Formo parte de una generación de mujeres que, en plena adolescencia, vio por la tele a una ministra de Defensa pasar revista a las tropas con una tripa de 7 meses. Y con unos años más, a una vicepresidenta del Gobierno renunciar a su baja de maternidad para atender a su cargo, radicalmente incompatible con los cuidados a tiempo completo de un bebé recién nacido. En aquella época, alrededor de la crisis de 2008, el embarazo saltaba a los más altos puestos de poder. Una mujer embarazada, o en pleno postparto, parecía en esa España capaz de todo.  

Mi generación dejó ya muy atrás la adolescencia, y en el camino hemos visto muchísimas cosas más. A una diputada, Carolina Bescansa, acudir al Congreso con su bebé en brazos, por ejemplo. O a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contándole en confianza a Bertín Osborne que ha ido posponiendo una posible maternidad por el avance de su carrera. En 2018 escuchamos en las noticias que la –entonces– número 2 de Podemos, Irene Montero, había sufrido un parto prematuro a mitad de una gestación por la que no cesó su actividad pública. Este lunes, leímos a Adriana Lastra, en un comunicado, renunciar a la vicesecretaría del PSOE por motivos de salud que precisan de una baja médica. Los motivos de salud son un embarazo de riesgo que requiere reposo.

Todas esas líderes políticas tienen circunstancias diferentes, pero sus decisiones sobre la maternidad y crianza han suscitado debates, comentarios, críticas; han sido cuestionadas, explicadas, tergiversadas. A todas se les ha pedido ejemplaridad. Y han puesto por delante, o bien su cuerpo, o bien su trabajo. La política española parece así incompatible con el cuidado de la vida y la salud, especialmente de las mujeres, especialmente de aquellas que deciden ser madres, o de aquellas sobre las que recaen los cuidados. Por una doble causa. Por un lado, el escrutinio público constante al que se ven sometidas –no solo en estas circunstancias–, la repercusión emocional de saber que algo tan personal va a ser juzgado. Por otro, las mecánicas de organización interna de los partidos. Que como otros tantos ámbitos de la vida capitalista, penalizan la vulnerabilidad.

Algunas informaciones apuntan a que el reposo obligado de Adriana Lastra ha sido una buena oportunidad para un movimiento que en el PSOE se fraguaba. Es indiferente.

Lo relevante, incluso por encima de otras posibles valoraciones, es que la de Lastra es una razón creíble. Clara Serra, que fue responsable de Igualdad de Podemos, ha analizado varias veces cómo las reuniones interminables se hacían inabarcables para muchas mujeres que no podían permitirse pasarse debatiendo estrategias hasta la madrugada. O irse de cenas y cañas luego, y ya más distendidamente estrechar lazos o llegar a acuerdos. Les pasaba más a ellas que a ellos porque las mujeres dedican el doble de horas del día a los cuidados que los hombres, tienen más ocupaciones en casa. Y en un sector tan exigente como la política de primer nivel, ya sean unos años de parón, unos meses de debilidad, o unas horas al día de indisponibilidad al día, te dejan fuera.

La política es el eslabón más visible, quizá uno de los más hostiles, de algo que viven miles de mujeres y que se llama penalización laboral por tener hijos. Un estudio de 2021 publicado en la revista científica SERIEs cifraba en pérdidas de hasta el 33% del sueldo de media en los 10 años siguientes a tener un hijo; los hombres, sin embargo, los aumentaban en un 5%. En 2022, en nuestro país, las excedencias por cuidados de menores a cargo las han cogido el 87,2% las mujeres, y el 12,8%, los hombres. Eso se traduce en renuncias a las posibilidades de ascenso, o a la permanencia en puestos de responsabilidad. Al menos, para las que tienen la posibilidad de acceder a ellos y no se han estancado en anteriores fases de la brecha salarial. Por eso la razón de Lastra para dimitir de sus cargos de altísima responsabilidad es, en todo caso, creíble. Le pasa parecido a miles de mujeres en España. 

Una aclaración. Yo tengo 30 años y, como buena parte de esa generación de mujeres que veía con 15 años a Carme Chacón con una tripa enorme y a la vez liderando el Ejército, no soy madre. No sé si algún día lo seré, no sé si podré serlo. Así que tampoco sé qué es pasar por el miedo a perder a tu futuro hijo, o tu propia salud, que es lo que implica un embarazo de riesgo como el que parece que está viviendo Lastra; y desde ahí escribo. Sí he hablado con mujeres que cuentan lo duro a nivel físico que puede llegar a ser el proceso; y he escuchado a otras decir que habrían querido volver a trabajar antes de lo que el permiso estipula. Tenemos suficiente información como para saber que los embarazos y las crianzas son diversos. Por eso necesitamos un sistema, una política, un mundo, que respete esa diversidad en nuestra salud y nuestras vidas, que respete la vulnerabilidad que vamos a vivir por un motivo o por otro en algún momento. Necesitamos que las niñas de 15 de hoy puedan ver a una ministra embarazada; pero que también puedan ver que una mujer, una líder, un trabajador, tiene derecho a parar, y poder volver.

La Unión Europea se ha estancado en torno al 80% de los mayores de 80 años inmunizados frente a la COVID-19. El continente tiene al 78% de sus ancianos con pauta completa y al 81% con, al menos, una dosis. El porcentaje no crece desde mediados de junio, con datos del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas, al que le faltan los de Alemania. España, sin embargo, llegó ya en mayo a prácticamente el 100% de la población de esa edad. Esta semana las enfermeras y enfermeros españoles cruzaron una barrera y ya ponen proporcionalmente más dosis al día que los de EEUU. En dosis administradas respecto al total de población estamos inmediatamente detrás de grandes referencias, como Emiratos Árabes, Bahrein, Israel, Chile, Reino Unido. Pero superamos a Alemania, EEUU, Italia o Francia. Ya hemos superado los 50 millones de dosis y la semana que viene se espera llegar al 50% de la población inmunizada con pauta completa.

Francia es uno de los países en la media, tiene al 80% de mayores vacunados. Esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron, ha tenido que salir a anunciar que la vacunación pasaba a ser obligatoria para los profesionales sanitarios si no querían ser multados. Tienen de plazo hasta el 15 de septiembre, y de momento se han pinchado solo el 60%. Macron también ha ampliado las exigencias con el pasaporte sanitario: habrá que acreditar la vacuna para acceder a bares y restaurantes. 

En España no ha hecho falta ninguna de estas medidas para convencer a la gente. Nunca se planteó hacer obligatoria la vacunación. Solo ahora, con la incidencia muy alta entre jóvenes, en zonas como Galicia se va a pedir PCR o pauta completa para acceder al ocio nocturno. Pero los sanitarios se vacunaron bien, y el 90% de los mayores de 40 han acudido a la cita. Con el turno de los jóvenes abierto, por ahora, no hay signos de que vaya a aumentar el rechazo entre ellos, aunque se asume que puede ser algo mayor por tener menos percepción de peligro frente al virus. La reticencia ha estado aquí por debajo incluso de lo que pensaban los más optimistas, quedarnos en torno al 80% hubiese sido esperable. Los expertos opinan que el éxito se debe a una tradición histórica de confianza entre paciente y médico, y a la solidez de nuestro sistema público de salud. También a que el tema ha escapado de la polarización. Ningún partido político se ha atrevido a llamar abiertamente a no vacunarse.

Cultura de la vacunación

“La cultura de la vacunación en España es muy buena, sobre todo en edades infantiles”, recuerda la enfermera Inmaculada Cuesta, parte de la Ponencia de Vacunas que decide sobre la estrategia nacional. Con los sanitarios, a veces no se han llegado a buenas coberturas para la gripe, se han quedado en porcentajes de incluso el 30%. Pero esta vez “se han dado cuenta de que la única forma de no morir de un virus como este era la vacunación. De que era una protección para ellos y para las personas vulnerables que tratan”, no ha hecho falta convencerles. El Ministerio de Sanidad se planteó en diciembre una campaña dirigida a ellos, por si no había buena respuesta como con la gripe, pero finalmente nunca existió.

Cuesta sí plantea que, llegado el caso, se puedan tomar decisiones como las de Galicia, de no dejar entrar sin vacunación en discotecas; o incluso más extremas, como los sorteos que se hacen en EEUU para atraer a personas a los centros. Pero, por el momento ,no son tan necesarias. “Aquí hay muy buena cultura vacunal, y eso no se consigue ni en un mes, ni en un año, ni en cinco”, dice José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas, “por tanto, es objetivo que con esta cultura hemos tenido mejor predisposición que en otros países, como Francia, a pesar de todas las trabas”. Forcada se refiere con “trabas” a la confusión que hubo con la segunda dosis de AstraZeneca/Oxford, y a que aún no se haya completado la pauta de la generación entre 60 y 69. Y menciona que en la confianza entre el paciente y el médico es clave la capilaridad del sistema sanitario, los centros de salud. En Francia el modelo es bismarckiano, en España tenemos el Sistema Nacional de Salud, como en Reino Unido.

¿Será suficiente?

Y, a la velocidad de vacunación actual, ¿podremos parar con vacunas la quinta ola? Ahora se están comenzando a citar los menores de 30, y hará falta un mínimo dos meses para completar la pauta vacunal de todos los menores de 40 años. “Será importante conseguirlo antes de que los jóvenes se reincorporen a colegios y universidades, y para eso harán falta restricciones y buenas coberturas vacunales para ellos de manera simultánea”, opina Forcada. “Adquirir la inmunidad no es inmediato, tienen que pasar al menos dos semanas desde la segunda dosis. Lo conseguiremos más a medio plazo, no durante el verano, más hacia el otoño”, añade Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología.

“No podemos poner todas las esperanzas en vacunar a los jóvenes”, cree Mario Fontán Vela, médico especialista en medicina preventiva, “en ese sentido llegamos tarde por los plazos con los que se genera inmunidad. Pero es que había que hacerlo así, había que vacunar por riesgo diferencial, no tenía sentido haber vacunado antes a los jóvenes porque llegaba el verano. Tenemos que vacunar lo antes posible para que lo antes posible haga su efecto, pero la vacunación por sí sola no frenará esto”. Luego, con los jóvenes cubiertos, al menos a un nivel alto, zanja Gullón que “sí será difícil que siga el aumento, al menos es poco esperable que haya un aumento grande. Aunque seguiremos con brotes en población no vacunada, ya no solo por edad, sino por personas sin acceso al sistema sanitario. Esto durará un periodo relativamente largo”.

Instagram se ha llenado de tiritas en los hombros, jeringuillas y salas de espera. La generación menor de 30 años (la que más usa esa red social de fotografías y vídeos) ha comenzado esta semana a vacunarse contra la COVID-19 o a poder pedir cita en varias comunidades autónomas: Madrid, Aragón, Canarias, Navarra, Andalucía, Castilla y León o Castilla-La Mancha tienen ya abierta esa franja de edad, algunas sin distinciones y otras diferenciando por años. Todavía no se refleja especialmente en los datos, pero la cifra sí va subiendo y lo hará más en los próximos días: de 783.185 veinteañeros con al menos una dosis el viernes pasado, a 932.461 este martes, el 18,9% del total. Solo el lunes, 138.000 menores de 25 años y mayores de 16 pidieron su vacuna en Madrid. En la comunidad, según el Instituto Nacional de Estadística, viven 700.000 jóvenes de esa edad, es decir, el primer día que pudieron lo solicitaron el 20% del total.

Los jóvenes son los últimos en prioridad de inmunización porque son también los que menos riesgos sufren. Según el Instituto de Salud Carlos III, desde junio de 2020, la letalidad entre los menores de 30 no ha llegado al 0,1%. El 0,1% sí ha acabado en la UCI, y el 1,4% de los veinteañeros contagiados ha ingresado en el hospital. Los jóvenes, en su mayoría sin inmunizar, son los que más se están contagiando en esta fase de la pandemia, la incidencia entre ellos triplica la general. Así que proporcionalmente las cifras siguen igual, pero numéricamente está habiendo cada vez más casos graves. Su vacunación se abarcará en las próximas semanas, aunque por plazos de los fármacos se alargará unos dos meses. Y esa inmunización es clave para controlar la ya calificada como quinta ola, junto a las medidas restrictivas que consideren las comunidades. “El objetivo ha de ser haberlos cubierto antes de que empiece el colegio y la universidad, el problema serio será si se reincorporan con estas tasas de incidencia”, cree José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas. El certificado 'COVID' digital, que permite viajar si se está vacunado sin limitaciones, ayudará a ese objetivo; también medidas como las impuestas en Galicia, donde solo permitirán el acceso al ocio nocturno con PCR o pauta completa.

En España, la recepción de las vacunas hasta ahora por parte de la ciudadanía ha sido casi inmejorable. El 100% de los mayores de 70 años ha ido a su cita, también el 90% de los mayores de 40. Ahora el reto es que los nietos, hijos o hermanos pequeños de esas generaciones respondan igual. Los vacunólogos suelen partir de la premisa de que conforme baja la edad de los grupos diana, hay más rechazo a las vacunas, o más dejadez a la hora de ponérselas, porque cuanto más joven se es, menos peligro se piensa que se tiene. Lo normal es que hasta un 20% puedan decir que no. El objetivo es sin embargo cubrir a más del 70% de todos los grupos. ¿Lo lograremos con los jóvenes? “No hay más remedio. Hay que ir a por ello. Hay que convencer a los jóvenes de vacunarse”, responde Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y parte de la Ponencia de Vacunas de Ministerio. “Me preocupa que se les esté criminalizando en exceso. Hay que ganarles para la causa haciéndoles ver que para recuperar la vida que teníamos, hay que vacunarse. No llamándoles necios”, remata.

Inmaculada Cuesta, enfermera también parte de la Ponencia de Vacunas, es prudente. Cree que los primeros que se han citado “son los que ya lo tienen muy claro. Pero eso pasa en este grupo de edad y en todos, en todos hay personas que dudan. Pero es verdad que los jóvenes no van a tener tanta sensación de peligro”. Por eso, “hay que buscar estrategias para hacerles aliados”. ¿Cuáles? Propone “proporcionales fuentes fiables y que se las trasladen personas que tengan compromiso y de alguna manera complicidad con ellos, que colaboren los influencers. Lo que yo les diga no va a hacer mucho efecto, pero lo que diga un futbolista, periodista o cantante quizá más. Que abogue por la solidaridad”. El Ministerio de Sanidad estaba, precisamente, preparando una campaña en esta dirección, para los jóvenes y protagonizada por personajes conocidos. Cuesta también plantea llegado el momento y si hay necesidad “una estrategia parecida a la de EEUU, que algunos sorteos ahí han sido el colmo, pero sí quizá algún tipo de compensación o premio a quien se vacune”.

Un problema que hoy por hoy no existe

Otros expertos opinan que no hay que buscar tiritas antes de que haya herida. “El tema de la reticencia vacunal es muy complejo y por ahora no hay datos que nos indiquen que se está dando entre jóvenes”, recuerda Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología: “En estos momentos, me preocupa más la dificultad de acceso a la vacuna por el movimiento entre comunidades que se puede dar en vacaciones, o la mala planificación que te haga saltarte una dosis y se abra una ventana de gente no del todo protegida. Me preocupan más los problemas administrativos que pueden darse”. Gullón cree que para frenar esta quinta ola hará falta acelerar la vacunación de los colectivos de menos edad, pero también acompañarlo de medidas. 

Su colega Mario Fontán Vela, médico especialista en medicina preventiva, secunda esto último. Y también que hay debates más urgentes que el posible rechazo de la juventud, que por ahora no se ha dado: “En su momento, creo que no nos hicieron ningún favor las cifras del CIS que anunciaban que en España habría mucha reticencia vacunal, en septiembre del año pasado [y que finalmente no se cumplieron]. Y ahora tampoco creo que ayude hablar de esta potencial reticencia. Me preocupa más estudiar los factores que influyen en el rechazo, implementar medidas... pero hablar tanto de esto creo que acaba enturbiando y estigmatizando aun más a una población tildada de egoísta durante toda la pandemia, el 99% de veces de manera injusta”. José Antonio Forcada apunta a una última cosa a tener en cuenta: “Comunicar que aunque estés vacunado hay que seguir tomando precauciones, al menos hasta que haya un porcentaje altísimo de población vacunada. No sabemos exactamente la efectividad con distintas variantes así que no se puede hacer el cafre en cuanto se está vacunado”.

