Entregas de sobres de la Generalitat con una furgoneta en un polígono industrial, “un tal Toni” que hablaba en nombre del Govern, registros de la Guardia Civil sin orden judicial.... La declaración de tres exempleados de Unipost este lunes en el Tribunal Supremo ha servido para exponer situaciones más propias de un guion de cine que de un juicio penal. Pero sobre el millón de euros presuntamente malversados por el Govern a través de la empresa de mensajería han quedado las mismas dudas que antes de su declaración como testigos.
Según las acusaciones, la Generalitat tenía previsto destinar a Unipost un millón de euros para el envío de papeles y notificaciones censales a miembros de las mesas del 1-O. Este millón supone un tercio de los casi tres millones de euros que se habrían malversado en conjunto para el 1-O según Fiscalía y Abogacía del Estado. Las defensas lo niegan y recuerdan que la propia administración concursal de Unipost –que quebró tras el 1-O– ha certificado que no ha cobrado de la Generalitat y no le reclama cantidad alguna.