Las agresiones al personal sanitario siguen creciendo en Andalucía. Solo durante 2025 se registraron 1976 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 110 más que el año anterior. De ellas, 387 fueron agresiones físicas y el 74% de las víctimas fueron mujeres. Lejos de ser un problema puntual, la violencia contra quienes trabajan en la sanidad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los profesionales.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha anunciado el desarrollo de un régimen sancionador específico para los usuarios que agredan al personal del sistema sanitario público. La medida, reclamada desde hace años por los sindicatos, permitirá imponer multas de entre 500 y 60.000 euros y otras medidas complementarias con el objetivo de disuadir este tipo de conductas. Desde UGT, que ha sido uno de los sindicatos que más ha presionado para que saliese adelante la medida, valoran positivamente el anuncio, aunque advierten de que las sanciones, por sí solas, no resolverán un problema que consideran estrechamente relacionado con el deterioro de las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria.

Hasta ahora, las agresiones a profesionales sanitarios podían tener consecuencias penales o civiles, pero Andalucía carecía de un régimen administrativo específico que sancionara este tipo de comportamientos dentro del ámbito sanitario. La nueva norma pretende llenar ese vacío. “Consideramos muy importante que se aborde la elaboración de este régimen sancionador, al igual que ya han hecho otras comunidades autónomas. Creemos que con estas sanciones se va a conseguir un efecto disuasorio, puesto que actúa directamente el sistema sobre el agresor”, explica Blanca Espinosa, responsable de prevención e igualdad en sanidad de UGT Andalucía.

No solo agresiones físicas

Las sanciones no se limitarán a las agresiones físicas. También podrán castigarse insultos, amenazas, faltas de respeto, coacciones o agresiones cometidas a través de medios digitales, conductas que constituyen una parte importante de los incidentes registrados cada año. Además de las multas económicas, el régimen contemplará otras medidas de carácter asistencial. Entre ellas figura una reivindicación histórica del sindicato: que sea el agresor quien cambie de centro sanitario y no el profesional agredido. “Hasta ahora a quien se cambiaba era al profesional agredido. Creemos que quien debe cambiar de centro es el agresor”, sostiene Espinosa.

El consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, anunció durante la reunión del Observatorio de Agresiones que la propuesta será remitida próximamente al Parlamento andaluz para su aprobación. “Esperamos que sea cuestión de poco tiempo, porque urge su aplicación”, añade la representante sindical. No en vano, para UGT, el nuevo régimen sancionador supone un avance, pero no será suficiente si no se actualiza el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones, aprobado en 2020.

El sindicato recuerda que aquel documento nació en un contexto completamente excepcional, marcado por la pandemia de la COVID-19, y que la realidad de los centros sanitarios ha cambiado radicalmente desde entonces. “El plan data de 2020, se hizo en plena pandemia y desde entonces han cambiado muchísimo las cosas. De los aplausos se ha pasado a las agresiones diarias para las personas que trabajan en el SAS”, resume Espinosa.

Entre las modificaciones que reclama UGT figura eliminar la identificación pública de los profesionales mediante nombre y apellidos y sustituirla por un código alfanumérico, similar al que utilizan los cuerpos policiales. Según explica el sindicato, en numerosas ocasiones los agresores utilizan esos datos personales para continuar hostigando a los trabajadores fuera del centro sanitario. Otra de las reivindicaciones consiste en que no sea la propia víctima quien deba asumir el peso de denunciar la agresión.

“Queremos encontrar la fórmula para que no sea la persona agredida quien tenga que personarse en la denuncia, sino que sea el propio Servicio Andaluz de Salud quien la asuma”, reclama. Al mismo tiempo, en UGT insisten en la necesidad de reforzar la seguridad física de los centros sanitarios mediante vigilancia presencial y cámaras de seguridad, especialmente en aquellos donde se concentra un mayor número de incidentes.

¿Por qué siguen aumentando las agresiones?

Aunque el comportamiento violento de determinados usuarios constituye el detonante inmediato, UGT considera que el problema tiene causas mucho más profundas. Para el sindicato, el incremento continuado de las agresiones guarda una relación directa con la presión que soporta actualmente la sanidad pública andaluza. La falta de profesionales, las listas de espera, la sobrecarga asistencial y la saturación de los servicios generan una creciente frustración entre muchos pacientes, que en ocasiones termina descargándose sobre el personal que les atiende.

Sin embargo, Blanca señala un factor especialmente determinante. “Pensamos que la dificultad de accesibilidad al sistema, sobre todo en Atención Primaria, es lo que más agresiones provoca”, afirma. En otras palabras, cuando los ciudadanos encuentran dificultades para conseguir una cita, retrasos en la atención o una elevada demora asistencial, la tensión acaba trasladándose a quienes trabajan en primera línea.

Las consecuencias de las agresiones van mucho más allá de la lesión física o del insulto puntual. Los profesionales afectados sufren con frecuencia ansiedad, estrés, miedo a volver a determinados puestos de trabajo o incluso bajas laborales, circunstancias que terminan repercutiendo también en el funcionamiento de los centros sanitarios. Para UGT, proteger a quienes trabajan en el SAS no es únicamente una cuestión laboral, sino una medida que repercute directamente en la calidad de la asistencia que reciben los ciudadanos.

Por eso, el sindicato defiende que la respuesta debe ser integral: sanciones eficaces para los agresores, protocolos actualizados, mayor seguridad en los centros, protección jurídica para las víctimas y un refuerzo de las plantillas que permita reducir la tensión asistencial. Porque, como recuerdan desde la organización sindical, las casi 2.000 agresiones registradas en un solo año reflejan un problema que ya no puede considerarse excepcional, sino una realidad cotidiana que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones públicas.

Desde el año 2023, Andalucía cuenta con una herramienta destinada a mejorar la atención sanitaria que reciben la ciudadanía pero que ha abierto una brecha entre los médicos de primaria y los hospitalarios. Hablamos de la teleconsulta. Un método mediante el que un facultativo de un centro de salud puede volcar en un sistema informático todas las pruebas complementarias que se le haya hecho a un usuario para que un médico del hospital de turno pueda mirarlas y responder casi al momento para pautar un tratamiento o agendar una cita con dicho especialista. El problema, sin embargo, es que hay quienes están haciendo un mal uso continuado de esta herramienta.

Así, la teleconsulta está generando malestar entre médicos de familia que denuncian que se están reduciendo citas con los médicos de hospital porque esta herramienta permite despachar con demasiada facilidad el cuadro clínico de un ciudadano. Dicho de otro modo: se está convirtiendo en una barrera de entrada que en algunas ocasiones deja a los usuarios sin posibilidad de que les vea un especialista hospitalario que debería atenderles en persona y no basándose simplemente en imponer una pauta de fármacos por lo visto en unas pruebas complementarias que tiene disponibles gracias a este sistema telemático.

La teleconsulta nació con una filosofía muy distinta. Implantada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2023, pretendía agilizar la comunicación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, reducir desplazamientos innecesarios y acortar los tiempos de respuesta cuando una valoración presencial no fuese imprescindible. Un sistema que, sobre el papel, cuenta con el respaldo de todos los actores consultados. El problema llega cuando la teoría se encuentra con la práctica.

