Desde hace algún tiempo, la conservación y restauración de la Alhambra –el monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia– son un ejercicio cada vez más complicado de llevar a cabo. A la pérdida paulatina de personal porque no se han contratado perfiles suficientes, se suma que, desde la última actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT) del monumento, no se exige que los profesionales contratados para esas tareas tengan una formación especializada. Es decir, que cualquier trabajador que esté en la bolsa única de empleo de la Junta de Andalucía puede acceder a la plaza de un especialista en restauración sin saber nada de ello. Un problema que, lejos de mejorar, va a peor dado que la jubilación de los especialistas está cada vez más próxima.

“En 2 o 3 años puede que no haya trabajadores que puedan restaurar y conservar la Alhambra”. Quien lo denuncia es precisamente uno de los que quedan y que, con una edad cercana al retiro profesional, denuncia que ni la Junta ni el Patronato de la Alhambra y el Generalife acaban de ser conscientes del grave problema que eso representa. Este trabajador, que prefiere guardar el anonimato, afirma que ya en la actualidad faltan profesionales dedicados a la restauración porque no se han cubierto todas las plazas, pero que, además, de las cubiertas tan solo tres corresponden a profesionales cualificados en dichas funciones. “La Alhambra no se conserva con obras puntuales, sino que requiere un mantenimiento diario que no se le puede encomendar a alguien que no sepa nada del tema”, lamenta.

No en vano, los problemas de personal en la Alhambra son ya históricos. En las últimas dos décadas se han sucedido las quejas de los trabajadores porque no se ha estabilizado a muchos de ellos y faltaban manos en diversas áreas, llegando incluso a que la Inspección de Trabajo reconociese que esa situación genera problemas de salud en los empleados del monumento. Sin embargo, las últimas actualizaciones de la RPT no han acabado de atajar todas las problemáticas y, en ámbitos como la restauración, están agravando los males. De hecho, los restauradores lamentan que no se les considere profesionales de grupo 1 o 2, sino 3, lo que, por salario, desincentiva que se atraigan nuevos perfiles de especialistas a estas funciones.

Sin formación específica

No se trata solo de una cuestión de falta de personal, sino también de cómo se cubren esas vacantes. La última modificación de la RPT, aprobada por la Junta de Andalucía, eliminó los requisitos específicos de titulación que antes se exigían para determinadas plazas. Según explica el comité de empresa, anteriormente los puestos vinculados a restauración requerían formaciones concretas –como Bellas Artes u otras especialidades–, pero esas “coletillas” desaparecieron en la negociación del nuevo modelo que se impuso en septiembre de 2024 tras varios amagos de huelga por parte de los trabajadores.

Desde entonces, el acceso a estos puestos se realiza a través de la bolsa única de empleo autonómica, un sistema común para toda Andalucía que no distingue entre funciones genéricas y trabajos altamente especializados. En la práctica, esto permite que trabajadores puedan acceder a plazas sin que exista relación entre su formación y las tareas a desempeñar. “Yo soy jardinero y me puedo ir a cantería”, resume gráficamente Pepe Antequeruela, portavoz del comité de empresa.

El problema, según los representantes de la plantilla, es que esa homogeneización administrativa no encaja con la realidad de un espacio como la Alhambra, donde cada intervención requiere conocimientos técnicos muy específicos. “Cuando tú no tengas trabajadores especializados, traerás empresas de la calle”, advierte Antequeruela, que reconoce que esta dinámica de privatización ya se está produciendo en determinados trabajos.

De hecho, los propios trabajadores describen un funcionamiento cada vez más limitado dentro del monumento. “No somos capaces de hacerlo porque quienes entran nuevos no son profesionales”, señala el empleado consultado, que explica que muchas de las plazas actuales “no tienen contenido de trabajo” porque quienes las ocupan no cuentan con la cualificación necesaria. Esto genera, además, una cadena de disfunciones internas: empleados que aceptan puestos por cercanía o estabilidad pero que luego no pueden desempeñar las tareas, mandos intermedios que no pueden asignarles trabajo y una creciente dependencia de contratas externas.

A corto plazo, además, el comité de empresa apunta a que la situación puede consolidarse si no se introducen cambios en la planificación prevista. La nueva RPT contempla la incorporación progresiva de personal –con una previsión inicial de 25 plazas laborales y 21 de funcionarios– dentro de un marco más amplio que supera el centenar de puestos, pero bajo los mismos criterios actuales. Es decir, sin garantizar que esas nuevas incorporaciones respondan a perfiles especializados. “Se van a cubrir plazas, pero no necesariamente con gente que sepa hacer ese trabajo”, señalan desde la representación de los trabajadores, que advierten de que, sin corregir ese enfoque, el problema no solo persistirá, sino que se ampliará con cada nueva incorporación.

Una plantilla insuficiente

La consecuencia más inmediata no es visible a corto plazo, pero sí acumulativa. El mantenimiento de la Alhambra no depende solo de grandes intervenciones, sino de un trabajo constante y minucioso. “Hay que salir todos los días, recorrer el monumento, ver grietas, goteras, fisuras…”, explica el trabajador. No es algo que se pueda solventar contratando externamente tareas puntuales. “Tienen que conocer bien el monumento y eso es imposible sin estar a diario en él”, insiste el profesional. A ello se suma la presión de las visitas: miles de personas al día que, aunque de forma imperceptible, contribuyen al desgaste del conjunto. “El daño es pequeño, pero 8.000 personas al día, 365 días al año son muchos”, explica el trabajador sobre la realidad de un monumento cuya importancia no deja de crecer en visitantes, hasta el punto de que es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En este contexto, la falta de relevo generacional agrava aún más la situación. La mayor parte de los especialistas actuales se encuentra en torno a los 60 años y su jubilación es inminente. “En dos años empieza a jubilarse el 60% de la plantilla”, advierte el trabajador, mientras que desde el comité apuntan a un horizonte de entre seis y siete años para un cambio completo en el personal. Sin embargo, las condiciones actuales no garantizan que quienes ocupen esos puestos en el futuro cuenten con la formación necesaria.

Desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife, por su parte, niegan cualquier irregularidad en la contratación y subrayan que todo el proceso se ajusta estrictamente a la normativa vigente. Fuentes del organismo señalan que la cobertura de plazas se realiza a través de la bolsa única de la Junta y que los requisitos vienen determinados por la RPT y el convenio colectivo, no por decisiones discrecionales del propio Patronato. En ese sentido, reconocen que las categorías profesionales “exigen niveles genéricos de titulación” y apuntan a la formación interna como vía para reforzar la capacitación del personal mientras se alcanzan “soluciones estructurales”.

Una explicación que no convence a la plantilla. “Dándole una formación de dos días o una semana no formas a nadie”, replica el trabajador, que insiste en que la restauración del monumento requiere años de especialización. “La Alhambra no es un centro de formación”, añade.

Desde el Ejecutivo regional, la respuesta incide en la misma línea. La Junta, a través de la Consejería de Justicia, defiende que la actualización de la RPT y del sistema de acceso fue acordada con los sindicatos “para garantizar la cobertura de vacantes según los criterios de igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, no entra a valorar el impacto de ese modelo en espacios de alta especialización como la Alhambra.

Mientras tanto, dentro del monumento, la preocupación sigue creciendo. “Esto es el día a día”, resume el trabajador. “La Alhambra está muy bien hecha y tarda en notarse el mal trabajo, pero si mientras se está formando a la gente las cosas se caen, el patrimonio se pierde”.

“No queremos que Granada se convierta en un parque temático para los turistas”. La frase, que se repite como un mantra desde hace ya años en la ciudad de la Alhambra, cobra con cada decisión política una nueva dimensión. La última que refuerza la turistificación es la subasta que está haciendo la Junta de Andalucía de un edificio para destinarlo a uso hotelero y que está situado en el Albaicín, barrio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Además, el inmueble, que amenaza con convertirse en un hotel de lujo, está en uno de los miradores más emblemáticos de la capital granadina. Por un precio que ronda entre los 1,8 y los 2,5 millones de euros, el barrio sigue vendiéndose, según denuncian los vecinos.

En concreto, lo que vende el Gobierno andaluz es el centro de menores que hay junto al mirador de San Miguel Alto. Este centro, cerrado en 2019, es una de las joyas más codiciadas del urbanismo de Granada por su posición privilegiada. De hecho, si acaba convirtiéndose en un hotel, tendría una importancia similar a la que tiene el Alhambra Palace, ubicado en la colina de la propia Alhambra, ya que ambos serían visibles desde cualquier punto de la ciudad, los que les convierte en parte del decorado paisajístico. Un caramelo para cualquier inversor al tratarse de una de las ciudades más turísticas de España. Y para los vecinos del Albaicín otro motivo más para sentir que les están expulsando de sus casas.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca. Porque no quieren que la gentrificación siga ganando camino y porque señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble. Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín.

La ciudad como negocio

Sin embargo, los colectivos vecinales sostienen que el conflicto va mucho más allá de la construcción de un hotel. Lo que consideran que está en juego es el propio modelo de ciudad. “Es la ciudad como negocio frente a la ciudad para vivir”, explica Miguel Martín, colaborador habitual de Albayzín Habitable y una de las personas que más tiempo lleva estudiando el desarrollo urbanístico previsto para el Cerro de San Miguel. Porque, según denuncia, la operación actual no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia que lleva décadas sobrevolando el Albaicín.

Martín explica que ya presentó alegaciones en 2023 al avance del plan especial que afecta a la zona y que el propio documento urbanístico contiene profundas contradicciones. “Dicen que las cuevas habitadas son incompatibles con el parque y plantean expulsar a la población, pero los hoteles sí son compatibles”, lamenta. A su juicio, el Cerro de San Miguel se ha convertido en uno de los espacios más codiciados por los intereses turísticos de Granada. “Alguien ha visto que aquello es muy atractivo turísticamente. Las vistas del mirador de San Miguel dejan pequeño al de San Nicolás”, sostiene.

Vecinos con miedo de ser expulsados

La preocupación no es menor en un barrio que lleva años denunciando el avance de los apartamentos turísticos, la desaparición de vivienda residencial y el cierre progresivo de espacios para la vida cotidiana, como el centro de salud Fortuny-Velutti. “No podemos turistificar toda la ciudad”, insiste Martín. “Hay que vivir en Granada. No puede convertirse todo en un negocio”.

Porque el Cerro de San Miguel no es únicamente un mirador. También es uno de los últimos barrios de cuevas habitadas de Granada. Un espacio históricamente vinculado a población humilde y obrera que, según denuncian los vecinos, lleva décadas bajo amenaza urbanística. David, residente en una de estas cuevas y miembro de la asociación vecinal del Cerro de San Miguel Alto desde 2007, asegura que los intentos de transformación turística vienen de muy lejos. “Ya en los años 70 proyectaban aquí un hotel de diez plantas con teleférico hasta la Silla del Moro”, explica. “Y en 2008 ya había planes urbanísticos para recalificar la zona y construir alojamientos turísticos”.

A su juicio, el actual proyecto busca “borrar definitivamente las cuevas habitadas que no sean turísticas”. “Las cuevas resisten y forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Granada”, reivindica. Pero denuncia que durante años las administraciones han intentado justificar desalojos bajo acusaciones de marginalidad, inseguridad o ruina física. “Nos criminalizan constantemente para justificar una limpieza social”, afirma.

La gravedad de las denuncias vecinales aumenta cuando se analiza el alcance real de la subasta. Según sostiene David tras estudiar las referencias catastrales incluidas en el expediente, el lote no afectaría sólo al antiguo centro de menores. También incluiría espacios públicos del entorno, parte de los accesos al mirador e incluso zonas próximas a las murallas históricas del cerro. “El mirador de San Miguel Alto podría acabar formando parte del hotel”, advierte. Una afirmación que, de confirmarse, supondría un terremoto político y patrimonial en uno de los enclaves más emblemáticos de Granada.

Falta de transparencia

Los vecinos denuncian además una absoluta falta de transparencia institucional. El nuevo PEPRI del Albaicín acumula años de retrasos y más de 300 alegaciones vecinales siguen sin respuesta. “Todo se hace con política de hechos consumados”, critica David. “No hay participación ciudadana ni interlocución real. Nos enteramos cuando las decisiones ya están tomadas”. La controversia también ha abierto una grieta política. Porque aunque el PSOE se ha posicionado ahora públicamente contra el hotel, los movimientos vecinales recuerdan que el avance urbanístico que abrió la puerta a esta transformación fue aprobado en 2023 bajo el anterior gobierno municipal socialista encabezado por Francisco Cuenca, ahora parlamentario andaluz. “Dicen que están en contra, pero el avance del plan especial lo aprobaron ellos”, recuerda Miguel Martín.

Mientras tanto, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas. El Gobierno andaluz no ha querido valorar la subasta pese a las preguntas de este periódico y se ha limitado a señalar que “la subasta aún está en marcha”. Por su parte, el Ayuntamiento tampoco ha respondido a las dudas vecinales sobre el impacto turístico y patrimonial del proyecto y únicamente defiende que “el PEPRI se encuentra en su fase final de redacción”, señalando además que el equipo municipal trabaja simultáneamente en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Granada, que está desactualizado desde 2001.

Pero en el Albaicín hace tiempo que el debate dejó de ser únicamente urbanístico. Para muchos vecinos, lo que está ocurriendo en San Miguel forma parte de una transformación mucho más profunda de Granada. Una ciudad donde cada vez hay más hoteles, más apartamentos turísticos y menos vecinos. Donde antiguos espacios públicos comienzan a convertirse en oportunidades de negocio. Y donde el miedo a que el Albaicín deje de ser un barrio para convertirse definitivamente en un decorado turístico ya no parece una exageración vecinal, sino una posibilidad cada vez más cercana. Por eso, los que lo sufren no van a dejar de movilizarse donde y cuando sea.

