La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, ha reiterado este miércoles que considera “insuficiente e inasumible” la propuesta definitiva de incremento salarial planteada con el Gobierno, que prevé subidas medias de casi 450 euros al mes. No obstante, la asociación no ha desvelado si retomará la convocatoria de huelga indefinida que acordó dejar en suspenso hace seis días “como gesto de buena voluntad” y “a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial”.
Las otras cuatro asociaciones convocantes del paro indefinido y que habían acordado retrasar su inicio hasta el 22 de mayo para seguir negociando todavía no se han pronunciado sobre la oferta definitiva del Gobierno. Solo las asociaciones de tendencia progresista —que no secundaron la convocatoria de huelga a la espera del avance de las negociaciones— se han mostrado dispuestas a aceptarla. Está previsto que los representantes de jueces y fiscales y del Ejecutivo se reúnan de nuevo este jueves, una cita en la que las asociaciones anunciarán si firman o no la propuesta planteada.
Escribe Elena Herrera.
Cerramos una jornada marcada especialmente por la aprobación definitiva de la ley de vivienda en el Senado y un día más por la campaña electoral de cara a los comicios del 28M. Te dejamos por aquí otras noticias del día:
-El Senado aprueba definitivamente la Ley de Vivienda que limitará las subidas de los alquileres: el Senado ha aprobado la ley de vivienda este miércoles, tres semanas después de que lo hiciera el Congreso. En un debate que se ha extendido por más de cinco horas, PP, Vox y Ciudadanos han vuelto a criticar la norma porque, aseguran, respalda la 'okupación'.
-EH Bildu asegura que el PP le propuso un pacto para hacer alcalde a Maroto que los populares niegan: según los independentistas vascos, la propuesta de un pacto para hacer alcalde a Maroto fue trasladada por el dirigente del PP vasco Iñaki Oyarzábal, que según su versión habría llegado a argumentar que “la polarización” le iba muy bien a ambas fuerzas políticas; en conversación con este diario, Oyarzábal niega cualquier ofrecimiento.
-La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir vetará la macrourbanización frente a Doñana autorizada por la Junta: finalmente, el Gobierno central ha vetado el macroproyecto de 300 urbes junto a Doñana que recibió el visto bueno de la Junta de Andalucía. Este miércoles en el Congreso la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha trasladado esta decisión política firme, a la espera del informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
-El Supremo equipara los beneficios fiscales de divorciados y casados por la venta de la vivienda habitual: el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que facilita que una persona divorciada pueda librarse de pagar IRPF cuando vende la casa común años después de un divorcio y usa ese dinero para comprarse su nueva vivienda habitual en los dos años siguientes.
-La ONU interpela a España por la aplicación del falso síndrome de alienación parental contra las madres: varios informes que la sociedad civil ha presentado ante el comité que examina a España señalan sesgos en la justicia y desprotección, y documentan casos en los que madres que denunciaron abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus padres terminaron juzgadas y sin la custodia de los menores.
Así terminamos, mañana más. ¡Buenas noches!
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles que Unidas Podemos va a registrar el jueves una proposición de ley para reformar el Código Penal con el fin de perseguir a empresas y personas que “movidas por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”. Esta reforma, sostienen fuentes de Podemos, “permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa e impondría penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros”.
“Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia”, ha afirmado Belarra desde Valencia, en un mitin con los candidatos de Unides Podem a la Generalitat y la Alcaldía de la ciudad, Héctor Illueca y Pilar Lima. “Os anuncio que mañana en el Congreso vamos a registrar una ley para perseguir a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables”, ha afirmado la secretaria general de Podemos.
Las mismas fuentes indican que la iniciativa propone reformar los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal para castigar con multas de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a “quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”.
Información de Alberto Ortiz.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, ha reiterado este miércoles que considera “insuficiente e inasumible” la propuesta definitiva de incremento salarial planteada con el Gobierno, que prevé subidas medias de casi 450 euros al mes. No obstante, la asociación no ha desvelado si retomará la convocatoria de huelga indefinida que acordó dejar en suspenso hace seis días “como gesto de buena voluntad” y “a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial”.
Las otras cuatro asociaciones convocantes del paro indefinido y que habían acordado retrasar su inicio hasta el 22 de mayo para seguir negociando todavía no se han pronunciado sobre la oferta definitiva del Gobierno. Solo las asociaciones de tendencia progresista —que no secundaron la convocatoria de huelga a la espera del avance de las negociaciones— se han mostrado dispuestas a aceptarla. Está previsto que los representantes de jueces y fiscales y del Ejecutivo se reúnan de nuevo este jueves, una cita en la que las asociaciones anunciarán si firman o no la propuesta planteada.
