Reflexiones sobre el procedimiento contra Zapatero
Cuando el martes 19 de mayo se conoció la imputación de Zapatero, con la formidable repercusión política que provocó, hubo a quien extrañó que el magistrado retrasara su convocatoria a declarar hasta el 2 de junio lo que, como era imaginable, ha mantenido en un limbo insoportable la agonía mediática del expresidente, condenado a sufrir los insultos de Fortuna y los golpes y dardos diarios de la prensa, en silencio. El plazo parecía fiado muy largo si la intención era únicamente permitir que el implicado pudiera tomar conocimiento de las actuaciones. Pasados unos días, se vislumbra una hipótesis bastante plausible de esta demora: dando estas dos semanas de margen, el magistrado habría querido dar tiempo a que la UDEF terminara un análisis preliminar del material requisado en las entradas y registros realizados el mismo día 19, de tal manera que Zapatero no solo afrontaría en su declaración preguntas sobre los supuestos indicios que justificaron su imputación inicial sino también por todo aquello que la policía hubiera encontrado, en su caso, en los registros de los despachos.
Esta circunstancia acreditaría tres cosas: la primera, mirando hacia el pasado, que la gestión del gotero mediático que marca nuestra vida pública y la manija de la Justicia siguen estando en manos de las fuerzas de seguridad. Instruyen procedimientos, redactan resoluciones, llaman a declarar a testigos... Ya no hay jueces en Madrid. Tomémoslo con humor: cuando se han conocido los atestados de los que se nutrió Calama al redactar su auto, me resultó inevitable recordar a Borges, quien nos diría que el juez no copió ni transcribió el original; su admirable ambición habría sido el producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra con el atestado, asumiendo el misterioso deber de reconstruir literalmente una obra espontánea. Es probable que, como Pierre Menard, el juez haya multiplicado los borradores, corregido tenazmente y desgarrado miles de páginas manuscritas para elaborar un auto verbalmente idéntico pero casi infinitamente más rico que el atestado.
La inicial decisión del juez de fijar la declaración de Zapatero para el 2 de junio tendría una segunda lectura, mirando al presente. Y es que anticipa un asombroso cambio de enfoque en la investigación. De repente, el rescate de Plus Ultra parece haber quedado en un segundo plano para convertir el procedimiento, sin mayor sorpresa de nadie, en una causa general contra Zapatero. Las noticias que se van sucediendo, en buena medida mediatizadas por su origen, nos ofrecen un escenario dantesco que incluyen el sondeo de toda la actividad profesional del expresidente en los últimos años, dejando flotar en el aire interrogantes sobre la totalidad de sus clientes, ingresos y haberes, sin excluir collares, con dudas que se extienden a la empresa de sus hijas. El hecho investigado, en principio, resultaría bastante concreto y delimitado en sus perfiles, pero en un abrir y cerrar de ojos se ha puesto en la picota toda la vida mercantil del expresidente y sometido todos sus contratos, comunicaciones, reuniones y llamadas al cedazo de la indagación policial, no tanto para ver qué ha pasado, sino más bien para ver qué pasa, en expresión de un lúcido magistrado.
En este contexto, donde ya no se investigan hechos, sino que se investiga a una persona, el contenido del escrutinio se desboca y durará años, como asume sin alarma la prensa otrora sensata. ¿Cómo podrá prolongarse tanto tiempo si la ayuda a Plus Ultra es un simple expediente administrativo? Quizás tenga millones de folios, no lo he visto, pero no da esa impresión. Durará años porque se investigarán otras cosas. Y no solo eso: tengo el pálpito de que, como en todas las causas generales, cuanto menos encuentren, más durará, porque a medida que pasa el tiempo más insufrible será asumir por la Justicia el desastre de un proceso vacío, condenado a realimentarse con más y más iniciativas que servirán únicamente para justificar las anteriores.
Por el contrario, si llega a haber pruebas sólidas contra Zapatero, cosa que no descarto en absoluto (siempre estamos a un suspiro de que se descubra un mensaje revelador), no duden de que la investigación será bastante breve. En definitiva, y si me permiten la tontería, las causas generales son como el coseno de un ángulo: al irse reduciendo, tienden al infinito yéndose por la tangente.
La consecuencia derivada de ello es que Zapatero, lógicamente, ha tenido que pedir un aplazamiento de su declaración con la idea --presumo sin saber-- no solo de estudiar la causa con detenimiento, sino sobre todo de valorar lo que va llegando y lo que está por llegar, para declarar solo cuando pueda saber con un cierto margen de concreción los hechos por los que se le preguntará. Mientras tanto, la torrentera de información que a diario nos cae sobre la cabeza con reuniones, facturas, relojes, llamadas, radiadores, cacheos, joyas, dimes y diretes va minando una opinión pública espantada y reduciendo irremisiblemente el margen de maniobra político. Porque esperar en un portal a que escampe, como bien sabemos los compostelanos, tiene un serio riesgo: a medida que llueve, se multiplican los charcos que tendremos que sortear cuando finalmente nos decidamos a dar el paso y levantarnos en armas contra el océano del mal.
Por último, la decisión del juez mueve a otra reflexión, ya enfocada al futuro. El cambio de perspectiva de la instrucción, para convertirse en una causa general, ofrece la paradoja de vaciar el objeto procesal que le es propio, de tal forma que, al abarcarlo todo, deja sin apretar el hecho que lo originó. Por ello, es previsible que el procedimiento vaya olvidándose poco a poco del expediente de Plus Ultra, que habría servido de anzuelo para descerrajar el proceso, y siga su derrota sobre aspectos que nada tienen que ver con aquella ayuda. Se admiten apuestas, pero las recientes informaciones que nos van llegando, y que nos alertan de las graves deficiencias del auto de Calama, con errores de fechas, saltos argumentales y contradicciones internas, apuntarían en esa dirección: el procedimiento puede estar preparándose a dejar caer esta imputación concreta, de tal forma que aun cuando se demuestre que Zapatero no tuvo nada que ver con el rescate de la aerolínea, ni influyó en nadie con poder de decisión para concederlo, no servirá de nada. La bomba de racimo de una causa general ya se ha activado --era inevitable-- a través de la decisión del juez de abrir piezas separadas, ese fascinante artilugio que funciona a modo de cambio de agujas procesal que permite acomodar la investigación, desviarla de lo que vas encontrando y centrarla en lo que quieres encontrar.
El auto de este Pierre Menard ya anticipaba parte de esta deriva. En particular, en lo relativo a la empresa de unos hermanos, de la cual se ignora qué relación puede tener con Plus Ultra y qué vela sostiene en este entierro político. Se nos dice que la empresa se utiliza como caja para pagar unos servicios que, lejos de ser inexistentes, son de tan alto calado que, según el auto, trascienden “con mucho el ámbito de una transacción mercantil ordinaria” y donde el pecado de Zapatero habría sido demostrar “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” de otros países. ¿Qué delito será esto?
En fin, tal vez lo más sugerente de esta empresa de la que hablo sea su propia denominación que, por esas arrebatadas casualidades que nos ofrece la ironía del azar, podría ser el exacto y certero nombre del equipo policial encargado de seguir la pista de la vida del expresidente: Inteligencia Prospectiva.