Una cifra obsesiona a los ciudadanos europeos: el 70% de la población vacunada con pauta completa. Hace meses que los dirigentes de la UE se comprometieron a alcanzar ese porcentaje antes de que terminara el verano de 2021, y en España nos aproximamos a ello: vamos por el 46,7%. La barrera es el 70% porque se asume que con ese porcentaje se logra inmunidad de grupo frente a la COVID-19, es decir, hay tanta gente protegida que el virus ya no tiene por dónde circular y, aunque continúa entre nosotros, ya no resulta tan peligroso. Con la entrada en el escenario de la variante delta, el cálculo podría cambiar y podría ser necesario más porcentaje para lograr ese efecto. Pero los expertos advierten que en realidad ese 70% nunca fue un número cerrado, y que hará falta conseguir a más gente vacunada, con delta, o con alfa, o con otras mutaciones. Es decir, la campaña de inmunización deberá continuar.

Alfa es la variante predominante ahora mismo en nuestro país (es la originada en Reino Unido, la OMS cambió recientemente la nomenclatura). Delta (la originada en India) supone más del 15% de los casos secuenciados, aunque Sanidad admite que podría ser más –comunidades como Madrid la consideran ya la dominante– porque el sistema tiene muchas limitaciones. Por otro lado, el cálculo de la inmunidad de grupo se hace a partir del número R0. El R0 es “el promedio de casos secundarios que genera un caso índice en un contexto de cero medidas de control”, explica el especialista en medicina preventiva Mario Fontán Vela. Por ejemplo, en abril de 2020 se consideraba que el R0 para SARS-CoV-2 estaba entre 2 y 3. Y a partir de ese dato, con un cálculo estadístico, se estima que a ese número R0 le corresponde un porcentaje de inmunizados de alrededor del 70%. 

Un primer problema es que con alfa, que se expandió en enero, la R0 se habría aproximadamente duplicado porque es más contagiosa que las variantes anteriores. Con delta, parece haber crecido incluso más. La comunidad científica no ha concretado aún a cuánto, pero algunos cálculos del Imperial College sitúan la R0 de delta en torno al 8. Otros estudios, como los del Public Health England, apuntan, basándose en otros indicadores (la tasa de ataque secundaria, TAS) que, en realidad, delta no sería mucho más transmisible que alfa. Pero en todo caso, ambas necesitarían algo más del 70%, que era un cálculo para las primeras variantes. 

Un segundo problema para sacar el porcentaje: la R0 no lo es todo. “Hay dos postulados más además del número R0 que no se cumplen para el SARS-CoV-2: uno, la inmunidad no es del 100% en todos los vacunados ni infectados, porque las vacunas no tienen una eficacia del 100%; otro, la enfermedad no se distribuye de forma aleatoria, hay sesgos por edades o sectores”, indica Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología.

Y el principal problema es que los epidemiólogos y vacunólogos ya advertían que ese 70% no se debía tomar al pie de la letra. En ningún momento. “El 70% era una teoría que no tenía tanto criterio epidemiológico, era más político. Fijar porcentajes es ridículo, tenemos que saber que lo ideal será alcanzar en torno al 85% o 90% de la población. Sea con la variante que sea. Y entonces, veremos si lo hemos conseguido. Antes, todo son cábalas. Depende de tantos factores que es imposible decir cuándo se alcanzará la inmunidad de grupo”, señala José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas. Él y otros expertos también han dicho siempre que la prioridad era, como ya hemos hecho, vacunar a los vulnerables, por encima de obsesionarse con esos altos porcentajes.

“Cuanta más gente vacunemos, mejor”

Su colega Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y asesor en la Ponencia de Vacunas del Ministerio, coincide. “Más allá de cualquier variante, y tal y como está el patio, cuanta más gente vacunemos, mejor. Solo así se romperá la transmisión. No nos tenemos que emperrar en el 70%, hay que ir más allá. Con alfa y con delta”. García Rojas hace alusión a los recientes estudios que concluyen hacen falta las dos dosis tanto de Pfizer/BioNTech o de AstraZeneca/Oxford para proteger frente a delta, pero que con esa doble pauta sí es suficiente. Pero por eso, dice, hay que acelerar y llegar ya a esos porcentajes tan altos.

También menciona que, mientras todos los países no estén protegidos, y en África algunos lo están por debajo del 3%, seguiremos susceptibles a futuras variantes. Pedro Gullón, coincide: “Mientras más, mejor. No hay un punto, decae la posibilidad de que haya casos poco a poco”. “Sabemos que si se transmite más, el umbral será mayor”, zanja Fontán Vela sobre las variantes, pero “sabremos cuándo la pandemia está controlada cuando los datos nos lo digan, no cálculos basados en asunciones que sabemos que no se cumplen nunca”, zanja Fontán Vela.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, reconocía este lunes que la estimación de la inmunidad de grupo podía subir a un porcentaje más alto. Podía quedarse en un 75-80%, contando a las personas que desarrollan “fallo vacunal”, por las que hay que dar además un poco más de margen. Pero “estamos consiguiendo vacunar a bastante más que eso, a los más mayores alrededor del 100%”, así que no se mostró preocupado.

¿Llegaremos a ese 90%?

La respuesta de la ciudadanía española hasta ahora sido ejemplar, casi el 100% de los mayores de 70 años ha acudido a la cita de la vacuna, algo que otros países europeos no han conseguido. Aun así, “no es correcto decir que haya inmunidad de grupo entre los mayores porque esta no se da por edades, se da a nivel poblacional. Sí podemos decir que los mayores están protegidos y que la película ha cambiado mucho, ya hay un primer control de la pandemia porque el virus ya no causa la letalidad de antes”, matiza García Rojas. Así que la pregunta es: ¿seguiremos a este ritmo y llegaremos a ese 90% de población general, al menos entre los adultos mientras las vacunas no estén autorizadas en menores?

“No hay más remedio. Ni lo veo ni lo dejo de ver: hay que ir a por ello. Hay que convencer a los jóvenes, ganarlos para la causa, me preocupa que se les esté criminalizando en exceso. La necedad no está asociada a la edad, está asociada a otros factores, y tenemos que explicarles que para volver a recuperar nuestra vida de antes tienen que vacunarse, no les vamos a convencer llamándoles necios”, contesta García Rojas. Hace alusión a las altas tasas de contagios que se dan entre los menores de 30 años, a los que aún no ha llegado masivamente la vacunación pero a los que les empieza a tocar estas semanas. “Es lo que nos queda por delante, los menores de 30 son muchos, y luego los menores de 16. Son un grupo importante porque tienen más movilidad y relaciones sociales”, termina Forcada.

“¿Queda algún veinteañero en la ciudad que no sea positivo o contacto estrecho?”, se preguntaba este jueves en sus redes sociales Sergi, un chico de 25 años que vive en Barcelona. En Catalunya, la tasa de incidencia COVID-19 supera los 2.500 casos por cada 100.000 en menores de 20 a 29 años. Es decir, una de cada 50 personas de la edad de Sergi está contagiada. Lo sabemos porque el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias empezó hace una semana a publicar datos de la incidencia acumulada segregados. Los resultados: la tasa nacional entre los menores de 30 años triplica la general, supera los 1.000 puntos, con explosiones en Catalunya o Cantabria.

Dados los titulares que eso generó, el director del órgano, Fernando Simón, comenzó el lunes pasado su rueda de prensa con un mensaje conciliador y un análisis nada culpabilizador: “La incidencia entre jóvenes no es por ser jóvenes, es fundamentalmente por no estar vacunados (...) Los mayores mostraron su responsabilidad, y fueron vacunados entre diciembre y febrero. A los jóvenes les pedimos el mismo esfuerzo, y han tenido que alargarlo más”.

La sensación de Sergi es la que también tienen muchos chavales en este verano que se prometía como de luz tras la pandemia. Con el macrobrote de Mallorca empezó casi todo, o al menos lo ilustró: grandes grupos de personas que todavía no ha sido inmunizadas en un ambiente de euforia por ver cómo la vida empieza a resurgir y vuelve el ocio nocturno y con la tranquilidad de tener a sus padres y abuelos vacunados (tienen al menos una dosis casi el 90% de los mayores de 40 años).

“Estamos deseando salir y conocer gente porque llevamos dos años así”, resume Juanma, 23 años y de Madrid, que antes solía salir de fiesta frecuentemente y ahora ha ido a “algunos locales”, pero afirma que no a eventos masivos.. Piensa que “no solo hay que culpar a los jóvenes”, sino también a los que han decidido que se puedan reabrir las discotecas.

“Quiero ver esto como el gran rebrote final”

Los jóvenes sanos nunca han sido considerados como grupo de riesgo de la COVID-19, su letalidad no llega al 0,1% según el Instituto de Salud Carlos III; pero sus infecciones sí que pueden provocar un colapso en la Atención Primaria, donde son diagnosticados, y en Salud Pública, donde se les rastrea. El aumento de la tasa que conlleva ha provocado que España salga en muchas listas de países –y en la portada del Financial Times– como destino de riesgo, con lo que eso supone para la temporada turística. 

Fuentes del Ministerio de Sanidad explican que están tratando con sus mensajes de llegar a ellos empatizando, sin responsabilizarles de la situación pero haciéndoles entender los riesgos, tal y como intentó Simón. Proporcionalmente serán pocos, pero numéricamente sí que unos cuantos pueden acabar en el hospital; y al menos el 10% de sus padres y abuelos han podido desarrollar “fallo vacunal”, es decir, pueden haberse vacunado pero no estar del todo protegidos por las limitaciones de la eficacia de los fármacos.

"Normalmente, detrás de estas conductas hay unos pensamientos, desde 'con todo lo que llevamos encerrados en casa' hasta 'si total, las personas vulnerables ya están vacunadas"

Sara Liébana y Pedro Altungy — Psicólogos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid

Entre los jóvenes, explican fuentes del organismo, está siento “más complicado” acotar brotes, por razones que como tienen más contactos que los mayores, porque no quieren “delatar” a conocidos, o porque tienen miedo por sus padres. Algunos expertos en Salud Pública sí están preocupados por este rebrote. Quique Bassat, investigador de ISGlobal, lamenta que está ocurriendo “por tontería de los jóvenes, y por falta de agilidad y proactividad de los que tienen que hacer algo para responder al desafío”. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, recuerda que la gente “sabe lo que hay que hacer, lo sabe perfectamente. Especialmente los jóvenes, que llevan meses tomando las medidas en sus centros educativos, por ejemplo”. Pero, sigue Hernández, ha ocurrido todo con “una percepción pública general de que la cosa estaba encauzada y de que no importaba tanto que alguien se infectara porque iba a tener un pronóstico favorable, o no iba a contagiar a nadie”.

Berta, que tiene 29 años y también vive en Barcelona, tiene una sensación parecida a la de Sergi: “Parece que estoy esquivando como un ninja la COVID. Siento que absolutamente todo el mundo es positivo o está confinado”. Compañeros de trabajo, amigas, conocidos de amigas. Ella cuenta ocho confirmados en su entorno más o menos cercano. Y le agobia por varios motivos: “No quiero ni volver a pensar en otro colapso. Y se acercan las vacaciones, después de este año me asusta pensar que se pueden frustrar por coger la COVID una semana antes”. A la vez, “saber que la mayoría de la gente vulnerable está vacunada me da bastante tranquilidad. Sí que quiero ver esto como el gran rebrote final”. Ella se va ahora unos días a Sicilia con su novia. Juanma ha optado por irse de cámping por Europa: “Creemos que no es un plan tan peligroso ni masificado”.

¿Cómo se pasa de héroes a villanos?

Sara Liébana y Pedro Altungy son investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, y trabajaron en el teléfono creado por el Consejo General de la Psicología de España y el Ministerio de Sanidad durante lo peor de la pandemia. Contestan enumerando las fases por las que han pasado niños, jóvenes y adolescentes desde que la crisis arrancó. “Una primera, durante el confinamiento, donde se hablaba de una población muy afectada porque sus estudios se vieron alterados, y se decía lo valientes que estaban siendo”. Entonces, en su teléfono recibieron muchas llamadas de niños, adolescentes y jóvenes con problemas sobre incertidumbre, la dificultad con las clases, o que sentían que estaban perdiendo un tiempo de su vida irrecuperable. Una segunda fase, el verano pasado, “donde se les reforzaba 'lo bien que se estaban portando'. Se hablaba de que eran auténticos héroes”. Y llega una tercera: “Se ha ido gestando un cansancio generalizado. Van viendo como los mayores son vacunados, sus familias, todos menos ellos”.

Esta tercera fase ha comenzado este verano. “Esperábamos que cumplieran los mismo objetivos del verano pasado, pero en muchas ocasiones no ha sido así”. “El ocio nocturno ha abierto sus puertas y han querido celebrar todo lo que no habían podido hacer en el último año, ¿acaso no es lo que todos estábamos deseando?”, se preguntan estos dos psicólogos. “Normalmente, detrás de estas conductas hay unos pensamientos, desde ”con todo lo que llevamos encerrados en casa“ hasta ”si total, las personas vulnerables ya están vacunadas“, siguen. Y se suma que ”cada vez que salen, desmienten aquello que tanto pavor nos da desde marzo del 2020: contagiarnos. Poco a poco van perdiendo el miedo al virus, comprueban que si algún amigo se ha contagiado, no le ha pasado nada, sólo ha estado confinado y prácticamente sin síntomas. Al final, es la manera que tienen de socializar, unirse en fiestas, casas y eventos todos juntos. El problema es que a ciertas horas de la madrugada, muchas veces, la mascarilla brilla por su ausencia“.

Liébana y Altugny también subrayan que “podemos estar cayendo en un sesgo atencional: nos fijamos sólo en aquellos jóvenes que se comportan de una manera no deseada por el resto de la sociedad. ¿Qué pasa con aquellos que están cumpliendo las normas y que se les está metiendo en el mismo saco?”. Como Blanca, que tiene 21 años, estudia Medicina y sus primeras prácticas la llevaron a la primera línea en un hospital de Madrid. Lleva meses vacunada pero, debido a lo que vivió esos meses apenas aún con conocimientos básicos, sigue tomando las mismas precauciones que cuando no lo estaba. Incluida la mascarilla. Por eso, y porque vive con su abuelo de 100 años. “No sé si ya es parte de mí o es resultado de un miedo irracional”, reconoce, pero sí sabe que prefiere no arriesgar porque un simple constipado, a su abuelo, “le evoluciona en neumonía”.

“El primer día en el hospital vi a un paciente de 40 años intubado, pero luego vinieron más”, recuerda. Durante esos meses se autoconfinó fuera de su casa para no poner en peligro a su familia. “Estaba sola y veía en Instagram a gente cenando todos los días fuera o saliendo de fiesta. Y no los culpaba. Pero lo que ha ocurrido en los hospitales es una parte de la realidad que tendríamos que haber visto todos”, apunta. Aun con todo, ve “injusta” la estigmatización hacia los jóvenes porque “llama la atención el botellón de gente de 21 años pero no los de 50 que se pasan el día de cerveceo. Las normas nos las hemos saltado antes o después gente de todas las edades”, opina. 

La juventud de los viajes y las fiestas multitudinarias no le “representa” y es crítica, pero entiende el cansancio. Y empatiza con gente como su hermano pequeño, para el que el curso 2020-2021 ha sido el primero de universidad: “Iba a clase y se volvía directo, y me da mucha pena. Hacer amigos en primero de carrera es fundamental. Nosotros teníamos mucho miedo por el tema de mi abuelo, pero también pesa la soledad”.

"Hay que hacerles ver que para que esto se recupere se tienen que vacunar en cuanto puedan, no llamarles necios"

Amós García Rojas — Presidente de la Asociación Española de Vacunología

“Hay que ganarlos para la causa”

“No ha cambiado tanto el comportamiento de los jóvenes, sino el contexto epidemiológico y social”, señala el antropólogo Carles Feixa. Para el investigador, este grupo de edad está haciendo lo mismo que hacía “hace un año, cuando se acabó el confinamiento y empezó el verano”, la diferencia radica en varios factores. En primer lugar, “no había vacunas” para las personas jóvenes; por otro lado, ahora hay “variantes del virus que lo extienden mucho más rápido”. Por último, el investigador señala el “discurso juvenófobo” difundido que “tiene el efecto contrario al que persigue, ya que se les culpa constantemente”. Eso es lo que está evitando el Ministerio de Sanidad. “Hay que ganarlos para la causa”, dice sobre esto Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y asesor en el Ministerio, “hacerles ver que para que esto se recupere se tienen que vacunar en cuanto puedan, no llamarles necios”.

Los comportamientos que se observan tienen que ver con el tipo de socialización de las personas jóvenes, sigue el antropólogo Feixa: “En la etapa juvenil, la proximidad social ha sido la tabla de salvación siempre, es la etapa de pasar de la familia al entorno social a través del contacto interpersonal”. Cuando este contacto con otras personas desaparece, “o se refugian en el espacio virtual, como han hecho muchos, como una huida; o buscan subvertir estas predicciones a través de contactos sociales clandestinos”.