Pacientes con patologías “potencialmente graves”

“Estamos hartos de denunciarlo”. Así explica Marta, médica de familia en Granada, el sentimiento que asegura compartir buena parte de sus compañeros. Su principal reproche no va dirigido contra la herramienta sino contra el uso que, según denuncia, hacen algunos servicios hospitalarios. “Muchas veces vienen denegadas porque el especialista considera que no tiene que verlo y pauta tratamiento sin ver al paciente”, explica. Una decisión que, añade, deja al médico de familia “atado de pies y manos”, obligado a seguir atendiendo a pacientes para los que considera necesaria una valoración hospitalaria.

La situación, sostiene, afecta a numerosas especialidades. Cita como ejemplo Dermatología, donde el especialista decide en ocasiones únicamente a partir de una fotografía enviada desde el centro de salud. “Están viendo una foto, no están viendo al paciente”, lamenta. También menciona Traumatología o Nefrología, donde asegura que muchas solicitudes terminan rechazadas sin llegar a generar una consulta presencial. La preocupación de los médicos no reside únicamente en esa sensación de pérdida de criterio clínico. Lo que verdaderamente les inquieta es el riesgo que, a su juicio, puede conllevar resolver determinados casos sin explorar físicamente al paciente. “Hay veces que puede ser una chorrada, pero hay veces que dejan de ver a gente que sí tiene patologías potencialmente graves”, advierte Marta.

Una médica de familia ya jubilada en Sevilla, que prefiere mantener el anonimato, coincide con ese diagnóstico. Explica que la teleconsulta nació con una idea “muy buena”, pero denuncia que algunos especialistas hospitalarios la utilizan como un filtro previo para evitar derivaciones. Según relata, tras revisar las pruebas complementarias enviadas por Atención Primaria, responden con una pauta terapéutica sin llegar a citar al paciente, incluso en situaciones donde el médico de cabecera entiende que la valoración presencial resulta necesaria.

Esa percepción también ha llegado a las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Teresa Almagro, portavoz de la Marea Blanca Gaditana, sostiene que la teleconsulta “ha dejado de ser una herramienta para agilizar la asistencia” y denuncia que se está utilizando para sustituir primeras consultas hospitalarias. “Las personas a las que se les hizo una teleconsulta y que están esperando una respuesta no aparecen en ninguna lista de espera oficial”, afirma. A su juicio, el sistema termina ocultando una parte de la demanda asistencial y dificulta que los pacientes conozcan cuánto tiempo llevan realmente esperando.

Desde el ámbito sindical también existen reservas, aunque con un discurso más moderado. Fuentes sectoriales consideran que la presión asistencial derivada del incremento de las listas de espera puede estar favoreciendo un mayor recurso a las teleconsultas y los telediagnósticos. El sindicato insiste en que la herramienta puede ser útil dentro de una Atención Primaria suficientemente dotada, pero advierte de que “el abuso de la teleconsulta indiscriminada no es bueno ni para el paciente ni para el profesional”.

Mejorar el protocolo

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos comparte parte de esa preocupación. Su vicepresidente, Gerardo Sánchez, que además también es neumólogo y médico de hospital, defiende que la teleconsulta es “una herramienta muy potente” para agilizar diagnósticos y mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, pero reconoce que puede producirse un uso inadecuado. “Algún médico puede decidir simplemente por las pruebas complementarias, sin ver al paciente, y ese no es el uso que tiene que tener esa herramienta”, explica.

En su opinión, “en ningún momento te puedes escudar en hacer ese tipo de medicina para no ver pacientes” ni “puede haber cortapisas a la hora de derivar a un paciente al hospital”. Sánchez asegura además que el Consejo lleva tiempo trasladando esta preocupación a la Consejería de Salud y que ambas partes trabajan en la protocolización del sistema para evitar precisamente esos usos inadecuados. “Tiene que estar todo protocolizado”, dice.

El Consejo ha ido más allá y ha remitido una carta a los colegiados en la que alerta de que ese tipo de no derivaciones “puede conllevar consecuencias legales y deontológicas de especial relevancia, por lo que recomendamos no participar en prácticas de esta naturaleza”. “Recomendamos no declarar a pacientes como no tributarios de asistencia ni mantenerlos en situación de pasivo cuando ello implique que no sean valorados o atendidos por el servicio correspondiente, incluso cuando dichas actuaciones estén respaldadas por guías o protocolos”, reza la misiva.

La Consejería de Salud, por su parte, rechaza que la teleconsulta sustituya la atención presencial. En respuesta a este periódico recuerda que el SAS aprobó en marzo de este año una instrucción corporativa y protocolos comunes para homogeneizar su utilización en todas las especialidades. “La normativa es clara al establecer que la teleconsulta es una modalidad complementaria de atención sanitaria y que, en ningún caso, sustituye a la atención presencial ni puede convertirse en la única vía de acceso a la atención hospitalaria especializada”, señala.

Desde Salud añaden que el paciente “debe ser valorado presencialmente siempre que esté clínicamente indicado” y recuerda que los propios protocolos excluyen expresamente de la teleconsulta las sospechas de patología maligna o aquellas situaciones urgentes que requieran una intervención rápida. Asimismo, asegura que el SAS realiza un seguimiento continuo mediante indicadores sobre tiempos de respuesta, capacidad resolutiva, cumplimiento de plazos y tasas de rederivación para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta.

Sobre el papel, todas las partes defienden prácticamente el mismo modelo: una teleconsulta que agilice la asistencia sin sustituir nunca la valoración presencial cuando ésta resulte necesaria. Sin embargo, ahí termina el entendimiento. Mientras la Consejería sostiene que ese es precisamente el funcionamiento que recogen sus protocolos, varios médicos de familia consultados aseguran que la realidad diaria dista mucho de ese diseño y denuncian que continúan produciéndose rechazos de derivaciones, tratamientos pautados sin exploración física y pacientes que nunca llegan a ser vistos por el especialista hospitalario.

Hay empresas que crecen siguiendo la evolución de su sector. Y luego están las que deciden adelantarse a él. Innovasur pertenece a ese segundo grupo. Lo hizo cuando apostó por desplegar fibra óptica en municipios donde ningún gran operador veía negocio. Volvió a hacerlo cuando vendió una línea de negocio consolidada para invertir en ciberseguridad e inteligencia artificial, dos ámbitos que entonces apenas comenzaban a despegar. Casi dos décadas después de su nacimiento, la compañía jiennense se ha convertido en uno de los principales referentes tecnológicos del país sin haber renunciado nunca a la provincia desde la que nació.

Cuando Innovasur comenzó su actividad hace casi veinte años, poco hacía pensar que terminaría vigilando las infraestructuras digitales de miles de empresas y administraciones públicas en toda España. Su origen fue mucho más modesto: una pequeña empresa de integración tecnológica que trabajaba prácticamente en exclusiva para la provincia de Jaén. “Nacimos siendo un pequeño integrador tecnológico con cuatro o cinco personas y sin más expectativas que trabajar para la provincia de Jaén”, recuerda su fundador y consejero delegado, Juan José Prieto.