Diego ya ni se acordaba de que tenía pendiente una cita con neurología. Hacía demasiado tiempo. Tanto, que cuando hace unos días recibió un mensaje del Servicio Andaluz de Salud (SAS) avisándole de una consulta programada, pensó que sería un error. Después llegó la llamada telefónica: tenía pendiente una derivación desde 2023. “¿Cómo me llaman en 2026 para una cita de esto?”, se pregunta este vecino de Jaén en conversación con este periódico, que finalmente será atendido el próximo 28 de mayo en el Hospital Universitario de Jaén, 897 días después de que le derivaran al especialista.

Su caso llega en plena campaña electoral andaluza, que ha venido marcada entre otras cosas por la gestión de la sanidad pública en manos del Gobierno del PP. Su líder y aspirante a ser reelegido, Juanma Moreno, que había intentado centrar la atención ciudadana en la “estabilidad” frente al “lío” de depender de Vox, ha acabado entrando de lleno, sobre todo en el último debate electoral, en el terreno más incómodo para los populares y que afecta más directamente a las personas, al margen de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama: una sanidad que acumula más de un millón de pacientes esperando una operación o una consulta con especialista.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, aportados por la propia Junta de Andalucía y correspondientes a diciembre de 2025, la comunidad cerró el año con 1.052.839 personas en listas de espera sanitarias. Andalucía sigue siendo además la autonomía con mayor demora media para una operación: 173 días frente a los 121 de media estatal. En el caso de Diego, la espera fue tan larga que el problema por el que acudió al médico casi desapareció antes de recibir la cita.

La salida: la sanidad privada

Todo comenzó con un dolor punzante detrás del oído izquierdo. Primero pasó por maxilofacial, después por otorrinolaringología y finalmente fue derivado a neurología. Ningún especialista consiguió encontrar el origen exacto del problema. El dolor aparecía de forma intermitente, a veces durante días enteros. “Un día me levantaba y ya estaba con el dolor todo el día”, recuerda. La consulta con neurología nunca llegó. Pasaron los meses y después los años. Ante la falta de respuesta del sistema público, acabó recurriendo a una consulta privada. “Me fui de pago”, admite. Tampoco allí obtuvo un diagnóstico claro. Con el tiempo, los síntomas fueron remitiendo.

“Yo me había olvidado completamente”, cuenta sobre aquella derivación pendiente. Porque la llamada del SAS ha llegado, pero casi tres años después, cuando el episodio ya había quedado atrás en su vida cotidiana. “Supongo que no será nada grave si no me he muerto”, ironiza.

El Servicio Andaluz de Salud reconoce que el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Jaén atravesó “una situación de déficit de profesionales” agravada durante los años de pandemia y que eso “ha tenido impacto en las demoras”. Según explica el SAS, el hospital ha pasado de tener nueve a trece especialistas en neurología y se han incorporado nuevas herramientas como la teleconsulta para intentar reducir las listas de espera.

“Aun así, se siguen impulsando medidas específicas para mejorar los tiempos de respuesta y la organización de la atención”, señalan desde la administración sanitaria a este periódico. Mientras tanto, desde la Junta lleva semanas defendiendo que la situación está mejorando. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha llegado a decir que “el Plan de Garantía Sanitaria está funcionando” y que Andalucía avanza hacia “una mejora real y sostenida de la accesibilidad quirúrgica”. Sin embargo, las cifras apenas se han movido respecto al año anterior: el número total de pacientes en espera sólo se ha reducido un 0,7% pese al incremento del gasto sanitario y al aumento de las derivaciones a clínicas privadas.

Mientras el Gobierno andaluz intenta contener el desgaste político, las historias acumuladas detrás de las estadísticas empiezan a aflorar públicamente. Diego asegura que, tras compartir su caso en redes sociales, comenzaron a aparecer decenas de testimonios similares. “Me han contado un montón de casos”, explica. Una realidad que dibuja el “colapso asistencial” que denuncian no solo los usuarios, sino los profesionales y los sindicatos desde hace años, empezando desde la atención primaria, con centros de salud que se sitúan en zonas de difícil cobertura y que no dan la respuesta más óptima para los vecinos.

25 meses esperando una rehabilitación

Vecinos que esperan meses para pruebas diagnósticas. Operaciones retrasadas durante años. Personas a las que les cancelan citas y nunca vuelven a llamarlas. Una de ellas es Ana, vecina de Granada. En enero de 2024 acudió al traumatólogo por un dolor en el brazo izquierdo después de haber sufrido previamente una necrosis en el hombro derecho que requirió cirugía. Tras realizarle una resonancia magnética, fue derivada “con preferencia” al médico rehabilitador.

La cita llegó el pasado 4 de marzo. 25 meses después. “Y lo único que me dan serían cinco sesiones en grupo para aprender unos ejercicios”, lamenta. Ahora continúa esperando otra resonancia magnética por nuevos problemas traumatológicos y asegura llevar ya cinco meses sin respuesta. Ha presentado una reclamación formal.

Los dos casos reflejan un fenómeno que se ha convertido en uno de los principales problemas políticos para el Ejecutivo andaluz. Las protestas de las mareas blancas movilizaron hace unas semanas a miles de personas en las ocho capitales andaluzas, mientras el CIS y el Centra sitúan ya la sanidad como la principal preocupación de la ciudadanía andaluza, por encima incluso del paro.

Consciente del desgaste, Moreno ha intentado desplazar parte de la responsabilidad hacia el Ministerio de Sanidad y las huelgas médicas relacionadas con el nuevo Estatuto Marco. El presidente andaluz sostiene que las movilizaciones han provocado cientos de miles de actos médicos suspendidos y “mucho daño” a las listas de espera. Un argumento que electoralmente está siendo rebatido por los partidos de la izquierda, que acusan al presidente andaluz de tratar de quitarse responsabilidad, especialmente tras la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Pero mientras el debate político ha escalado durante la campaña electoral, para muchos pacientes el tiempo sigue detenido entre pruebas pendientes, consultas aplazadas y teléfonos que tardan años en sonar. El caso de Diego, con casi 900 días sin ver a su neurólogo, y Ana, con 25 meses de espera para una rehabilitación, son dos de los ejemplos que explican por qué la sanidad pública y sus cifras determinan que se han convertido en el eje central de un debate político que irá más allá del próximo 17M. Gane quien gane.

La campaña andaluza ha incorporado en su recta final un nuevo frente para el Gobierno de Juan Manuel Moreno: el conflicto enquistado desde hace años con los bomberos forestales y el personal técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAyA). Apenas cuatro días antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo, el sindicato CGT -mayoritario porque representa a aproximadamente el 40% de los profesionales dentro del operativo INFOCA- mantiene convocada una concentración este miércoles frente al Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz, pese al preacuerdo anunciado el lunes entre la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

No en vano, la protesta llega en un momento especialmente delicado. No solo porque haya que pasar por las urnas en apenas unos días, sino porque Andalucía también se encuentra a semanas del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios y tras un invierno especialmente lluvioso que, según advierten los propios profesionales, ha dejado una gran acumulación de combustible vegetal en el monte. “Lo que cayó en febrero ya está seco”, explica Antonio Castellanos, bombero forestal y portavoz de CGT.

Por eso, dado el contexto, la Junta se afana por presentar el nuevo pacto como “un avance histórico” para los más de 4.000 trabajadores del dispositivo. El preacuerdo firmado contempla la creación de un “Complemento de Experiencia Operativa y Desarrollo Profesional” que el Gobierno andaluz vende como una solución jurídica para compensar la antigüedad del personal del INFOCA y EMA. Pero no es el complemento de antigüedad que históricamente reclaman en el cuerpo por ser, además, casi los únicos empleados públicos que no lo perciben en toda Andalucía.

Para contrarrestar esta circunstancia, el Ejecutivo de Moreno sostiene que las restricciones de la Ley General Presupuestaria impiden implantar directamente los trienios, por lo que ha diseñado una fórmula alternativa que comenzaría a aplicarse progresivamente desde enero de 2026. “El Gobierno andaluz culmina así un avance histórico tras años de trabajo”, defienden desde la Junta, que vincula además este acuerdo a otra de las reivindicaciones históricas del operativo: la ampliación a 12 meses de trabajo durante todo el año y no sólo en campaña de incendios.

“Presión sindical”, defienden los firmantes

Sin embargo, el anuncio no ha servido para desactivar el conflicto. Más bien al contrario. CGT, junto al Sindicato Independiente de Bomberos Forestales de INFOCA (SIBFI) y la Asociación Movimiento INFOCA, rechazan frontalmente el acuerdo y denuncia que se ha negociado “a puerta cerrada” con organizaciones sindicales minoritarias dentro del operativo. El sindicato sostiene que el documento estaba cerrado desde el pasado 15 de abril y que se les remitió apenas 48 horas antes para estudiarlo. “Nos dejan sin posibilidad de analizarlo con nuestros servicios jurídicos”, denuncian.

La crítica principal de CGT se basa precisamente en qué manera se aborda la antigüedad de la plantilla. El sindicato sostiene que la Junta no la reconoce realmente, sino que sustituye ese derecho por un complemento variable vinculado al desempeño profesional. “Ganamos un complemento variable a cambio de renunciar a uno seguro y fijo: la antigüedad”, critican. Además, alertan de que el nuevo sistema podría absorber las cantidades que algunos trabajadores ya tienen consolidadas por antigüedad y retrasar los incrementos salariales, al computarse cada seis años en lugar de cada tres. “Siguen riéndose de nosotros y tratándonos como trabajadores públicos de segunda”, sostienen desde la organización sindical.

Fuentes sindicales firmantes del preacuerdo alcanzado con la Junta apuntan que las reivindicaciones se iniciaron hace años en unidad sindical con CSIF, UGT, CCOO, CGT y UITA pero que los dos últimos se cayeron. “Están en su derecho de tomar la postura que consideren, pero lo cierto es que son CSIF, UGT y CCOO los tres sindicatos que han sacado adelante este acuerdo, que consideramos muy positivo para el personal del INFOCA”. “Los bomberos forestales llevan años luchando para que se reconozca el valor de su trabajo, su experiencia, su especialización y otras cuantas cuestiones, y este acuerdo por fin lo hace tras la presión sindical que hemos ejercido durante todo este tiempo tanto en la calle como en las mesas de negociación”, añaden.

El conflicto alrededor de los trienios lleva años enquistado dentro de la agencia pública. Los bomberos forestales denuncian que siguen siendo de los pocos trabajadores públicos andaluces que no perciben complemento de antigüedad pese a desempeñar un servicio esencial. Castellanos asegura que el nuevo acuerdo “bloquea cualquier margen de negociación hasta 2030” y acusa tanto a la Junta como a los sindicatos firmantes de haber escenificado una “negociación fake” para desactivar el malestar interno antes de las elecciones.

Más problemas laborales

Pero las reivindicaciones del operativo van mucho más allá de los salarios. Los sindicatos movilizados denuncian también que pese a que desde la Consejería de Presidencia se prometió que toda la plantilla estaría estabilizada durante los 12 meses del año y no solo durante las campañas de alto riesgo de incendios, hay técnicos y bomberos que aún no tienen contratos anuales. Un problema que merma los dispositivos de prevención que han de operar continuamente.

Pero también señalan problemas de movilidad y conciliación familiar, retrasos en procesos internos, falta de transparencia en concursos y bolsas de empleo, además de carencias materiales que, aseguran, afectan directamente a la seguridad del servicio. Entre ellas, señalan la existencia de vehículos “inadecuados” para la extinción de incendios forestales o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes y adecuados. Según denuncian, algunos trabajadores deben declararse “inoperativos” para poder recibir nuevo material, quedando temporalmente fuera de servicio.

La situación, sostienen, se ha agravado tras la separación entre EMA y AMAyA. Castellanos describe una agencia “desbordada” administrativamente y cuestiona incluso si el problema responde ya a “voluntad política o incapacidad operativa”. “Somos esenciales para la propaganda política”, critica el portavoz sindical. “Cuando hay un problema se hacen fotos en el puesto de mando, pero luego no diseñan lo que tiene sentido para la operación de emergencia”.

El momento escogido para la movilización tampoco es casual. La concentración tendrá lugar frente al Palacio de San Telmo en plena campaña electoral y justo antes del arranque oficial del periodo de alto riesgo. “Después es más complicado mover a la gente”, admite Castellanos.

Mientras tanto, el resto de sindicatos firmantes del acuerdo guarda silencio ante la convocatoria de protesta. La Junta, por su parte, intenta proyectar imagen de conflicto encauzado y de diálogo social cerrado. Pero la negativa del sindicato mayoritario a respaldar el pacto mantiene abierto un frente incómodo para el Gobierno andaluz en uno de los servicios públicos más simbólicos de la comunidad autónoma.

Pablo Rodríguez, vecino de Granada y socio del bar Loop -un céntrico establecimiento hostelero-, permanece hospitalizado y pendiente de ser operado después de sufrir en la madrugada del sábado una agresión en el centro de la capital granadina que la Policía Nacional ya investiga. Su entorno sostiene que el ataque estuvo motivado por la camiseta antifascista que llevaba puesta.

Los hechos, avanzados en Ideal, ocurrieron en la zona entre calle Pavaneras y el inicio del Realejo, después de que Rodríguez terminara su jornada de trabajo en el establecimiento hostelero del que es socio. Según relata su pareja, la activista feminista Alejandra Chenoll, ambos salieron del local junto a varias amistades poco después del cierre, alrededor de las tres de la madrugada.

