Almeida no cobró durante años el uso de 44 plazas de aparcamiento a la empresa que explota el Palacio de los Deportes
El Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid aglutina a un pequeño equipo de voluntarios que, desde 2022, analiza la utilización indebida o irregular de las terrazas de hostelería y en general la mercantilización de la vía pública. Como parte de su actividad, efectúan peticiones de información en los canales habilitados por el Ayuntamiento de Madrid. Hace dos años, la respuesta a una de ellas arrojó unos datos que dejaron perplejos a los miembros del grupo: la empresa que gestiona y explota los conciertos del Palacio de los Deportes, ahora conocido como Movistar Arena por motivos de patrocinio, no abonó al Consistorio pago alguno por ocupar 44 plazas de aparcamiento alrededor del recinto entre 2021 y 2023.
Los estacionamientos se distribuyen en 116 metros de la calle Jorge Juan y casi 94 de la calle Fuente del Berro, ambas dentro de una zona SER. 41 de las plazas corresponden a bandas azules y tres, ubicadas en la segunda de las vías, a bandas verdes. La zona azul permite aparcar a no residentes por un tiempo máximo de 4 horas, tras lo cual deben esperar una hora para volver a estacionar en el mismo barrio, salvo los días y horarios de exención. El precio medio ronda los 1,10 euros la hora. Respecto a las verdes, están reservadas principalmente para vecinos sin límite de tiempo, pero los visitantes también pueden aparcar con un máximo de 2 horas pagando la tarifa correspondiente (4,10 euros agotando las dos horas).
Cuando algún servicio ocupa ese tipo de plazas, la empresa responsable debe pagar un canon municipal al dejar inoperativos los aparcamientos públicos. Así lo venía haciendo desde su llegada a la gestión del Palacio de los Deportes Impulsa Eventos e Instalaciones, una compañía ligada a la promotora Live Nation que explota el espacio desde 2014, después de ser la única entidad en presentarse a un concurso lanzado por el Ejecutivo entonces presidido por Ignacio González.
La documentación consultada por Somos Madrid desgrana la tasa por utilización privativa del dominio público local, requerida por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Aunque con fluctuaciones relacionadas con el número de eventos y, por tanto, de días de ocupación de los aparcamientos, la cifra mantiene cierta estabilidad desde ese primer año hasta 2018: 17.666 euros en 2014, 30.575 en 2015, 20.641 en 2016, 28.103 en 2017 y 18.375 en 2018.
Una recaudación primero desplomada y luego volatilizada
La anomalía comienza en 2019, cuando la recaudación se desploma a 3.005 euros, aunque el número de eventos apenas baja respecto al año anterior (164 por los 179 de 2018). 2020 es el primer año en el que deja de cobrarse cantidad alguna, aunque desde el propio Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid lo justifican por la pandemia y el confinamiento. No obstante, tras el regreso de la actividad al Palacio de los Deportes con el transcurso de los meses, no volvió el cobro por la ocupación de las plazas.
“No hay ningún abono por el uso lucrativo y privativo de las bandas de aparcamiento ni ningún informe de exención”, denuncia A. Fernández, de la asociación vecinal Goya-Dalí y partícipe en el citado Observatorio ciudadano. Apunta de hecho que las peticiones de información pudieron jugar su parte en la reactivación del cobro de la tasa en 2024, ya que la primera de ellas fue remitida en octubre de 2023. “La dinámica estaba continuando incluso después de las elecciones municipales y con un cambio de concejal presidente en Salamanca”, añade.
La mayor parte de la situación se extendió cuando era concejal de los distritos Centro y Salamanca José Fernández, hoy responsable del área de Familias, Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. No obstante, los últimos meses de 2023 ya dirigía la Junta de Salamanca la edil que actualmente ocupa este cargo, Cayetana Hernández de la Riva. A los vecinos tampoco les consta hasta el momento expediente administrativo alguno por parte de la Junta Municipal para tratar de recuperar los fondos no reclamados en su momento. Ante las preguntas de este medio, fuentes municipales atribuyen lo ocurrido “con toda probabilidad” a “un desajuste administrativo no detectado hasta tiempo después”. Desde el Consistorio sostienen, por tanto, que “la Junta de Salamanca no dictó ninguna instrucción para eximir del cobro de la tasa a la empresa”.
Estimación de 45.000 euros no percibidos y “evasivas por respuesta” del Ayuntamiento
A. Fernández estima en al menos 45.000 euros el dinero no recaudado al sumar 2021(121 eventos), 2022 (182) y 2023 (207), sin tener en cuenta la repentina bajada en la cantidad de 2019. De enero de 2024 a agosto de 2026, con un ritmo de conciertos algo superior, pero todavía con varios meses por delante para igualar aquel período, la cantidad obtenida por la Junta de Salamanca roza los 46.000 euros.
Fernández cuenta que ya han preguntado por este asunto en el pleno de Salamanca e incluso han mantenido una reunión con representantes del área de Movilidad que dirige Borja Carabante, aunque solo han recibido “evasivas por respuesta” y “ningún dato que aclare lo que ha pasado”. “Es una situación indignante que da una sensación enorme de mala gestión. Un cachondeo que demuestra cómo algunos hacen lo que quieren, cómo quieren y cuándo quieren. O un funcionario ha cometido un error muy grave sin que nadie le haya corregido o directamente desde el Gobierno municipal no han querido cobrar miles de euros”, sentencia en conversación con este periódico.
Otra de las dudas y exigencias de este vecino versa sobre los pasos que dará el Gobierno de Almeida una vez conocida la coyuntura. Las fuentes consultadas por este diario avanzan que “el Ayuntamiento procederá a subsanar la circunstancia, teniendo en cuenta que si el hecho se ha producido no prescribe hasta al menos pasados cuatro años”. Considerando este plazo y una actuación municipal inmediata, más de la mitad del tiempo transcurrido sin que se cobrara la tasa quedaría fuera de dicha reclamación.
En paralelo, A. Fernández recuerda que la posible irregularidad se enmarca en una eventificación convertida ya en norma para los vecinos de Goya que viven junto al Palacio de los Deportes, donde en los últimos años los conciertos ganan por goleadas a los deportivos que le dieron nombre (limitados a los partidos de baloncesto de Estudiantes y Real Madrid). “Entre septiembre y octubre hemos tenido o vamos a tener eventos 54 de 61 días. A nivel de ruidos, movilidad o residuos la situación es cada vez más complicada. Solo nos faltaba conocer que encima quienes generan parte de esos problemas tienen privilegios”, concluye Fernández.