El reinicio de las negociaciones de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional se ha saldado este jueves sin grandes acuerdos que permitan aventurar un pronto nombramiento de los dos magistrados que debe designar el órgano de gobierno de los jueces. Mientras los progresistas ya han elegido a su candidato —el juez del Supremo José Manuel Bandrés—, los conservadores siguen sin poner ningún nombre encima de la mesa.
Ese relevo acumula un mes y medio de retraso por el bloqueo de los vocales elegidos a propuesta del PP. La comisión negociadora volverá a reunirse dentro de dos semanas, el próximo 16 de noviembre, de forma presencial. Entonces se habrá rebasado en dos meses el plazo legal fijado para hacer estos nombramientos. Deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre.
En la reunión mantenida esta tarde, los vocales conservadores se han comprometido a culminar en los “próximos días” la “indagación” de candidatos y a evaluar la “idoneidad” del aspirante propuesto por los progresistas, según han informado en un comunicado. Hasta el momento, la ausencia de aspirantes de su agrado ha sido el principal escollo que han esgrimido para dilatar la renovación del tribunal de garantías.
Además, han asomado una nueva exigencia en relación a la reforma legal que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como ahora, está en funciones y que, a su juicio, debería ser derogada. “Valoraremos como muy conveniente un comunicado conjunto reclamando el restablecimiento de las competencias constitucionales del CGPJ mientras no se produzca su renovación”, afirman en un comunicado. Es una pretensión que no ha tenido eco entre los progresistas, que no se plantean dar réplica a los conservadores respecto a este asunto.
Bandrés, candidato de los progresistas
Los vocales del sector progresista han llegado a esa cita tras haber consensuado esta misma mañana el nombre de su candidato: José Manuel Bandrés, uno de los jueces más veteranos de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, donde ejerce desde 2003. Tras entrar en la judicatura en 1980, ha pasado por juzgados del País Vasco, Catalunya y Aragón antes de recalar en el Tribunal Superior catalán y finalmente en el Supremo. Es uno de los fundadores de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y entre otras sentencias de las que ha sido ponente está la que en 2016 tumbó el régimen de financiación del bono social eléctrico.
Con la elección de su candidato, los consejeros elegidos a propuesta PSOE, IU y PNV pretendían acelerar estos nombramientos para que pudieran realizarse la semana que viene. El presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, barajaba incluso convocar un pleno extraordinario el próximo 10 de noviembre para abordar esta cuestión. Pero todo apunta a que el relevo en el Constitucional se demorará un poco más. Al menos, hasta después del 16 de noviembre cuando vuelva a reunirse la comisión negociadora.
Hasta ahora, el bloqueo del sector conservador ha impedido sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al CGPJ (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo ha decidido por el momento no nombrar a los suyos hasta que lo haga el CGPJ por la dudas jurídicas que ocasiona una posible renovación por fases. En consecuencia, ha sido imposible cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista en el tribunal que tiene pendiente pronunciarse sobre leyes tan relevantes como el aborto, la eutanasia o la reforma educativa.
Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas. Con esta correlación de fuerzas, los conservadores sólo necesitarían un voto del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector progresista. No obstante, desde que existe la democracia el acuerdo es que el CGPJ nombra para el Constitucional a un magistrado progresista y otro conservador.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también ha pedido a los vocales del CGPJ que han sido “reacios” a nombrar a los magistrados del Constitucional, es decir, a los del sector conservador que “cumplan la ley y que lo hagan a la mayor brevedad” para “resolver este desaguisado que se ha provocado por la falta de personalidad y liderazgo de Feijóo”, informa Irene Castro.
Negociación parada durante un mes
Las conversaciones entre las dos alas del CGPJ estaban paralizadas desde hace casi un mes. El 5 de octubre, el sector progresista se levantó de la mesa y anunció que exploraría “otras vías alternativas” tras constatar la falta de “perspectivas de acuerdo” con los conservadores, que durante más de un mes utilizaron diferentes subterfugios para dilatar las designaciones. Entre esas excusas estuvo la visita a España del comisario europeo de Justicia o la “repercusión” que estos nombramientos pueden tener en el Tribunal Supremo, donde se acumulan las vacantes. Y, sobre todo, la ausencia de candidatos afines que les convencieran y estuvieran dispuestos a ir al Constitucional.
Después llegó la dimisión de Carlos Lesmes —que se hizo efectiva el 11 de octubre— y el Gobierno y el PP retomaron las negociaciones para sacar al CGPJ de la situación de interinidad que arrastra desde 2018. El avance de esos contactos convenció a la mayoría de vocales de que había que dejar en suspenso las designaciones del Constitucional para que, en caso de renovación, el asunto fuera abordado por el órgano entrante. De hecho, se trató de puntillas en dos plenos celebrados tras la renuncia de Lesmes.
El escenario ha cambiado ahora. La negociación para la renovación del CGPJ está en vía muerta tras la ruptura unilateral del PP y Lesmes ya no es presidente, una cuestión que también suponía un escollo para parte del bloque conservador. Sin embargo, en el bloque progresista no todos son tan optimistas. Hay quienes temen que los conservadores utilicen nuevas “excusas” para dilatar los nombramientos. Miembros de este grupo consideran que los consejeros elegidos a propuesta del PP siguen una estrategia de bloqueo sobre la renovación del Constitucional que reproduce la que sigue Génova en relación al CGPJ.
Antes de que las conversaciones se paralizaran, los dos bloques habían llegado a un mero acuerdo de mínimos. A saber: que los nombramientos se realicen “por una amplia mayoría”, tras evaluar los currículos de los candidatos y que estos procedan del Tribunal Supremo, algo que no supone estrictamente una novedad. Es una regla no escrita que los elegidos para el Constitucional por parte del CGPJ sean jueces de la más alta categoría dentro de la carrera. Esto es, del Supremo.