“Yo iba unos metros más atrás hablando con una amiga y de repente escuchamos un golpe”, explica Chenoll en conversación con este periódico. Cuando llegó hasta el lugar donde estaba Pablo, lo encontró inconsciente en el suelo y “en un charco de sangre”.

Dos jóvenes que se acercaron a auxiliarles les explicaron que habían visto salir corriendo a un grupo de unas seis personas. Horas después, ya en el hospital y tras recuperar parcialmente la conciencia, Rodríguez pudo relatar lo sucedido. Según su testimonio, varios jóvenes comenzaron a increparle por la camiseta que llevaba puesta, con el mensaje “Antifascist Bitches”, antes de rodearlo y golpearlo. “Le dijeron si estaba orgulloso de la camiseta”, relata Chenoll. “Le pegaron un único puñetazo, le rompieron el pómulo y lo noquearon”.

Operado tras fracturarse el pómulo

La víctima sufrió una fractura de pómulo y permanece ingresada para recuperarse de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido. Su pareja insiste además en desmontar algunas versiones iniciales que apuntaban a una pelea nocturna. “No fue una pelea. Fue una agresión”, sostiene. “No iban borrachos ni hubo una discusión previa. Lo rodearon y le pegaron”.

Chenoll asegura que el golpe dejó inconsciente de inmediato a Rodríguez, que cayó al suelo y se golpeó también la cabeza. “Yo cuando lo vi pensaba que estaba muerto”, afirma. “Creo que se largaron porque pensaron que estaba muerto. Si no, la paliza podría haber sido mayor”.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a este periódico que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido. La familia prevé además presentar denuncia formal en las próximas horas y solicitar la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, el caso ha provocado ya reacciones de colectivos sociales y organizaciones de Granada, que han mostrado públicamente su apoyo a la víctima y han convocado una concentración de rechazo a la agresión. Chenoll entiende que sucedido tiene lugar en un contexto de creciente actividad ultra en la ciudad y asegura que durante esa misma mañana aparecieron pintadas con simbología nazi en distintos puntos de Granada y firmados por Curva Sur, una formación ultra vinculada al Granada Club de Fútbol y con miembros de la excisión de Hogar Social Granada, una organización fascista con implantación por toda España.

“Es importante que se sepa que no fue dentro del bar y que no fue una pelea cualquiera”, insiste. “Fue porque iba solo con una camiseta. Nos puede pasar a cualquiera”. Mientras Pablo se recupera de su agresión, la investigación policial tratará de esclarecer los hechos y dar con los presuntos agresores.

Hay proyectos que nacen con una idea clara: hacer lo mismo que el resto, pero mejor. Y luego están los que parten de una pregunta distinta: qué podemos hacer que no esté haciendo nadie. Ahí se sitúa Lavística Producciones, una cooperativa jiennense que ha irrumpido en el panorama cultural con una propuesta que mezcla producción musical, espectáculo en directo y una forma de entender la cultura profundamente arraigada al territorio.

El nombre ya marca el tono. “Lavística es una expresión muy de Jaén, como decir ‘la virgen’ en Granada”, explica Antonio Martínez, ‘Nito’, uno de los impulsores del proyecto. Una elección que no es casual: detrás hay una reivindicación explícita de identidad y de origen, algo que atraviesa toda la filosofía de la cooperativa. “Somos muy de Jaén y todo lo que hacemos tiene la intención de darle a la provincia un abanico cultural más amplio, más atractivo”, confiesa.

Lavística está liderada por María Delgado y Jesús Alcántara, y encuentra en el proyecto musical BandelBirra su principal carta de presentación. Pero no se trata de un grupo de versiones al uso. Aquí la clave está en la reinterpretación. “Dijimos: vamos a hacer algo diferente. Cogemos canciones conocidas, pero cambiamos estilos, ritmos e instrumentos”, explica Nito. El resultado son versiones que incorporan instrumentos latinoamericanos -charango, flautas andinas, percusión tradicional- para dar un nuevo matiz a temas populares.

Esa búsqueda de una identidad propia no se queda ahí. Su formato de espectáculo también rompe con lo habitual: mezclas de canciones que enlazan distintos temas sin pausas, repertorios que recorren décadas -de los 80 a la actualidad- y propuestas escénicas que incluyen batucadas en directo entre el público. “La idea es que la gente no baje nunca. Que siempre esté arriba”, cuenta. Y, sí, por supuesto que Supersubmarina está entre las notas musicales que Lavística regalan desde los escenarios.

Porque el origen de esa propuesta está en la trayectoria de sus integrantes. Nito acumula más de 25 años vinculado a la música latinoamericana, mientras que su socio procede del circuito de orquestas y grupos de versiones. La fusión de ambos mundos es, precisamente, el punto de partida del proyecto. “Queríamos darle una vuelta de tuerca a todo”, insiste.

Una propuesta coral

Pero Lavística no es sólo escenario. La cooperativa ha desarrollado una línea de negocio diversificada que incluye producción musical, grabación y arreglos, alquiler y sonorización de equipos, y gestión de soluciones musicales a medida. Desde montar un concierto hasta diseñar la banda sonora de un evento o facilitar músicos específicos, su enfoque pasa por cubrir todo el ciclo del producto cultural.

En su primer año de actividad, esa fórmula ya ha demostrado su viabilidad: cerca de medio centenar de espectáculos realizados en distintos formatos, desde fiestas populares hasta eventos privados o festivales. Un crecimiento que se ha visto acompañado por el reconocimiento del sector, como el premio a la cooperativa más innovadora en los galardones +Cooperativas impulsados por FAECTA.

El modelo cooperativo, de hecho, forma parte esencial de su identidad. “No sabíamos muy bien cómo arrancar y nos hablaron de las ventajas de la cooperativa. Nos pareció la mejor manera de empezar sin añadir más complicaciones a las que ya tiene montar un proyecto”, explica Nito. Una estructura que encaja con su forma de trabajar y con una visión colectiva de la cultura.

Esa dimensión colectiva se refleja también en el propio grupo, formado por seis personas entre músicos y técnico, y en una manera de entender la música como experiencia compartida. No hay un público único ni un circuito cerrado: Lavística actúa en bodas, fiestas, festivales o eventos institucionales, adaptando su propuesta a cada contexto. “No somos un grupo de nicho. Hacemos de todo”, afirma.

Sin embargo, el vínculo con Jaén sigue siendo el eje. Frente a la idea de que la cultura “pasa” en otros lugares, la cooperativa reivindica el potencial local. “Aquí hay una calidad musical tremenda, pero muchas veces pensamos que lo bueno tiene que venir de fuera. Nosotros queremos demostrar lo contrario”, señala. Ese posicionamiento conecta con un reto compartido por muchos proyectos culturales en territorios periféricos: construir industria. Generar tejido, oportunidades y, sobre todo, confianza. “Es complicado, pero creemos que hay que dar ese paso y apostar por lo que tenemos aquí”, añade.

De cara al futuro, el horizonte es claro: crecer sin perder la esencia. Ampliar capacidades técnicas, consolidar su presencia en el circuito y seguir llevando su propuesta a más escenarios. Pero, sobre todo, mantener viva la motivación que les llevó a empezar. “Queremos disfrutar del escenario y tocar cuantos más sitios mejor”, concluye Nito. En un contexto donde la homogeneización cultural es cada vez más evidente, Lavística Producciones plantea una alternativa: innovar desde lo propio, mezclar sin miedo y demostrar que, también desde Jaén, se puede construir una propuesta cultural con identidad y recorrido.

Enclavado en plena Sierra de los Filabres, en el corazón de la provincia de Almería, el poblado minero Menas de Serón, aguarda a que el paso del tiempo deje de hacerle mella. En decadencia desde que a finales de la década de los 60 dejó de tener actividad extractiva, quienes vivieron allí -que cada vez quedan menos- tratan, junto con el Ayuntamiento de Serón, de recuperar para el turismo un emplazamiento tan histórico como especial. Pero no es fácil porque la Junta de Andalucía, propietaria del poblado, pretende deshacerse de él y no acaba de acercar posturas con la administración local.

Este poblado, levantado a finales del siglo XIX por la actividad minera para extraer el plomo y el hierro que se encontraron en el subsuelo de esta parte de los Filabres, a más de 1.600 metros de altitud, llegó a ser un motor económico de la provincia de Almería y uno de los bastiones mineros más importantes de España. No en vano, su mina atrajo miradas de empresas holandesas y británicas que se acercaron hasta este punto perteneciente al municipio de Serón para asentar a sus trabajadores e ir construyendo poco a poco un poblado que llegó a albergar a 3.000 habitantes en su mejor momento.

Fue tan importante durante buena parte del siglo XX que llegó a contar con hospital propio. Además, como sus principales moradores al principio fueron personas procedentes de otros rincones de Europa, su arquitectura recuerda a lugares geográficamente muy distantes de Almería. Sin embargo, aquel brilló empezó a apagarse cuando en 1968 las minas se cerraron por la competencia de otras explotaciones sobre todo en el Rif de Marruecos. Dando inicio así a un deterioro progresivo del patrimonio que hoy enfrenta a lugareños y ayuntamiento contra la Junta de Andalucía por el futuro del poblado.

Denominado “Menas” porque “mena” es el nombre con el que se llama a los minerales que se extraen, el poblado ha ido perdiendo no solo su potencial pasado, sino que la falta de mantenimiento está llevando a la ruina a muchos de sus edificios. Aunque fue habitado hasta los años 90 y en la década de los 2010 aún se mantenía cierta actividad turística, su cierre simbólico -que no físico porque no está vallado- se ha producido porque es inhabitable e inaccesible, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Serón lo adecenta, limpia y rehabilita modestamente cada vez que puede. Pero no es su cometido ni debe hacerlo porque la propiedad es del Gobierno andaluz, que pretende deshacerse del lugar y lleva varios años intentando venderlo sin éxito porque hay litigios que lo impiden.

Un conflicto entre administraciones

A ese intento de venta se opuso frontalmente el Ayuntamiento de Serón. En 2024, la Junta incluyó parte de los edificios más emblemáticos del poblado -las antiguas oficinas, el casino, el cine club o el pabellón de solteros- en un paquete de activos públicos para su subasta por un precio de salida de 1,5 millones de euros. La operación formaba parte de una estrategia más amplia para desprenderse de patrimonio infrautilizado. Pero en Serón no lo vieron como una oportunidad, sino como una amenaza.

“Es un bien del pueblo”, sostiene el alcalde, Manuel Martínez (PSOE), que desde su llegada al cargo en 2022 ha convertido la recuperación de Las Menas en una de sus prioridades. El Consistorio movilizó a la ciudadanía, impulsó una recogida de firmas y logró frenar en 2024, al menos temporalmente, la operación. “No puede ser una transacción comercial, especulativa”, defendía entonces. Su planteamiento pasa por una cesión pública que permita al municipio gestionar el enclave sin perder su titularidad, con proyectos vinculados al turismo y la recuperación del patrimonio industrial.

Dos años después, el conflicto sigue abierto, pero en un escenario distinto. La subasta no se ha materializado, pero el poblado continúa en un limbo jurídico que bloquea cualquier actuación de calado. El Ayuntamiento solicitó formalmente en noviembre de 2022 la cesión de parte del complejo, incluyendo edificios rehabilitados con más de tres millones de euros de inversión pública, pero la tramitación no ha avanzado.

Desde la Junta de Andalucía, la explicación apunta a problemas técnicos. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, describe la situación como “un auténtico caos” registral y catastral que impide avanzar. La delimitación de los terrenos no coincide con la realidad física, hay alegaciones de propiedades colindantes y el Registro de la Propiedad ha rechazado la inscripción de la base gráfica planteada por la Administración autonómica. El resultado es la apertura de un expediente de deslinde que, en la práctica, vuelve a retrasar cualquier decisión.

Frente a ese argumento, el Ayuntamiento sostiene que el bloqueo tiene más que ver con falta de voluntad política que con obstáculos técnicos. “No nos responden absolutamente a nada”, lamenta Martínez en declaraciones a este periódico. El alcalde asegura que el Consistorio advirtió a la Junta de la existencia de una pequeña propiedad privada dentro del perímetro, pero que la Administración autonómica no tuvo en cuenta esa circunstancia al tramitar la segregación del terreno, lo que habría provocado el actual atasco registral. “Ese es el laberinto burocrático: no hacer las cosas como tienen que hacerlas”, lamenta.

Mientras tanto, el deterioro avanza. Sin vigilancia desde hace años, el poblado ha sufrido robos y actos vandálicos, incluso en instalaciones rehabilitadas recientemente. El Ayuntamiento, pese a no ser el propietario, asume tareas de limpieza, mantenimiento básico y pequeñas reparaciones. “Unas instalaciones recién hechas y abandonadas”, critica el alcalde, que insiste en que el proyecto no es solo patrimonial, sino estratégico: “Es un desarrollo impresionante para la comarca, una herramienta contra la despoblación”.

Un hilo de esperanza

Esa visión la comparten también quienes un día vivieron allí. María, fundadora de la Asociación Santa Bárbara y una de las últimas vecinas de Las Menas, habla desde la memoria. “Era lo más de Almería”, recuerda. El poblado llegó a tener cines, campo de fútbol o plaza propia y fue durante décadas uno de los principales motores económicos de la provincia. “Se van con una tristeza”, dice sobre quienes regresan hoy y se encuentran con un lugar prácticamente en ruinas.

La asociación lleva más de tres décadas intentando mantener vivo el vínculo con el poblado. Ha participado en recogidas de firmas, en iniciativas junto al Ayuntamiento y en la recuperación de elementos simbólicos, como la ermita. Pero también denuncia la falta de respuesta institucional. “No hacen caso”, dice María. “No nos hacen facilidad ninguna”.