Reyes y Maricarmen, de 23 años, son de Jaén y Córdoba, y viajarán este verano con amigos. Aseguran que lo harán respetando las medidas de seguridad: “Hay que cumplir las normas, que te vayas de vacaciones no significa que no haya pandemia”. También viajará Begoña, una joven murciana de 25: “Si las leyes te permiten viajar, no vas a decirle a la gente que no lo haga, no lo puedes dejar todo en la responsabilidad ciudadana”. A gente como ellas se refiere Carles Feixa. Los jóvenes ven, comenta, después de más de un año de pandemia y distancia social, el volver a relacionarse con sus amigos y recuperar las actividades que solían hacer como una vía de escape en un contexto psicológicamente complejo. Para el antropólogo, los chavales “no son más irresponsables ni egoístas que otros grupos de edad, pero se les ve como tales” porque protagonizan los contagios.

La historia parece repetirse: una parte del sistema de salud tensionado a tal punto que no puede cumplir sus funciones. La Generalitat de Catalunya ha comunicado que la Atención Primaria está colapsada y pide a contactos de positivos para SARS-CoV-2 que no acudan a centros de salud si no tienen síntomas graves, que simplemente se autoconfinen. En esa comunidad hay más de 2.000 casos por cada 100.000 menores de 30, es decir, 1 de cada 50 se ha infectado en los últimos 14 días. La mayoría de ellos no ha podido vacunarse todavía, razón principal de este crecimiento, según el Ministerio de Sanidad. Los jóvenes no suelen desarrollar la enfermedad de forma grave, pero quien asume su atención es Primaria; y quien se encarga del rastreo de contactos, Salud Pública. Los efectivos de ambos niveles de la sanidad llevan trabajando sin tregua desde enero de 2020. Y llevan además meses involucrados en la campaña de vacunación.

La sobrecarga llega además en plena temporada veraniega, desde siempre un bache de recursos en una Atención Primaria que no suele ser reforzada estos meses pese al recorte de recursos que suponen las vacaciones de sus trabajadores. Solo algunas comunidades, como la Valenciana y Canarias, previeron con tiempo, en junio, la incorporación de personal. El sindicato SATSE denuncia que de media solo se cubren entre el 30 y el 40% de los profesionales de enfermería de todo el sistema; esto es, de cada 100 enfermeras que se van de vacaciones en julio y agosto, solo se incorporan 40.

Catalunya lidera la tasa de incidencia, pero otras comunidades temen que sea solo la avanzadilla y pronto les toque a ellas tomar decisiones similares a la de que los contactos estrechos no acudan a los centros. Por eso, la Comunitat Valenciana, que de las tasas de 50 casos por 100.000 habitantes de hace pocas semanas ha saltado a los 250, ha pedido a la Justicia volver a autorizar el toque de queda. También lo planteó este miércoles, entre otra batería de medidas, la consejera de Salud de Castilla y León, Verónica Casado, a la ministra Carolina Darias y a sus homólogos en el Consejo Interterritorial. “El toque de queda no está sobre la mesa”, zanjó Darias. El presidente Pedro Sánchez también negó rotundamente esa posibilidad desde Lituania. La vía más fácil para imponerlo sin problemas judiciales es un estado de alarma, difícil de justificar con más de un 50% de la población con una dosis, explican fuentes sanitarias. En el Ministerio tampoco se posicionan sobre el ocio nocturno, cuya reapertura se permitió el junio pasado y algo a lo que muchos expertos vinculan este repunte, sobre todo tras el macrobrote de Mallorca que involucró a unas 5.000 personas. Respetan a comunidades que lo han cerrado, como Catalunya, pero no coordinan ninguna acción en este sentido.

El Gobierno espera que con reforzar los rastreos sea suficiente para frenar esta ya calificada como quinta ola. Para ello han cedido a las comunidades cinco millones de test para cribados y a los rastreadores del Ejército, que no son un número concreto sino que Defensa pondrá a disposición los que hagan falta, comentan fuentes de Sanidad.

También esperan que frene la escalada de casos un acelerón en la vacunación, pero en el Ministerio no se atreven a vaticinar cuándo podrá estar controlada la situación. Sí quieren impulsar la vacunación entre los jóvenes, ante el miedo a que por sentirse menos vulnerables no tengan una respuesta tan buena como la que han tenido sus padres y abuelos, y por eso están preparando una campaña dirigida en exclusiva a ellos, seguramente con figuras de referencia para esas generaciones. El mensaje tiene que ser empático pero también tienen que hacerles llegar los riesgos, indican desde Sanidad.

Los contagios de los jóvenes también generan colapso

El primer objetivo de todas las medidas restrictivas de la pandemia ha sido liberar la saturación hospitalaria. Durante la primera, segunda y tercera ola los hospitales llegaron a tener ocupaciones COVID en las UCI muy por encima de lo razonable (en la primera más del 100% en algunas zonas solo para esa enfermedad; en la tercera cerca del 50%, contando las nuevas infraestructuras incorporadas). 

Ese no es el problema ahora. De media están ocupadas algo menos del 25% de las camas convencionales por pacientes con coronavirus. Los grupos vulnerables están protegidos por la vacuna (el 100% de los mayores de 70 con pauta completa) y gracias a eso se ha conseguido bajar con contundencia el porcentaje de personas en cuidados intensivos. La tasa de hospitalizaciones sí aumenta algo con esta subida. En Catalunya ya advertían a principios de semana que se empezaba a notar un repunte en los ingresos.

Algunas personas vacunadas sin la pauta completa o que por las limitaciones de eficacia de los fármacos no han desarrollado inmunidad –Pfizer tiene una de las eficacias más altas y esto le ocurre aproximadamente a un 10% de quienes la reciben– puede enfermar de gravedad. Además, son tantos los jóvenes contagiados que, aunque proporcionalmente sigan siendo minoría, numéricamente van siendo más los graves. En un mes, la media de edad de los pacientes COVID en los hospitales españoles ha bajado de 51 años a 48, según datos de Sanidad, que calcula que es posible que esa cifra “siga bajando, pero poco”. La media en UCI sigue estable, entre los 50 y los 52 años.

“La película ahora es completamente diferente porque tenemos vacunas, la letalidad sin vacunas no sería como es, estaríamos como hace meses”, dice Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y asesor técnico del Ministerio. Pero “el hecho de tener tantos casos no es bueno: porque el virus sigue circulando y, sin una imagen tan tremenda como antes, sí hay más personas en UCI; y también por la Atención Primaria. Estamos acostumbrados a hablar del sistema sanitario como si solo fuera el ámbito hospitalario, y no”. El problema es, por tanto, el que están viviendo en Catalunya y también en otras comunidades como Cantabria, que anticipan lo que puede ocurrir en otros territorios donde los contagios siguen multiplicándose: el colapso de la Atención Primaria y de Salud Pública. Que no haya efectivos suficientes en Atención Primaria causa, además de estrés para sanitarios, que la asistencia a dolencias menores se posponga y la situación de los pacientes devenga en más grave.

“Yo también quiero que esté todo el mundo inmunizado plenamente, pero todavía no estamos en esa fase”, explicaba Adrián Aginagalde, director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria y coordinador en muchas labores de rastreo. “Hay una alerta autonómica difícil de gestionar. La gente no fallece, pero esto está generando muchos problemas”. Todo ha llegado con “una percepción pública general de que la cosa estaba encauzada y de que no importaba tanto que alguien [los jóvenes] se infectara porque iba a tener un pronóstico favorable y no iba a contagiar a nadie”, analiza Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Ha sido difícil, partiendo de ahí, explicar a la ciudadanía que sí es un problema que los jóvenes se contagien.

Varias comunidades autónomas ya han comenzado con las autocitas para menores de 30 años y casi todos lo han hecho con los de 40, así que la confianza del Gobierno es que la situación se encauce en unas semanas. Hay un tercer vector de la problemática: varios países, entre ellos Francia y Reino Unido, nos mantienen en su lista de países poco seguros por las tasas de COVID, y eso puede tener consecuencias nefastas para la temporada turística. Además del refuerzo de la campaña de vacunación y de Atención Primaria y Salud Pública, expertos como Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, planteaban “restringir el ocio nocturno o, si no se puede del todo, quizá algunas horas o al menos los interiores”. “En los lugares con más incidencia no se debería acelerar la desescalada de este tipo de ocio, pero sí se pueden fomentar actividades más seguras al aire libre, ya que es verano”, como los festivales, que sí siguen permitidos en Catalunya.

Hay que frenar la escalada de contagios entre jóvenes. El aumento de casos de COVID-19 entre las personas menores de 30 años en España, en su inmensa mayoría aún no vacunadas, está provocando en lo que parece la recta final de la pandemia que crezca la incidencia general y también poco a poco las hospitalizaciones, aunque no con la misma fuerza que en la anteriores olas al tratarse de población menos vulnerable. Lo que sí vuelve a suceder con claridad es que la Atención Primaria, donde se atienden la mayoría de casos leves, y Salud Pública, donde se rastrean, vuelven a sufrir una saturación extra. Y también, de momento, España vuelve a liderar las tasas de contagio en Europa y a protagonizar la portada del Financial Times, con lo que eso puede suponer para el turismo. Coincide todo con la expansión de la variante Delta, contra la que las vacunas parecen ser efectivas, aunque un poco menos que contra la variante actualmente dominante, Alfa.

¿Qué se puede hacer ante esto? El presidente Pedro Sánchez ha descartado completamente un endurecimiento de las medidas que pase por la aplicación del toque de queda, que requeriría un nuevo estado de alarma. El Gobierno se negó a prorrogar esa herramienta excepcional a partir de mayo en buena medida por enviar un mensaje de mejoría y normalidad de cara a la reactivación del turismo. El presidente minimizó este miércoles el impacto que los rebrotes que se están produciendo en los últimos días en la economía española y destacó que la UE ha mejorado sus previsiones de crecimiento. La ministra Carolina Darias también descarta rotundamente el toque de queda: “No está sobre la mesa”. Actualmente, más del 50% de la población tiene al menos una dosis, y la pauta completa casi todos los mayores de 70.

El Gobierno sostiene que las comunidades tienen las herramientas necesarias para encarar la recta final de la pandemia y deja en sus manos la activación de las mismas en función de la evolución en cada territorio, pero sin entrar en si deben o no endurecerlas. “En el Consejo Interterritorial hay una serie de respuestas que pueden dar las comunidades y no es necesario aprobar nada más que lo que está acordado por Sanidad con las comunidades”, apuntan desde Moncloa. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, evitaba por su parte el discurso culpabilizador contra los jóvenes: “La incidencia alta entre los jóvenes no es por jóvenes, es fundamentalmente por no estar vacunados. (...) A los jóvenes les hemos pedido un esfuerzo que ellos han tenido que alargar más”, decía, en alusión a que por edad son los últimos de la priorización de la campaña. Las comunidades están ahora empezando a pinchar a menores de 30. Madrid por ejemplo, aunque va la última en puestas de manera general, abre la autocita este viernes. Pero algunas, como Euskadi, los posponen hasta agosto.

Además del importante factor de la vacunación, los expertos y técnicos vinculan la explosión a la reapertura del ocio nocturno, que se ilustró con el macrobrote de Mallorca. La Ponencia de Alertas, con expertos que asesoran al Ministerio, sí recomienda en un posicionamiento interno cerrar el ocio nocturno y limitar los horarios en interiores, e incluso “valorar” un nuevo toque de queda. Esto último lo pidió también Castilla y León. Sanidad se desmarca de esta recomendaciones y no las hace suyas. En rueda de prensa Darias ha dicho que el órgano solo “establece propuestas”. Lo que ha hecho el Ministerio es recordar a las comunidades autónomas que tienen 5 millones de test de antígenos a su disposición para potenciar los cribados, y también a los rastreadores del Ejército si los necesitan. Entre los jóvenes, explican fuentes del organismo, es “más complicado” acotar los brotes (porque han tenido más contactos, no quieren “delatar” a conocidos, o tienen miedo por sus padres, por ejemplo), aunque reconocen que hay que acelerar el proceso de vacunación para “que no haya réplica en hospitales”, indican estas fuentes. Catalunya sí ha decidido volver a clausurar los bares nocturnos. La incidencia entre los catalanes de entre 20 y 29 años ha superado ya los 2.000 casos, una cifra que no se había visto desde el inicio de la pandemia.

Ante una situación inédita: vacunación, ocio nocturno, y refuerzos

Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, explica que esta situación requiere de “bastante innovación”, porque es inédita en la pandemia: un crecimiento con mucha velocidad, pero que solo afecta a un sector concreto. Él es partidario de plantear restricciones “solo en los lugares donde se potencian los casos, como los interiores de ocio nocturno”, y descarta el toque de queda: “Ya de por sí durante lo peor de la pandemia tenía ciertas limitaciones éticas y de efectividad. No lo veo. No veo aplicar medidas generales que afecten a toda la población, es muy complicado con más del 50% del país vacunado”.

Gullón concreta que serían efectivas medidas a tres niveles. Primero, “vacunar lo más rápido posible. En algunas van muy bien y en otras, como en Madrid, no tan rápido”, para que los jóvenes estén protegidos cuanto antes y este avance cese. Segundo, “restringir el ocio nocturno, o si no se puede del todo, quizá algunas horas o los interiores. En los lugares con más incidencia no acelerar la desescalada de este tipo de ocio, digamos. Y fomentar actividades más seguras al aire libre, ya que es verano. Existe la creencia de que no se puede controlar ahí el aforo, pero sí se puede, por ejemplo en los festivales. Así no habría una presión tan grande contra el sector”. Y tercero, “aunque podría ser lo primero: reforzar los sistemas de rastreo. Cerrar los macrobrotes en estos fragmentos de edad concretos, garantizar las cuarentenas efectivas, cortar la cadena de transmisión”. Las quejas por las cuarentenas en los hoteles de Mallorca quizá implican que hay un mensaje sobre las prevenciones que todavía tenemos que tomar que no está llegando bien, opina este médico, coautor de libros como Epidemiocracia.

El Ejecutivo fía tanto la recuperación como la superación del actual incremento de la incidencia a la vacunación. “Estamos teniendo datos excepcionales, espectaculares”, afirmó el presidente en una rueda de prensa en Riga (Letonia) este miércoles en la que insistió en que se está vacunando a una media superior a las 400.000 personas al día y llegando a récords de más de 700.000 dosis administradas. “Hay que acelerar la vacunación”, agregan fuentes gubernamentales. “En el planteamiento que se está haciendo es que una vez que hemos cubierto a las generaciones más vulnerables tengamos que solapar la vacunación de distintas edades para proteger a los que están sufriendo mayor incidencia, a los jóvenes”, apuntó Sánchez.

¿Qué problemas está suponiendo, si los jóvenes no llenan los hospitales?

Los jóvenes menores de 30, o incluso de 40, no tienen un impacto grande proporcionalmente en hospitales. Pero “el problema es que se piensa la pandemia de 0 a 10. Y hay una gama de riesgo de 3, 4”, decía Adrián Aginagalde, director de Observatorio de Salud Pública de Cantabria, comunidad que está en la segunda posición del ranking de incidencia estos grupos y donde están teniendo verdaderos problemas en el rastreo de casos vinculados a las discotecas.

“Sus progenitores estarán al menos con una dosis. Pero alguno puede tener neumonía, y alguno puede terminar ingresando”, recordaba Aginagalde. Aunque aumente la población inmunizada, además, sigue habiendo gente vulnerable: muchos mayores de 60 que solo tienen una dosis de AstraZeneca/Oxford por los tiempos de ese fármaco, o los que han desarrollado “fallo vacunal”, esto es, no han generado inmunidad con la inoculación (un 5% de los inyectados con Pfizer/BioNTech, según la eficacia comprobada).

Además de eso, están las consecuencias sobre el sistema sanitario a nivel de Primaria y de Salud Pública. Son “aquellas partes del sistema sanitario que no han salido en las estadísticas a lo largo de la pandemia”, comenta Mario Fontán Vela, médico especialista en Medicina Preventiva. “Sigue siendo una enfermedad muy transmisible, todavía hay amplios sectores de la población sin vacunar y aunque el impacto en términos de salud colectiva no sea igual a otras olas por las personas vacunadas, sí tenemos que tener en cuenta el impacto social que deriva de su manejo (aislamientos y cuarentena)”, desarrolla, “es decir, tenemos que mantenernos todavía en un marco de análisis que no sea apocalíptico, pero que tampoco niegue las repercusiones”. Y sin olvidar: “Abrir el marco hacia lo que no es COVID, ya que si Primaria y Salud Pública tienen que dedicar sus recursos a COVID-19, se desatienden otras patologías que llegan en peores condiciones a los hospitales”.