El primer gran salto llegó en 2014 con la creación de Blaveo, un operador de telecomunicaciones propio que comenzó a desplegar redes de fibra óptica cuando todavía buena parte de la provincia permanecía al margen de esa revolución tecnológica. Mientras las grandes compañías concentraban sus inversiones en las principales ciudades, Innovasur decidió mirar hacia otro lado.

“Fuimos los primeros en llegar con fibra óptica a municipios donde ningún operador quería invertir”, explica Prieto. Aquella apuesta permitió conectar a decenas de miles de hogares en localidades como Úbeda, Baeza o La Carolina y consolidó el crecimiento de la empresa. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó pocos años después. Cuando Blaveo ya era un negocio rentable, la compañía tomó una decisión poco habitual: vender esa unidad de negocio para reinvertir los recursos en sectores mucho más inciertos, pero también con mayor recorrido. “A mí siempre me ha llamado la atención hacer algo distinto”, reconoce Prieto.

Un salto arriesgado

La decisión fue clara. Innovasur apostaría por dos ámbitos que entonces comenzaban a perfilarse como estratégicos, pero que entonces sonaban como un salto arriesgado: la ciberseguridad y la digitalización inteligente de ciudades y territorios. “Había dos sectores en auge y decidimos apostar por los dos: la ciberseguridad y la digitalización de los territorios”, recuerda. La apuesta resultó acertada. En apenas un lustro, la empresa ha pasado de contar con unas cincuenta personas y cinco millones de euros de facturación a superar los 400 profesionales y los 40 millones de euros de negocio.

Uno de los pilares de ese crecimiento es hoy la ciberseguridad. Desde su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), operativo las veinticuatro horas del día, Innovasur monitoriza en tiempo real la actividad de más de 2.000 empresas y organismos públicos de todo el país. “Es como una central de alarmas donde vigilamos las veinticuatro horas a nuestros clientes para evitar que sufran cualquier incidente”, explica Prieto. Lejos de considerar que el mercado está saturado, el CEO cree que apenas se está empezando a comprender la magnitud del problema.

“Todavía no estamos concienciados del peligro y de los retos que hay en la ciberseguridad”, advierte. El incremento constante de los delitos informáticos obliga a empresas y administraciones a reforzar cada vez más sus sistemas de protección, convirtiendo este ámbito en uno de los sectores con mayor proyección dentro de la economía digital. La segunda gran línea estratégica de Innovasur gira en torno a la digitalización inteligente de las ciudades. Para ello ha desarrollado City Brain, una plataforma capaz de integrar información procedente de sensores, cámaras y múltiples fuentes de datos para ayudar a gestionar servicios públicos mediante inteligencia artificial.

Desde el tráfico hasta la recogida de residuos, pasando por la movilidad o la planificación urbana, el objetivo es facilitar que las administraciones puedan tomar decisiones basadas en información en tiempo real. “Nos gustan los proyectos con impacto, aquellos que ayudan a tomar mejores decisiones y terminan mejorando la calidad de vida de los ciudadanos”, señala Prieto. Pero detrás del crecimiento tecnológico existe también una apuesta decidida por las personas. La plantilla de Innovasur tiene una edad media de apenas 34 años y combina profesionales con experiencia procedentes de grandes compañías con jóvenes titulados incorporados directamente desde las universidades andaluzas. “Estamos consiguiendo una mezcla entre talento joven y profesionales con experiencia que está funcionando muy bien”, explica el empresario. Además, casi el 40% de la plantilla es de origen jienense, lo que da prueba de lo pegada que está la empresa al territorio.

El horizonte de la compañía pasa ahora por consolidar esas dos grandes líneas de negocio que han impulsado su crecimiento. Por un lado, seguir perfeccionando City Brain, la plataforma de inteligencia artificial con la que aspiran a que cada vez más ciudades y territorios gestionen sus servicios públicos a partir del análisis inteligente de datos. Por otro, ganar peso en un ámbito estratégico como la defensa, después de haber conseguido sus primeros contratos con este sector durante el último año. “Queremos seguir desarrollando productos que tengan un impacto real en la vida de las personas y crecer de una manera sana y sostenible”, explica Prieto, convencido de que el desarrollo tecnológico español tendrá cada vez más oportunidades en ámbitos como la seguridad y la defensa.

Jaén como origen y seña de identidad

Aunque hoy la mayor parte de la facturación de la compañía procede ya de fuera de Andalucía, el vínculo con Jaén sigue siendo uno de los elementos centrales de su identidad. “Estoy enamorado de Jaén. Es mi casa y seguiré apostando por ella toda la vida”, afirma Prieto. Ese arraigo no responde únicamente a una cuestión sentimental. El CEO reconoce que los primeros contratos con pequeños ayuntamientos y con la Diputación de Jaén fueron fundamentales para que una empresa entonces desconocida pudiera crecer y asumir retos cada vez mayores.

Por eso, cuando el proyecto alcanzó la madurez, llegó el momento de devolver parte de ese apoyo al territorio. Así nació la Fundación Innovasur, una iniciativa que impulsa programas de capacitación tecnológica, fomenta las vocaciones digitales entre la juventud y trabaja para acercar la innovación a la ciudadanía. “Cuando te va bien, quieres devolverle a tu tierra parte de lo que un día te dio”, dice Prieto.

Mientras la compañía continúa expandiendo su actividad hacia nuevos ámbitos como la defensa o la inteligencia artificial aplicada, mantiene intacta la idea que la ha acompañado desde sus inicios: demostrar que una empresa tecnológica nacida en Jaén puede competir con éxito en los sectores más exigentes sin necesidad de deslocalizar su talento ni renunciar a sus raíces. Porque, en un momento en el que la innovación suele asociarse a grandes polos tecnológicos, Innovasur ha construido un camino diferente. Uno que parte de Jaén, pero que hace tiempo dejó de tener fronteras.

Augustin Marie Ndour no habla de él mismo sino del colectivo. Afincado en Granada y nacido en Senegal en 1969, este activista, que llegó a ser el primer candidato negro a la presidencia del Gobierno en España en los comicios de 2019, es hoy un hombre feliz porque su lucha ha servido para abrir camino. No en vano, es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de 2024 que ha permitido ahora que el Gobierno de PSOE y Sumar, a través de un real decreto, impulsase una regularización extraordinaria que acaba este 30 de junio y que es un “éxito colectivo”, en palabras del propio Ndour.

Lo es porque durante mucho tiempo pareció imposible que España volviese a iniciar un procedimiento administrativo de este calado -la última fue en 2005 durante el Gobierno de Zapatero-. Con un creciente auge de la extrema derecha, el viraje del debate hacia posiciones xenófobas y aporofóbicas pareció guardar en un cajón la ILP que tanto había costado impulsar y que hasta el Partido Popular llegó a decir que apoyaría en su tramitación parlamentaria. “Fue frustrante. Una montaña rusa. Por momentos creíamos que no se produciría la regularización”, admite Augustin.

Ndour reconoce que hubo momentos en los que llegó a desesperarse al comprobar cómo la iniciativa quedaba atrapada entre los intereses de los partidos. “Sabíamos que era buena para el conjunto de la sociedad, pero muchas veces los intereses partidistas estaban por encima del interés común”, lamenta. Durante meses mantuvieron reuniones con representantes del PSOE, del PP y del resto de grupos parlamentarios para tratar de desbloquear una medida que parecía condenada a permanecer en un cajón. “Lo pasé mal porque uno piensa que quienes están en política están para mejorar la vida de la gente”, admite.