El contraste entre lo que fue y lo que es atraviesa todo el relato. Donde antes hubo una comunidad de miles de personas, hoy apenas quedan edificios deteriorados y senderos que se pierden entre la sierra. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni los antiguos vecinos renuncian a una posible segunda vida. “Estoy convencidísima”, insiste María cuando se le pregunta por el potencial turístico del enclave. Habla de senderos, de patrimonio industrial, de naturaleza. “Tiene una historia espectacular. Todo eso es turismo”.

Ese es, precisamente, el punto de encuentro que nunca termina de materializarse. Mientras la Junta defiende la necesidad de garantizar la seguridad jurídica antes de cualquier cesión o uso, en Serón crece la sensación de bloqueo. Entre expedientes, deslindes y proyectos fallidos, Las Menas sigue atrapada entre su pasado y un futuro que no termina de llegar.

Con Miguel Ríos como telonero y al grito de “¡presidenta!”, María Jesús Montero ha pulsado el botón de la campaña electoral para el 17M en Granada. La candidata a presidir la Junta de Andalucía por el PSOE andaluz ha elegido la ciudad de la Alhambra para dar el primer paso de un camino que en otros tiempos le habría llevado hacia el palacio de San Telmo, pero que en este punto parece más destinado a minimizar daños. Con todas las encuestas en contra de los intereses de Montero, ya que ninguna le da como presidenciable ni con opciones de lograr pactos en el Parlamento de Andalucía, la campaña de la ex vicepresidenta del Gobierno se lee también en clave nacional.

No en vano, el PSOE está inmerso en una vorágine de comicios autonómicos en los que acumula derrotas frente al binomio entre el Partido Popular y Vox, que ya han hecho efectivos sus pactos en Extremadura y Aragón y que no tardarán en hacer lo propio en Castilla y León. Precisamente las elecciones castellanas son el espejo en el que se miran los de Montero desde Sevilla, pero también desde Ferraz y Moncloa. En estas se produjo un incremento de dos procuradores frente a los obtenidos en los comicios de 2022 (30-28). Una subida que, sin embargo, internamente se entiende que se produjo porque el candidato, Carlos Martínez, no fue elegido desde Madrid y que además ya era muy conocido y valorado en su territorio por haber sido alcalde de Soria.

Por eso, la campaña que ha iniciado María Jesús Montero en Granada parece destinada a la supervivencia. Desde el PSOE de Andalucía no quieren oír ni hablar de bajar del suelo electoral que se estableció en 2022 cuando Juan Espadas logró los peores resultados socialistas de la democracia al quedarse con 30 diputados. Todo lo que sea estar en esos números, mejorar en votos o en parlamentarios, será anotado como una buena noticia, aunque sin lanzar las campanas al vuelo salvo que se produjese una subida espectacular que no se vislumbra y que, con el miedo a empeorar los resultados de hace cuatro años, invita a pensar que el de Montero puede ser un camino medianamente breve al frente del PSOE andaluz.

Porque la exvicepresidenta, que va a utilizar el “mal estado” de los servicios públicos en Andalucía como su principal eje de campaña, vuelve a una comunidad autónoma muy diferente de la que dejó cuando dio su salto a Madrid. Montero, que fue consejera de Salud y Hacienda durante los últimos gobiernos que los socialistas han cosechado en tierras andaluzas, regresa a un escenario en el que el PP de Juan Manuel Moreno gobierna y está fuerte, pese a la crisis de los cribados, al haber tejido una imagen de gestión tanto en el accidente ferroviario de Adamuz como durante los episodios de lluvias extremas. Estos dos capítulos, unidos a la falta de un liderazgo claro en la oposición, han impulsado a un presidente andaluz que da por hecha su continuidad y posiblemente sin depender de Vox, como si está ocurriendo en otros feudos autonómicos.

Esperanza frente a la realidad

Flanqueada por Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, apenas ha habido presencia de la cúpula andaluza, que en estos últimos cuatro años ha sido el principal escollo en el Parlamento para un PP que ha podido aplicar su rodillo parlamentario merced a una mayoría absoluta que quiere repetir cuatro años después de los últimos comicios. Quizás por eso, María Jesús Montero, que ha elegido “defiende lo público” como lema de campaña, ha iniciado su discurso poniendo en valor la “esperanza” con la que afrontan una campaña que los sondeos no sitúan de su lado de la balanza.

Curiosamente, la candidata socialista ha escogido hacer su primer mitin de campaña en Granada, apenas unos días después de que los populares afeasen que no hubiese pisado aún la capital granadina durante la precampaña. No obstante, su apuesta granadina sí tiene relevancia porque en la lista provincial está incluido como número dos Francisco Cuenca, el que fuera alcalde de la ciudad hasta las últimas municipales.

No han sido unas listas fáciles para Montero que, pese a definirlas como de “consenso”, han demostrado las fricciones que hay internamente en el PSOE andaluz. Sobre todo en Cádiz, donde el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, mantuvo un pulso con la propia exvicepresidenta por hacerse con el control de los nombres que irían en ellas. Quizás por eso, Montero ha lanzado un mensaje de unidad frente a la militancia reunida en Granada: “Estamos en una encrucijada en la que tenemos que dedicir nuestro futuro y pasa por un gobierno de España, de Andalucia y de los municipios de Granada en el que la mayoría social esté presente en las instituciones”.

Pivotando durante su discurso continuamente en palabras como “igualdad”, “oportunidad” o “ilusión”, Montero ha tratado de situarse como el contrapeso a Juan Manuel Moreno asumiendo que los socialistas representan “la mayoría social” y que, por lo tanto, han de lograr revitalizar un voto que en las dos últimas elecciones autonómicas ha abandonado las siglas del PSOE-A. “Aquí está una parte de esa Andalucía progresista que nunca se conforma, que no se resigna y que tiene la capacidad siempre de levantarse y de empoderar al pueblo para que el pueblo tome sus propias decisiones”.

Una campaña contra la “privatización”

No en vano, para los socialistas andaluces se trata de una campaña en la que el estado de los servicios públicos, que ha sido una bandera clásica de las administraciones que han encabezado, se sitúan como el caladero en el que tratar de recuperar parte de la confianza de los electores. Montero, en ese sentido, ha calificado a Moreno como un “lobo con piel de cordero”, al que han de tratar de frenar para que los ciudadanos no se engañen y confíen en una política que apuesta por la “privatización” que impide que la clase trabajadora pueda progresar.

“No se pueden construir sociedades excluyendo a una parte que moelsta a algunos”, ha apuntado la candidata del PSOE-A. Justo antes de afirmar que esa exclusión está dando pie a una campaña de “bulos” de la “derecha” y la “extrema derecha”. Según Montero, desde las formaciones de ese espectro político “se dedican a la deshumanización del adversario político”. Por eso, ha aprovechado para mandarle su “apoyo y solidaridad” a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, que este miércoles denunciaba al agitador Vito Quiles por una presunta agresión en un restaurante.

Sin abandonar en ningún momento sus logros como parte del Gobierno de España y tratando de atravesar los mismos con las políticas del PP que, a su juicio, en los últimos ocho años ha caminado en sentido contrario, la ex vicepresidenta asegura que “se está practicando una política privatizadora de aquello que ha permitido que esta tierra haya podido crecer”. Según Montero, durante los gobiernos socialistas, estaba “garantizada la sanidad, la educación o la dependencia”.

Un terreno, el de los servicios públicos, que la candidata a la Junta de Andalucía ha utilizado recurrentemente para recordar que el año pasado fallecieron 7.000 personas esperando una prestación por dependencia y sobre todo la crisis de los cribados: “La mayor negligencia que ha tenido un sistema sanitario en España. A esas mujeres se les criminalice y no se les dé explicaciones: 4.000 mujeres, ¿qué ha ocurrido con ellas? ¿cuántas han fallecido? No son lo mismo las víctimas para este candidato (en referencia a Moreno)”.

Un compromiso sanitario

También ha aprovechado para pasar al ataque y recordar algunos de sus logros en la etapa en la que fue consejera de Salud, tachando de “bulos” las insinuaciones que se hacen sobre su mala gestión entonces. Y ha reiterado su compromiso de la precampaña: “La primera medida que tomaré como presidenta será que ningún ciudadano espere más de 24 o 48 horas para que le atienda su médico de familia”. Un momento que ha elevado la exaltación de la militancia que ha acabado coreando “sanidad pública”.

Junto a María Jesús Montero, también ha hablado la cabeza de lista por Granada, Olga Manzano, que se ha desecho en elogios hacia la candidata a la presidencia de la Junta. Tachándola de “toda una líder”, Manzano ha afirmado que no ha parado de “trabajar por Andalucía”. Y al igual que Montero ha centrado su intervención en fijar el eje de la campaña frente al PP en convertirse en el muro de contención frente a la “privatización” sobre todo de la sanidad pública. Un argumento en el que también se ha situado el cantante Miguel Ríos, que ha sido el padrino de un mitin que abre quince días de campaña en los que el suelo electoral de los socialistas es el terreno del que no quieren oír hablar en el equipo de Montero.

Porque el PSOE-A pretende que su campaña desdibuje la imagen que Juan Manuel Moreno trata de hacer suya como la de un barón de los populares alejado de la confrontación política y centrado en la gestión. Pero para Montero, el presidente andaluz “es el candidato de un PP del no a la reforma laboral o del no a la subida del SMI y la revalorización de las pensiones”. Es el candidato del “marketing”, según los socialistas, y contra ello van a construir su discurso. Dos semanas tienen para ello. Dos semanas en las que, también como hoy, Montero aprovechará para sacar pecho de su gestión como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez. Una táctica que en Aragón no acabó de funcionarle a Pilar Alegría.

Hace tiempo que en La Alpujarra de Granada nadie quiere creerse las promesas sobre el hospital que algún día debería haberse construido en Órgiva. Hace tiempo que los lugareños ya se toman sin interés cada anuncio que hace la Junta de Andalucía sobre el centro hospitalario del que empezó a hablar en 1997. Tras casi 30 años de promesas, el hospital no solo no existe sino que el proyecto original ha sufrido tantos cambios y recortes que será poco más que un “centro de salud grande”, según denuncia la plataforma ciudadana que más lucha por su construcción. Sin embargo, la Junta y el Ayuntamiento de Órgiva han vuelto, por enésima vez, a anunciar un acuerdo para hacerlo realidad.

El consejero Antonio Sanz y el regidor local, Raúl Orellana, acaban de pactar la construcción del edificio por valor de 11 millones de euros. Eso sí, ya no se habla explícitamente de hospital, sino de Centro de Alta Resolución de Procesos. Y mientras el propio Sanz admite que este acuerdo llega tras más de 20 años de “promesas incumplidas”, el visto bueno a la obra no termina de convencer a una población local que ya ha visto en demasiadas ocasiones un anuncio similar. En Órgiva, que es junto con Lanjarón la puerta de entrada a La Alpujarra occidental, ha llegado a haber incluso dos emplazamientos distintos para el futuro centro hospitalario y ni el PSOE durante la etapa de Cháves, Griñán o Susana Díaz y ni el PP de Juan Manuel Moreno han convertido en realidad lo que resuena como una promesa electoral eterna, según entienden desde la Plataforma por el Hospital de La Alpujarra.

En esta ocasión, el compromiso vuelve a situarse en un horizonte lejano. Según el propio anuncio institucional, la redacción del proyecto no estará lista hasta finales de este año y la licitación de las obras se iría, como pronto, a 2027. Es decir, tres décadas después de que se planteara por primera vez, el hospital -o lo que quede de él- sigue sin pasar de la fase previa a cualquier construcción. Todo ello, además, en un contexto de precampaña para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

De hospital a “centro de salud”

La principal diferencia con respecto a lo prometido durante años es el propio alcance de la infraestructura. Lo que en los años noventa y en la década siguiente se diseñó como un hospital comarcal con hospitalización, quirófanos y hasta helisuperficie, ha ido reduciéndose progresivamente hasta convertirse en un centro de alta resolución sin camas. Un dispositivo que integraría atención primaria, algunas especialidades y urgencias, pero que obligaría igualmente a derivar a los pacientes a Motril o a Granada en caso de necesitar ingreso o pruebas más complejas.

“Es básicamente un centro de salud grande”, resume Carlos Miralles, portavoz de la Plataforma por el Hospital de La Alpujarra, que lleva años movilizándose para exigir una infraestructura sanitaria completa. “No hay camas, no hay hospitalización. Si necesitas una analítica urgente o una radiografía, tienes que desplazarte igualmente”, añade. Su diagnóstico coincide con el sentir mayoritario en la comarca: “La gente está muy cansada de promesas que luego no se cumplen. Promesas, promesas, promesas y nada”.

El cansancio no es sólo político. También es social y, en algunos casos, personal. “Hay gente de la plataforma a la que le ha afectado psicológicamente”, explica Miralles, que relata cómo algunos vecinos han dejado de implicarse tras años de movilización sin resultados. A ese desgaste se suma una realidad cotidiana marcada por la falta de recursos: consultorios con horarios limitados, ausencia de pruebas diagnósticas fuera de determinadas franjas y desplazamientos constantes a hospitales situados a decenas de kilómetros por carreteras de montaña.

30 años de promesas

En una comarca geográficamente dispersa y escarpada, en la que viven unos 25.000 habitantes, la accesibilidad no es un detalle menor. “Si tienes una patología crónica, es un infierno”, lamenta el portavoz que apunta a que la propia Junta ha pasado con los años de decir que el centro hospitalario iba a dar cobertura a todos esos ciudadanos a llegar a reducir la cifra a apenas algo más de 15.000. Hay pacientes, asegura, que han dejado de acudir a citas con especialistas simplemente porque no pueden desplazarse. La reducción de servicios de transporte público agrava aún más la situación en un territorio donde el vehículo privado no siempre es una opción.

