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El exministro Fernández Díaz declara en el juicio de Kitchen acusado de ser la X de la guerra sucia del PP

Pedro Águeda

27 de mayo de 2026 22:36 h

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El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves su cénit con la declaración del principal acusado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el político 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. La operación Kitchen, como el comisario Villarejo bautizó al dispositivo, pretendía robar las pruebas que el extesorero del Partido Popular pudiera esconder de la financiación irregular de la formación durante más de veinte años. 

Fernández Díaz está en el mismo origen de la operación Kitchen, según la acusación. El exministro dejó el primer rastro que consta de la maniobra ilegal. El 13 de julio de 2013, a las 20:29, el entonces ministro del Interior envió un mensaje a su número dos, Francisco Martínez: “Chofer. B: Sergio Ríos Esgueva (ahora hay esa función con su mujer). Es importante”. Ríos Esgueva era el chófer de la familia Bárcenas que la brigada política captó como topo y pagó con los fondos reservados.

En el momento del mensaje, Bárcenas llevaba dos semanas en la cárcel y el juez Pablo Ruz le había citado tres días después a declarar. El extesorero había pedido hacerlo de forma voluntaria. Todas las alarmas estaban encendidas en la sede del PP en Génova ante la posibilidad de que Luis Bárcenas confesara la gestión de dos décadas de dinero negro de los empresarios. Unos fondos sin declarar que fueron utilizados para financiar el partido y pagar los sobresueldos de sus dirigentes, incluido el que aparece en los papeles como “M. Rajoy”.

El secretario de Estado de Seguridad con la Kitchen, Francisco Martínez, aportó el anterior mensaje y otros tres ante dos notarios en 2020. Circulaba ya el insistente rumor de que el número dos de Interior iba a ser imputado por la operación ilegal. Martínez leyó una entrevista a Fernández Díaz en la que el ministro se desentendía de cualquier operativo siquiera parecido a la Operación Kitchen y decidió anticiparse entregando a los notarios la prueba de que el ministro mentía. 

No ha habido más indicios directos de la implicación de Jorge Fernández Díaz en la operación. Es por eso que la defensa del exministro se centra en desacreditar los mensajes de WhatsApp. Durante la vista han declarado los dos peritos a los que acudió Martínez. Los dos han confirmado que se limitaron a comprobar que esos mensajes estaban en el teléfono propiedad del antiguo secretario de Estado y que habían sido enviados por alguien que aparecía identificado en el terminal como “Jorge Fernández Díaz”, pero que sus competencias no incluyen una pericial para determinar que ese número corresponde a determinado abonado. 

Cuando Fernández Díaz termine de prestar declaración le seguirá Martínez. Ambos protagonizaron un agrio enfrentamiento en el careo que organizó García Castellón en fase de instrucción. Martínez, sobre el que se especuló si elevaría las responsabilidades de Kitchen hacia arriba, mantiene una actitud conciliadora en los últimos años. En el Congreso justificó los comentarios incautados por la Policía en su móvil contra Rajoy, Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz por la ofuscación y la soledad que llegó a sentir. 

Durante las sesiones del juicio, Martínez y el ministro se han comportado de forma cordial entre ellos. Sus abogados también han colaborado. El letrado de Martínez no formuló una sola pregunta al perito de la defensa que asegura que los mensajes ante notario están manipulados. El letrado Pedro Colina, del despacho de José Antonio Choclán, accedió a la petición de la defensa de Fernández Díaz de que el turno de sus declaraciones cambiara y el ministro fuera antes. Jesús Mandri, en representación de Fernández Díaz, utilizó el argumento de que todo lo que hay contra su cliente son los mensajes aportados por Martínez ante notario y que la Policía nunca encontró en su móvil cuando se presentó por sorpresa en su domicilio, en marzo de 2020.

Hasta ahora, la tesis de Francisco Martínez es la misma que la del grueso de los acusados: la Kitchen no existió, lo que ocurrió fue que la Policía emprendió una “operación de inteligencia” que buscaba el dinero de Bárcenas —pese a que ya habían aparecido 47 millones en Suiza— y a sus testaferros dentro de los casos caja B y Gürtel. La tesis se desmorona ante la evidencia de que el juez Pablo Ruz y el investigador policial a sus órdenes, Manuel Morocho, nunca supieron de la Kitchen mientras se estaban desplegando los seguimientos y la sustracción de información a la familia. Así lo ha detallado Morocho en su comparecencia en el juicio como testigo. 

La tesis de García Castellón

La tesis que ha llegado hasta el juicio es la del juez instructor, Manuel García Castellón, quien cerró el caso situando en su cúspide a Fernández Díaz. Los fiscales de Anticorrupción que impulsaron el caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, denunciaron en el recurso contra el cierre de la instrucción de que García Castellón hubiera dibujado “una línea roja” de protección alrededor de la cúpula del Partido Popular y no ahondara en la línea de investigación que apuntaba abrumadoramente hacia María Dolores de Cospedal, la secretaria general de la formación.

Según esta tesis del juez, Fernández Díaz ideó la Kitchen sin comentarlo con su amigo y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y lo hizo pese a que el ministro no aparecía en los papeles de Bárcenas y la prueba que pretendía robar el Ministerio del Interior era una supuesta grabación en la que Rajoy aparece hablando de la caja B con Bárcenas.

La misma tesis sostiene que las reuniones entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparadas por el “derecho de reunión” y las instrucciones de la número dos del PP para “parar la libretita” (los papeles de Bárcenas) no son indicio para investigarla. Tampoco sumó para García Castellón las anotaciones de pago de Cospedal al comisario recogidas en las agendas de Villarejo, a las que la Policía da total credibilidad.