El fiscal concluye que Kitchen tenía “una finalidad bastarda”: “boicotear” el caso de la caja B y “proteger” a dirigentes del PP

Pedro Águeda

30 de junio de 2026 10:39 h

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El fiscal Anticorrupción César de Rivas expone esta mañana sus conclusiones del juicio Kitchen. De Rivas considera que en el juicio se ha acreditado la “finalidad bastarda” del operativo de vigilancias a la familia Bárcenas y robo de documentación por un grupo de mandos policiales con el objetivo de “boicotear u obstaculizar” la investigación de la caja B del Partido Popular y “proteger” así a los “dirigentes” de la formación política.

De Rivas también da por acreditada la dirección del operativo que mantuvo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de acuerdo a los mensajes que envió a su número dos, Francisco Martínez, y que este protocolizó ante notario.

Ya en los primeros momentos de su intervención, el fiscal Anticorrupción ha descartado la tesis de las defensas de que se trataba de un “operativo de inteligencia”. El fiscal ha dicho que el dinero escondido por Bárcenas ya había aparecido, que los seguimientos y el robo de dispositivos no casan con una “operación de inteligencia”.

De Rivas ha planteado que dificilmente sus protagonistas podrían estar contribuyendo al esclarecimiento de unos hechos si no informaron al juez del caso de la caja B en ningún momento y tampoco a la UDEF, que actuaba como “policía judicial” en la causa de la Audiencia Nacinonal. “Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que necesitara ser completada el caso Gurtel”, ha rematado.

El fiscal ha puesto en valor la declaración del jefe policial de la investigación de Kitchen, el inspector jefe Gonzalo Fraga, en especial cuando defendió ante el tribunal la veracidad de las anotaciones de Villarejo en su agenda privada. “Villarejo no se engaña a sí mismo”, dijo Fraga y ha reproducido hoy el fiscal, que está citando los manuscritos durante su intervención para apuntalar la responsabilidad de cada una de las siete personas para las que Anticorrupción pide pena de cárcel.