Piden crear una comisión de investigación sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en Calahorra
El PSOE de Calahorra ha mostrado su preocupación por el uso que está haciendo el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, de las cámaras de videoviligancia instaladas en la localidad. Señalan a través de un comunicado que el uso de los medios tecnológicos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en particular de los sistemas de videovigilancia, constituye una herramienta de gran utilidad para la prevención, investigación y esclarecimiento de hechos que puedan afectar a la seguridad pública. “Sin embargo, la utilización de dichos medios debe desarrollarse con absoluto respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al tratamiento de datos personales y a la captación y utilización de imágenes”, añaden.
Consideran que en las últimas actuaciones desarrolladas por la Policía Local se ha puesto de manifiesto la aplicación de criterios “que parecen introducir nuevas formas de utilización de los sistemas de videovigilancia y de obtención de imágenes cuya fundamentación jurídica, alcance y procedimiento no han sido suficientemente explicados ni a la Corporación Municipal ni a la ciudadanía”.
Consideran que estas circunstancias hacen conveniente que el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización de la acción de gobierno, promueva la constitución de una Comisión Especial de Investigación que permita esclarecer los criterios seguidos en la utilización de estos medios tecnológicos y verificar que su empleo se ajusta plenamente a la normativa vigente.
Creen que es necesario conocery analizar “la seguridad jurídica que ampara la captación, tratamiento, conservación, custodia y acceso a las imágenes obtenidas mediante sistemas de videovigilancia, así como los protocolos existentes para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable”. También piden que se conozca “la adecuación jurídica y operativa de la utilización de estos sistemas en situaciones que impliquen concentraciones o reuniones de personas, valorando si las actuaciones desarrolladas respetan los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima injerencia exigidos por la normativa vigente”.
Por último, piden que se explique la “procedencia legal y el procedimiento seguido para solicitar, recabar o incorporar imágenes procedentes de sistemas de videovigilancia de titularidad privada con fines relacionados con actuaciones policiales, determinando el marco jurídico que ampara dichas actuaciones y las garantías aplicadas en cada caso”.
Afirman que, del mismo modo, esta Comisión permitirá evaluar si la organización y dirección del servicio están respondiendo de manera eficaz a las necesidades actuales de la Policía Local y si la gestión de los recursos públicos se realiza conforme a los principios de eficacia y buena administración.
Señalan que la finalidad de esta Comisión “no es atribuir responsabilidades de forma anticipada ni interferir en actuaciones administrativas o judiciales que pudieran encontrarse en curso, sino ejercer las funciones de control político que corresponden al Pleno municipal, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta utilización de los recursos públicos”.
Defienden ciudadanía tiene derecho a conocer que los instrumentos tecnológicos empleados por la Administración se utilizan dentro del marco legal establecido y con todas las garantías necesarias para la protección de los derechos fundamentales. “Del mismo modo, la Corporación Municipal tiene el deber de verificar que la organización y dirección de un servicio público esencial como la Policía Local responde a criterios de eficacia, legalidad, proporcionalidad y buena administración”, añaden.
Por todo ello, y al concurrir un evidente interés público en el esclarecimiento de estas cuestiones, consideran plenamente justificada la creación de una Comisión Especial de Investigación que analice los hechos, recabe la documentación e información necesaria, ante la cual comparezcan los responsables que se considere oportunos y se formulen las conclusiones y propuestas que de la misma emanen, con el objetivo de reforzar la transparencia, la seguridad jurídica, la eficacia organizativa y la confianza de la ciudadanía en la actuación de la Policía Local y del Ayuntamiento.