Un trabajo de años

Antes incluso de que la iniciativa legislativa popular llegase al Congreso, Ndour tenía claro que era el momento de intentarlo. “O era ahora o nunca”, recuerda. Temía que un cambio de ciclo político cerrase durante años cualquier posibilidad de sacar adelante una medida de este tipo. Fue entonces cuando llamó a Jorge Serrano, coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, formación en la que milita desde hace años, y le planteó una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Le dije que si no hacíamos algo, me encadenaba a los leones del Congreso”, rememora entre risas. Aquella conversación fue el punto de partida de una ILP que, con el respaldo de entidades como Regularización Ya!, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales, logró reunir más de medio millón de firmas para llegar a la Cámara Baja.

“Cada organización jugó un papel fundamental. Éramos entidades muy distintas, con formas diferentes de entender muchas cosas, pero todos teníamos claro que aquí lo importante no eran los protagonismos, sino que esto saliera adelante”, insiste. Por eso rechaza cualquier intento de atribuirle el éxito en solitario. “Ha sido una victoria de la sociedad civil. Hay muchísima gente detrás que ha trabajado de manera extraordinaria durante años”.

El trabajo, sin embargo, no terminó cuando el Gobierno aprobó el real decreto que abrió el proceso de regularización extraordinaria. Durante los tres meses de plazo, las organizaciones han tenido que volver a movilizarse para intentar que ninguna persona quedase fuera por trabas burocráticas. Una de las principales dificultades fue la obtención del certificado de vulnerabilidad, un requisito que en algunos municipios se convirtió, según denuncia, en un auténtico cuello de botella.

Esa implicación práctica ha marcado también los últimos meses de su trabajo. Más allá de la reivindicación política, Ndour ha pasado buena parte de este tiempo atendiendo llamadas de personas que apuraban los plazos, resolviendo dudas sobre la documentación o intentando encontrar soluciones para quienes se encontraban con obstáculos administrativos. Para intentar salvarlos, la Fundación para la Ciudadanía Global desarrolló una aplicación que permitía tramitar ese certificado de forma telemática, verificando la identidad, la geolocalización y la situación de vulnerabilidad de cada solicitante mediante documentación y una grabación en vídeo. “Lo que más me preocupaba era que muchísimos hermanos se quedaran fuera por cuestiones administrativas. Intuimos que van a pasar muchos años hasta que vuelva a existir una oportunidad como esta”, explica.

Una convicción personal

Esa preocupación tiene mucho de biográfica. Ndour sabe perfectamente qué significa vivir pendiente de un plazo o de un documento. Llegó a Europa desde Senegal, pasó por Portugal y terminó instalándose en España justo cuando concluía el último gran proceso extraordinario de regularización. No consiguió acogerse a él y tuvo que buscar otras vías para obtener la documentación. “Ahora me llaman muchos chavales diciendo que todavía no les ha llegado el certificado de antecedentes penales o que les falta algún papel. Recuerdo perfectamente esa angustia porque yo también la viví”, afirma.

Su historia personal es, en buena medida, el origen de su activismo. Recién llegado a España sufrió un accidente de moto mientras trabajaba sin documentación. Acabó hospitalizado, con las piernas rotas, sin apenas hablar español y sin conocer a nadie. Aquella experiencia le llevó a acercarse a la Pastoral de Migraciones y comenzar una labor de acompañamiento que, más de dos décadas después, sigue desarrollando. “Después de haber pasado por todo aquello y ver que, veinte años después, sigue habiendo personas viviendo exactamente lo mismo, pensé que no podía quedarme de brazos cruzados”.

Aquella experiencia le permitió comprobar cómo la irregularidad administrativa se convierte en una forma de vulnerabilidad permanente. Recuerda, por ejemplo, que el empresario para el que trabajaba cuando sufrió el accidente apenas permaneció tres minutos en el hospital. “Entró, me preguntó cómo estaba y enseguida me pidió las llaves del trabajo porque no quería que aquello sirviera como prueba de que yo estaba trabajando sin papeles. Se marchó y no volvió”, relata. Para él, esa escena resume la indefensión de miles de personas que, por miedo a perder el empleo o ser expulsadas, aceptan condiciones laborales que nunca asumirían si tuvieran una situación administrativa regular.

Salir de “la cárcel”

La irregularidad administrativa, insiste, no solo impide acceder a un empleo estable. Condiciona toda la vida. “Es como estar en una cárcel y que, de repente, te digan que puedes salir”, resume. Haber trabajado sin papeles en los invernaderos de Almería o aceptar empleos precarios le permitió comprobar, dice, que quien vive en esa situación apenas puede reclamar derechos laborales básicos. “Si tienes 40 de fiebre, vas a trabajar porque sabes que, si no, te sustituyen por otra persona. Cuando te regularizas empiezas a cotizar, claro, pero también puedes exigir tus derechos, coger una baja, tener vacaciones o negarte a determinados abusos”.

Por eso sostiene que la regularización extraordinaria no debe entenderse como un punto final, sino como el inicio de un camino. “La primera integración es la integración jurídica. Sin papeles no podemos hablar de integración económica ni social porque no tienes acceso a casi nada”, defiende. Aunque celebra el proceso que ahora concluye, Ndour considera que España todavía tiene pendiente una reforma profunda de la Ley de Extranjería. Aun así, cree que la movilización social ha demostrado que es posible cambiar las cosas. “Cuando empezamos hablábamos de unas 500.000 personas en situación irregular. Ahora las estimaciones hablan de hasta 900.000, incluso cerca de un millón. Un Estado no puede permitirse tener a tanta gente viviendo en un limbo jurídico”, sostiene.

Esa es también la razón por la que rechaza el discurso que presenta las regularizaciones como un privilegio. A su juicio, lo que hacen es sacar a la luz una realidad que ya existe. “No hablamos de personas que van a venir mañana. Hablamos de personas que ya viven aquí, que trabajan, que alquilan habitaciones, que consumen y que forman parte de nuestra sociedad, aunque el Estado no las reconozca jurídicamente”, sostiene.

Lejos de dar por terminada la lucha, el activista senegalés cree que la principal victoria de estos años trasciende incluso a la propia regularización. “La sociedad civil vuelve a tener la confianza de que, cuando se organiza y se moviliza, puede conseguir cambios importantes”. Una convicción que, para él, vale casi tanto como el real decreto que este 30 de junio pone fin a uno de los procesos de regularización más importantes de las últimas décadas.

De hecho, hay cierta ironía en que quien hace más de veinte años no llegó a tiempo para acogerse a una regularización extraordinaria haya terminado dedicando buena parte de su vida a impulsar otra que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. Ndour sonríe cuando se le recuerda esa coincidencia, pero vuelve enseguida a su idea de siempre: “No es la historia de una persona. Es la historia de muchísima gente que decidió que esto merecía la pena”.