Esa realidad contrasta con los sucesivos anuncios institucionales que, desde finales de los noventa, han ido protagonizando la historia del proyecto. En 1997 se planteó por primera vez la construcción del hospital en Órgiva. Tardó casi una década en definirse su ubicación y no fue hasta 2012 cuando se presentó un proyecto concreto, con un presupuesto de en torno a 12 millones de euros y una infraestructura que incluía consultas, urgencias, bloque quirúrgico y hospitalización. Entonces se llegó a asegurar que las obras estarían licitadas en 2013 y finalizadas entre 2015 y 2016.

Nada de eso ocurrió. En 2017, dos décadas después del primer anuncio, en el solar previsto “no había poco más que la valla publicitaria que lo anunciaba”. Dos años más tarde, ya con el PP en la Junta, el entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, calificaba el proyecto como un “señuelo electoral” y hablaba de “un solar lleno de jaramagos” tras “cientos de anuncios” y “algunas primeras piedras”. Pese a ello, el nuevo Gobierno autonómico también se comprometió a impulsarlo y llegó a situar el inicio de las obras en 2021.

El giro definitivo se produjo en 2022, cuando la propia Consejería de Salud confirmó que el hospital no se iba a construir como tal. En su lugar, el plan pasaba a ser un Centro de Alta Resolución, sin posibilidad de ingreso hospitalario. Una decisión que desde la plataforma ciudadana se interpretó como “un paso atrás” y que consolidaba la sensación de que, con el paso del tiempo, el proyecto no avanzaba, sino que se reducía. En 2023, el Consistorio expropió el terreno donde se va a levantar presuntamente el proyecto, aunque desde la plataforma advierten de que hay implicaciones legales en esa expropiación que pueden torpedear la obra.

“Claro que se construirá”

Pese a todo, desde el Ayuntamiento de Órgiva defienden que ahora sí se dan las condiciones para que la infraestructura salga adelante. El alcalde, Raúl Orellana, sostiene que la clave está en la disponibilidad de unos terrenos “adecuados”, frente a los anteriores, que considera inviables, y en el cambio político tanto en la Junta como en el propio Consistorio. “Claro que se construirá. Esto es ya imparable”, asegura el regidor, que niega que el anuncio tenga relación con el calendario electoral y lo vincula a la finalización de los trámites necesarios.

Su discurso choca con el escepticismo de buena parte de la población. “No nos creemos nada”, es una de las frases que más se repiten entre los vecinos, según trasladan desde la plataforma. Después de tres décadas de anuncios, cambios de proyecto y plazos incumplidos, la desconfianza se ha convertido en una constante en una comarca que sigue esperando una infraestructura sanitaria que, sobre el papel, lleva prometiéndose desde finales del siglo pasado.

Mientras tanto, la vida sigue en La Alpujarra con una red sanitaria limitada y dependiente de hospitales situados a una hora -o más- de distancia. La distancia entre la promesa y la realidad, en este caso, no se mide en kilómetros, sino en años. Y, por ahora, sigue sin acortarse.

Hay ideas que, sobre el papel, parecen improbables. Jaén y Japón, por ejemplo. Dos tradiciones gastronómicas separadas por miles de kilómetros, culturas distintas, técnicas y productos que, en principio, no tienen nada que ver. Y, sin embargo, en el restaurante Ajhito Izakaya de Jaén esa combinación no sólo funciona, sino que se ha convertido en una de las propuestas más singulares del panorama gastronómico jiennense.

“Somos una izakaya, una taberna japonesa. Pero no somos un restaurante japonés al uso”, aclara Patricia Díaz, cocinera y fundadora junto a su pareja, Peter. La diferencia no es menor. Frente a la idea reduccionista que identifica la cocina japonesa con el sushi, Ajhito plantea una carta donde conviven técnicas orientales con productos y recetas de la tierra. Una cocina que ellas mismas definen como “jaénponesa”.

El origen del proyecto no está en una estrategia de mercado, sino en una trayectoria vital. Patricia acumula casi dos décadas de experiencia en cocina profesional, buena parte de ella en entornos de alta gastronomía donde el uso de técnicas y productos japoneses forma parte del día a día. “De todos esos sitios he ido cogiendo cosas. Al final, aplicas técnicas y productos a elaboraciones propias de nuestra tierra”, explica. Esa acumulación de saberes es la base sobre la que se construye Ajhito.

La chispa definitiva, sin embargo, llega de un lugar mucho más cotidiano: unos ochíos. “Estábamos hablando de la infancia, de cómo aquí comíamos ochíos con chocolate, y empezamos a darle vueltas. ¿Y si mezclamos eso con Japón?”, recuerda. A partir de ahí, la idea toma forma rápidamente. “Yo soy una máquina de imaginación. Empecé a crear una carta en mi cabeza y lo tenía clarísimo”.

El resultado es una propuesta donde lo reconocible se transforma. Sushi con aceite de oliva virgen extra, elaboraciones que combinan producto local con técnicas japonesas, y una carta que va mucho más allá de los clichés habituales. “Un plato no hace un país”, resume Patricia, consciente de que parte de su trabajo pasa también por desmontar tópicos.

Pero si hay otro elemento que define el proyecto es su forma de organizarse. Ajhito funciona como cooperativa, una rareza dentro del sector de la restauración. “Cuando nos explicaron cómo funcionaba, vimos que era reflejar nuestra identidad en una empresa”, señala. La decisión no responde sólo a cuestiones prácticas, sino a una manera concreta de entender el trabajo. “Queríamos que la gente que estuviera con nosotros pudiera formar parte del proyecto, crecer con él”.

Una experiencia única

Esa filosofía se traduce en un equipo pequeño al igual que el establecimiento -apenas siete mesas de capacidad en el local- donde cada incorporación se plantea como un proceso de largo recorrido. “Esto es como un noviazgo. Primero nos conocemos y, si encajamos, pueden dar el paso”, explica. Una forma de construir empresa que prioriza la implicación y el vínculo frente a la rotación habitual del sector.

En términos de respuesta del público, la acogida ha sido inmediata. “Los dos primeros años fueron caóticos. El teléfono ardía, la gente se enfadaba porque no había sitio”, recuerda Patricia. Con el tiempo, la demanda se ha estabilizado, pero el restaurante mantiene una clientela fiel que repite y sigue de cerca cada nueva propuesta. “Es muy bonito ver que la gente vuelve, que confía en lo que hacemos”.

Ese equilibrio entre creatividad y arraigo conecta también con el contexto en el que se inserta el proyecto. En una ciudad como Jaén, donde la oferta gastronómica está en transformación, Ajhito representa una apuesta por ampliar horizontes sin perder la identidad local. No como ruptura, sino como evolución. De cara al futuro, el crecimiento está sobre la mesa, pero con matices. “Me encantaría abrir más, pero me da respeto. Si yo no estoy, no sería lo mismo”, admite. La posibilidad de replicar el modelo existe, pero siempre bajo una condición: mantener el control sobre el proceso y el resultado. “Tendría que ser algo cercano, que pueda cuidar”.

Mientras tanto, Ajhito sigue operando desde esa lógica que lo hace distinto: un espacio pequeño, cuidado al detalle, donde cada plato es una síntesis de experiencias, influencias y territorio. Un lugar donde Jaén y Japón no compiten, sino que dialogan. Y donde esa mezcla, lejos de ser una rareza, se convierte en identidad propia.

Un centenar de vecinos de Almería capital están indignados por la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento al permitir la instalación de dos chiringuitos junto a sus viviendas. No solo porque se trata de establecimientos que pueden alterar la paz de quienes viven en el entorno del residencial Algaida en Costacabana, sino porque desde hace más de 30 años el Consistorio mantiene la promesa de construir zonas deportivas en el mismo entorno. En concreto, según denuncian los vecinos, en una parcela en la que ahora irá el aparcamiento destinado a estos chiringuitos, que dejarán encajonadas varias viviendas entre los establecimientos y el estacionamiento.

Tal es la indignación de los lugareños que, aparte de organizarse vecinalmente, han acudido directamente al pleno del Ayuntamiento de Almería para reclamarle al equipo de Gobierno, del Partido Popular, explicaciones de lo que para ellos es una falta de consideración y el incumplimiento de una promesa que tiene varias aristas. No en vano, cuando el centenar de familias adquirieron sus viviendas en este entorno de la Algaida a mediados de los años 80, la empresa promotora de los inmuebles dejó una zona cedida al Consistorio para que en él se levantase la citada dotación social y deportiva. Algo que, tras más de tres décadas, nunca se ha producido pese a las incontables promesas que desde los diferentes gobiernos locales les han hecho a los vecinos, según lamentan.

Décadas de promesas

La promesa de construir esas instalaciones deportivas no solo es fruto de décadas de conversaciones entre el Consistorio y los propietarios de las viviendas, sino que en el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería, la zona, conocida como Los Eucaliptos, se recoge que la parcela que reclaman los vecinos como zona deportiva, está destinada a ello. Un plan que data de 1998 pero que, casi 30 años después, sigue solo dibujado en un boceto. No hay ni rastro de estas instalaciones, pero sí de los dos nuevos chiringuitos. Uno de ellos ya ha iniciado las obras para su instalación a pie de playa, lo que también genera dudas a los vecinos sobre la posible legalidad del mismo por la ley de costas.

Por lo tanto, los establecimientos de ocio y restauración que van a construirse en esta zona de la Algaida en Costacabana no solo alejan la promesa de una construcción para el uso comunitario sino que, como recuerdan los vecinos, pretende cambiar el decorado y la paz de las familias que allí viven. De acuerdo con los planos a los que ha tenido acceso este medio, los establecimientos de ocio y restauración, que estarán sobre plataforma y no tendrán cimientos clásicos al instalarse en la propia playa, pueden alterar el litoral del entorno. De hecho, los vecinos han expresado al Consistorio sus dudas legales al respecto.

A esas dudas sobre la legalidad de la instalación se suma la preocupación por el impacto directo que estos establecimientos puedan tener en el día a día del barrio. “Empieza a unos 25 metros de las viviendas”, explica José Ruiz, vecino de la zona, en conversación con este medio, quien insiste en que se trata de un entorno “de familias, con niños, donde la tranquilidad es lo principal”. El problema, añade, no es solo la instalación en sí, sino el uso que se prevé: “Con horario hasta las tres de la mañana, los niños tienen que dormir, levantarse temprano para el colegio”.

El malestar vecinal no surge únicamente por la llegada de los chiringuitos, sino por lo que consideran el punto de ruptura tras décadas de espera. “Después de treinta y tantos años, no han construido esas instalaciones deportivas”, lamenta Ruiz, que recuerda que muchas de las viviendas se adquirieron con la expectativa de contar con esos equipamientos: “Compras tu vivienda con el plano, con las pistas dibujadas”. En ese sentido, dice que la situación actual “colma el vaso”, ya que el terreno que durante años ha permanecido sin uso podría acabar vinculado indirectamente a la actividad de los locales, como aparcamiento. Porque no hay otra zona en la que se pueda estacionar con tanta facilidad y porque ya durante los meses de verano muchos visitantes acaban usando el descampado en el que debería haber pistas deportivas para aparcar sus vehículos.

Dudas legales

Los vecinos cuestionan además que el proyecto responda a una necesidad real del entorno. En los escritos registrados ante el Ayuntamiento sostienen que la zona carece de tejido turístico o comercial que justifique este tipo de instalaciones y que “el beneficio perseguido será, en todo caso, para el empresario”. También ponen en duda los argumentos municipales sobre la demanda existente y advierten de que, en la práctica, la concurrencia empresarial ha sido mínima.

Además, han elevado sus reclamaciones por la vía administrativa, solicitando incluso la revisión del procedimiento de adjudicación de los chiringuitos. En ese sentido, denuncian una posible “vulneración de normas esenciales de la contratación pública”, al considerar que ambos lotes podrían haber recaído en un mismo entorno empresarial pese a que el pliego limitaba a uno el número máximo adjudicable por licitador. Según recogen en un escrito al que ha tenido acceso este medio, las dos ofertas presentadas tendrían vínculos entre sí, tanto por la identidad del administrador como por las condiciones prácticamente idénticas de las propuestas. Al respecto, el Consistorio ha respondido desestimando la reclamación alegando que quienes la interponen no tienen potestad para hacerlo y que, por lo tanto, aunque la misma persona se haya presentado para obtener la licencia de los dos chiringuitos a través de dos figuras jurídicas, no es desestimable por ese motivo.

A estas dudas se añaden las relacionadas con el sistema de saneamiento previsto. Al no existir conexión a la red general, los chiringuitos funcionarían con depósitos estancos para la recogida de aguas residuales, que serían retiradas periódicamente. Sin embargo, los vecinos cuestionan la viabilidad de este modelo al considerar que las previsiones de uso incluidas en la documentación son insuficientes. “Ese cálculo de consumo de agua es totalmente irreal”, sostienen, en referencia a una estimación de cuatro descargas de cisterna al día para el uso de los aseos.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se defiende la legalidad del proyecto y se descarta cualquier modificación. La concejala de Obras Públicas, María Sánchez, insiste en que “este ayuntamiento vela siempre por el interés general frente al interés particular” y asegura que los establecimientos cuentan con todas las autorizaciones tras un procedimiento “completo de evaluación interadministrativa”.

En esa misma línea, Sánchez rechaza que se trate de locales de ocio nocturno, como denuncian los vecinos, y aclara que “son establecimientos expendedores de comida y bebida sin música”. Además, insiste en que “las instalaciones proyectadas se encuentran plenamente amparadas por el marco normativo vigente” y que “no concurren en este momento elementos que justifiquen ni su reconsideración ni su reubicación”.