La campaña contra la COVID-19 comenzó en España allá por diciembre con apenas 300.000 dosis de vacunas a la semana, pero ahora el ritmo marca más del doble de pinchazos cada día. A medida que crece el porcentaje de la población inmunizada es más evidente que acabarán sobrando viales. La Unión Europea compró muchos más de los necesarios para toda su población, así que las cuatro farmacéuticas que nos suministran han comprometido 93,3 millones para España hasta septiembre. Ya hemos recibido 47 millones y faltan por llegar otros tantos. A la vez, solo quedan ocho millones de ciudadanos esperando su segunda dosis y unos 10 millones esperando su pauta completa para llegar al objetivo del 70% vacunado.

Estas dosis pendientes podrán ser dobles (Pfizer, Moderna) o monodosis, si es de Janssen, a quien le quedan por enviar 16 millones tras varios retrasos. Pero algunas consejerías reconocen que sobre todo les van a “sobrar” viales de AstraZeneca/Oxford, que tras destinarse a los trabajadores esenciales ahora solo se administra al colectivo de entre 60 y 69 años. En Euskadi, por ejemplo, esta semana quedaban 141.000 personas de esa edad por pinchar y les llegaban 168.000 dosis. En total falta que lleguen cuatro millones más de inyecciones de esa compañía, y hay 2,5 millones ciudadanos esperando a su segunda vacuna. ¿Qué haremos con el resto?

“Esa será una decisión política y no profesional”, dice Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y miembro de la Ponencia de Vacunas que decide sobre la estrategia. Con la premisa de que, por ser una decisión política, en la Ponencia no van a tomar parte, barrunta que primero se terminará con todos los colectivos, o incluso se superará el objetivo del 70% de la población inmunizada, y luego “una posibilidad es que vayan a COVAX”.

COVAX es la plataforma de reparto equitativo que montó Naciones Unidas pero que ha acabado siendo un mecanismo de donación, por la cantidad de vacunas que los países ricos han acaparado. Lo que está claro, según García Rojas, es que AstraZeneca no se va a ampliar a esos grupos de jóvenes que faltan: “La limitación de que no se dé AstraZeneca a menores de 60 años no va a cambiar a estas alturas, eso seguro”. Y avisa: “No tengo claro que nos lleguen los cuatro millones que faltan de AstraZeneca, tal y como han sido los retrasos hasta ahora. COVAX es una alternativa, pero casi lo más probable diría que es que no lleguen todas las vacunas comprometidas y no sobren tantas”.

El presidente Pedro Sánchez se comprometió esta primavera a donar a América Latina (donde viven 650 millones de personas) 7,5 millones de dosis; un poco después, en junio, habló de 15 millones para COVAX. El total son 22,5 millones con el único plazo de que se aporten antes de que termine 2021. Todavía no se ha mandado ninguna. Fuentes del Ministerio de Sanidad señalan a este periódico que se va a cumplir, pero recordaban que además del 70% de los adultos se ha sumado otro reto: vacunar a adolescentes y, quizá en algún momento, a niños y niñas. Existía cierto debate en la comunidad científica y humanitaria acerca de hacerlo o no, al menos mientras no están protegidos todos los vulnerables del mundo, pero el Gobierno parece haberse decantado por el sí, incluyendo cohortes de edad hasta los 12 años.

Las donaciones no son la solución

Hace tiempo que los expertos en acceso equitativo a las vacunas consensúan que las donaciones no son la solución. Johnattan García Ruiz, profesor de Salud Pública en la Universidad de los Andes de Bogotá (Colombia), explicaba que la desigualdad no se da tanto entre el mundo rico y el mundo pobre, sino entre el mundo que tiene laboratorios y capacidad de desarrollar vacunas y el mundo que no. Y que lo que habría que hacer es compartir conocimiento (con la liberación de patentes) y tecnología. COVAX es el mecanismo “menos malo” hoy por hoy, pero es “insuficiente”, porque se ha convertido simplemente en el organismo en el que los privilegiados, en algún momento, enviarán sus sobrantes.

Las donaciones en sí tienen muchas limitaciones, y hay formas y formas de hacerlas. Su “primer problema”, dice Miriam Alía, coordinadora de Emergencias para Médicos Sin Fronteras, es que “ya estamos viendo cómo se donan lotes con la fecha de caducidad muy acotada”. Los primeros de AstraZeneca solo valen por seis meses, a los países pobres llegan con menos, “incluso a veces a punto de caducar. Y eso resta autonomía”. También el hecho de no saber la fecha a la que se van a recibir, “depender de lo que sobre a otros países cuando terminen ellos, sin nada concreto. Eso es un problema logístico y programático”.

Otra vertiente problemática son las donaciones tal y como las planteó Sánchez, directamente a un territorio (América Latina), teniendo en cuenta factores diplomáticos, no de necesidad. “En Latinoamérica están subiendo los casos, está bien donar ahí. Pero no llegan a los países en sus peores momentos, todo depende de las relaciones”. Por último, analiza Alía, “las donaciones han acabado siendo un lavado de cara para los países en contra de liberar las patentes. Están alargando los tiempos de negociación de las patentes, porque donar, una vez que se ha acabado con su propia población, no tiene ningún coste político en sus sociedades de origen”.

Los problemas de dar la vacuna que no queremos

La Unión Europea está apostando fuerte por las vacunas de ARN mensajero (Pfizer/BioNTech y Moderna), confirman fuentes de la Agencia Española del Medicamento, parte de la Agencia Europea (EMA). Son más adaptables a las variantes, por lo que serán útiles en futuras revacunaciones, se han demostrado más efectivas y, especialmente la primera, han cumplido casi puntualmente con sus envíos. AstraZeneca tiene una menor efectividad y adaptabilidad y ha sido incluso llevada a los tribunales europeos por incumplimiento. En el sector no se escapa que sea esta última la más susceptible de ser donada, la farmacéutica con la que las potencias quieren romper lazos una vez la emergencia sanitaria termine.

“En países del África subsahariana ya hay muchos rumores sobre que les mandan AstraZeneca porque en Europa no la quieren”, cuenta Alía, que acaba de volver de misión humanitaria en Camerún. “También de que las que lleguen del Serum Institute de India no les va a permitir acceder al certificado COVID europeo. Todo lo que hacemos en Europa influye. Escuchan la radio y leen las redes sociales, conocen los casos de trombos. La información llega como aquí, puede que un paso más desvirtuada. Y se está creando una campaña en contra esta vacuna que, si va para ellos, hay que saber explicar”.

En todo caso, con el 70% de la población inmunizada, presumiblemente en agosto, no acabará todo. Europa ya tiene contratos para 2022, porque da por hecho que seguiremos necesitando dosis. Algunas compañías ya han anunciado que han detectado que se necesita una tercera inyección, pero la comunidad científica pide prudencia. Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, apostaba porque los primeros que tengan que necesitar un refuerzo sean las “personas del grupo 7 inmunodeprimidas, las que tienen mucho riesgo” [en el plan estaban priorizadas unas 365.000]. “Quizá en septiembre es pronto, pero sí es posible que eso haga falta con relativa rapidez”, por lo que una parte de las dosis que “sobren” puede necesitar esa salida.

La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad formado por técnicos y expertos de las comunidades autónomas, tiene un posicionamiento interno que recomienda “cerrar el ocio nocturno” y “limitar el horario nocturno de los interiores” de algunos establecimientos donde se corran riesgos de contagio de COVID-19. Lo hacen dado el aumento de casos de los últimos días, sobre todo entre los jóvenes. La Ponencia es un órgano que está por debajo de la Comisión de Salud Pública, también del Ministerio. La Comisión tiene como representantes a todos los directores de Salud Pública de las comunidades y se reúne regularmente los martes. Sanidad ha comunicado que ellos no han “propuesto ninguna medida relacionada con el cierre de los locales de ocio nocturno ni la valoración del toque de queda”, aunque no han hecho alusión a las recomendaciones de la Ponencia. Solo, que ayer lunes se reunieron y revisaron los documentos de actuaciones de respuesta. Fuentes de Sanidad también descartan en conversación con elDiario.es que estén barajando estas medidas. 

El Posicionamiento de la Ponencia también incluye “valorar” reinstaurar el toque de queda, algo que también ha pedido Castilla y León este martes, pero que no es posible sin un estado de alarma. El presidente Pedro Sánchez ha negado en rueda de prensa en su visita oficial a Tallín (Estonia) que esto sea una posibilidad. También la Ponencia recomienda suprimir eventos multitudinarios estas semanas, hacer cribados entre la población joven, garantizar la disponibilidad de hoteles u otros recintos de aislamiento, y reforzar los equipos de Salud Pública y Atención Primaria. La tasa general de incidencia acumulada en los últimos 14 días se ubica en los 225 puntos, pero entre las personas de 12 a 29 años, que en su mayoría todavía no están vacunadas, supera los 700. Entre este colectivo no hay riesgo alto de ingreso en el hospital, aunque la subida ya comienza a notarse en que sí crece la ocupación hospitalaria por la enfermedad.

Sánchez descarta el toque de queda y apuesta por la vacunación

Preguntado en rueda de prensa en su viaje a Tallín, Sánchez ha descartado tomar medidas concretas ante el aumento de casos. El presidente considera que las comunidades tienen actualmente las herramientas necesarias para hacer frente a la recta final de la pandemia y rechaza ir más allá con otras como el toque de queda. El presidente, que ha comparecido junto a su homóloga estonia, Kaja Kallas, le ha explicado que el “sistema descentralizado sanidad” está “en manos de las comunidades” y que, por tanto, el Gobierno tiene que “compartir con ellas las decisiones”. “En el consejo interterritorial, en función de la evolución, hay una serie de respuestas que pueden dar las comunidades. No es necesario aprobar nada más de lo que esta acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades”, ha respondido a los periodistas. Algunas comunidades han empezado a contrarrestar la subida con medidas al sector de la hostelería y del ocio nocturno y con más cribados, como por ejemplo ha hecho Asturias. Catalunya, por su parte, ha vuelto a cerrar el ocio nocturno.

Ante el aumento de la incidencia acumulada, que se ha duplicado en menos de dos semanas, Sánchez ha insistido en que “lo importante es seguir con este proceso de vacunación”, que ha recordado que está llevando a cabo medias de administración de dosis superiores a las 400.000 diarias y que han batido récords de más de 700.000. “Demuestra el extraordinario sistema de sanidad que tenemos en nuestro país”, ha dicho el presidente, que ha ensalzado el trabajo de os sanitarios así como a la “ciudadanía española” que “quiere vacunarse” y no tiene “ninguna resistencia” a hacerlo. Sánchez ha recordado que el 70% de la población estará inmunizada en agosto. “Ese es nuestro objetivo y lo vamos a lograr”.

No obstante, ha aprovechado para pedir prudencia a la “población más joven”, que es el sector en el que se ha disparado la incidencia acumulada. “No bajemos la guardia”, les ha pedido, aunque ha reconocido que entiende las condiciones de “fatiga” ahora que comienza el verano. “Pueden lastimarse ellos mismos. Pueden hacer enfermar a generaciones mayores que son más vulnerables”, ha expresado.

Hace seis meses comenzó la vacunación contra la COVID-19 en España y en toda la Unión Europea (UE). Lo hizo antes de lo que algunos esperaban, gracias al desarrollo acelerado de las vacunas. Ya ha pasado medio año desde un comienzo torpe, con apenas 300.000 dosis (entonces solo de Pfizer/BioNTech) llegadas a la semana, mucha desigualdad entre comunidades (a algunas, pese a las previsiones, les pilló con mala planificación) y centrado solo en vacunar a los más urgentes, que eran los sanitarios, los grandes dependientes y los usuarios y trabajadores de las residencias de ancianos. Ahora, a principios de julio, llegamos a recibir en 7 días 6 millones de dosis procedentes de cuatro compañías, y más del 50% de españoles tiene una dosis. Por el camino ha habido tropezones y errores, pero los sanitarios y científicos coinciden en que la campaña ya se puede calificar de éxito. El Ministerio también ha celebrado esta semana el proceso que ellos coordinan pero que ejecutan las comunidades autónomas.

Para entender que se califique de éxito hay que poner los datos en contexto. Hace unos días, España igualó porcentualmente en cuanto a personas con una dosis a EEUU, país que comenzó antes la inmunización, y que lo hizo con más suministro que nosotros. Allí están teniendo problemas de reticencia vacunal que aquí no existen: el 83% de españoles quiere pincharse en cuanto pueda, o ya lo ha hecho. Hace además unos tres meses que en España casi el 100% de los mayores de 80 años tiene la pauta completa; la media de la UE sigue en el 80%. También tenemos proporcionalmente más gente con pauta completa (el 38%) que Alemania, Francia o Bélgica, entre otros países de nuestro entorno. En febrero, los cálculos indicaban que, si queríamos llegar al objetivo del 70% de la población cubierta en verano, las enfermeras y enfermeros tenían que poner 2 millones de inyecciones a la semana. A 2 de julio, ponen de media 3,7 millones a la semana. Por último –y lo más importante–, para entender que se califique de éxito hay que fijarse en los efectos: la cuarta ola de casos de coronavirus no produjo una ola de muertes porque las vacunas estaban funcionando.

La campaña ofrece un buen balance por ahora, pero no ha concluido. Hay que llegar a ese 70% de inmunidad de grupo marcado por la UE antes de que termine agosto; completar al grupo de 60 a 69 años, que por edad aún es de riesgo pero que por los plazos de su vacuna de referencia (AstraZeneca/Oxford) tiene en su mayoría aún solo una dosis; y alcanzar a los jóvenes, que no tienen prácticamente protección y ahora mismo concentran los contagios.

Los únicos no sorprendidos con los números son los sanitarios y personas implicadas en la gestión. Todos repetían, el invierno pasado, que lo que necesitaban eran dosis, porque el sistema, con gran capilaridad debido a los centros de Atención Primaria, tenía capacidad para llegar a los objetivos marcados. Lo demuestran con cada campaña de la gripe: este otoño también pusieron 10 millones de vacunas contra ese otro virus en apenas dos meses. Uno de esos sanitarios y gestores es Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, coordinador en Canarias de la campaña, y firmante en la estrategia nacional. “La campaña ha superado las expectativas considerablemente”, defiende. Y destaca: “Ha sido y está siendo la campaña más compleja de nuestra historia. En la vida se ha hecho esto: vacunar a casi la totalidad de la población con vacunas diferentes a las que habíamos tenido hasta ahora –baja temperatura, envase multidosis...– y con un dispositivo que obligaba a salir del ámbito sanitario. Ha sido muy complicado”.

García Rojas enumera los motivos por los que se enfrentaban a un reto inédito. En primer lugar, “antes de la llegada de la vacuna, casi el 50% de los ciudadanos era reticente a vacunarse. Ha habido que trabajar mucho en comunicación”. En segundo, “la disponibilidad del producto. Ha habido momentos espantosos, no nos han llegado las vacunas en las cantidades previstas ni contratadas”. Especialmente ha ocurrido con AstraZeneca y Janssen/Johnson&Johnson, que han enviado mucho menos de lo contratado por problemas en sus fábricas, pero también Pfizer y Moderna incumplieron a veces en los primeros meses de 2021. En tercero, sigue García Rojas, se ha hecho “con profesionales extremadamente agotados en medio de una pandemia”. En resumen: “Llegar a los porcentajes que hemos llegado te indica algo importantísimo: que el sistema funciona. Y que los sanitarios hacen un ejercicio brillante de responsabilidad”.

Los puntos flacos

Incoherencia en la comunicación, desigualdades entre comunidades, incumplimiento de compañías

José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas, que también es parte de la estrategia nacional, está de acuerdo en que se han superado las expectativas. Pero “si hubiesen llegado todas las vacunas comprometidas, estaríamos ahora mismo incluso por encima de los datos actuales”. También apunta que las desigualdades entre comunidades se han limado algo, pero no se limitaron a enero sino que persisten. Madrid es la que porcentualmente menos ha puesto: el 84,2% de las dosis recibidas. Asturias, la que más; supera el 97,7%. “Sigue habiendo problemas de planificación y de gestión y por eso algunas autonomías, como Madrid, van más lentas”, apunta Forcada.