El día en que a Mariana Pineda le arrebataron la vida por garrote vil cuando apenas tenía 26 años, no solo estaban cercenando una vida, sino mandando un mensaje de disciplinamiento. La granadina, que fue asesinada durante el reinado absolutista de Fernando VII por haber sido presuntamente hallada bordando una bandera en favor de la libertad, continuó siendo víctima de su propia valentía incluso después de su muerte. Ahora, casi dos siglos después, su figura no solo va recuperando su relevancia, sino que parte de su legado renace con la puesta a la venta por parte de unos propietarios privados de documentos que formaron parte de su archivo.

La librería Astarloa, ubicada en Bilbao, vende por 40.000 euros parte del archivo que Mariana Pineda pudo recopilar en vida. Un archivo que tiene un valor mucho más elevado que el monetario porque entre las piezas se encuentra una carta: el único manuscrito completo que se conserva de la propia Mariana. Pero más allá de ello, lo que dice también esta herencia física es que todo cuanto se trató de borrar de la joven granadina, asesinada el 26 de mayo de 1831, nunca fue suficiente para acabar con el rastro de una mujer tan importante y pionera. Una feminista cuando el feminismo ni siquiera se contemplaba como palabra.

Según explican fuentes de la negociación, la Junta de Andalucía es la administración pública que está negociando la compra de un legado que lleva más de dos años en venta y cuya recuperación permitiría al público y a la cultura general tener en su poder los retazos que construyen el recuerdo de una Mariana Pineda cercenada en su vida, pero también en su propia biografía. De ella sabe como pocas personas Antonina Rodrigo, la escritora granadina que ha dedicado más de 25 años en estudiar quién fue y qué no supimos suficiente sobre Mariana.

Hablamos con ella para valorar la importancia del legado y para partir de un supuesto desconocido: se trató de borrarla tanto tanto, que incluso se le hurtó el “de” que anticipaba su apellido Pineda y que denota que no procedía de un estrato social bajo, lo que eleva la importancia de su figura y de su propia reivindicación política.

Rodrigo, que siente un agradecimiento vital a Mariana por haber abierto camino para muchas mujeres como ella, llegó a adquirir en su momento la llave de la celda en la que Pineda pasó sus últimas horas de vida. “Esa llave es simbólica no solo por la puerta que cerraba, sino porque esa puerta fue a la que Mariana miraba y a través de la que escuchaba su sueño de volver a ver a sus hijos”. Porque parte del borrado histórico de la granadina pasa porque no todo el mundo sabe que tuvo descendientes y que, seguramente hoy, siga teniendo familia incluso en Granada capital.

Un archivo que sobrevivió al intento de borrar a Mariana

La propia Antonina Rodrigo reconoce que cuando conoció la existencia del archivo sintió una mezcla de sorpresa y alivio. “Estuve casi 25 años investigando y no encontré nunca una carta o un documento personal de Mariana”, explica la escritora a elDiario.es Andalucía. Por eso considera que el fondo que ahora se encuentra a la venta tiene un valor que trasciende cualquier cifra económica. “Eso es un tesoro para nosotros”, explica.

La importancia del legado no reside únicamente en la carta manuscrita de Mariana, sino en el conjunto documental que la acompaña. Según explica Iker, propietario de la librería Astarloa, el archivo está compuesto en gran medida por documentación relativa a los hijos de la granadina, un aspecto sobre el que apenas han sobrevivido testimonios documentales. “Es un archivo del entorno familiar de Mariana Pineda; sobre todo está compuesto por bastante documentación relativa a su hijo”, señala.

Entre todas las piezas destaca precisamente esa carta escrita y firmada por la propia Mariana, que, tras el estudio realizado por los especialistas de la librería, constituye “el documento manuscrito suyo más extenso que se conserva en la actualidad”. Hasta ahora, explica el librero, únicamente se conocían algunas firmas en documentos oficiales y una carta incompleta conservada en Granada.

La aparición de este fondo ayuda también a comprender hasta qué punto la memoria material de Mariana Pineda fue deliberadamente desmantelada tras su ejecución. Rodrigo recuerda que, una vez condenada a muerte, las autoridades irrumpieron en su vivienda y se llevaron prácticamente todas sus pertenencias. “Entraron en su casa y lo arramblaron con todo”, explica. Aquel saqueo, unido al paso del tiempo, convirtió en excepcional cualquier documento original relacionado con la joven liberal.

Quizá por eso la historiadora insiste en que el archivo no puede acabar nuevamente oculto en una colección privada. “La Junta de Andalucía está casi obligada”, afirma. No habla únicamente de una compra patrimonial, sino de una responsabilidad con la memoria colectiva. “Que todo eso esté a disposición de los historiadores y del mundo entero”, reclama. Incluso reconoce que, si hubiera podido permitírselo, ella misma habría adquirido el fondo. “Si yo tuviera 40.000 euros lo compraba”, asegura entre risas.

Paradójicamente, el archivo no acaba de aparecer. Lleva más de dos años buscando comprador sin éxito. Según explica Iker, durante ese tiempo fue ofrecido a distintas administraciones públicas, aunque ninguna mostró interés por adquirirlo. La situación cambió hace apenas unas semanas, cuando el Archivo Histórico Provincial de Granada, dependiente de la Junta de Andalucía, contactó con la librería para solicitar toda la documentación técnica sobre el legado. Desde entonces, la venta permanece paralizada mientras la Administración estudia la operación.

“La pieza está reservada”, explica el librero. El procedimiento, añade, será largo. Primero deberá completarse la valoración técnica del fondo, posteriormente determinar su interés patrimonial, encontrar la correspondiente partida presupuestaria y, finalmente, negociar la adquisición. “Como toda relación con la administración, los procesos son bastante lentos. Llevará meses seguramente”, resume. Astarloa está acostumbrada a este tipo de operaciones. Entre sus principales clientes figuran el Ministerio de Cultura y distintas bibliotecas y archivos públicos autonómicos y provinciales, por lo que el proceso, aunque lento, entra dentro de la normalidad en el mercado del patrimonio documental.

Una oportunidad para reparar parte de la historia

La posible adquisición del archivo llega en un momento en el que la figura de Mariana Pineda ha recuperado parte del reconocimiento institucional y ciudadano que le fue negado durante décadas. Durante el franquismo su nombre desapareció de colegios, homenajes y espacios públicos por representar precisamente aquello que el régimen combatía: la defensa de las libertades y los ideales constitucionales.

Para Rodrigo, sin embargo, todavía queda mucho por recuperar. “Mariana es una figura extraordinaria, no solamente para España, sino para el mundo”, sostiene. La escritora la define como “una de las primeras feministas”, una mujer que defendió la libertad en una época en la que ni siquiera existía un movimiento organizado que reclamara la igualdad entre hombres y mujeres. “Es una persona de estos días nuestros”, resume.

Esa es precisamente la trascendencia del archivo. No solo permitiría conservar el manuscrito más importante que se conoce de Mariana Pineda, sino reconstruir parte de una biografía que durante casi dos siglos permaneció incompleta por la desaparición de buena parte de sus documentos personales. Un legado que sobrevivió a registros, saqueos, al olvido y al paso del tiempo, y cuya incorporación al patrimonio público supondría recuperar una parte de la historia de Andalucía que estuvo a punto de desaparecer para siempre.