Escribe Elena Herrera.
Los grupos parlamentarios han conseguido acordar después de varios intentos infructuosos una lista completa de comparecientes para la tercera comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las maniobras de la brigada política del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para alterar el caso de la caja B del Partido Popular, que se investigan dentro de las ramificaciones de la Operación Kitchen.
La tercera comisión de investigación sobre este asunto comenzó la semana pasada con la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo y hasta ahora había acuerdo entre las fuerzas para llamar también al presidente de la Banca Andorrana, Higini Cierco i Noguer. Sin embargo, hasta ahora había sido imposible llegar a una lista de consenso, toda vez que Esquerra Republicana quería centrar la investigación en la Operación Catalunya y Unidas Podemos llamar a periodistas como el directivo de La Sexta Antonio García Ferreras o el director de Ok Diario, Eduardo Inda, para esclarecer la “pata mediática” de esa trama, algo a lo que el PSOE se oponía.
Finalmente, este miércoles los diferentes grupos han llegado a un acuerdo para una lista de hasta 20 comparecientes que incluye al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que la Fiscalía pide por este caso hasta 15 años de prisión, y a su número dos Francisco Martínez, a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o al ex director general de la Policía en la etapa de Rajoy Ignacio Cosidó. La comisión también citará a otros policías miembros de la denominada brigada política como Eugenio Pino o José Ángel Fuentes Gago, al ex jefe superior de la Policía en Catalunya Narciso Ortega o al exjefe de la Policía allí Agustí Castro Abad.
Informa Alberto Ortiz.
La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) pedirá a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) que determine si los 44 etarras condenados que van en las listas electorales de EH Bildu para el próximo 28 de mayo incurren en las causas que establece la Ley de Partidos para ilegalizar formaciones políticas, informa Europa Press.
La asociación presidida por Daniel Portero, diputado autonómico en Madrid por el Partido Popular, adopta esta decisión después de que la Audiencia Nacional haya archivado este miércoles la denuncia y la ampliación de la misma que presentó la asociación de víctimas para que se investigaran esas 44 candidaturas porque no hay atisgo de delito y porque las candidaturas deben ser analizadas por las juntas electorales. Fuentes del Supremo descartan que las candidaturas puedan propiciar la ilegalización de Bildu, puesto que ETA dejó las armas hace más de una década.
Paramos brevemente en la narración de la actualidad política de la jornada para dejarte otras noticias del día:
-La Fiscalía rechaza la denuncia de un diputado de Ayuso para investigar a EH Bildu por los exetarras en sus listas: la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha declinado investigar la presentación en listas de EH Bildu de 44 personas condenadas por terrorismo. La petición la había presentado una pequeña asociación de víctimas, Dignidad y Justicia, y aunque el Ministerio Público abrió diligencias, las ha archivado al no encontrar indicios de “infracción penal alguna”.
-El PP recorta a la mitad la distancia con el PSOE en un CIS que sitúa a Sumar por encima de Vox: aunque ganarían las elecciones si fuesen generales y se celebrasen ahora, el PSOE habría perdido el 30% de los votos. Ahora ganarían, aunque caería su ventaja sobre el PP a la mitad. En la encuesta también se observa una subida de Sumar, que suma casi dos puntos más y la caída de podemos respecto a abril, en seis décimas.
-La urbanización con golf aprobada por el Gobierno andaluz junto a Doñana se sitúa en zona de riesgo de inundación: la Cartografía Nacional de Zonas Inundables asegura que la macrourbanización de 300 villas junto a Doñana que recibió la aprobación de la Junta de Andalucía se encuentra en zona de riesgo de inundación.
-Moreno retira la atención primaria de la orden que permite concertar con la privada, según los sindicatos médicos: a 11 días de las elecciones municipales, los sindicatos médicos andaluces han doblado el pulso al presidente regional y han aceptado retirar la atención primaria de la polémica orden que permite concertar la consulta al médico de cabecera con la sanidad privada.
¡Seguimos!
Varios activistas climáticos han irrumpido este miércoles a gritos contra el “greenwashing” (o 'ecopostureo') y por la “justicia climática” en la ceremonia de los XXXIII Premios de la Energía en Madrid, de donde han sido expulsados por agentes de seguridad del edificio. Una decena de militantes se había colado en el hotel donde se celebraba el evento, en el que se encontraba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien iban dirigidos algunos de los lemas de los ecologistas. “Teresa, ¿de qué lado estás? Esta gente nos roba”, podía leerse en una de sus pancartas.