En todo caso, para Forcada lo peor han sido las “incoherencias” en cuanto a limitaciones de edad, sobre todo con AstraZeneca. Primero, por los datos disponibles, se adjudicó solo a menores de 60 años; luego, con más evidencia pero de manera muy cuestionada, solo a mayores de 60 años, recomendando a los menores que la tenían ponerse Pfizer de segunda dosis. Pero también con Janssen: “De manera general, solo se pone a mayores de 40 años, pero luego vacunan con ella a la Selección de fútbol, donde hay chicos de 17 años. Esas cosas hacen mella”. También está siendo un error grave, en su opinión, que siga sin completarse el grupo de 60 a 69 años, por mantenerse la pauta entre dosis de AstraZeneca en 12 semanas. Podría haberse decidido que se adelantara, ya que 12 semanas se considera lo ideal pero el fabricante permite que se acorte. “Va muy lenta y está retrasando, debería ser la prioridad una vez que vieron que con dos dosis había más protección para la variante Delta”. Otras críticas esta primavera han consistido en que entre los grupos con patologías de riesgo priorizados se ha incluido a muy pocos pacientes en riesgo, apenas 365.000, pese a las peticiones de muchas asociaciones.

La campaña ha tenido distintas fases. Todos los sanitarios consideraban que la parte “fácil” era la primera, en residencias, sanitarios y grandes dependientes en sus casas, porque era una población localizada y entre la que hay gran aceptación; todos tenían muchas ganas de vacunarse. La segunda, a partir de marzo, iba a ser más difícil, porque ya incluía a una población más móvil, con menos miedo a la enfermedad, y a la que se obligaba a desplazarse al centro de salud o a centros de vacunación masiva; pero esta parte también ha coincidido con el aumento de la llegada de viales. “Cada grupo ha sido distinto”, dice María José García, portavoz del sindicato de enfermería SATSE, “la primera, mucho más concentrada y fácil de localizar. No implicaba nada más que acudir. Esta segunda parte ha sido más problemática, pero también ha ido a distinta velocidad por la llegada de vacunas. La autocita también ha ayudado a que la gente falle menos. Sí apelamos ahora a la responsabilidad: si no se puede acudir, no se puede dejar el hueco, es mejor avisar y nadie se va a quedar sin vacuna, se le cambiará el turno”.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están elaborando un dispositivo especial para trasladar a los casi 200 estudiantes que permanecen en Mallorca afectados por el macrobrote, y que la justicia balear ha dictaminado que deben abandonar el hotel en el que están en cuarentena. Han preparado un “equipo coordinador” para hacer llegar a los jóvenes, de en torno a 18 años, a sus lugares de residencia: proceden sobre todo de Andalucía, Euskadi, Madrid y Galicia, aunque también hay afectados en Asturias, Aragón, Murcia o Castilla-La Mancha. En el dispositivo han incluido “establecer una salida común para intentar minimizar sus contactos con otras personas”, ya que a todos se los considera contactos estrechos de positivos. Están “estudiando la posibilidad de poner a su disposición un barco que en el día de mañana [jueves] se les traslade al puerto de Valencia”.

El Govern de Baleares va a recurrir el auto judicial y ha pedido que en todo caso no cojan el transporte público. “Máximo respeto a las decisiones judiciales”, en concreto esta es del Juzgado Contencioso número 3 de Palma, y “podemos poner a disposición” mecanismo de vuelta “lo más burbuja posible”, pero “no podemos prohibir que nadie se mueva por su cuenta”, ha declarado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Aplica a los jóvenes que han dado negativo en PCR, no a los positivos, que se quedan en cuarentena. En total hay 1.824 casos confirmados asociados a este macrobrote, y 5.978 personas en cuarentena por contacto dentro y fuera de la isla.

Darias ha presidido el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud presencial desde que comenzó la pandemia. Ha sido durante esta reunión cuando ella y los consejeros autonómicos han conocido la noticia de la decisión de la justicia balear, y han acordado este plan. Desde marzo de 2020, los Consejos Interterritoriales habían sido telemáticos.

“Un día de emoción”, ha calificado en rueda de prensa posterior el encuentro Darias por esto, que “nos hacía falta”. Se ha celebrado en Madrid, en el Salón de Pasos Perdidos del Senado, y ha durado 6 horas. Todos los consejeros autonómicos de salud se han desplazado hasta ahí para departir sobre acuerdos acerca de la vacunación COVID-19 o la nueva escalada de la incidencia acumulada, que este miércoles ha sido de 11 puntos respecto al martes, trepando hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos de coronavirus se concentran ahora mismo entre los jóvenes de 20 a 29 años, una franja todavía no vacunada. La incidencia entre ellos es de casi 300.

En el encuentro, han despachado acerca de esta cuestión, sobre la mayor incidencia entre jóvenes, y una posible aceleración del colectivo 20-29 años. La ministra ha recordado que “si bien se recomendó que vaya por cohortes de edad”, esto es, de 39 a 30, y luego de 29 a 20, y luego de 19 a 12, “algunos consejeros están a favor de empezar a vacunar de manera solapada” a los distintos grupos, y de hecho algunos, como en Canarias, “ya están intercalando”. Esto es porque las personas de 35 años no tienen mucho más riesgo de sufrir la COVID-19 grave que las personas de 26 años, ya que a esas edades el riesgo es bajo en general. Por tanto, aunque la estrategia que coordina el Ministerio aconseja que se siga yendo de más a menos edad, no censuran que se acelere con 20-29.

Este ha sido un Consejo Interterritorial “de futuro”, ha dicho la ministra, visiblemente emocionada por que se haya podido celebrar de manera presencial. En él no solo han tratado temas “urgentes” de la pandemia, como ha tenido que ser durante casi toda la crisis, sino que han podido aprobar otras medidas en materia de salud, como la inclusión de la monitorización de la glucosa en tiempo real para pacientes de diabetes tipo 1 e hipoglucemias graves, o una actualización del Plan Nacional Frente a la Resistencia a Antibióticos.

plan nacional frente a resistencia antibioticos

La noticia sobre COVID-19 del inicio del verano es el macrobrote que ha causado más de 1.000 contagios tras unos viajes de estudios en Mallorca. Los afectados son muy jóvenes, algunos incluso menores de edad, así que, según los datos sanitarios, muy pocos sufrirán la enfermedad grave. Gran parte de sus padres, a quienes podrían transmitir la infección, deben tener ya, al menos, una dosis (el 85% de los mayores de 40 la tienen), y sus abuelos la pauta completa (casi el 100% de los mayores de 70). Si esas son los coberturas para personas que sí tienen edades de más y menos riesgo, ¿quién está en peligro ahora mismo en España? La respuesta es que el diseño de la campaña y la tecnología de las vacunas no son perfectos, así que a pesar de los datos, queda gente vulnerable. En especial, en la franja entre 60 y 69: se junta una edad que ya es de riesgo, con que por los plazos de su vacuna de referencia todavía no tienen inmunidad completa en su mayoría.

“Mientras no vacunemos a toda la población, no acabamos con la transmisión del virus” y posibles consecuencias, según José Antonio Forcada, presidente de Enfermería y Vacunas. Todos los expertos consultados, para comenzar, recuerdan que el superbrote de Mallorca, aunque pueda no generar problemas a nivel “macro” en hospitales, sí tensa el sistema de Salud Pública, rastreo y Atención Primaria (está requiriendo además coordinación entre comunidades autónomas, por haber en varias casos asociados). Y también puede suponer sustos a nivel “micro”: son tantos los jóvenes afectados que, por estadística, alguno sí puede acabar, y de hecho ha acabado, en la UCI. 

Aparte de eso, en la Asociación Enfermería y Vacunas, que participa en la estrategia nacional, señalan a tres colectivos como vulnerables ahora mismo. Primero, las personas que desarrollan algo de fallo vacunal, puesto que incluso las más eficientes, como la de Pfizer/BioNTech, funciona en un 95% de la gente: entre los 12 millones de personas ahora mismo con pauta completa, podría no tener efecto completo en 600.000. Segundo, aunque pocas, las que no han podido ser vacunadas por problemas de salud (anafilaxia a las vacunas, por ejemplo), o las que son jóvenes y crónicas con patologías pero no han entrado en el plan estatal (solo lo hicieron unas 350.000 con enfermedades muy graves). Tercero, las personas de 60-69 años cuya vacuna de referencia ha sido AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria) y que, por los amplios plazos entre dosis, todavía no tienen la segunda. Tienen algo de protección, pero no la total que es ideal que adquieran.

Cubrir del todo a ese último grupo de 60-69 es lo subsanable, y el reto por delante para este principio de verano. A 29 de junio, el 93,7% de los ciudadanos de 60-69 tienen una dosis, pero solo el 41,2% las dos, por esos plazos de 12 semanas de AstraZeneca (de nombre oficial Vaxzevria). Hay por tanto 2,8 millones de personas pendientes del segundo pinchazo. A casi todas les toca entre finales de junio y agosto, sus primeras dosis se comenzaron a poner en abril y se completaron en mayo. Los de 50-59, a quienes ya se les ha puesto Pfizer, Moderna o Janssen/Johnson&Johnson, son más jóvenes que ellos pero tienen cobertura completa en el 70% de los casos, porque sus dosis requieren de menos tiempo (Janssen directamente está aprobada como monodosis). “Se da esa paradoja por tema de los plazos”, insiste Mario Fontán Vela, médico especialista en Medicina Preventiva, “aunque hay que recordar que con todas las vacunas, una dosis te da un grado de protección. No es un todo o nada. Es todo más gradual”.

Para estas personas, su segunda dosis es de AstraZeneca, a pesar de que algunas comunidades se habían planteado darles Pfizer si había escasez de la primera compañía. En España hemos recibido 8,2 millones de dosis de esta farmacéutica, y de ellas hay 1,4 millones guardadas y sin poner. Alguna comunidad, como Madrid, también propusp adelantar la pauta, que se recomienda en España en 12 semanas por ser más efectiva, pero no se ha extendido a todo el territorio.

No en riesgo por el macrobrote, pero sí algo por Delta

Respecto a lo directamente relacionado con el macrobrote de Mallorca, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, indicaba que no esperaban que afectase tanto a personas de 60-69, porque por generación no son por lo general tanto los padres de estos jóvenes, de 16-20 años. Sí han estado en alerta por este colectivo por otro motivo: la amenaza de la variante Delta (la originada en India, la OMS cambió recientemente su nomenclatura). Actualmente, y según el informe semanal del Ministerio, esta variante supone oficialmente cerca del 3% de los casos secuenciados, aunque los números pueden ir con retardo por las limitaciones del proceso, y tener esta mutación ya más presencia. Fuentes de Sanidad explican que no les preocupa demasiado esta circunstancia porque confían en que la vacunación de la segunda pauta de los de 60-69 vaya más rápido que la propagación de Delta.

Un estudio de la agencia británica de Salud Pública, PHE, concluía que tanto Pfizer como AstraZeneca eran solo un 33% efectivas contra Delta tres semanas después de la primera dosis; y un 88% y un 60% respectivamente dos semanas después de la segunda, porcentajes similares a su efectividad con la variante Alfa, la dominante (conocida antes como la británica). Eso sí, en ambos casos, las dos dosis reducían más del 90% las hospitalizaciones. Por eso, interesa cubrir a 60-69 pronto. “Lo que más puede puede preocupar ahora mismo son las personas crónicas más jóvenes, sin vacunar”, dice Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y coautor del libro Epidemiocracia, “y las que tienen una dosis por AstraZeneca. Hay protección inmunitaria, pero no tanta. Deberían estar cerca por fechas de recibir la segunda, y ahí sí que están protegidos de la variante Delta. Hay que animar a intentar reenganchar bien a ese grupo de edad”.

El objetivo: reducir todo aun más

“El problema es que se piensa la pandemia de 0 a 10. Y hay una gama de riesgo de 3, 4”, indica Adrián Aginagalde, director de Observatorio de Salud Pública de Cantabria. En esa comunidad los datos se han disparado en apenas una semana hasta estar de nuevo por encima de 150 de incidencia acumulada. Ahí ahora pelean contra brotes originados en discotecas, que también, como el de Mallorca, están saturando los sistemas de rastreo y pueden provocar casos secundarios entre el entorno de mayores de los jóvenes. Tras eventos así, se tardan entre 10-20 días en saberse si de verdad ha acarreado consecuencias en hospitalizaciones, si ha habido transmisión en domicilios. “Va a ser menos”, insiste, “y sus progenitores estarán al menos con una dosis. Pero alguno puede tener neumonía, y alguno puede terminar ingresando”, por estos agujeros que deja el sistema de prevención.

 “Lo habitual, durante la mayor parte de la pandemia, es que ingresase el 11-12% de los casos”, comenta Aginagalde para poner en contexto, “y en en estos momentos, al menos las cifras que nosotros manejamos, está en el 5-6%. Es la mitad de lo que hemos tenido, pero siguen siendo cifras muy considerables, queda trecho. Yo también quiero que esté todo el mundo inmunizado plenamente, pero todavía no estamos en esa fase”.

¿Puede dejarnos algo bueno la pandemia de COVID-19? Muchos en la comunidad científica creen que sí. Que después de tanta destrucción puede lograr que durante lo que queda de década de 2020, la salud y la sanidad pública se tomen en serio y se coloquen en el centro. El Ministerio de Sanidad tiene prevista una reforma total del sistema en esa dirección, para que sea “puntero”. Está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para recibir los fondos europeos, que ya tiene el visto bueno de Bruselas. La joya de la corona es la creación de un Centro Estatal de Salud Pública. Se trataría de un centro concebido como una institución autónoma, pero vinculada a Sanidad, con participación de las comunidades. Para gestionar, pero también para el análisis, estudio y asesoramiento de políticas sanitarias. Aún resta por acordarse sus características.

El Gobierno reserva unos 80 millones de euros del dinero europeo para el “aumento de las capacidades del sistema sanitario”. Dentro de eso hay muchas partidas (por ejemplo, un nuevo hospital en Melilla, o la evaluación independiente de la pandemia que se prepara). El refuerzo del sistema de salud público tiene tres patas principales. Por un lado, el desarrollo de una estrategia de salud pública, que ya estaba incluida en la Ley de Salud Pública de 2011, que se elaboró tras la pandemia de gripe A de 2009 pero que apenas tuvo recorrido. Por otro, el impulso a la red de vigilancia epidemiológica. Y por último, la creación del Centro Estatal. De este último se lleva hablando un año, desde los tiempos en los que era Salvador Illa quien capitaneaba el Ministerio. La intención, según fuentes próximas al desarrollo, es que su normativa esté lista este 2021, aunque quizá entre en funcionamiento en 2022. De los 80 millones que van a estas políticas, en un principio se habló de cinco millones para el Centro.

Meses de trabajos previos

La Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) lleva meses trabajando en diseños, y se reúne con el Ministerio regularmente por este asunto. Su propia propuesta terminada la presentarán en septiembre. “Todos los organismos, en Estados Unidos, en Europa, estamos dándole vueltas a esto. Porque históricamente, la salud pública ha sido la Cenicienta de la biomedicina. Esto debería cambiar por dos cosas: porque queremos estar mejor preparados para la siguiente crisis; y porque vamos entendiendo que la salud incluye protección, prevención y tratamiento”, explica Manuel Franco, experto de la SESPAS.

Franco amplía que la prevención es un valor que había estado un tanto olvidado: “El tratamiento es lo más caro, hay que hacerlo cuando ya hay enfermedad, y es cuando ya se ha pasado por el hospital. Si se invierte en salud pública y atención primaria, tenemos protección y prevención. Parte de lo que nos ha pasado en España es porque pensábamos que cualquier problema de salud pública se podía arreglar con sanidad, con hospitales”, resume.

Las características no solo dependerán del Ministerio de Sanidad ni de los expertos. “Veremos hasta dónde conseguimos influir, y luego esto tiene que pasar por Economía, Presidencia…”, comenta Ildefonso Hernández, también portavoz de SESPAS y que fue director general de Salud Pública de 2009 a 2011. En España ya existe una Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia y Ministerio de Sanidad) y que sobre todo, antes de la COVID, funcionaba para el control de la gripe estacional. La Red se dedica también a la investigación científica, lo apropiado sería impulsar su lado epidemiológico, dicen desde SESPAS. También existe el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el que dirige Fernando Simón. No desaparecería, sería complementario.

“Un centro como el que se quiere crear busca aunar toda la inteligencia de salud pública. No solo de enfermedades transmisibles, que es lo que detecta el CCAES en sus alertas, sino de todos los problemas de salud y sus determinantes. Desde infecciosas, que es lo del CCAES, hasta por ejemplo analizar la obesidad infantil”, sintetiza Hernández. “Busca engrasar y reforzar cosas que ya se hacen. Pero se tiene que modernizar y ser más ágil”, sintetiza Manuel Franco. Ejemplos hay varios, algunos de los más mencionados, el Instituto Robert Koch de Alemania, el Departamento de Salud Pública de Georgia (EEUU), y, para partes más específicas, la agencia UKSHA de Reino Unido, sobre seguridad sanitaria; el Nice, un órgano consultivo; o incluso el propio Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). “Cada uno tiene características aprovechables”.

¿Cuánta gente, y dónde?