Por su parte, desde el área de Deportes se reconoce el retraso en la ejecución de las instalaciones prometidas, aunque se plantean alternativas distintas a las reclamadas por el vecindario. El concejal Antonio Casimiro asegura que “las pistas, tan ansiadas, que todos estamos deseando, han vuelto a retomarse sus obras” y defiende que en la zona del solar podría tener más sentido otro tipo de uso: “Podría ser más operativo una zona de trepa y de juegos para los niños”.

Mientras tanto, los vecinos mantienen su oposición al proyecto y no descartan nuevas acciones. “Llevamos un año de lucha desde que nos enteramos”, explica Ruiz, que asegura que el barrio se está organizando para intentar frenar la instalación o, al menos, modificar su ubicación. El conflicto, lejos de cerrarse, sigue abierto en Costacabana, donde el solar que durante décadas simboliza una promesa pendiente se convierte ahora en el epicentro de una nueva disputa entre el Ayuntamiento y quienes viven a escasos metros de la playa.

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

Un ciudadano andaluz sufre un golpe muy fuerte que deriva en convulsiones y que, por lo tanto, precisa de una ambulancia que le traslade inmovilizado y con un equipo que le monitorice. La ambulancia llega, pero lo hace tan solo con un técnico y sin que sea un vehículo adecuado para lo que necesita el paciente. Tiene que ser la Policía Local la que ayude al sanitario, lo que no evita que el ciudadano se fracture el cráneo y tenga que recibir tratamiento urgente.

Este es un caso real. Uno de decenas que ocurren semanalmente en Andalucía y que ponen en el foco otro de los problemas que se extienden en la sanidad pública: tampoco hay personal ni recursos suficientes en el transporte en ambulancias. Así lo denuncia Platesa, la plataforma andaluza que aglutina a los técnicos en emergencias sanitarias. Desde hace tiempo, aseguran que la Junta de Andalucía incumple la normativa en esta materia, mientras la externalización del servicio sigue degradándolo al utilizar vehículos inadecuados para los usos que se le dan.

Para entenderlo, hay que partir del hecho de que existen tres tipos de ambulancias para el transporte de ciudadanos: las no asistenciales (A1 y A2), que se utilizan para trasladar a ciudadanos a una consulta programada, y las asistenciales clase B y clase C, que son las de transporte urgente en función de la gravedad y que necesitan, mínimo, de técnico y ayudante o médico. Sin embargo, según Platesa, en Andalucía se utilizan sobre todo las A1 y A2 para las emergencias, pese a que esas por normativa no tienen por qué contar con ningún otro profesional que no sea el técnico que conduce el vehículo.

Es decir, la Junta de Andalucía, que contrata externamente el servicio de ambulancias, incumple la normativa. Al menos, esa es la tesis que sostienen los profesionales que están dentro del sistema. Y lo hacen no sólo desde la percepción, sino con datos. El dossier elaborado por Platesa, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dibuja un patrón que se repite provincia a provincia: en la Red de Transporte Urgente -la que debe atender emergencias- predominan las ambulancias no asistenciales, mientras las unidades que sí cuentan con dotación completa son claramente insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, hay 24 ambulancias A1 operando frente a ninguna de tipo B, en Granada, 36 A1 frente a sólo dos unidades asistenciales básicas, en Almería, 31 A1 y ninguna tipo B. La fotografía se repite, con matices y ligeras fluctuaciones numéricas, en prácticamente toda Andalucía.

Situaciones límite

El problema, explican, no es únicamente cuantitativo, sino funcional. Las ambulancias A1 están diseñadas para traslados programados de pacientes estables, sin necesidad de intervención durante el trayecto. Sin embargo, están siendo utilizadas para cubrir avisos urgentes. “Se está usando un argumento malicioso: que el paciente ya está valorado”, explica José David Orihuela, técnico de emergencias y portavoz de Platesa. “Pero eso sólo tendría sentido en un traslado programado. En una urgencia, la situación puede cambiar en cualquier momento”.

Ese desajuste tiene consecuencias directas. El técnico que conduce no puede, al mismo tiempo, atender al paciente en la parte trasera del vehículo. En la práctica, eso implica traslados en los que la persona viaja sola, sin supervisión, incluso en situaciones de riesgo. “Seguimos yendo solos en la red de transporte urgente”, insiste Orihuela. “Y eso no es una excepción, es el modelo que se está aplicando”.

Los ejemplos recogidos en el dossier refuerzan esa idea. Un paciente con insuficiencia respiratoria que se sincopa durante el traslado y broncoaspira sin que haya nadie atendiéndole en ese momento; una mujer con fractura de cadera que sólo puede ser movilizada correctamente porque, de forma excepcional, hay un alumno en prácticas; un traslado en el que una familiar tiene que asumir funciones de vigilancia sanitaria ante la ausencia de personal. En otro caso, un técnico es enviado solo a un accidente de tráfico y tiene que pedir apoyo tras realizar una primera valoración sin respaldo.

La versión de la Junta

Incluso las unidades de mayor complejidad presentan carencias. Platesa denuncia que en varias provincias hay ambulancias de soporte vital avanzado -las conocidas como UVI móvil- operando con un solo técnico, sin el equipo completo que establece la normativa. “Es una vergüenza lo mires por donde lo mires”, resume Orihuela.

La Consejería de Salud rechaza esta interpretación. En respuesta a este medio, asegura que el sistema se organiza conforme al Real Decreto 836/2012 y que las ambulancias A1 se utilizan para pacientes “clínicamente estables, que no requieren atención sanitaria durante el traslado”. Además, sostiene que existe supervisión sobre las empresas adjudicatarias y que cualquier incidencia se analiza de forma individual.

Sin embargo, la distancia entre ese planteamiento y lo que relatan los profesionales es evidente. Mientras la Junta describe cómo debería funcionar el sistema, los técnicos insisten en que la práctica diaria es otra. Y que no se trata de casos aislados. “Tenemos testimonios en las ocho provincias”, recalca Orihuela. “Esto pasa en toda Andalucía”.

El conflicto, en el fondo, va más allá de la organización del servicio. Tiene que ver con el modelo. El transporte sanitario está completamente externalizado y depende de adjudicaciones millonarias a empresas privadas. El último ejemplo se ha producido en Huelva, donde la Junta ha adjudicado un contrato de 100 millones de euros al Grupo SSG, propiedad de un fondo de inversión, desplazando a una unión de cooperativas locales que llevaba más de dos décadas prestando el servicio. La decisión afecta a más de 300 familias.

Para Platesa, este tipo de adjudicaciones no son neutras. “Si reduces costes, ¿dónde recortas? En personal y en recursos”, vienen a señalar. El resultado, según su diagnóstico, es un sistema que funciona por debajo de los estándares que marca la propia normativa. La Junta, por su parte, insiste en que la seguridad del paciente es un “principio irrenunciable”. Pero los profesionales que están en la ambulancia plantean una pregunta más concreta: qué ocurre cuando esa seguridad depende de una sola persona.

Basta con salir a caminar por algunas zonas de la periferia de Almería capital para encontrarlos. Restos de plásticos agrícolas, rafias -como se conoce a los cordeles de fibra natural-, trozos de invernadero y otros residuos aparecen esparcidos en caminos, solares, márgenes de carreteras o junto a barrios. No se trata de puntos aislados. La acumulación se repite en distintos enclaves del término municipal, uno de los principales núcleos de agricultura intensiva de la provincia y que constituye su cara menos amable.

No en vano, Almería capital cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo bajo plástico. Es el tercer municipio de la provincia en importancia agrícola y uno de los principales productores de tomate, con un modelo intensivo que ha situado a la zona como referencia internacional. Junto a esa potencia productiva, sin embargo, convive una realidad menos visible: la gestión irregular de parte de los residuos que genera la actividad. Una gestión en la que la falta de contundencia de Junta de Andalucía y Consistorio para evitar que los desechos se acumulen está en el foco.

“El 98 o el 99% de los agricultores hace un trabajo perfecto”, sostiene José Mañas, agricultor y concejal de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Almería. “Pero hay unos pocos que lo ensucian todo”. Según explica, esos comportamientos minoritarios son los que acaban teniendo mayor impacto: “Van dejando los residuos donde pillan: bancales, solares, caminos o donde sea”. El problema no se limita, según su relato, a agricultores que evitan asumir el coste del reciclaje. También apunta a intermediarios que operan al margen de los circuitos legales: “Hay gente que cobra por llevar los plásticos a reciclar y luego los va dejando por ahí”.

El circuito de los residuos

Para entender el problema en su conjunto, hay que partir del hecho de que el sistema de gestión de residuos agrícolas en la provincia no es de carácter público directo. La Junta de Andalucía autoriza y supervisa, pero la gestión recae en empresas privadas que se encargan de clasificar y derivar los materiales a gestores finales. En el caso de Almería capital, una de las instalaciones clave es Reciclados Almerienses 2005, que actúa como planta intermedia para distintos tipos de residuos, incluidos los agrícolas.

Pero el proceso no termina ahí. Los plásticos deben ser trasladados posteriormente a plantas específicas, como las ubicadas en Níjar, mientras que los restos vegetales se gestionan en instalaciones como la de Rioja. Esta cadena, con varios eslabones y desplazamientos, introduce costes y complejidad logística. “Estamos hablando de cantidades pequeñas comparadas con otros gastos del campo”, señala Mañas, que sitúa el coste del tratamiento entre 150 y 250 euros por hectárea, además del transporte. Aun así, reconoce que algunos optan por vías irregulares.

Desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) de Almería, el foco se sitúa en otro punto: la capacidad del sistema. La organización advierte de que el final de campaña concentra grandes volúmenes de residuos que pueden saturar las plantas de tratamiento. “Las plantas están trasladando su inquietud por la posible saturación ante el volumen de entradas”, explica su secretario provincial, Andrés Góngora.

COAG insiste en la necesidad de anticipar la gestión para evitar acumulaciones y facilitar el reciclaje, especialmente mediante la separación de materiales. “Separar la rafia es fundamental”, señala Góngora, que recuerda además el impacto económico asociado: “Puede haber una reducción de hasta el 80% si los residuos llegan sin rafia”. La acumulación de restos, ya sea por saturación del sistema o por prácticas irregulares, tiene consecuencias más allá de lo visual. “Es clave evitar que se acumulen restos en el exterior de las explotaciones”, advierte Góngora, que apunta a la proliferación de plagas en un contexto ya complejo para el control fitosanitario.

En esa misma línea, Mañas describe el efecto directo sobre el entorno agrícola: “No es sólo una mala imagen, es un foco de infección para los invernaderos”. Y añade: “Con que salga un pulgón o una mosca blanca de ahí, ya estás transmitiendo enfermedades”. Los residuos no se concentran únicamente en zonas agrícolas. En barrios periféricos, donde la limpieza urbana recae en el Consistorio, su presencia es visible. En lugares como Venta Gaspar, Bellavista o la Vega de Almería “es tremendo lo que te encuentras”, explica.

La acumulación inicial, además, tiende a escalar: “Empieza con unos plásticos y acaba con neumáticos o electrodomésticos porque la basura llama a la basura”. La imagen que proyecta esta situación ha llegado incluso al ámbito comercial. “Se diseñan recorridos para evitar que las visitas vean estos residuos”, reconoce el concejal, en referencia a visitas institucionales o de grandes cadenas de distribución que quieren implantarse en la capital y a las que se aleja de la desagradable imagen de los desechos.

Junta y Ayuntamiento se desmarcan

Mientras, desde el Ayuntamiento de Almería gobernado por el PP, el concejal de Agricultura, Juanjo Segura, sostiene que la gestión de estos residuos no entra dentro de sus competencias directas. “La vigilancia y recogida de residuos agrícolas no es competencia municipal”, afirma, aunque señala que existe colaboración con la Junta de Andalucía y el Seprona para abordar estos casos. “Cuando detectamos residuos, lo ponemos en conocimiento para que se actúe”, explica Segura. El consistorio sí realiza limpiezas periódicas en otros ámbitos, como el cauce del río Andarax, donde en 2025 se retiraron alrededor de 315.000 kilos de residuos, y más de 143.000 en lo que va de año.

La Junta de Andalucía, por su parte, sitúa la responsabilidad inicial en los propios productores. “La responsabilidad es, en primer término, de los agricultores”, señalan fuentes de la Consejería de Agricultura, que indican que, en caso de incumplimiento, la intervención corresponde a la Consejería de Sostenibilidad. Cuando los residuos son urbanos o afectan a caminos, la competencia pasa a los ayuntamientos.

Desde el Ejecutivo regional también recuerdan que se hacen actuaciones en cauces públicos, donde se han retirado residuos plásticos en el marco de programas específicos de limpieza y restauración ambiental. Sin embargo, la consecuencia de estas posturas es que la presencia de desechos en diferentes zonas de Almería capital se debe a que los principales actores implicados - agricultores, empresas gestoras, ayuntamiento y Junta- se reparten su responsabilidad. Mientras tanto, los residuos siguen acumulándose en puntos visibles del entorno agrícola y urbano.

No obstante, desde el propio sector agrícola se plantean soluciones que pasan por mejorar la capacidad de las plantas, modernizar infraestructuras y facilitar la transición hacia materiales biodegradables. “Las mejoras deben ser asumidas por todos los agentes implicados”, sostiene Góngora. Sobre el terreno, sin embargo, la imagen es otra: restos de actividad agrícola que permanecen a la vista, en los márgenes de una de las principales potencias productivas del país y de Europa.

