La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha impuesto a Izquierda Unida y Podemos una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular en la querella que presentaron a finales del pasado mes de enero contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, al que acusan de provocación para la rebelión armada, amenazas al Gobierno y delito de odio por dos mensajes que publicó en Twitter, en los que “llamó a la intervención del Ejército” contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Informa Europa Press.
Según el auto dado a conocer este viernes por el Supremo, la citada fianza -cuya cuantía es la habitual para casos de querellas presentadas por partidos políticos- debe prestarse en metálico, debidamente consignada, en el plazo de ocho días desde la notificación de esta resolución.
La resolución del alto tribunal recuerda que la acción popular lleva consigo la prestación de una fianza, que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso negándole así su derecho a la tutela judicial efectiva“.
En este sentido el artículo 20.3 de la ley Orgánica del Poder Judicial establece que no podrán exigirse fianzas que, por su inadecuación, impidan el ejercicio de la acción popular, y en el caso de los 12.000 euros fijados en este caso se estima que “satisface las exigencias legales y cumple con las previsiones moderadoras”.
En su querella, los dos partidos que conforman el grupo parlamentario Unidas Podemos exponen las conductas que consideran delictivas y señalan que el pasado 2 de enero, el dirigente de VOX publicó un 'tuit' que decía: “En estos parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8 para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación'”.
Otro mensaje denunciado es en el que Tertsch difundió el pasado 22 de enero, en el que pedía que “las Fuerzas Armadas, que se encuentran jerárquicamente subordinadas al Gobierno democrático de España, activen su fuerza en contraposición a la acción de impulso ejecutivo y legislativo del Gobierno y de las Cortes Generales”.