La idea que se extrae del Ministerio y de los expertos es que el Centro sea también un punto de enlace con los centros e instituciones de la Unión Europea, especialmente con el ECDC, y también con la Organización Mundial de la Salud. Y una institución con tantas vertientes también es un generador de puestos de trabajo. ¿Cuánta gente debería trabajar ahí? Es algo también por definir. “El centro alemán tiene a más de 1.000 personas”, apunta Ildefonso Hernández, “pero es una especie de Instituto de Salud Carlos III, con una parte muy grande de investigación científica”. Lo que se proyecta para aquí está a mitad de camino entre algo tan grande y algo tan pequeño como el CCAES, que apenas lo conforman una veintena de funcionarios. Tiene que tener además un papel fundamental en la formación de nuevos epidemiólogos y expertos en salud pública, destacan todos.

Y por último, ¿dónde? Los expertos en conversaciones con el Ministerio creen que este va a ser el punto más conflictivo, en el que más discrepancias puede haber con Sanidad. “La idea es que sea un centro en red, con muchas competencias y capacidades distribuidas por todo el Estado –según Ildefonso Hernández– así que no tiene por qué estar en Madrid. De hecho, mejor que la sede coordinadora no esté en Madrid, creemos que es bueno por varios motivos: para que los territorios se sientan parte de la red, por políticas de sostenibilidad, por la problemática de la España vaciada… las comunidades tienen aquí que decir su parte”. Eso implicaría que esté también fuera del Ministerio físicamente. El CCAES se ubica en la cuarta planta del Ministerio, en el paseo del Prado de Madrid. Alejarse de ahí podría dar una imagen de más independencia, piensan desde SESPAS.

El 83% de los ciudadanos españoles confía plenamente en las vacunas frente a la COVID-19 según un estudio presentado hoy, cuando se cumplen 6 meses de que la campaña comenzara con la inyección de Pfizer/BioNTech a Araceli Hidalgo en una residencia de ancianos de Guadalajara. Los datos los ha recabado la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, Ministerio de Ciencia), y el porcentaje del 83% suma a dos colectivos: el 32,8% de los encuestados, vacunado ya; y el 49,9%, que está “totalmente seguro” de que se la pondrá en cuanto la tenga disponible. En julio de 2020, cuando todavía no había ningún fármaco aprobado, solo un 32% respondían “con total seguridad” su intención de vacunarse en la misma encuesta, que se ha hecho periódicamente estos 12 meses y que analiza la evolución de la reticencia vacunal y sus factores sociales asociados.

El estudio de campo de estos últimos resultados, 2.100 entrevistas a mayores de 18 años, se hizo del 3 al 21 de mayo de 2021.Evidencia que las actitudes frente a las vacunas contra al COVID-19 son “no estables”, han fluctuando en el tiempo durante este periodo, explicaba Josep Lobera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del informe. En la presentación también han intervenido Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III,  Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid; lo ha moderado Pampa García Molina, redactora jefa de la Agencia SINC.

“La confianza y el miedo están directamente relacionados”, ha comentado Lobera, hablando sobre estos factores asociados y la buena respuesta de la ciudadanía española, que ha destacado entre la de la Unión Europea. España tiene a prácticamente al 100% de sus mayores con la pauta completa, mientras la media de la Unión Europea es del 80%. El 80% de los mayores de 40 años, la cohorte de edad por la que mayoritariamente van las comunidades, ha acudido a ponerse su dosis y ya la tiene. La predisposición favorable ha ido en aumento poco a poco a lo largo de toda la pandemia. En julio de 2020 eran el 32% los que tenían total confianza; en enero de 2021, el 58%; y entre mayo y junio de 2021 ya se coloca en el 83%. 

Entre otras razones para que haya ido subiendo, Lobera ha indicado que ha inclinado a la gente el ver cómo otra población (en primer lugar, los mayores de 80) estaban siendo vacunados, y también en otros países; también ha tenido algo que ver la falta de polarización del proceso. En los estados de EEUU con mayor apoyo al líder del Partido Republicano, Donald Trump, que expresó públicamente dudas sobre la vacunación, ha habido “más escépticos” con las vacunas, ha recordado Simón. “No hay correlación” directa en ese fenómeno, pero las inclinaciones políticas “marcan”. En España, ningún partido ha pedido abiertamente a su electorado que no se inocule.

Actualmente, solo el 3,4% están seguros de no ponérsela de ninguna manera. Los principales factores que influyen sobre los que sí se niegan a pincharse son: la creencia de que las vacunas no son seguras; la complacencia (la percepción de que cuando la mayoría esté vacunada ya no será necesario vacunarse); los valores individualistas (lo han medido mediante la importancia de la aseveración; “me pondría la vacuna del coronavirus si con eso ayudo a proteger a mis mayores”); y la mentalidad conspirativa en torno a la COVID. A pesar de los buenos datos, el 58% de los preguntados afirma haber visto u oído mensajes mensajes en medios que animan a no vacunarse. Relacionado con esto último, sobre teorías de la conspiración: el 27% asegura haberlos oído o visto por televisión, el 34%, a través de las redes sociales.

El 25% cree “firmemente” que existen organizaciones secretas que influyen mucho en las decisiones políticas, y solamente el 17% cree “firmemente” en lo contrario. Casi un tercio (31%) considera que las mascarillas son“ malas para su salud”, solo el 16% cree firmemente que no lo son. Cerca del 8% cree firmemente que vacunar a menores de edad es dañino, el 35% opina que esto no es así.

Las cifras de este informe coinciden con las que extraía el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En su barómetro de septiembre, solo el 40% de los ciudadanos se quería poner su dosis “inmediatamente”, en cuanto estuviese disponible. En noviembre, bajó incluso al 36,8%. El visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento a la primera compañía que lo tuvo, Pfizer, fue en diciembre.

La encuesta del FECYT también preguntaba por la relajación o no de las medidas de prevención, sobre todo por la distancia física de 1,5 metros y las mascarillas. En mayo, ya terminado el estado de alarma y referido al último mes, solo un tercio de la población (32%) decía haber evitado los contactos sociales de manera estricta, veinte puntos menos que en enero. Y solo la mitad de la población (49%) aseguraba haber evitado o haber podido evitar de manera estricta estar en espacios cerrados con otras personas fuera de su ámbito de convivencia. Los principales factores asociados a no cumplir las medidas de prevención son: el incumplimiento de las medidas por su entorno social más cercano; la falta de confianza en las instituciones sanitarias; tener bajo nivel de estudios; y ser hombre.

 Esta semana, España recibirá una cifra récord de dosis hasta ahora: 6 millones entre las cuatro compañías aprobadas (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford y Janssen/Johnson&Johnson). El 33,6% de los ciudadanos, más de 15 millones, ya tiene pauta completa (dos dosis o una en el caso de Janssen); el 51,4%, más de la mitad, al menos una dosis.

La primavera se acabó y con ella, casi, la vacunación masiva de los más mayores frente a la COVID-19. Solo faltan las segundas dosis de los de entre 60 y 69, porque su vacuna de referencia es AstraZeneca/Oxford y tiene un intervalo muy largo entre pinchazos. Los de más de 70 tienen la pauta completa casi al 100%, los de 50-59 llegan al 63%; y todas las comunidades avanzan con los de 40-49. Así que, en la estrategia nacional por edades, les toca el turno a los de menos de 40, la generación llamada 'millennial', los nacidos entre 1980 y 1995. De 39 para abajo. Las comunidades pueden solaparlos con los mayores que restan, así que ya se han puesto con ellos en Catalunya, Canarias, Navarra, Baleares y Castilla-La Mancha, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las que aún no lo han hecho prevén comenzar a principios de julio. Se va a usar con esta cohorte Pfizer/BioNTech y Moderna, los dos fármacos de tecnología ARN mensajero. Y se espera de ellos que acudan en masa, como lo han hecho sus padres, madres y abuelos.

¿Por qué son importantes las personas de entre 18 y 39 años? La letalidad del virus entre ellos es muy baja, en los informes del Instituto de Salud Carlos III que toman los casos de toda la pandemia ni siquiera llega a ser representativa (unos 200 fallecimientos entre los 50.000 registrados desde junio de 2020). Pero “mientras no vacunemos a toda la población, el virus sigue circulando. Lo lógico era que los primeros fueran los que sufren enfermedad grave, pero luego hay que seguir con los de menos, para cortar la transmisión”, explica José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas, parte del plan nacional. Además de eso, aunque pocos, “hemos visto a pacientes de 30 años en la UCI”, dice María José García, portavoz del sindicato de enfermería SATSE. La estrategia es por edades, e incluyó a solo unos pocos (unos 350.000) vulnerables con patologías graves, así que casi todos los jóvenes sea cual sea su condición serán inoculados a la vez, a excepción de los que ya lo fueron en primavera por tener un trabajo considerado esencial.

La verdadera importancia de este grupo radica en que son un grupo con mucha movilidad e interacción social. El brote múltiple a partir de un viaje de estudiantes a Mallorca –aunque con personas más jóvenes aún– demuestra cómo estos colectivos pueden actuar como vectores de la enfermedad.

Forcada comenta que hubiese sido partidario incluso de focalizar su vacunación antes que a los de 40-49, porque entre los de 40-49 el riesgo de fallecimiento también es muy bajo “y los de 18 a 40 tienen más movilidad. Solo hay que ver lo que ha pasado con el brote de Mallorca, que va a traer problemas”, insiste el sanitario. Mientras haya gente sin vacunar, continúa este enfermero vacunólogo, el virus seguirá circulando, y aunque entre los jóvenes no haya tanto peligro “podrán seguir contagiando, sobre todo también a los mayores cuyo sistema inmunitario haya fallado y no hayan producido inmunidad”.

El porcentaje de personas en esa circunstancia es solo de un 5 o 10% de los pinchados, dada la alta eficacia sobre todo de Pfizer, “pero se convierten en un número no tan desdeñable si el virus sigue descontrolado”, añade. Y además, el reto crucial para estos días es completar con la segunda dosis de AstraZeneca/Oxford a los mayores de 60 pendientes, que no tienen inmunización completa y siguen expuestos parcialmente al virus. En algunas comunidades se está planteando ofertarles una segunda dosis de Pfizer, de la que hay más suministro.

En la comunidad científica sí existe cierto debate acerca de si conviene vacunar a niños y adolescentes, que tampoco corren peligro de infección crítica, antes que donar dosis a países, sobre todo de Latinoamérica y África, que continúan con sus mayores, vulnerables y sanitarios sin cubrir. No se ha dado tanto debate con los jóvenes. Con el objetivo europeo de alcanzar al 70% de la ciudadanía total antes de que termine el verano, y las ventajas a la movilidad que dará el 'pasaporte' COVID verde, casi nadie se plantea, o se atreve a plantear, que no se proteja cuanto antes a este grupo. “Hay que trabajar en las dos líneas: hacer llamamientos a la solidaridad, pero también inmunizar al máximo de población adulta y que se acabe el riesgo en España”, opinan desde SATSE.

¿Más rechazo entre esta población? No por ahora

Las enfermeras y enfermeros siguen marcando récords. Uno de cada tres españoles ya tiene una dosis y este jueves se pusieron 733.245 en 24 horas. Es gracias a su trabajo y a que el suministro desde la Unión Europea ha aumentado con los meses, pero también a la buena respuesta de la ciudadanía: casi nadie falta a la cita, casi el 100% de los mayores ha acudido. Algunos expertos temen que eso cambie ligeramente con los jóvenes, al tener menos percepción de riesgo. Pero solo ligeramente. Por ahora, no se está observando que aumente el rechazo vacunal conforme bajan las cohortes de edad, informan desde el Ministerio de Sanidad. Ha habido un pequeño retraso con el hito de los 15 millones de inmunizados, que el Gobierno esperaba para la semana pasada y ha sido esta, pero la achacan a los envíos de Janssen/Johnson&Johnson, no a una ralentización ni a que haya más negativas.

“Cada grupo es distinto. Un proceso que fue relativamente sencillo y fácil de controlar fueron las residencias. Tenías ahí a las personas, concentradas y localizables. Cuando íbamos a vacunar a domicilio, también. Este es un grupo que se desplaza más, siempre es pelín más problemático, también vamos a una velocidad distinta”, comenta María José García, de SATSE. “Siempre hay riesgo de que con menos edad haya más rechazo”, apunta José Antonio Forcada, “porque los adolescentes y la gente joven tiene menos percepción de riesgo. Pero yo igualmente espero que el porcentaje sea bajo y no haya problemas, porque hay un factor clave y es que la movilidad va a estar condicionada a estar vacunado”. Es decir, con el pasaporte COVID verde que dan con la vacunación, y con un futuro previsible en el que pidan pauta completa para algunas actividades, las negativas no se prevén como algo común. “Hay negacionistas”, acaba Forcada, “pero no son tantos, y van a tener que aportar PCR todo el rato para todo si no quieren vacuna, con su precio”.

Una palabra para esta parte de la campaña: autocita

La pieza clave para completar a este grupo van a ser las autocitas. Varias comunidades ya lo están implementando y otras lo prevén. A los 'millennials' les toca vacunarse en pleno periodo estival, entre julio y agosto, y eso complica en algunos casos poder organizarse. 

“Hay que asegurar la vacunación con las autocitas. Y si es cita automática, que se pueda cambiar llamando sin problemas. Ese es el sistema, no vacunar en el lugar de vacaciones, que solo complica la existencia de la gente: tener que hacer los trámites del desplazamiento, que en los centros tengan que recalcular al personal y el número de dosis… y mucho menos, eso de pedir cita a las 5 de la mañana, como han dicho para el Zendal” opina Forcada. María José García declara algo parecido: “Lo importante es que no se interrumpa el ritmo, como cuando se anularon algunas citas por la información confusa sobre AstraZeneca. Que sea una citación real y ajustada, a la que la gente pueda ir. La autocita ayuda a eso”. Porque cuando una persona elige su hora y día, es más fácil que luego no falle: “Ahí solo puede fallar la memoria. No es que importe tanto saltarse la cita, nadie se va a quedar sin vacunar porque en un momento dado no haya podido ir, se le pondrá más adelante. Lo que importan son los tiempos desperdiciados. Por eso sí que apelamos a la responsabilidad: si en el último momento no se puede ir, hay que llamar, avisar y cambiarla, para que no se quede ningún hueco”.

La ministra de Sanidad ha informado esta tarde a todos los consejeros y consejeras autonómicos sobre la nueva normativa para el uso de mascarillas frente a la COVID-19. La nueva norma consistirá en que las mascarillas pueden no usarse en exteriores siempre que haya una distancia interpersonal de 1,5 metros entre no convivientes (si se trata de convivientes, podrá no llevarse en todo caso). Se mantendrán obligatorias en todos los espacios cerrados de uso público, o abiertos al público, y también en todos los medios de transporte públicos. Es decir, por ejemplo, en todas las bibliotecas; en todos los supermercados; y en todos los autobuses o metros. “Importante será que nos acordemos de llevarla a mano”, señalan fuentes de Sanidad. Esto es por si, incluso aunque no se entre en ningún espacio, en algún momento hay multitudes y no se puede mantener la distancia, o por si hay que usar un transporte público.

La nueva normativa estará vigente a partir de este sábado, 26 de junio, a través de un real decreto que establecerá un “criterio homogéneo” aplicable a nivel nacional. También eximirá del uso a residentes en centros sociosanitarios y sus trabajadores si más del 80% ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19; y en dependencias de trabajadores esenciales con el mismo porcentaje de vacunación, por ejemplo, en un parque de bomberos. La comunicación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a los consejeros autonómicos en Consejo Interterritorial de Salud se trata de un trámite, puesto que la norma será aprobada mañana, en Consejo de Ministros, por el Gobierno, tal y como adelantó el presidente Pedro Sánchez la semana pasada. Algunos consejeros, como el de Andalucía, que lo veía precipitado, se habían mostrado molestos porque el reglamento lo asuma finalmente el Gobierno de España mañana, y no se haya decidido con las comunidades autónomas.

“Creo que es una medida importante, que va a venir bien, la ciudadanía la estaba esperando”, ha valorado Darias en rueda de prensa, tras la reunión. “Hay que seguir vigilantes con el virus, especialmente entre los jóvenes”, refiriéndose a que la positividad y los casos se acumulan entre los ciudadanos de 15 a 30 años, dado que más del 80% de los de más de 40 tienen ya una dosis de una de las vacunas. “Esta medida de flexibilidad está bien pensada, desde la evidencia científica”, ha añadido, “nos acerca a la movilidad”. “Tenemos que llevar la mascarilla con nosotros, aunque no la llevemos puesta”, ha matizado la ministra, sobre la obligación de llevarla encima. Ha deslizado que no llevarla no acarreará sanción, pero no lo ha confirmado y ha pospuesto los detalles a este jueves tras el Consejo de Ministros.