Hay quien entiende la industria audiovisual como una carrera hacia los grandes polos de producción. Madrid, Barcelona, los centros donde parece que todo sucede. Y luego están quienes deciden quedarse. Apostar por el territorio, incluso cuando eso implica ir a contracorriente. Ahí es donde se sitúa Ínsula Sur, una cooperativa audiovisual granadina que lleva más de una década construyendo proyecto desde la periferia, pero sin renunciar a nada.

“Muchos compañeros se fueron, pero yo decidí quedarme aquí en Granada. Y eso, que parecía una debilidad, al final se ha convertido en una fortaleza”, explica su fundador, Javier Morales. Lo que comenzó como un colectivo de jóvenes creadores vinculados a Bellas Artes, seguramente como reconoce su creador a través de una charla en un bar que se convirtió en un espacio de encuentro para compartir referencias, trabajos y afinidades, terminó consolidándose como una productora capaz de operar tanto en el ámbito creativo como en el de servicios.

Ese origen colectivo no es anecdótico. Es, de hecho, el germen de su modelo. Ínsula Sur funciona como una estructura híbrida: por un lado, ofrece servicios de producción para marcas, agencias y otras productoras que van desde la búsqueda de localizaciones hasta la gestión integral de rodajes y, por otro, reinvierte ese trabajo en el desarrollo de proyectos propios, donde despliega su identidad narrativa. “Tenemos una estructura que se sostiene con los servicios, pero lo que queremos es poder contar nuestras propias historias”, explica Morales.

Esa dualidad les ha permitido posicionarse como un aliado estratégico para producciones que llegan a Granada. El conocimiento del territorio a través de proveedores, localizaciones y tejido profesional se convierte en su caso en una ventaja competitiva. Lejos de una lógica centralista, Ínsula Sur reivindica el valor de lo local sin caer en el localismo. “Nos gusta tirar del talento de aquí, que hay mucho. Y además está volviendo gente. Eso también está cambiando el sector”, señala.

Pero si hay un rasgo que define su trayectoria es la manera de contar. Sus primeros hitos llegaron a través del documental, con proyectos como uno centrado en la escena del grafiti en Granada o La cosecha de los lunares, sobre la memoria de maestros en la posguerra en Almería. “Esa forma de investigar, de acercarte a las personas, nos ha marcado mucho”, reconoce Morales. Un enfoque que sigue presente en sus trabajos actuales, donde lo social no es un añadido, sino una capa estructural del relato.

Preparan su primera película

Ese camino desemboca ahora en uno de sus proyectos más ambiciosos: su primer largometraje de ficción, “Tú duro, yo tiempo”, que se rodará en el Valle de Lecrín tras años de desarrollo. Un proyecto que, además de su dimensión creativa, tiene un valor estratégico: consolidar la capacidad de producir desde Granada sin ceder el control a estructuras externas. “Poder levantar una película desde aquí, siendo la productora mayoritaria, y decidir cómo se cuenta, es muy importante para nosotras”, subraya.

Actualmente, la cooperativa mantiene un equipo estable reducido -tres personas en estructura- que se amplía según las necesidades de cada producción, llegando a movilizar decenas de profesionales en rodajes. Un modelo flexible que encaja con la lógica del sector, pero también con su filosofía cooperativa. “Nacimos como colectivo, así que el paso a cooperativa fue bastante natural. Tiene que ver con cómo trabajamos y con los valores que tenemos”, explica Morales.

En ese sentido, su vinculación con el ecosistema cooperativo ha sido clave, especialmente a través de FAECTA Granada, que articula buena parte de este tejido en la provincia. No sólo como apoyo estructural, sino como marco desde el que entender otra forma de hacer empresa en el ámbito cultural.

Porque si algo atraviesa toda la trayectoria de Ínsula Sur es precisamente esa voluntad de construir industria desde donde parecía que no la había. “Hace diez años venía un rodaje y nos enterábamos después. Ahora sabemos que vienen, hablamos con los equipos, participamos. Eso ha cambiado mucho”, señala Morales. Un avance que no elimina las dificultades, pero sí redefine el punto de partida.

El desafío, en cualquier caso, sigue siendo el mismo: sostenerse. “Sobrevivir aquí en Granada sigue siendo un reto constante. Pero también lo es no perder la vocación creativa”, afirma. Porque, más allá de los servicios, hay una idea que atraviesa todo el proyecto: contar historias propias, desde una identidad situada, sin renunciar a la ambición. Incluso el nombre de la productora remite a esa lógica. Ínsula, como isla, como territorio con identidad propia. Ínsula Sur, como declaración de pertenencia y, al mismo tiempo, de movimiento. “Es como una isla que vuela: somos de aquí, pero podemos ir a cualquier sitio sin perder lo que somos”, explica Morales.

En un sector marcado por la concentración y la competencia, Ínsula Sur plantea otra narrativa posible: la de quienes deciden quedarse, tejer red y construir desde lo cercano. No como límite, sino como punto de partida.

Hay proyectos que no nacen en una pizarra ni en un plan de negocio. Surgen, más bien, de una incomodidad persistente con cómo funcionan las cosas. De una necesidad de hacerlas de otra manera. Así nace Sentido Inverso, una cooperativa granadina que ha decidido cuestionar la lógica tradicional de la consultoría para ponerla al servicio de quienes, casi siempre, se quedan fuera del foco.

“La idea surgió en 2024, tras años trabajando en entidades sociales, de una necesidad que detectamos: queríamos crear un proyecto empresarial donde el factor humano y la colaboración fueran el eje central, no sólo un recurso”, explica Jemi Sánchez, cofundadora junto a Margarita Arango. Dos perfiles, el social y el jurídico, que se complementan para sostener un modelo que no se limita a asesorar desde un despacho, sino que se implica directamente en la intervención.

Esa vocación de ir a contracorriente no es sólo un relato, sino el punto de partida de todo el proyecto. Sentido Inverso SCA nace en julio de 2024 como una apuesta consciente por “subvertir las estructuras tradicionales del emprendimiento y la intervención social”, desde una identidad feminista, sostenible y profundamente vinculada a las realidades que suelen quedar en los márgenes. Si el primer año fue el del arranque y la incertidumbre, 2025 sirvió para validar ese “pensamiento inverso” como una metodología sólida: “Hemos transformado la resiliencia en solvencia técnica”, explican, demostrando que es posible gestionar servicios públicos complejos y asesorar a grandes entidades sin renunciar a la cercanía ni al rigor humano. Hoy, lo que comenzó como un proyecto de autoempleo se ha consolidado como un agente de transformación social con proyección en toda Andalucía.

Esa evolución se traduce en una estructura de trabajo que articula lo social, lo jurídico y lo educativo como piezas de un mismo engranaje. Desde la gestión integral de proyectos, planes estratégicos o políticas públicas hasta la intervención directa con personas migrantes, víctimas de violencias o en situación de sinhogarismo, pasando por el asesoramiento jurídico especializado -especialmente en extranjería y protección de víctimas- o el desarrollo de programas educativos vinculados a la infancia vulnerable, la corresponsabilidad y la participación comunitaria. Una propuesta que no separa despacho y territorio, y cuya singularidad reside precisamente en esa fusión: convertir la consultoría técnica en una herramienta útil para intervenir en realidades de alta complejidad humana sin perder de vista el impacto directo.

Algo más que consultoría

Porque Sentido Inverso no es sólo una consultora. Es también calle, acompañamiento y presencia. En colaboración con el Ayuntamiento de Granada, gestionan la Unidad Móvil de atención a mujeres en contextos de prostitución, donde ofrecen apoyo social, jurídico y sanitario. Un trabajo que se extiende también a la infancia en situación de vulnerabilidad y a mujeres cuidadoras, con intervención directa en barrios como Norte y Zaidín. “Lo que más nos llena es ver el impacto tangible. No se trata sólo de números o de estrategia sobre el papel, sino de ver cómo una organización o una persona logra transformar su entorno gracias a una gestión más consciente y social”, explica Sánchez.

Esa doble dimensión, la de consultoría e intervención, es precisamente uno de los rasgos que define su modelo. Por un lado, diseñan estrategias de crecimiento y consolidación para entidades del tercer sector, acompañan en la captación de fondos públicos y privados y forman a equipos en intervención social, gestión emocional o enfoque interseccional. Por otro, aplican ese conocimiento directamente sobre el terreno, en contextos donde la desigualdad no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana.

En ese cruce aparece también uno de sus principales retos: sostener el equilibrio. “En una consultoría que vive la economía social, el reto es demostrar que la rentabilidad económica y el impacto social no son enemigos, sino aliados”, señala Sánchez. “A veces toca romper muchos techos de cristal y prejuicios sobre cómo debe gestionarse una empresa hoy en día”. Sentido Inverso se define como una entidad sin ánimo de lucro que genera empleo -actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar de 11 personas- y reinvierte sus beneficios en su propio objeto social. Un planteamiento que cuestiona directamente la dicotomía clásica entre lo económico y lo social, y que se alinea con los principios del cooperativismo.

No es casualidad que su propia identidad se articule en torno a una metáfora: Venus, el único planeta del sistema solar que gira en sentido contrario. “No seguimos la inercia del mercado tradicional”, explican desde la entidad. Una forma de entender la empresa que no nace de la lógica del beneficio, sino de la urgencia de intervenir sobre la desigualdad desde la raíz. Ese posicionamiento les ha valido distintos reconocimientos en el ámbito de la economía social y el emprendimiento, entre ellos su paso por la II edición de los Premios +Coop Granada impulsados por FAECTA Granada. Un respaldo que, lejos de cerrar una etapa, refuerza su hoja de ruta.

“Este reconocimiento es un impulso de energía que nos confirma que no estamos solas en esta visión”, apunta Sánchez. “Lo sentimos como una victoria colectiva, de todas las personas y entidades que creen que otra forma de hacer empresa -más justa, equilibrada y humana- es posible”. A corto y medio plazo, el objetivo es claro: consolidar un modelo en el que lo sostenible, lo social y lo rentable no compitan entre sí, sino que se refuercen mutuamente. Y hacerlo crecer. Actualmente con presencia en Granada y Málaga, Sentido Inverso aspira a extender su acompañamiento a otras provincias andaluzas, llevando ese “sentido inverso” a más organizaciones y territorios.

Porque, en el fondo, de eso se trata: de demostrar que otra forma de hacer empresa no sólo es deseable, sino viable. Y que, cuando el foco se pone en las personas, la transformación deja de ser un discurso para convertirse en práctica cotidiana.

Acompañan a personas desempleadas a encontrar trabajo, diseñan itinerarios de inserción y sostienen Andalucía Orienta, una de las principales políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, pero cada vez les cuesta más sostener su propia vida. “No llego ni al día 10”, lamenta Esteban Robles, un orientador laboral en Granada con casi dos décadas de experiencia que acaba de iniciar un movimiento entre sus compañeros para reclamarle al Ejecutivo regional mejores condiciones salariales.

Lo que comenzó como una conversación entre compañeras ha terminado en una movilización que no para de crecer: más de un millar de firmas recogidas en pocas semanas, contactos con grupos parlamentarios como Adelante Andalucía y una denuncia que apunta directamente al modelo sobre el que se articula el programa Andalucía Orienta: en toda la comunidad autónoma son 722 profesionales los que trabajan en este dispositivo, que atiende cada año a más de 150.000 personas en búsqueda de empleo.

Paradójicamente, mientras ayudan a otros a buscar empleo, sienten que el suyo es precario. “Ahora es lo normal que la persona a la que ayudas a encontrar trabajo cobre más que tú”, explica Robles. Lo que antes era una excepción se ha convertido, dice, en la norma. Y no es sólo una percepción: muchos de estos profesionales perciben salarios en torno a los 1.400 euros netos mensuales, apenas unos 200 euros por encima del salario mínimo. Ese desfase, sostienen, no es coyuntural, sino estructural.

Sueldos congelados desde hace una década

El origen del problema está en la financiación. El programa Andalucía Orienta, creado en 2003, no se ejecuta directamente desde la Junta, sino a través de entidades colaboradoras -ayuntamientos, organizaciones del tercer sector o fundaciones- que reciben subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para contratar a los técnicos. Lo que hace que estas entidades no siempre puedan aportar más dinero para completar los salarios, pese a que desde el Gobierno regional lo señalan como solución.

Según un informe elaborado por los propios profesionales, el coste máximo subvencionable por orientador apenas ha variado en los últimos veinte años y permanece congelado desde 2014, cuando se fijó en algo más de 32.000 euros anuales. Aunque desde que en 2004 se reguló por primera vez Andalucía Orienta se han incrementado los salarios un 20%, la inflación acumulada en la última década -en torno al 25-30%- ha limitado el dinero que queda en la cuenta de estos trabajadores a final de mes, provocando una pérdida de entre 8.000 y 10.000 euros anuales por técnico. Es decir, el sistema funciona hoy con menos recursos reales que hace diez años.

La consecuencia de esta pérdida de poder adquisitivo no es menor. Se traduce en salarios bajos, en rotación de personal y en dificultades para sostener equipos estables. “Hace 20 años el sueldo no estaba mal, pero ahora no llego a mitad de mes”, explica Esteban Robles. “Estamos en esto porque nos gusta acompañar a las personas, pero cada vez cuesta más mantener esa implicación”.

El deterioro no afecta sólo a las condiciones laborales, advierten. Tiene impacto directo en el servicio. Los orientadores trabajan, en muchos casos, con personas en situación de especial vulnerabilidad: desempleo de larga duración, falta de formación, discapacidad o entornos de exclusión. “Hay que hacer un acompañamiento integral, desde cuestiones administrativas básicas hasta ir con ellas a entrevistas. Estamos hablando casi de trabajo social”, cuenta Esteban Robles. En ese contexto, la precarización de quienes sostienen el sistema introduce una tensión evidente: la política pública que pretende mejorar la empleabilidad se apoya en condiciones laborales que la debilitan.