Pese a la insistencia de elDiario.es Andalucía por conocer el estado de las negociaciones, la Consejería de Cultura ha preferido no realizar declaraciones sobre la operación, aunque fuentes oficiales sí confirman que se ha preguntado por el lote que está en venta. En todo caso, el desenlace de las negociaciones determinará si uno de los hallazgos documentales más relevantes en torno a Mariana Pineda pasa a formar parte del patrimonio público o continúa en manos privadas.

Cuando se piensa en energía solar, pocos lugares parecen tan privilegiados como el desierto de Tabernas. Situado en el corazón de Almería, este paisaje árido recibe algunas de las mayores cantidades de radiación solar de Europa y se ha convertido desde hace décadas en un laboratorio natural para investigar el futuro de las energías renovables. Pero en cualquier estación, sobre todo en el verano que ahora empieza, y pese a su fuerza como estos días en plena ola de sol y calor, hay un problema que apenas se ve a simple vista: miles de partículas suspendidas en el aire.

Estas partículas microscópicas suspendidas en la atmósfera están actuando como un filtro capaz de restar parte de la energía que llega desde el sol. Es un fenómeno conocido por la comunidad científica como extinción solar atmosférica y una investigación liderada por especialistas del CIEMAT, la Universidad de Granada y el CIESOL acaba de cuantificar su impacto en España. La conclusión es llamativa: una parte significativa de la energía solar disponible se pierde antes incluso de llegar a las instalaciones encargadas de transformarla en electricidad. “En promedio, en Tabernas estamos en un 5 o 6% anual”, explica Aitor Marzo, investigador del Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y uno de los autores del trabajo.

La investigación ha sido desarrollada por la Plataforma Solar de Almería y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y el CIESOL, centro mixto de la Universidad de Almería y el propio CIEMAT. Las conclusiones se han publicado en la revista científica Science Direct.

La energía que desaparece por el camino

No en vano, la imagen que solemos tener de la producción solar es sencilla: cuantas más horas de sol, más electricidad puede generarse, pero la realidad es bastante más compleja. Los investigadores llevan años estudiando el efecto que tienen los aerosoles atmosféricos, es decir, las partículas microscópicas de polvo, sales marinas, contaminación o arena sahariana que permanecen suspendidas en el aire. Partículas que se multiplican en periodos de calima, cada vez más frecuentes en nuestro clima.

“Siempre hay aerosoles. Lo que pasa es que hay días más cargados y otros menos”, explica Marzo. Estas partículas afectan a las instalaciones solares de varias formas. Por un lado, dispersan parte de la radiación y hacen que la luz llegue menos concentrada. Por otro, reducen directamente la cantidad de energía que alcanza la superficie terrestre. Además, terminan depositándose sobre espejos y paneles, obligando a incrementar las labores de limpieza y mantenimiento. En el caso de las plantas solares de concentración, que utilizan miles de espejos para reflejar la luz hacia un receptor situado en lo alto de una torre, el efecto es especialmente importante. “Nadie podía medir lo que pasa a esa radiación desde el espejo hasta la punta de la torre”, señala el investigador. Y ahí es precisamente donde se encontraba una parte del problema.

Las plantas termosolares de torre funcionan concentrando la radiación solar sobre un receptor situado a decenas o incluso cientos de metros de altura. Para lograrlo utilizan miles de espejos distribuidos alrededor de la instalación. La radiación llega al espejo, pero después debe recorrer una segunda distancia hasta alcanzar la torre. Ese trayecto adicional atraviesa una atmósfera cargada de partículas. Durante años, la industria podía medir con precisión la radiación que llegaba al suelo, pero resultaba mucho más difícil cuantificar cuánta energía se perdía durante ese segundo recorrido.

Aunque la investigación se centra principalmente en las plantas solares de concentración, Aitor Marzo recuerda que el fenómeno también afecta a la energía fotovoltaica. En este caso, los aerosoles reducen parte de la radiación que alcanza los paneles y además favorecen la acumulación de polvo sobre su superficie. “Lo que afecta a uno afecta a otro, quizás de manera diferente, pero siempre hay una parte común en la que afecta”, explica. “Ese polvo que tienes encima de los paneles hace que pase menos radiación al panel fotovoltaico y, por lo tanto, genere menos energía”.

A partir de los trabajos desarrollados en la Plataforma Solar de Almería, los investigadores han diseñado sistemas capaces de medir esa pérdida y comprobar que no es una cuestión menor. En condiciones atmosféricas favorables, las pérdidas rondan el 4%, en las peores, hasta un 10% y en un promedio anual, en Tabernas se alcanzan entre un 5% y un 6%. Sin embargo, en otras zonas del planeta los valores son mucho más elevados. “Hay lugares donde las pérdidas son de un 40%”, explica Marzo. En algunos puntos de Emiratos Árabes Unidos, añade, se han llegado a registrar pérdidas cercanas al 25%.

La paradoja del desierto

Los resultados no significan que Almería haya dejado de ser uno de los mejores lugares de Europa para producir energía solar. De hecho, ocurre justo lo contrario. El estudio sitúa a Almería entre las zonas de España más favorables para este tipo de instalaciones, ya que la enorme cantidad de radiación solar que recibe el sureste peninsular sigue compensando las pérdidas provocadas por la atmósfera.

Sin embargo, la investigación sí señala un matiz importante en un momento de expansión de las energías renovables: no basta con contabilizar las horas de sol. También es necesario analizar factores como la presencia de aerosoles, la frecuencia de episodios de calima o los costes adicionales derivados de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones. Según los cálculos realizados por el equipo científico, la extinción solar eleva hasta un 50% el coste de la electricidad en los periodos con mayor carga de aerosoles. Es decir, en verano. “Todo esto son parámetros que afectan a la rentabilidad de los proyectos solares”, señala Marzo.

Aunque los investigadores no se apuntan al alarmismo, sí recuerdan que la evolución del cambio climático merece atención. “Estamos viendo que están habiendo cada vez más episodios de calima”, afirma el científico. La llegada de polvo procedente del Sáhara no es un fenómeno nuevo en Andalucía, pero los episodios extremos se han hecho cada vez más visibles durante los últimos años. En marzo de 2022, por ejemplo, una intensa intrusión de polvo africano tiñó de calima naranja buena parte de la península y llegó incluso a alcanzar regiones del norte de Europa.

Si estos episodios se vuelven más frecuentes, las instalaciones solares podrían verse obligadas a incrementar sus labores de limpieza y mantenimiento. “Si hay cambios en los patrones de ensuciamiento debido al cambio climático, esto va a suponer un incremento en el gasto de mantenimiento”, advierte. Eso no significa que las grandes inversiones realizadas en energía solar estén en peligro. “No considero que los cambios vayan a ser tan drásticos como para que la inversión que se ha hecho haga que fracasen este tipo de proyectos”, aclara. Pero sí obligan a afinar los cálculos.

Porque incluso en uno de los lugares más soleados de Europa, una parte de la energía del sol nunca llega a convertirse en electricidad. Queda atrapada en millones de partículas invisibles suspendidas sobre el desierto.

Cuando se habla de grandes centros tecnológicos, es fácil pensar en Madrid, Barcelona o Málaga. Más difícil resulta imaginar que uno de esos polos de innovación pueda levantarse en un municipio de apenas 900 habitantes de la provincia de Jaén. Sin embargo, eso es precisamente lo que está ocurriendo en La Bobadilla, pedanía de Alcaudete, donde Insyte Soluciones ha convertido un entorno rural en la base desde la que diseña y gestiona proyectos de telecomunicaciones para España y buena parte de Europa.