Sanidad lleva tanteando cómo dar este paso desde mayo. La Ponencia de Alertas del Sistema Nacional de Salud, con representantes de varias comunidades y externos, ha estado trabajando en un documento valorando si se dan las circunstancias para “flexibilizarla”. Varias comunidades, como Galicia, Catalunya o Castilla-La Mancha, habían presionado para ello. El portavoz Fernando Simón trasladaba este lunes que “si alguien quiere seguir llevando la mascarilla, bienvenido sea. Que te la puedas quitar no significa que te la tengas que quitar, si alguien siente que hay demasiada gente a su alrededor o hay algún riesgo de transmisión, se la pone”. La norma es reversible, aunque desde Sanidad no esperan que tenga que tener que volverse a imponer por causa de esta pandemia.

Los expertos en Salud Pública coinciden en que, con un 31% de la población española con pauta completa, entre ellos casi el 100% de los mayores de 70, y con casi todos los mayores de 50 con al menos una dosis, este es el momento adecuado para esta relajación. Pero también en que hay que incidir en que esto no es el fin de la pandemia, ni de la mascarilla como medida de prevención. El reto de salud pública, comentan, es que la gente siga utilizándola como medida en los momentos apropiados, como el transporte público o los interiores. En exteriores con distancia nunca ha sido útil per se, asume la comunidad científica, porque un contagio en esas circunstancias es casi imposible; se impuso así para que la ciudadanía se acostumbrara a emplearlas en todo momento.

La mascarilla ha sido el símbolo de la crisis de la COVID-19 en Europa y América, sociedades nada acostumbradas a ella. El jueves 21 de mayo de 2020, las mascarillas se hicieron obligatorias en España, mediante una orden ministerial publicada en el BOE. Era, en principio, mientras durase el estado de alarma, pero susceptible a alargarse, como así fue, con el real decreto de nueva normalidad. La normativa en España ha sido de las más estrictas en la Unión Europea y muchos otros países afectados por la enfermedad. La obligación de llevarla por la calle empezó el verano pasado cuando varias comunidades lo decretaron así para todos los supuestos, hubiese o no distancia en exteriores, porque tenían competencia para hacerlo. Las excepciones se circunscribieron a cuando se comiera o bebiera. Las últimas en incorporarlo fueron Madrid y Canarias. Para finales de julio ya estaba impuesta en todo el territorio. Y ninguna Comunidad levantó esa medida mientras eran las competentes. Luego llegó la normativa estatal, con una enmienda del PSOE el pasado marzo que la hacía obligatoria en todo momento.

En nuestro entorno, prácticamente solo Italia y Francia tenían normas similares de uso en casi todo momento en lugares públicos, incluidos exteriores. En Italia ha sido así desde octubre. Hasta entonces, cuando comenzó ahí la segunda ola, solo lo era en espacios cerrados y en algunas regiones especialmente golpeadas, como el Lacio. En Francia comenzó a serlo en verano, primero en algunas ciudades grandes. En ese país, dejó de ser obligatoria por la calle este jueves pasado. En otros países, como Alemania o Reino Unido, nunca ha tenido que llevarse en exteriores con distancia.

Ni hoteles, ni hospitales: viviendas, casas, hogares. Así deberían ser las residencias de ancianos del futuro post pandemia, según el modelo que ha presentado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este lunes en Madrid. “Nadie estaba preparado para lo que ocurrió en 2020, pero este es el momento, ahora tenemos la oportunidad para prepararnos”, ha defendido José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación. Después se han reunido con el director del Imserso (que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales), Luis Barriga, antiguo miembro de la junta directiva de la Asociación, para presentárselo. Entre ambas partes hay sintonía y parece que pueden llegar a un consenso “esperanzador”, según han contado fuentes del Imserso tras el encuentro. Directores y Gerentes también van a hablar estas semanas con las comunidades y con actores del sector, en el que la asociación es referente desde hace casi 30 años. El objetivo es presentar un documento de consenso en octubre que implanten las autonomías, con competencias en el área, y las empresas privadas.

Las residencias han pasado de ser “asilos” en el tardofranquismo, a “grandes centros propios” en los 80, luego “pequeños establecimientos pensados para personas no dependientes” en los 90, y actualmente lugares “altamente institucionalizados pensados para la población en edad más avanzada”. “Todo eso en una sola generación”, ha repasado Ramírez. Así que defienden que puede seguir evolucionando, se conviertan en algo más parecido a “hogares”, y tengan otras características como habitaciones individuales casi por defecto, unidades de convivencia pequeñas, proximidad al vecindario habitual y accesibilidad para las familias.

Buena parte de los fondos europeos para la recuperación que se queda el Ministerio de Derechos Sociales puede ir para la remodelación del sistema de residencias después de la crisis de la COVID-19. 29.408 ancianos murieron por coronavirus en este tipo de centros entre marzo de 2020 y enero de 2021, según datos del Gobierno, más de 9.859 de ellos sin diagnóstico.  En abril de 2021, cuando la situación en las residencias ya estaba controlada gracias a las vacunas ese ministerio aprobó 730 millones para la “economía de cuidados”, 482 de ellos para los cuidados de personas mayores y dependientes. Entre esa partida de 482, se incluye la generación de un nuevo modelo residencial. El Ministerio lanzó también en los Presupuestos Generales un “plan de choque” para el sistema de dependencia, que suponen 6.000 millones de euros en los próximos tres años. España necesita crear unas 70.000 plazas de residencias públicas y concertadas para cubrir la demanda actual y llegar a los parámetros que recomienda la OMS, según cálculos de la Asociación. E irá a más: para 2035, el 26,5% de la población española tendrá más de 65 años.

Fuentes del Imserso cuentan a elDiario.es que en la reunión que han mantenido Barriga y los presidentes de Directores y Gerentes ambas partes han coincidido en el planteamiento. “Esta revisión y el desarrollo del nuevo modelo de atención residencial y de los servicios de proximidad vendrán muy marcados por criterios que aparecen en el documento de la Asociación como son la garantía de los derechos de las personas de edad, el respeto absoluto a su dignidad y la atención centrada en las personas y en su proyecto de vida en su hogar”, dicen estas fuentes. Confirman que esperan abrir un “gran debate” las próximas semanas con tres mesas de diálogo, una social, otra territorial y otra con la sociedad civil, para abordar “cambios profundos que se antojan inaplazables”, desde el “máximo consenso” y “en el plazo más corto posible”.

¿Se hubiese afrontado mejor la pandemia así?

En la rueda de prensa de presentación estaba como público Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid con Ciudadanos. Reyero dimitió del cargo meses después de conocerse su choque con la Presidencia de la Comunidad y con la Consejería de Sanidad, porque estos últimos negaron el traslado de ancianos de residencias a hospitales en lo peor de la primera ola. En conversación con elDiario.es, Reyero opina que “el cambio de modelo es necesario con crisis o sin crisis”. ¿Hubiésemos afrontado mejor con los centros así la crisis? “Lo del año pasado fue un tsunami y tenemos que reforzar el sector de la dependencia para resistir mejor cualquier contingencia. Con más financiación. Necesitamos un sector social fuerte y bien atendido desde el sistema nacional de salud. Eso es esencial. No ha funcionado adecuadamente”, añade, estando de acuerdo con un cambio de modelo que trascienda el sistema de residencias y apueste por la “autonomía personal de los mayores”.

Una de las apuestas de este nuevo paradigma es que, al ser las residencias entendidas como “casas”, y no como hospitales no haya servicios sanitarios ubicados ahí, sino que los usuarios accedan a la sanidad pública igual que los demás ciudadanos. ¿No fue precisamente un fallo en Madrid el año pasado que las residencias no estuviesen medicalizadas? “Es un tema muy resbaladizo”, contesta el exconsejero. “Una residencia es el hogar del mayor. Y que debe ser atendido por la atención primaria en circunstancias normales y en el hospital cuando sea necesario. La pandemia exigía un plus mayor de atención sanitaria precisamente porque estábamos ante una enfermedad contagiosa y los residentes no eran atendidos en los hospitales”.

Este modelo moderno es más fácil de implementar en residencias de nueva construcción, pero en las que ya existen, públicas y privadas, “se puede hacer. Es complicado hacer obras, adaptar infraestructuras algunas incluso del tardofranquismo. Pero lo importante es que se llegue hasta donde se pueda y que ese dinero de los fondos europeos se invierta en reformas que no conviertan los centros en hospitales ni en hoteles”, apuntaba Gustavo García, miembro de la Asociación y redactor principal del documento.

10 puntos, hasta que las residencias desaparezcan

Lo que propone la Asociación lo desarrollan en un decálogo. El primer punto sería que el nuevo modelo residencial “comience en casa”: que los planes de atención individualizada para pedir prestaciones y servicios se flexibilicen. “Todas las personas deseamos vivir en nuestra propia casa el mayor tiempo posible”, así que la adaptación del modelo residencial pasa por que se fomente la atención en el domicilio, y que el traslado sea lo último, pero para ello hay que adaptarse a las necesidades de cada persona. El segundo punto es la “proximidad”: que las personas mayores se puedan quedar en un centro de su pueblo o barrio si tienen que internar. “Si se les priva del derecho a la proximidad, se les priva de la ciudadanía”, apuntaba García. Así que para ello proponen que, igual que los ayuntamientos elaboran informes sobre temas como impacto medioambiental, que los hagan de impacto en la convivencia y de previsión de urbanismo para reservar espacios con este fin.

El tercer punto es el impulso a la convivencia familiar. “Acceso de los familiares a la habitación del residente y a servicios del centro”, e incluso que se puedan quedar a comer, “no es lo mismo ir a visitar a la habitación al abuelo que que el abuelo te pueda invitar a comer. Además, no hay mayor ejercicio de transparencia, para las guerras que ha habido sobre algunas residencias sobre si se les daba bien o no de comer”. El cuarto sería crear “un ambiente hogareño”: un mínimo de 75% de habitaciones individuales por institución, no inferiores a 15 metros cuadrados. Con posibilidad de que se puedan llevar sus muebles y enseres. Actualmente, no hay datos sobre el número de residencias que cuentan con habitaciones individuales, pero son algo “exótico” que alcancen ese porcentaje. En este ámbito también contemplan lo que llaman “unidades de convivencia”, formadas por no más de 15 personas, “que ya es mucho”, porque no es cómodo tener que comer cada día con 50 o 100 personas en una sala, explican. Estas últimas deben ser además diversas, que no se junte solo a personas muy dependientes con personas con su misma condición.

El quinto punto es la atención personalizada. “Un profesional de referencia para no más de 5 personas residentes”. El sexto, “que se respete la dignidad de la persona”, es decir, que no se les infantilice promoviendo para todos la misma actividad “repetitiva”: “¿Quién le da a su abuelo pinturas para dibujar y luego las cuelga en el pasillo, como se hace en muchos centros? Si a muchas mujeres mayores les gusta hacer ganchilllo, es una actividad psicomotriz también”. Aquí se incluiría, también, eliminar las sujeciones, por ejemplo a sillas de ruedas. El séptimo, la colaboración con el Sistema Público de salud, atención hospitalaria domiciliaria en los centros residenciales, “en igualdad de condiciones de las que viven en sus casas”.

El octavo punto se refiere a “plantillas bien dotadas, cualificadas y remuneradas”. Esto puede ser una oportunidad, recuerdan, para la creación de puestos de trabajo. Aumentos de salarios en el sector de entre 15 y 20% de media. En 2008, el Consejo Interterritorial aprobó que debía haber 47 trabajadores por cada 100 personas residentes; en este nuevo texto, proponen que se llegue a 50, es decir, un trabajador por cada dos residentes. Como noveno punto, señalan la necesidad de “establecer niveles de calidad en los centros residenciales, consensuados y evaluados”. Ellos han preparado una tabla con indicadores sobre un baremo de 100 puntos, que se puede utilizar con este fin. 

El décimo punto mira al futuro: a que se flexibilicen los requisitos para entrar y a que, a largo plazo, desaparezcan las residencias. “Hay que superar el criterio de 65 años para definir la necesidad de centros residenciales”, apuntan, porque las personas de 65 años que acuden son anecdóticas y, sin embargo, sí se da la situación de personas de 50 años con discapacidades que necesitarían vivir con sus padres, usuarios de residencias, y no se les permite. Sobre que desaparezcan las residencias, “sería el desenlace lógico de esta trayectoria” que enumeraban, de los asilos a los centros institucionalizados actuales. “Tienen que cambiar muchas cosas y nosotros quizá no lo vemos, pero quiero pensar que es el futuro”, que ningún mayor tenga que abandonar su casa para vivir en condiciones dignas al final de su vida, sostenía Ramírez.

El Gobierno por fin ha puesto una fecha al fin del uso de mascarillas en exteriores como prevención frente a la COVID-19. Será el 26 de junio de 2021. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas llevaban semanas debatiendo esta cuestión, con negociaciones muy avanzadas y amplio consenso, y la ciudadanía esperando una fecha. Hace falta una modificación del real decreto de nueva normalidad, donde está incluida la obligatoriedad de llevar mascarillas en todo momento. Para que el cambio de norma esté listo el sábado 26 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves 24. “Este [el del 19 de junio] será el último fin de semana con mascarilla en los espacios al aire libre”, ha anunciado el presidente.

La mascarilla ha sido el símbolo de la crisis de la COVID-19 en Europa y América, sociedades nada acostumbradas a ella. El jueves 21 de mayo de 2020, las mascarillas se hicieron obligatorias en España, mediante una orden ministerial publicada en el BOE. Era, en principio, mientras durase el estado de alarma, pero susceptible a alargarse, como así fue, con el real decreto de nueva normalidad. La normativa en España ha sido de las más estrictas en la Unión Europea y muchos otros países afectados por la enfermedad. La obligación de llevarla por la calle empezó el verano pasado cuando varias comunidades lo decretaron así para todos los supuestos, hubiese o no distancia en exteriores, porque tenían competencia para hacerlo. Las excepciones se circunscribieron a cuando se comiera o bebiera. Las últimas en incorporarlo fueron Madrid y Canarias. Para finales de julio ya estaba impuesta en todo el territorio. Y ninguna Comunidad levantó esa medida mientras eran las competentes. Luego llegó la normativa estatal.

En nuestro entorno, prácticamente solo Italia y Francia tenían normas similares de uso en casi todo momento en lugares públicos, incluidos exteriores. En Italia ha sido así desde octubre. Hasta entonces, cuando comenzó ahí la segunda ola, solo lo era en espacios cerrados y en algunas regiones especialmente golpeadas, como el Lacio. En Francia comenzó a serlo en verano, primero en algunas ciudades grandes. En ese país, dejó de ser obligatoria por la calle este jueves. Permanecerán en el transporte público, estadios y lugares con aglomeraciones. En Italia, el calendario va más tarde que el de España: el Gobierno se plantea retirarlas a partir del 15 de julio. Tanto Francia como Italia llevan un ritmo de vacunación ligeramente más lento que el de España: en Francia están completamente vacunados el 22,6% y en Italia el 24,2%. Y ninguna de las dos tienen cubiertos al 100% a sus mayores (Francia, solo a un 77% de los de más de 80). En la ciudad de Bruselas también había una norma estricta sobre el uso de mascarillas en el exterior, que no se ampliaba a toda Bélgica y que fue relajada el 7 de junio. En Grecia también continúan con la obligatoriedad en exteriores.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) recomendó en su actualización del 21 de abril que se “relaje” el uso de mascarilla y la distancia social entre personas con pauta completa de vacunación. En países como Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia, Portugal y Reino Unido las mascarillas no eran ya de por sí obligatorias en el exterior, exceptuando calles con aglomeraciones y otro tipo de situaciones similares; lo eran por lo general en comercios, vehículos y espacios públicos interiores. En Reino Unido tampoco; con su desescalada, siguen siendo obligatorias en el transporte, tiendas o cine, pero no en exteriores. En Portugal, solo cuando no se pudiera mantener la distancia, y se mantendrá así hasta final de verano, según anunció su presidente. 

Fuera de Europa, las políticas han sido variadas entre países que no tenían costumbre de usar este producto. En Argentina, por ejemplo, eran parecidas a la de España: desde mayo de 2020, obligatorias en exteriores. En Australia, que por sus características insulares han podido seguir la estrategia 'COVID 0', nunca lo han sido ni siquiera en interiores. Israel sí tenía una norma rígida sobre el uso en exteriores de mascarillas que fue flexibilizada el 18 de abril, cuando tenían un 57,2% de la población con pauta completa: desde ese día ya no son obligatorias en las calles y se quedan solo para interiores.