Los activistas han llevado a cabo su protesta en nombre del movimiento Rebelión por el Clima, un paraguas para decenas de organizaciones ecologistas creado para ejercer desobediencia civil con la que reclamar acción climática. Entre las consignas, han exigido que “la energía esté en manos de la gente, no de las energéticas”, con diversas acciones no violentas llevadas a cabo este miércoles en la campaña 'Así no hay quien viva', entre las que se incluye una concentración pacífica frente al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el intento de boicot a la gala de los premios.
“El 1% es responsable del 50% de las emisiones, y están riéndose en nuestra puta cara”, ha señalado a EFE uno de los activistas. “Las energéticas han vivido beneficios récord y la factura de la luz ha estado más cara que nunca”, apuntaba otro de sus compañeros. “Es urgente sustituir el actual sistema energético, responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país y en manos de unos pocos que acumulan poder y dinero, por uno que sea democrático, descentralizado, justo, libre de combustibles fósiles y que sitúe el bienestar de la población y el planeta en el centro”, han alegado en un manifiesto.
Con información de EFE
Pedro Rollán, dirigente del Partido Popular, miembro del Comité de Dirección y vicesecretario de Políticas Municipales, ha ido este miércoles más lejos en las críticas al Gobierno de coalición por sacar adelante leyes con EH Bildu, siguiendo y acrecentando la polémica por la inclusión de exterroristas en las listas de la formación abertzale. “El suyo es un pacto a prueba de bombas”, ha lanzado Rollán en el Senado, dirigiéndose al Gobierno.
Rollán ha acusado al Ejecutivo de “arrastrarse de manera humillante ante Arnaldo Otegi”, y ha utilizado este 'argumento' para criticar la ley de vivienda, que se debate este miércoles en el pleno de la Cámara alta y que fue acordada entre los socios del Gobierno y varias formaciones, incluida EH Bildu.
“Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños, sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana donde fueron asesinados 12 guardias civiles, sobre los hierros retorcidos de la casa cuartel de Zaragoza donde se arrebató la vida a 11 personas”, ha dicho Rollán, vinculando atentados mortales de ETA con la aprobación de leyes en democracia.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros sean “valientes” a la hora de “atacar e insultar” a esta comunidad autónoma y a su Ejecutivo y no para criticar que en las listas electorales de EH Bildu aún continúan “37 colaboradores de ETA”.
Moreno se ha referido así a las críticas del Ejecutivo central a la macrourbanización de lujo que se planea construir en el entorno de Doñana, a la que la Junta ya ha dado su visto bueno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó ayer esta decisión de “loca”, y este miércoles ha dicho que este resort “no se va a construir”, porque además está proyectado en terreno inundable. En opinión de Moreno, esto pone de manifiesto que Pedro Sánchez está “muy nervioso” y su Gobierno está “fuera de control en los ataques a Andalucía”.
“Me gustaría que esa valentía que algunos demuestran en atacar e insultar a Andalucía, la tuvieran para criticar que todavía hay 37 colaboradores de ETA en las listas electorales de Bildu”, según ha dicho Juanma Moreno durante su intervención en Málaga en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', donde ha pedido a Sánchez y sus ministros “respeto a Andalucía y a los andaluces”.
El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que si Pedro Sánchez se mantiene en el gobierno tras las elecciones generales será por “el apoyo de los separatistas y los terroristas de Sortu”, que le exigirán un “precio” en forma de “consultas” sobre la independencia. “Eso es lo que va a pasar si la coalición [de gobierno] sigue”, ha dicho en un coloquio con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
“El problema de España es el separatismo”, ha defendido Aznar, que opina que las hipotéticas consultas serán a su vez refrendadas “por el Tribunal Constitucional que tenemos en este momento” utilizando argumentos jurídicos similares a los que han avalado el derecho al aborto o la eutanasia. Ante esto solo cabe, dijo, que el PP gane con amplia mayoría y así se deroguen las reformas de los delitos de sedición y malversación y se impida que condenados por terrorismo se puedan presentar a las elecciones. “El tirón separatista va a llegar”, ha advertido, y contra esto, el PP debe ser “sastre” para evitar que le hagan “el traje”.
Informa Víctor Honorato