La empresa nació en 2021 como parte del grupo Insyte Instalaciones, una de las principales compañías españolas del sector de las telecomunicaciones. Pero su ubicación no responde a una decisión estratégica basada únicamente en criterios empresariales. Detrás hay también un compromiso personal con el territorio. “El presidente de la empresa (Ramón Rufián) es de este pueblo y quiso fomentar el empleo aquí por un tema rural, de despoblamiento”, explica Onofre Martínez, responsable del centro tecnológico de Insyte Soluciones en Jaén.

Lo que comenzó como una apuesta por generar oportunidades laborales en un entorno que durante décadas ha visto marcharse a buena parte de su población joven se ha convertido, apenas cinco años después, en un proyecto de gran dimensión. En la actualidad, alrededor de 115 personas trabajan en las instalaciones de La Bobadilla y la compañía ya construye una segunda fase del complejo con la intención de seguir ampliando su actividad.

Aunque el grupo desarrolla proyectos en Alemania, Austria, Portugal, Marruecos o Argentina y suma miles de trabajadores entre todas sus empresas, el centro jiennense se ha especializado en uno de los ámbitos más estratégicos de la transformación digital: la ingeniería de telecomunicaciones. Desde Jaén se diseñan despliegues de redes de fibra óptica para España, Alemania y Austria, se desarrollan proyectos de redes móviles y se presta soporte a infraestructuras críticas de grandes operadores de telecomunicaciones. También se coordinan incidencias que afectan a la red -como averías en estaciones base o centrales de comunicaciones-, movilizando a los equipos técnicos encargados de resolverlas sobre el terreno.

“Desarrollamos la ingeniería, hacemos la implementación, aportamos toda la documentación y seguimos todos los procesos de calidad que exige cada operador”, resume Martínez al explicar un trabajo que, aunque resulta invisible para la ciudadanía, es esencial para garantizar el funcionamiento cotidiano de las comunicaciones. Pero si hay un aspecto que define el proyecto es su capacidad para generar empleo cualificado allí donde antes apenas existían oportunidades de este tipo. Durante décadas, buena parte de los ingenieros formados en Jaén se vieron obligados a abandonar la provincia para desarrollar su carrera profesional. Insyte quiere invertir esa tendencia.

Conectados con Jaén

“Siempre hemos emigrado. Ahora lo que estamos consiguiendo es que la gente se quede”, afirma Martínez. Para lograrlo, la empresa mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Jaén y con centros de Formación Profesional. El objetivo no es incorporar únicamente perfiles con experiencia, sino captar talento joven y especializarlo desde dentro en un sector altamente técnico.

“Cogemos gente junior y la vamos formando poco a poco. Es un trabajo muy específico y esa experiencia no la vas a encontrar ya hecha”, explica el responsable del centro tecnológico. Esa apuesta por la formación continua ha permitido incorporar perfiles muy diversos -ingenieros, arquitectos, especialistas en informática, telecomunicaciones o diseño industrial- que encuentran en Jaén una oportunidad profesional sin necesidad de abandonar su entorno.

La elección de La Bobadilla tampoco es casual desde el punto de vista simbólico. Que una empresa tecnológica de estas características se implante en un municipio de menos de mil habitantes supone un mensaje sobre el potencial del medio rural para acoger proyectos de alto valor añadido. “Que haya un centro tecnológico aquí es un logro importantísimo. Además, puede convertirse en una empresa tractora para que otras compañías se instalen también en este entorno”, sostiene Martínez.

La ampliación del complejo responde precisamente a esa visión. La segunda fase permitirá incorporar nuevos proyectos y atraer otras empresas del grupo especializadas en ámbitos como la inteligencia artificial, ampliando el ecosistema tecnológico que empieza a consolidarse en la provincia. Ese horizonte conecta, además, con otras iniciativas estratégicas que están transformando el mapa industrial jiennense, como el desarrollo del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX), con el que Insyte ya ha colaborado en distintos proyectos de innovación.

“Yo creo que por ahí van los tiros: la inteligencia artificial y el CETEDEX tienen que impulsar el crecimiento de las empresas tecnológicas en Jaén”, dice Martínez. Frente a la imagen tradicional de una provincia vinculada casi exclusivamente al olivar, la aparición de empresas como Insyte Soluciones dibuja una realidad mucho más diversa. Una provincia capaz de generar empleo altamente cualificado, atraer inversión tecnológica y competir en sectores estratégicos desde un pequeño núcleo rural.

Martínez está convencido de que ese cambio ya ha comenzado. “Jaén está preparada. De hecho, ya hay muchas empresas que están viniendo aquí”, sentencia. En un momento en el que la transformación digital redefine el mercado laboral y la lucha contra la despoblación se ha convertido en uno de los grandes retos del medio rural, Insyte Soluciones representa una idea sencilla, pero poderosa: que el futuro tecnológico también puede escribirse desde un pueblo de apenas 900 habitantes.

Raúl, nombre ficticio por recomendación de su abogada, no puede ocultar su indignación. Él es uno de los seis investigados por la Policía Nacional por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos tras los incidentes registrados durante un acto de precampaña protagonizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Granada el pasado 16 de abril. Según este activista antifascista, la investigación se está dirigiendo básicamente contra quienes participaron en la protesta, pese a que sostiene que la actitud que mantuvieron fue pacífica y que los episodios de violencia comenzaron cuando varios asistentes al mitin, junto a miembros de la seguridad que acompañaba al dirigente de Vox, avanzaron hacia la concentración.

Según la cronología de los propios investigados, se organizó una protesta en el entorno de la Catedral de Granada, muy próxima a la plaza de las Pasiegas, donde se celebraba el mitin. La convocatoria, aseguran, se difundió de manera informal a través de redes sociales y de distintos colectivos sociales. Al grito de “no pasarán”, “no a la guerra” o “Granada será la tumba del fascismo”, decenas de personas trataron de mostrar su rechazo a la presencia de Abascal, manteniéndose en una calle contigua al escenario desde el que intervenía el líder de Vox.

La tensión fue aumentando conforme avanzaba el acto. Desde el escenario, Abascal denunció que los manifestantes estaban cometiendo un “delito electoral” al impedir el desarrollo normal del mitin y llegó a decir que no comenzaría su intervención hasta que fueran desalojados. De hecho, argumentó que, si eso no ocurría, avanzaría él mismo por la calle en la que se encontraban los manifestantes. Algo que acabaría haciendo instantes después cuando se produjo el encontronazo entre ambos grupos.

Lo que iba a ser una movilización de protesta acabó derivando en una escena de tensión en la que intervinieron manifestantes, agentes de la Policía Nacional, asistentes al acto y miembros de la seguridad privada que acompañaba a Abascal. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, el balance de aquella tarde fue la detención de un hombre de la seguridad privada de Abascal acusado de golpear con el mástil de una bandera a un agente y la apertura de una investigación que, semanas después, se ha traducido en otras cinco detenciones practicadas en comisaría contra activistas antifascistas y un total de seis personas investigadas por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El atestado ya ha sido remitido al juzgado y todos ellos permanecen a la espera de que la autoridad judicial decida cómo continúa el procedimiento.