Un modelo externalizado

Por otro lado, el conflicto no se limita a los salarios. Apunta al propio diseño del programa. Los orientadores no son personal de la Junta, sino trabajadores contratados por entidades que dependen casi en exclusiva de la financiación pública. Ese esquema, denuncian, genera un bucle difícil de romper. “La Junta siempre deriva la responsabilidad en las entidades, pero esas entidades no pueden pagarnos más porque dependen totalmente de esa financiación”, explica Robles. “Están al límite y no pueden asumir mejoras por su cuenta”.

Desde la Consejería de Empleo, sin embargo, el argumento va más allá y señalan al Gobierno central. Fuentes oficiales aseguran que no existe margen para aumentar la financiación porque los programas se nutren de fondos estatales procedentes de la conferencia sectorial, que, dicen, llevan cuatro años congelados. “No podemos aumentar la partida”, sostienen.

La explicación no convence a los profesionales, que sitúan el problema en una escala temporal más amplia, recordando que en otras comunidades autónomas la situación de los mismos trabajadores es sensiblemente mejor. La congelación, recuerdan, no es de cuatro años, sino de más de una década. Y, además, señalan que en otras comunidades autónomas con el mismo marco estatal sí se han introducido mecanismos de actualización salarial.

En todo caso, la Junta asegura estar abierta al diálogo, pero dice no conocer a los impulsores de la movilización. “No sabemos quiénes son ni se han puesto en contacto con la Consejería”, señalan, apuntando a la Asociación Sindical Profesional de Orientadores de Andalucía (APAO) como interlocutor habitual. Sin embargo, el movimiento que está emergiendo se ha articulado precisamente al margen de esas estructuras y ha logrado en pocas semanas, sin siglas, un respaldo significativo dentro del sector.

Pero mientras la Junta articula una solución, el malestar sigue creciendo. “Antes leías lo de los trabajadores pobres y te parecía algo lejano. Ahora eres tú”, lamenta Robles. Un lamento que explica lo que sienten estos profesionales: de acompañar la precariedad a formar parte de ella. Por eso, para el impulsor de este movimiento, hay una pregunta que ha dejado de ser retórica: “¿Quién ayuda a quien ayuda?”.

Decía el historiador Ian Gibson en 1998 que de Federico García Lorca aún quedaban muchas cosas por saber. En el centenario de su nacimiento, el conocimiento sobre el poeta y dramaturgo granadino estaba en plena etapa de exploración. Ahora, casi 30 años después, de Federico se sabe casi todo, pero nunca lo suficiente. Cada cierto tiempo aparecen retales de una vida que el tiempo ha convertido en leyenda, pero que fue la de un hombre magistral, a la vez que profundamente terrenal. Algo que queda reflejado en las cartas que se envió con su madre Vicenta y que el periodista Víctor Fernández ha recogido en el epistolario ‘No te olvides de escribir’.

Un documento esencial para conocer mejor la dimensión familiar de un Federico de carne y hueso. Con preocupaciones y problemas cotidianos, tan lejos del misticismo sobre el que reposa su recuerdo y tan cerca de ser cualquier hijo de vecino, que lo que se lee en estas misivas cobra otra dimensión. No es la primera vez que salen a la luz las cartas que Lorca se envió con sus familiares y amigos, pero sí es la primera vez en las que conocemos algunas inéditas.

Entre las letras que Vicenta Lorca y su hijo Federico se intercambian, vemos a un joven de veintipocos años que pasa frío en la Residencia de Estudiantes de Madrid, al tiempo que convierte a su madre en editora, enviándole en primicia sus creaciones para que esta se convierta en su mejor crítica. “Yo creo que las cartas lo humanizan. Nos ofrecen una imagen muy humana de él: el hijo que escribe a sus padres o el hermano que escribe a sus hermanos”, explica Víctor Fernández, autor del epistolario.

Vicenta, la madre tras el poeta

“Fue precisamente su madre la que le contó que habían ido a un teatro en Granada y que habían visto a una actriz que les impresionaba”. Esa actriz resultó ser Margarita Xirgú, a la que Vicenta conoció antes que Federico, y a la que ese azar le cambió la vida. Xirgú fue la musa teatral de Lorca, llegando a ser Mariana Pineda o Doña Rosita. Aquella misiva catapultó a la fama a la actriz catalana, que acabaría exiliada por el franquismo en Uruguay sus últimos días, y muestra cómo Federico y su madre construyeron juntos la carrera artística del poeta granadino.

Pero el papel de Vicenta Lorca va mucho más allá de la anécdota o del acompañamiento emocional. En las cartas, se dibuja como una figura clave en la construcción del propio Federico García Lorca. “Se convierte casi en una agente literaria”, explica el periodista Víctor Fernández. Es ella quien pregunta por editoriales, quien se interesa por las revistas en las que se publican los textos de su hijo y quien incluso gestiona aspectos económicos de sus primeras obras.

Una de las piezas que mejor ilustra ese rol es la carta que Vicenta envía al impresor Gabriel García Maroto con motivo de la publicación de ‘Libro de poemas’. En ella, se detallan cuestiones relativas al pago de la edición, que corría a cargo de la familia. La escena es tan descriptiva como emocionante: detrás del mito literario, hay una madre pendiente de cada paso, sosteniendo -también económicamente- los inicios de una de las voces más importantes de la literatura española.

Ese acompañamiento no termina con la muerte del poeta. Años después de su asesinato, Vicenta sigue preocupándose por la difusión de su obra, interesándose por su traducción y circulación en otros países y preguntando incluso por figuras clave de la cultura internacional. Una continuidad que, en palabras de Fernández, “cierra el círculo” y refuerza la idea de que el legado de Lorca también es, en parte, una construcción familiar.

El trabajo de investigación que sostiene este epistolario no ha sido menor. Fernández partía de una publicación anterior, centrada únicamente en las cartas de la madre, pero decidió ampliarla para incorporar también la voz del hijo. El proceso, sin embargo, ha sido fragmentario, casi detectivesco: documentos dispersos en archivos públicos, colecciones privadas y referencias en investigaciones previas que obligaban a reconstruir el mapa pieza a pieza. “Construyes un primer borrador y cuando lo das por cerrado aparece otra carta”, explica.

Una investigación atemporal

En ese rastreo han intervenido nombres clave del lorquismo como Ian Gibson o Christopher Maurer, pero también anónimos y familiares que han preservado el legado y archivos menos accesibles. Algunas cartas han llegado a través de fondos institucionales y otras gracias a copias conservadas por investigadores. Algunas han aparecido también en colecciones privadas. Incluso hoy, reconoce Fernández, hay archivos que permanecen cerrados, como el del escritor y amigo de Lorca, Rafael Martínez Nadal, donde podrían seguir guardándose documentos desconocidos.

Ese carácter abierto de la investigación no es una excepción, sino casi una constante en el universo lorquiano. A lo largo de los años han seguido apareciendo materiales inesperados: desde nuevas fotografías hasta epistolarios desconocidos que emergen, literalmente, de cajones familiares tras una herencia. “A veces ocurren estos milagros”, explica el autor, que recuerda cómo recientemente apareció un conjunto de cartas dirigidas a una persona hasta ahora desconocida para los estudiosos. No obstante, faltan documentos clave como el manuscrito de Bodas de Sangre o sus cartas con Dalí, con el que mantuvo una relación amorosa en la que estaba también Buñuel.

Porque, aunque hoy sabemos mucho más que hace décadas -hace tan solo unas semanas trascendieron imágenes en vídeo de él junto a su compañía teatral-, el legado de Lorca sigue atravesado por ausencias. Se han perdido manuscritos, cartas y poemas -algunos destruidos durante la Guerra Civil por miedo- y otros cuyo paradero sigue siendo un enigma. Ni siquiera se conserva el manuscrito de algunas de sus obras más conocidas. Y, sin embargo, lo que ha llegado hasta hoy resulta casi milagroso. “No nos podemos quejar de lo mucho y bueno que tenemos”, apunta Fernández.

En ese equilibrio entre lo descubierto y lo perdido se mueve también el futuro de la investigación. No parece probable que aparezca una gran obra inédita que cambie el canon literario, pero sí nuevos documentos que completen el retrato. Pequeñas piezas que, sumadas, siguen ampliando la comprensión de un autor que nunca termina de agotarse.

Quizá el mayor misterio pendiente sea otro. La posibilidad de escuchar su voz. Federico García Lorca participó en emisiones de radio en sus últimos años en ciudades como Madrid o Barcelona, y no se descarta que alguna grabación haya sobrevivido en archivos sonoros, incluso fuera de España. “Yo soy optimista con que pueda aparecer”, señala Fernández. El problema, advierte, no sería tanto encontrarla como poder demostrar que realmente es suya.

Mientras tanto, estas cartas cumplen una función más inmediata y, quizá, más necesaria: devolver a Federico a un lugar reconocible. Alejarlo del pedestal sin restarle altura. Mostrarlo no sólo como el símbolo universal que representa, sino como lo que también fue: un hijo que escribía a su madre. Y, en ese gesto cotidiano, profundamente humano, encontrar una forma distinta y más cercana de leerlo.

Hablar de industria en Jaén ya no es una anomalía ni una excepción. En municipios como Martos, la automoción ha configurado durante décadas un ecosistema productivo propio, altamente especializado y conectado con los grandes circuitos internacionales. En ese entramado, la planta de Teknia Martos se ha consolidado como uno de los nodos más relevantes.

Su origen está directamente vinculado al desarrollo del clúster automovilístico en la zona. “La implantación de Valeo a nivel local fue el punto de partida”, explica Francisco Moya, plant manager de la compañía. A partir de ahí, Teknia se posicionó como proveedor directo, en un momento -finales de los noventa- en el que el grupo decidió apostar por Martos como enclave estratégico dentro de su expansión industrial.

No fue una decisión menor. La planta jienense no solo fue la primera del grupo dedicada a la inyección de plástico, sino que además ha mantenido una relación estructural con la evolución de la compañía. Parte de la dirección global de Teknia Group ha pasado por Martos, incluyendo a figuras clave en su desarrollo. “Hay una vinculación con esta tierra extraordinaria”, recuerda Moya.

De proveedor local a actor estratégico

Más de dos décadas después, el papel de Teknia Martos ha evolucionado en paralelo al propio sector. Si en sus inicios el foco estaba en responder a la demanda de los grandes fabricantes implantados en la zona, hoy la planta compite en un escenario global donde la diferenciación pasa por la tecnología y el valor añadido.

“En automoción, o estás en la vanguardia tecnológica o te quedas fuera”, explica Moya. Bajo esa premisa, el grupo ha impulsado en los últimos años un proceso intensivo de modernización en Martos, con inversiones en maquinaria y automatización avanzada. Ese salto cualitativo ya ha dado resultados tangibles. En 2024, la planta logró captar un proyecto de alto nivel técnico vinculado a un componente de seguridad para uno de los grandes actores internacionales del sector. Aunque no se desvela el cliente, sí se apunta a una idea clave: competir desde Jaén en segmentos donde la exigencia tecnológica es máxima y la competencia, limitada.

El posicionamiento no es casual. La estrategia pasa por especializar cada planta en productos concretos con alto valor añadido y menor competencia en el mercado europeo. En el caso de Martos, eso se traduce en procesos altamente automatizados y en una apuesta clara por la precisión y la calidad como elementos diferenciales.

Uno de los cambios más significativos en el sector de la automoción en los últimos años tiene que ver con su relación con el medioambiente. Un ámbito donde Teknia Martos ha reorientado su modelo productivo. Actualmente, la planta opera con energía de origen renovable, lo que le permite alcanzar un balance neutro en emisiones asociadas al consumo energético. A esto se suma la certificación ISO 50001, centrada en la gestión y mejora continua de la eficiencia energética.

“El compromiso medioambiental es uno de los ejes estratégicos del grupo”, dice Francisco Moya. Una línea que no se limita a la reducción de emisiones, sino que se integra en el propio proceso industrial, en paralelo a la transformación del sector hacia la electrificación del vehículo.Lejos de la imagen histórica de una industria intensiva en emisiones, la automoción se ha convertido en uno de los sectores donde más rápidamente se están incorporando estándares tecnológicos vinculados a la sostenibilidad.

Talento local en una industria global

Más allá de la tecnología, hay otro elemento que explica la consolidación de este tipo de proyectos industriales en la provincia: el capital humano. En el caso de Teknia Martos, la conexión con el entorno formativo es una de las claves de su desarrollo. La empresa colabora activamente con institutos y universidades, no solo como vía de captación de talento, sino como parte de un proceso más amplio de formación y adaptación a las nuevas demandas del sector.

“Buscamos participar en la formación de los profesionales y desarrollar talento que ya incorpore nuevas herramientas, nuevas capacidades”, señala Moya. Entre ellas, la digitalización de procesos o la incorporación de inteligencia artificial en la toma de decisiones industriales. Este enfoque no es menor en un momento de cambio de paradigma. La automoción ya no se define únicamente por la fabricación de vehículos, sino por un concepto más amplio de “nueva movilidad”, donde confluyen innovación tecnológica, sostenibilidad y transformación del empleo.

El caso de Teknia Martos refleja una realidad que a menudo queda fuera del foco mediático: la existencia de un tejido industrial en Jaén capaz de competir en mercados globales y de sostener proyectos de alta complejidad técnica. “Es una gran desconocida y merece la pena que se conozca”, sentencia el plant manager de Teknia Martos. No en vano, esta empresa jienense, con más de dos décadas de expansión a su espalda, demuestra que el tejido local también puede ser punta de lanza de la economía andaluza.