Qué deja pendiente Salvador Illa a quien le suceda en Sanidad: el peligro de la tercera ola y la vacunación contra la COVID-19

La pandemia de COVID-19 no está resuelta. El anuncio de que el máximo responsable de la gestión de esta crisis sanitaria, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de Catalunya llega cuando aún quedan “meses muy duros”, en palabras del propio Illa, antes de dar por superada la enfermedad. Cuando Illa enfile hacia la batalla electoral catalana, varios frentes relevantes quedarán abiertos en el Ministerio de Sanidad: el riesgo inminente de una tercera ola, completar con éxito la vacunación masiva o reforzar las grietas del sistema sanitario público que la pandemia ha agrandado son algunos de ellos.

Completar la inmunización

Alcanzar la inmunidad de grupo mediante el programa de vacunación masiva se prolongará, al menos, hasta finales de junio de 2021, según los cálculos del Gobierno. El plan de inmunización apenas ha comenzado. La primera remesa realmente numerosa, 360.000 unidades del suero de Pfizer, llegó el martes pasado. Solo la fase inicial se alargará, según las propias previsiones de Sanidad, hasta marzo de 2021 y alcanzará a 2,5 millones de personas. Es apenas algo más del 5% de la población. La inmunidad de rebaño requiere, al menos, el 70%, por lo que al proceso le queda mucho camino por delante. Un camino cuajado de complicaciones logísticas, como demostró el primer retraso de suministro de Pfizer del pasado lunes, y políticas: el PP ha escogido confrontar con el Gobierno también en este terreno.

Además, todavía tienen que llegar los nuevos sueros que facilitarán la extensión de vacunas, pero exigirán nuevas disposiciones para incorporarlas a los planes de inmunización. La más inminente es la de Moderna, cuyas condiciones de almacenamiento son menos rígidas que el producto de Pfizer. La Agencia Europea del Medicamento la revisará el 6 de enero. También está cerca la de Oxford/Astrazeneca. Es una opción mucho más asequible y sencilla. Tanto que, en Gran Bretaña se ha establecido una pauta de administración de sus dos dosis muy separadas en el tiempo: 12 semanas entre la primera y la segunda inyección, con la idea de ofrecer ciertos niveles de protección a más población más tempranamente. Eso también tendrá que dirimirse en la Unión Europea y España.

Gestionar nuevos picos y la normalidad

“No podemos descartar una tercera ola. No podemos estar tranquilos con esta incidencia acumulada”. Son palabras muy recientes de Salvador Illa. De este martes. Todos los indicadores pandémicos apuntan a que llega un tercer pico de la enfermedad: los contagios, la ocupación hospitalaria y la saturación de las UCI preocupan a los epidemiólogos, que demandan mantener medidas preventivas potentes para evitar el contacto social por el que circula el virus SARS-CoV-2.

Algunas comunidades autónomas están más en esa línea y otras menos. Todo eso se mezcla en el crisol de la co-gobernanza creada por el Gobierno de Pedro Sánchez y encargada por el presidente al titular de Sanidad. El escenario final es el Consejo Interterritorial de Salud, donde Illa se veía con los consejeros autonómicos. Abrir o cerrar perímetros, diseñar medidas mínimas para la Navidad, los umbrales de alerta… todo eso ha tenido que ventilarse en ese foro y seguirá siendo tarea de quién sustituya al nuevo candidato socialista a la Generalitat. El estado de alarma actual tendrá vigencia legal hasta mayo del año que viene.

Lecciones de la pandemia

Salvador Illa llevó al Consejo Interterritorial del 7 de octubre pasado un documento para iniciar la evaluación externa sobre la gestión de la pandemia que le pidió un grupo de reputados científicos con los que terminó por reunirse el todavía ministro. Lo que pretendía ese movimiento, explicaron entonces, era examinar “tanto las actuaciones realizadas por parte de las autoridades sanitarias durante este periodo, como las fortalezas y debilidades que poseía el Sistema Nacional de Salud”. El primer paso debía ser crear un grupo de trabajo para definir cómo sería esa auditoría.

El proyecto sigue en las tripas del Ministerio. La segunda ola de la COVID-19 volvió a centrar la atención y la acción de Sanidad y las comunidades autónomas. Luego se atisbó la llegada de las vacunas y el plan de inmunización ocupó la prioridad. Más adelante fueron los planes de actuación para las navidades. Ahora se barrunta otro pico de contagios con todo lo que acarrea: ingresos, casos graves, fallecimientos… todo, al alza.

La auditoría aguarda. De sus conclusiones debería salir una experiencia que permitiera sistematizar un procedimiento de evaluación de crisis al que se pueda recurrir en el futuro. Lo mismo sucedió con gran parte de lo aprendido durante la pandemia de gripe A: acabó en la Ley de Salud Pública de 2011.

Refuerzo de la Salud Pública y Atención Primaria

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez insistió durante la evaluación de 2020 que realizó este martes en que la pandemia ha mostrado que debe “reforzarse la sanidad pública”. El embate de la COVID-19 ha evidenciado las debilidades de los sistemas de salud pública, que tanto han hecho falta ante el ataque del coronavirus, como de la Atención Primaria, a la que se le encargó cuidar a pacientes, luego el control de la enfermedad mediante el rastreo y, finalmente, va a llevar a cabo gran parte del programa de vacunación.

Los Presupuestos Generales prevén desarrollar una mejora del sistema estatal de salud pública y vigilancia epidemiológica mediante una partida de 19 millones de euros. Incluye la creación de un Centro Estatal de Salud Pública. Esta disciplina, dedicada entre otras cosas a la gestión y monitorización de enfermedades con potencial epidémico, ha padecido una infradotación económica y de recursos durante años. Ha recibido el 1% de la inversión sanitaria desde 1988. Incluso se han dejado de activar mecanismos que se previeron en la Ley de Salud Pública de 2011. La COVID-19 ha ilustrado el error. Quien sustituya a Salvador Illa tiene el encargo, al menos presupuestario, de no repetir este olvido.

La Atención Primaria es “la primera línea de batalla contra la COVID-19”, ha dicho varias veces el presidente Sánchez. Los presupuestos asignaron para el año que viene 2.400 millones de euros a la compra de vacunas y este nivel de la atención sanitaria. El deterioro de la Primaria ya había obligado a trazar un plan general en tiempos de la ministra María Luisa Carcedo. En la era COVID, la precarización de los puestos de médicas y enfermeras de los centros de salud ha cobrado especial relevancia. En los próximos meses, estos profesionales van a estar en el centro de la vacunación, como adelantó el presidente del Gobierno, quien especificó que sería esta red la encargada de suministrar los sueros a la mayoría de la población.