En EEUU, dependía de los estados, y de hecho, durante la administración de Donald Trump, fue un asunto político quién la imponía antes y quién no. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron hace unas semanas que las personas completamente vacunadas pudiesen no usarla tanto en interiores como en exteriores. Y recomendaron también (no tienen autoridad para dictar normativa) que las personas no vacunadas pudiesen pasear sin esta protección. El estado de Nueva York decidió el 19 de mayo que se podía no usar mascarillas en espacios públicos, excepto en el transporte público, en los colegios y algunos otros lugares. Sin embargo, autoriza a los comercios a pedir su uso, ya que una buena parte de su población no está vacunada y es difícil conocer el estado de todo el mundo.

Sin detallar la nueva regla

Aunque parece que siempre hemos usado las mascarillas de la misma forma, entre mayo y junio de 2020, no eran obligatorias por la calle. Solo si no se podía garantizar la distancia de dos metros. El uso se relaja en España con el 47,3% de la población con, al menos, una dosis de una vacuna contra la COVID, y el 28,8% con la pauta completa, y el 100% de los mayores de 70 años, los que corren más riesgo de sufrir la COVID grave, cubiertos. También con niveles de incidencia acumulada similares a los de agosto de 2020 (92 casos por cada 100.000 habitantes), y con la letalidad del virus tocando fondo. Y en la semana en la que el Gobierno espera llegar a los 15 millones de personas totalmente inmunizadas.

Muchos expertos coinciden en que es un momento apropiado, aunque queda una transición en la que habrá que hacer pedagogía. “Las distancias siguen siendo importantes, en muchos espacios hay que continuar usándolas. Aunque es el momento, hay que trabajar en esos matices sobre el cuándo hay que mantenerlas, que la gente sepa a qué atenerse y no confundirla más, y eso es lo que seguramente lo ha retrasado. El mensaje a mandar es que no es el fin de la pandemia, ni de las mascarillas”, explicaban desde la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), una de las plataformas en constantes conversaciones con Sanidad.

Pedro Sánchez no ha dado detalles acerca de cómo se quedará la nueva normativa, pero en ningún momento está sobre la mesa que se elimine su uso en España en los interiores a corto plazo. La mascarilla la tendremos que seguir llevando encima, para entrar en cualquier lugar público cerrado. El reto de salud pública es que la ciudadanía no entienda tras la relajación de esta norma que la pandemia de COVID-19 se ha terminado, y que se siga utilizando este elemento de prevención en los contextos recomendables, o incluso se mantenga más a largo plazo en lugares como el transporte público para evitar, aparte del coronavirus, otras infecciones respiratorias.

En marzo de 2021, una enmienda del PSOE modificó en el Senado la norma de nueva normalidad, para volverla obligatoria de manera unificada en todo momento y decidiese lo que decidiese la comunidad. El Consejo Interterritorial de Salud lo relajó, pero solo para la playa y unas pocas situaciones más. Y es ahora, el 26 de junio de 2021, cuando se volverá a algo parecido al uso del punto de partida.

Por ahora no hay conclusiones acerca de si una estrategia ha sido más exitosa que otra: usarla solo donde fuese necesario, o acostumbrar a la ciudadanía a emplearla de manera habitual. Los expertos, incluso lo ha reconocido el propio Fernando Simón, coinciden en que el uso de las mascarillas en espacios abiertos nunca ha sido del todo efectivo per se, porque un contagio con distancia al aire libre es muy difícil. Las administraciones se inclinaron por ello para que, ante la duda, los ciudadanos nos habituásemos a usarla en todo momento. “Había que acostumbrar a la población y se usó para justificarlo”, recordaba Juan Ayllón, director del Área de Salud Pública de la Universidad de Burgos, “y yo no me creía mucho que fuese a funcionar, no he sido nunca nada partidario de mascarillas por la calle. Pero igual sí había algo de razón. Con el tiempo, sí se ha visto a gente que solo se la baja para comer, los hay que la usan bien. Es muy difícil aún determinarlo. Con los años, se harán estudios”.

Una pandemia no implica solo la enfermedad que la causa sino todos los pequeños o grandes daños colaterales que provoca en el sistema sanitario. Por ejemplo: 2020, el de la pandemia de COVID-19, se convirtió en España en el año que menos donaciones de sangre se hicieron en la última década. 1.097.070 ciudadanos fueron a donar, un acto que en nuestro país es totalmente altruista. Cada uno lo hizo de media 1,49 veces, por lo que en total se contaron 1.632.447 donaciones. Son menos que en 2019, cuando fueron en total  1.154.196 donantes y 1.693.241 donaciones. Y también menos que en 2010, cuando fueron 1.813.161 donaciones en total, casi 200.000 más que ahora. Así que las cifras de 2020 son por problemas derivados de la pandemia, pero también por una tendencia descendente que –con alguna excepción– se viene repitiendo casi cada año y que los organismos achacan, entre otras cosas, a la falta de relevo generacional. Aunque también observan que se están subsanando, y que por ahora no han supuesto un déficit preocupante en los hospitales, sino que las demandas han estado cubiertas.

El Ministerio de Sanidad trasladaba las gracias, en la nota en la que daban todos los anteriores datos —que no diferencian por tipo de sangre A, B, AB o o— “a todos los donantes que, a pesar de la pandemia, han donado su sangre, ayudando a salvar a miles de enfermos”. Y animaba a acudir a los puntos habilitados a los que tengan buena salud. El Ministerio reconocía el golpe recordando también que “los hospitales necesitan sangre todos los días”, y que los centros son “seguros”.

Hay muchos posibles motivos por los que durante la crisis se ha donado menos sangre, algunos obvios y otros no tanto. Patricia Marín Maicas, directora del Máster en Dirección y Gestión de Enfermería de la Universidad Internacional de Valencia, enumera tres: “Primero, la reubicación de algunos centros y recursos destinados a donación de sangre en algunos momentos de la pandemia y la disminución de los puntos para donar sangre; segundo, la distancia interpersonal necesaria, que ha reducido los puestos disponibles para la donación; tercero, el miedo a las personas a ir a donar, aunque no ha sido esto lo que más ha afectado”. Pablo de Paz, responsable de comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre (FedSang), suma otra razón: “No se ha podido hacer promoción. Nosotros damos charlas en institutos y universidades buscando gente de 18 años, este año no ha podido ser”. 

De Paz reafirma que el problema principal no ha sido que la gente no haya ido por miedo. “La cifra más baja corresponde sobre todo a nuevos donantes. Los habituales, por lo general, han continuado”. En 2020, 160.383 personas, el 15% del total de 1.097.070, donaron por primera vez. En 2019, se estrenaron 207.755, suponían el 17%, recoge FedSang. No se corresponde exactamente en números (la diferencia entre años es de unas 60.000 donaciones) pero explica parte de la bajada. Juan Collado, presidente de la asociación de donantes de Alicante (hay una por casi cada provincia), destaca también que “la gente ha ido a donar sangre y ha habido movimiento. Durante el confinamiento, se podía dar salvoconducto, y eso hacía incluso que la gente tuviera un motivo para moverse de casa. Otra cosa es que hayan podido donar o no, muchas veces se les ha dicho que tenía que volver en tres meses por falta de infraestructura. O los centros móviles no se han podido trasladar. También hay alcaldes y concejales que han tenido que luchar para mantener los puntos, porque las administraciones regionales y el Ministerio se lavan las manos”.

Datos que se están recuperando

De 2021 no hay datos todavía, entre otras cosas porque las donaciones no suelen ser regulares sino que tienen picos, y estos dependen de factores como la época del año, de las campañas en marcha, o de que se hagan o no llamamientos a la ciudadanía. Así que se toma la media anual. Pero los datos que maneja FedSang por ahora indican que, con la salida del estado de alarma, de los confinamientos y la vuelta a la normalidad con la vacunación frente a la COVID-19, durante 2021 se está recuperando el ritmo de 2019, con necesidades puntuales, como recientemente en la Región de Murcia.

Tanto la experta Marín Maicas como De Paz, desde FedSang, indican además que durante 2020 no hubo momentos de verdaderos problemas por la bajada de extracciones. Fueron solo puntuales, como en enero de 2021 en Madrid, coincidiendo la tercera ola de COVID con la borrasca Filomena, cuando sí se hizo un llamado urgente a la ciudadanía de Madrid. La razón es que la cohesión entre comunidades autónomas funciona para esto, y los sobrantes y necesidades se van repartiendo. Pero sobre todo, la razón ha sido que durante 2020 ha habido menos del llamado “consumo” de sangre. Es decir, había menos sangre, pero también menos vías para gastarla. “Eso nos ha salvado, se equilibró”, dice De Paz. Especialmente por todas las intervenciones quirúrgicas que se pospusieron por la atención a la COVID y que no se han realizado. En 2021 debería normalizarse la actividad hospitalaria, o incluso se están acumulando intervenciones por las no hechas, así que hará falta estos meses volver a niveles de 2019 o incluso más altos.

Problemas: los jóvenes no donan, y hace falta más plasma

Más allá de las circunstancias de la pandemia, sí preocupa a los especialistas que la tendencia de la última década sea a la baja. En FedSang lo achacan principalmente a que no se está llegando lo suficiente a los jóvenes. En España solo se puede donar si se tienen entre 18 y 65 años, y, según sus datos, aproximadamente el 40% de los donantes tienen por encima de los 40. Solo el 25% está entre 18 y 30. “No es porque sean más insolidarios, sino por factores como que la natalidad ha bajado y hay menos gente de esa edad, muchos se han tenido que ir a trabajar fuera…”, matiza De Paz. Pero el caso es que temen que no haya “relevo generacional”: “Si yo, con 56 años, en 10 años dejo de donar, tiene que haber alguien que me sustituya. Si no, ahí sí hay problemas”. Por eso buscan llegar a los jóvenes, a través de instituciones, divulgación en universidades e institutos, y también con fórmulas innovadoras: en la Federación están ultimando una campaña con la plataforma de citas Badoo. “En 2019 conseguimos remontar y sí superamos los datos de 2018”, ponen en valor (y así es, hubo unas 8.000 más, revirtiendo algo la curva).

En España, existen tres tipos de sitios habituales para donar. “Los centros de transfusión, a veces dentro de hospitales y otras veces cerca; los puntos fijos situados por ejemplo en campus universitarios, que es uno de los lugares donde más donaciones se hacen; y los parques móviles, que se van desplazando por los municipios. Son complementarias y cada uno se dirige a público diferente para que sea accesible”, enumera Marín Maicas. También hay en el organismo tres tipos de material sanguíneo que donar: los glóbulos rojos, que duran 42 días “y como tardan en caducar no es tan importante que en una semana baje la reserva”, las plaquetas, que duran 5 días “y por tanto sí necesitan una donación estable, no vale mucho tener de pronto un millón de donaciones”; y el plasma, que dura 3 años y se extrae con un procedimiento especial, la aféresis, más costoso que las donaciones comunes.

Es con esto último, con el plasma, con lo que España sí tiene un déficit estructural que se repite año tras año. Solo el 5% de las donaciones totales de 2020 fueron aféresis. “Es un tema complejo”, resume De Paz desde FedSANG, “pero en España siempre tenemos de base un déficit del 50% de plasma. Es decir, tenemos que importar el 50% de lo que usamos, principalmente de EEUU, donde al contrario que aquí, donde el sistema es altruista, hay un mercado. El plasma se usa tanto en intervenciones como en elaboración de fármacos”. Para extraerlo, continúa, hacen falta máquinas, a las que se conecta al ciudadano durante unos 40 minutos (la donación de sangre habitual lleva entre 10 y 20 minutos). Se puede hacer cada 15 días, no hace falta esperar 2 meses como para las otras. Pero en la infraestructura necesaria “no se invierte lo suficiente. El sistema de donación español cojea un poco con esto”.

La ministra de Sanidad no concreta cuándo se levantará la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores y con distancia. “Será pronto” y “cada vez está más cerca”, ha insistido Carolina Darias, pero no ha salido ninguna decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, sobre el que había mucha expectativa porque varias comunidades autónomas habían llevado el tema. Darias no ha sacado el tema en esa reunión, que la junta con todos los consejeros de salud de las comunidades, según fuentes autonómicas. Algún consejero y consejera sí se ha pronunciado a favor de que se aborde en algún momento la posibilidad de aliviar el uso de la mascarilla, pero no se ha llegado a nada importante. “La campaña de vacunación está yendo como un tiro y cuando tengamos toda la información disponible la pondremos a su disposición”, se ha limitado Darias.

El Ministerio de Sanidad lleva semanas analizando con las comunidades esta posibilidad de retirar su uso en la calle, y son partidarios de ella, porque los contagios al aire libre y con distancia son anecdóticos, el mayor peligro está en interiores. La negociación está muy avanzada, pero siguen estudiando cómo exactamente se modifica la norma. El presidente Pedro Sánchez ha dado este miércoles un paso adelante y ha dicho él mismo que “será pronto”, pero todavía no se materializa. Hay que modificar para ello el real decreto de nueva normalidad, pero la ministra no ha contestado acerca de si lo que lo está retrasando es el mecanismo legal necesario, ni si están esperando a algún horizonte concreto de cobertura de vacunación. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, adelantó también que sería “pronto”, tal vez este junio o a principios de julio, pero esta misma semana no se atrevía a poner fecha concreta. Las negociaciones están avanzadas, pero hay que articular el cambio en la norma, porque contendrá excepciones.

El jueves 21 de mayo de 2020, las mascarillas se hicieron obligatorias en España, mediante una orden ministerial publicada en el BOE. Era en principio mientras durase el estado de alarma de la primera ola de COVID-19, pero susceptible a alargarse, como así fue. Quedó reflejada su obligatoriedad en ciertos contextos en el real decreto de nueva normalidad, que rige hasta que termine la pandemia.

En ese primer momento, entre mayo y junio de 2020, no eran obligatorias por la calle. Solo lo eran si no se podía garantizar la distancia de dos metros. Fue con el fin de aquel estado de alarma, el 21 de junio de 2020, cuando varias comunidades comenzaron a hacerla obligatoria en todos los supuestos, hubiese o no distancia en exteriores, porque tenían competencia para hacerlo. Las últimas en incorporarlo fueron Madrid y Canarias. En marzo de 2021, una enmienda del PSOE modificó en el Senado la norma de nueva normalidad, para volverla obligatoria de manera unificada en todo momento, y decidiese lo que decidiese la comunidad. El Consejo Interterritorial de Salud lo relajó, pero solo para la playa. Y es ahora, en junio o julio de 2021, cuando se volvería al uso del punto de partida. En ningún momento se plantea que las mascarillas se levanten en espacios interiores públicos.

La norma es estatal, ha recordado la ministra, y por tanto las comunidades autónomas dependen de ella. Sobre si podrán mantener la mascarilla obligatoria en exteriores aunque la regla cambie, “vamos a ver los siguientes pasos” y llegar a una vía “armonizada”, decía Darias, también sin concretar.

Los expertos, e incluso lo ha reconocido el propio Fernando Simón, coinciden en que el uso de las mascarillas en espacios abiertos nunca ha sido del todo efectivo per se, porque un contagio con distancia al aire libre es muy difícil. Las administraciones se inclinaron por ello para que, ante la duda, los ciudadanos nos habituásemos a usarla en todo momento. “Había que acostumbrar a la población y se usó para justificarlo”, recordaba Juan Ayllón, director del Área de Salud Pública de la Universidad de Burgos, “y yo no me creía mucho que fuese a funcionar, no he sido nunca nada partidario de mascarillas por la calle. Pero igual sí había algo de razón. Con el tiempo, sí se ha visto a gente que solo se la baja para comer, los hay que la usan bien. Es muy difícil aún determinarlo. Con los años, se harán estudios”.

Sin consenso para la vacunación de turistas españoles

En la reunión se ha tratado también el tema de la vacunación de personas que estén en su lugar de vacaciones, es decir, no en su lugar de vivienda habitual, ahora que entramos en época estival y a muchas (especialmente a las menores de 40 años) les puede ocurrir. La ministra ha reconocido que “falta consenso” para unas “directrices comunes” y por tanto la manera en la que hacer esto sigue en estudio. Anteriormente, desde Sanidad sí habían deslizado que estaban buscando un sistema para unificar esto.

La ministra ha celebrado que la incidencia acumulada se va “homogeneizando” en toda España, y que este miércoles ya hemos bajado de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, la primera vez que ocurre desde agosto. También ha anunciado que la semana que viene llega una remesa de 3 millones de dosis de vacunas solo de Pfizer/BioNTech. La compañía había hecho un reajuste de sus envíos las pasadas semanas, y bailaron entre 2,4 millones y 2,7 millones, que ahora compensan con esa cifra.