El adelanto electoral permite que Alvise encare sus primeras generales lejos de sus juicios por acoso y financiación ilegal
El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez recorre España estos días recogiendo firmas. El agitador de extrema derecha busca así los avales para presentarse a las próximas elecciones generales como cabeza de lista de Se Acabó La Fiesta, la formación ultra con la que se lanzó a la política y con la que aspira a entrar en el Congreso de los Diputados después de fracasar en Andalucía, Aragón y Castilla y León. El político concurrirá a los comicios estando imputado en seis causas distintas en el Tribunal Supremo pero sin temor a ser juzgado y potencialmente condenado antes del 29 de noviembre. Entre otras cosas, Alvise está acusado de financiar ilegalmente su partido con 100.000 euros en efectivo para las elecciones europeas de 2023.
El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez a principios de octubre cambió las perspectivas del líder de SALF, que está solo en el Parlamento Europeo después de ser abandonado por sus dos ya exeurodiputados entre acusaciones de acoso y hostigamiento. El calendario electoral ubicaba la cita con las urnas más cerca del segundo semestre de 2027 y eso abría la puerta a que Alvise ya hubiera sido juzgado y sentenciado por alguna causa de la media docena por la que está investigado en el Tribunal Supremo. Una hipotética condena podría haber llegado a dar al traste con su candidatura.
La nueva convocatoria electoral para dentro de mes y medio hace imposible que esto suceda. Todas esas diligencias siguen en fase de instrucción y en ninguna, al menos por el momento, se ha dictado siquiera auto de pase a procedimiento abreviado, un paso previo indispensable para que el agitador ultra pueda sentarse en el banquillo. Los plazos habituales de la Sala de lo Penal, incluso teniendo en cuenta los escasos juicios que celebra, despejan ese peligro para el líder de Se Acabó La Fiesta, que afrontará las elecciones sin miedo a unos juicios que se celebrarán, en todo caso, con las Cortes ya constituidas.
La causa principal que se sigue contra él en la Sala Segunda del Supremo es la relativa a la financiación de su partido político en los primeros días de su existencia. Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo, conocido en el mundo de las criptomonedas como 'Cryptospain', entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise pocos días antes de que empezara su campaña para las elecciones europeas de 2023 en las que finalmente consiguió tres escaños y más de 800.000 votos. Romillo, en prisión provisional desde hace casi un año por una presunta estafa masiva a los usuarios de su plataforma de inversiones, reconoció haber entregado el dinero al político para financiar el partido, tal y como se desprende de las conversaciones que ambos habían mantenido en meses anteriores.
Alvise, por tanto, concurrirá a sus primeras elecciones generales imputado por financiación ilegal. En su comparecencia ante el juez Julián Sánchez Melgar afirmó que no usó el dinero para la campaña, sino para afrontar, por ejemplo, el agujero económico que suponía su compromiso electoral de sortear mensualmente su sueldo de eurodiputado, algo que dejó de hacer poco después de los primeros sorteos. La Policía Nacional, sin embargo, concluyó que el dinero fue destinado a financiar la plataforma política y el instructor, recientemente, ha ordenado el rastreo de sus criptomonedas. El posible juicio, por tanto, no está cerca.
Seis causas abiertas contra Alvise
El nombre de Luis 'Alvise' Pérez se ha convertido en uno de los más habituales para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en los últimos dos años. Numerosas denuncias, querellas y exposiciones razonadas llegan de forma casi mensual a la mesa de los jueces que recientemente, por ejemplo, han rechazado las acusaciones de una exalcaldesa de una localidad de Sevilla contra él por revelación de secretos en su canal de Telegram. Este canal, principal vía de difusión de Alvise y con más de 600.000 seguidores –ha perdido más de 100.000 en el último año– es la principal causa de los problemas judiciales para el eurodiputado.
La causa más añeja que pesa sobre él tiene que ver con su primera etapa como agitador en Twitter. Un juzgado de Barcelona primero y, ahora, el Tribunal Supremo han investigado durante años al político por la difusión de uno de los grandes bulos políticos de la pandemia: una falsa prueba PCR de Salvador Illa, entonces candidato a la Generalitat. La causa está en el aire después de que, tal y como explicó elDiario.es, la Policía haya examinado la información enviada desde Twitter en Estados Unidos y haya concluido que no se puede identificar al difusor original del bulo. Una cuenta que se definía como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi” publicó el documento falso “minutos” antes que Alvise.
El grueso de las causas penales abiertas contra Alvise, en paralelo a las condenas que se le han impuesto por la vía civil, tienen que ver con su actividad en redes sociales y el hostigamiento al que somete a sus rivales a través de su canal de Telegram y sus miles de seguidores. Sigue imputado por, supuestamente, promover el acoso contra la fiscal Susana Gisbert, sus propios eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, el alcalde de Algeciras y, más recientemente, por promover disturbios durante las tractoradas de 2024. No está previsto que ninguna de estas causas, en caso de continuar por los trámites del procedimiento abreviado, lleguen a juicio próximamente.
Alvise llegará a las elecciones con media docena de imputaciones en su historial pero también con varias condenas por la vía civil, que no afectan a su capacidad de encabezar la lista de SALF pero sí a su bolsillo. Algunas de ellas, como las indemnizaciones que debe pagar a Ana Pastor o José Luis Ábalos, ya han sido confirmadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo, y otras han llegado más recientemente, por ejemplo los 10.000 euros que debe pagar a un mando policial de Canarias por vulnerar su imagen y su honor.