzó con la externalización de ciertos aspectos vinculados a la misma, como los comedores escolares o los servicios de limpieza. Ahora, lo que empezó de aquella manera silenciosa, ha alcanzado a la propia prestación educativa imponiendo un modelo que, aunque lleva años desarrollándose en nuestra región y en el conjunto del país, encuentra hoy uno de sus principales espacios de expansión en etapas educativas cuya demanda no para de crecer. Es, por ejemplo, el caso de la Formación Profesional, donde durante los últimos tres cursos se han creado en La Rioja 16 nuevas unidades de FP en centros públicos frente a 30 en centros privados concertados. Ante una necesidad educativa creciente, en lugar de fortalecer nuestra red pública de centros, se opta por destinar recursos públicos a empresas privadas con intereses particulares. Una decisión que no solo afecta al carácter público de la educación, sino también a las condiciones laborales de quienes trabajan en ello.
Esta lógica de subordinación de un derecho a los intereses económicos no es distinta de lo que está sucediendo con la vivienda. En La Rioja, el precio del alquiler ha aumentado un 5,3% en el último año, un incremento que alcanza el 79% si tomamos como referencia los precios de 2016. Detrás de estas cifras encontramos familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler, personas trabajadoras para quienes tener un trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda digna y una juventud sin perspectivas de poder emanciparse.
Como docentes no podemos ser ajenos a la dificultad de acceder a una vivienda digna por parte de las familias de nuestro alumnado. La educación exige que la formación no sea algo exclusivo del aula o del centro educativo, sino también del ámbito extraescolar y familiar donde se realizan actividades formativas fundamentales para cualquier niña o niño. Para ello, se hace necesario que exista un hogar digno, un espacio seguro donde poder reflexionar, madurar, estudiar y, en definitiva, desarrollar las tareas necesarias para completar las que se hacen en el centro escolar.
Pero es que, además, al profesorado, en nuestra condición de trabajadores, también nos atraviesa directamente el encarecimiento de las últimas décadas y la pérdida de poder adquisitivo que provocan que el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda sea también una cuestión salarial. El hecho de que cada vez debamos dedicar una mayor parte de nuestros salarios a pagar el alquiler supone, en la práctica, un deterioro salarial aunque este no aparezca reflejado en nuestras nóminas. Esta pérdida de poder adquisitivo se suma, además, a unas condiciones laborales precarizadas. En La Rioja, por ejemplo, la educación se encuentra entre los sectores más afectados por la realización de horas extraordinarias sin remunerar y quienes trabajamos en la escuela pública llevamos más de dos décadas sin una subida salarial generalizada impulsada por el Gobierno autonómico.
Son precisamente estos dos pilares los que nos animan a apoyar la huelga general desde el ámbito educativo: la necesidad de que nuestro alumnado y sus familias cuenten con unas condiciones de vida dignas para garantizar el completo desarrollo educativo de cada alumno y la comprensión de que la lucha por el derecho a la vivienda es también parte de las reivindicaciones salariales y laborales que venimos sosteniendo desde el curso pasado, como las movilizaciones del profesorado interino o la huelga de las y los docentes de 0 a 3 años. Quienes encontramos dificultades para acceder a una vivienda digna somos las mismas que sufrimos precariedad laboral, las mismas que reclamamos mejoras salariales y las mismas que nos organizamos para proteger servicios públicos como la educación.
Maricarmen nos ha dejado una enseñanza: “Luchad por lo que es vuestro”. Que ese legado ilumine estas próximas semanas de movilización.