Abascal se saltó el cordón policial

Precisamente esa investigación es la que ha desatado una fuerte polémica entre colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian que las diligencias policiales sólo se están dirigiendo contra quienes participaron en la protesta antifascista, mientras que no conocen actuaciones similares contra asistentes al acto de Vox que, según sostienen, también protagonizaron episodios violentos.

Así lo explica a este periódico Raúl, uno de los investigados, que prefiere mantener el anonimato mientras el procedimiento judicial continúa abierto. “La manifestación se convocó de forma totalmente pacífica y todo está grabado. Hay vídeos en redes sociales, en televisión... Se puede ver perfectamente lo que pasó”, sostiene.

Su relato sitúa el punto de inflexión cuando Abascal abandonó el escenario y un grupo de personas de su entorno avanzaron hacia la calle en la que se encontraban los manifestantes. “Cuando Santiago Abascal decide que esa manifestación no le agrada, manda a toda su gente. Se saltan el cordón policial y, lejos de proteger a las personas que nos estábamos manifestando pacíficamente, la Policía arremete contra nosotros”, asegura.

Raúl sostiene que él ni siquiera fue identificado durante los incidentes. Según explica, los agentes le dieron el alto cuando ya se encontraba lejos del lugar de la concentración. “A mí me identifican como a un kilómetro de la manifestación, de manera totalmente aleatoria. Pensé que aquello quedaría ahí”, recuerda. Sin embargo, días después recibió una llamada de la Policía Nacional. “Me dijeron que tenía que ir a comisaría para informarme sobre unos hechos relacionados con el 16 de abril. Fuimos varios compañeros junto a nuestra abogada y, cuando llegamos, nos detuvieron para comunicarnos los delitos por los que nos investigaban”.

Esa forma de actuar es una de las cuestiones que más llama la atención de los investigados. Según explica uno de ellos, los agentes les comunicaron que existían grabaciones en las que supuestamente aparecen participando en hechos delictivos, aunque asegura que nunca les enseñaron ese material. “La Policía nos dijo que nos tenía grabados, pero no nos ha enseñado ningún vídeo. Nos dijeron que la investigación seguía abierta y que estaban identificando a más personas”.

La APDHA denuncia a miembros de Vox

Para este activista, el problema no es únicamente la investigación, sino el sentido de ésta. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros. Los que actuamos en nombre del antirracismo, del antifascismo y de la democracia somos siempre los perseguidos”. Su testimonio coincide en buena parte con la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha solicitado al juzgado que investigue también la actuación de varios asistentes al acto de Vox y del personal de seguridad privada.

En su escrito, la organización sostiene que la concentración antifascista estaba ejerciendo de forma pacífica su derecho de manifestación cuando varios asistentes al mitin irrumpieron en la protesta tras las declaraciones de Abascal, provocando la alteración del orden y perturbando el ejercicio del derecho de reunión. Esta organización solicita también que se investigue el posible uso de defensas extensibles por parte de particulares y reclama que se incorporen a la causa todas las grabaciones disponibles del incidente, tanto de medios de comunicación como del propio partido, además de información sobre el operativo policial desplegado aquel día.

No obstante, la investigación contra los seis activistas ha propiciado la creación de la Plataforma de Apoyo 16 de Abril. Este colectivo denuncia que las actuaciones policiales persiguen “amedrentar a quienes se manifiestan pacíficamente” y critica que, mientras seis manifestantes ya están siendo investigados por la justicia, no tenga constancia de diligencias similares contra quienes, según su versión, protagonizaron las agresiones desde el entorno de Vox.

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La justicia deberá decidir ahora si los indicios recopilados por la Policía Nacional justifican continuar la causa contra los seis investigados o si, por el contrario, procede a archivar las diligencias. Hasta entonces, Raúl asegura que la sensación con la que conviven todos ellos es difícil de sacudirse. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros”.

La firma de una declaración institucional vuelve a situar sobre la mesa una reivindicación que en Almería se repite desde hace más de dos décadas: la creación de un corredor ferroviario que conecte la capital con la comarca del Poniente. No es una idea nueva ni un proyecto cerrado, sino una aspiración que ha ido apareciendo y desapareciendo de los planes de movilidad sin llegar nunca a ejecutarse.

Ahora, la Mesa del Ferrocarril ha conseguido que distintas instituciones se sienten en torno a un mismo documento para escenificar un apoyo conjunto a una infraestructura que, sobre el papel, podría articular el principal eje urbano y económico de la provincia. La cita para la firma se ha pospuesto por cuestiones de agenda, pero se prevé que se formalice en la Universidad de Almería. Sin embargo, la propuesta vuelve a poner el foco en un área que concentra a más de medio millón de personas entre la capital y el Poniente, una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur peninsular sin una red de cercanías ferroviarias.

La idea de un corredor ferroviario entre Almería y el Poniente no es nueva y ha ido casi paralela a la del Corredor Mediterráneo. Forma parte de una secuencia de intentos de planificación que se remonta, al menos, a finales de los años noventa, cuando distintos estudios ya apuntaban a la necesidad de prolongar el eje ferroviario hacia la zona occidental de la provincia. De hecho, en 2008 llegó a plantearse un sistema tranviario metropolitano que no llegó a materializarse tras la crisis económica. Años después, el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (POTPA) incluyó la previsión de un corredor paralelo a la autovía. Sin embargo, la reserva efectiva de suelo nunca llegó a consolidarse.

Para evitar que se perdiese el proyecto entre promesas, la Mesa del Ferrocarril retomó esa demanda en 2020 mediante alegaciones a la planificación territorial autonómica, en las que pedía algo concreto: blindar el trazado para evitar que el desarrollo urbanístico cierre definitivamente la posibilidad de construirlo en el futuro.

Un corredor necesario

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, cree que el tren aún no es una realidad por un hecho muy sencillo: el problema no es la ausencia de estudios, sino la falta de ejecución política. “Esto es una reivindicación de hace muchos años. La mesa se constituye como plataforma para plantear soluciones de movilidad en el corto, medio y largo plazo”, explica. En ese recorrido, asegura, se han presentado alegaciones y propuestas para que la administración autonómica reserve un corredor ferroviario a lo largo del Poniente. Sin embargo, sostiene que ese objetivo no se ha materializado en la planificación vigente.

“El problema es que cada administración traslada la responsabilidad a otra. Y mientras tanto, el corredor sigue sin reservarse”, apunta. Para la Mesa, la clave no es únicamente construir la infraestructura, sino evitar que sea imposible en el futuro por la ocupación del suelo. No en vano, el argumento central del proyecto es demográfico. Según los datos que maneja la Mesa, en el Poniente viven alrededor de 330.000 personas, a las que se suman las aproximadamente 220.000 de la capital. En total, unos 550.000 habitantes en un mismo eje territorial sin conexión ferroviaria metropolitana.

“En ninguna comarca del país con este volumen de población no existe tren de cercanías. Es una anomalía”, sostiene Tejada. La movilidad diaria entre municipios como Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido o Adra y la capital depende casi exclusivamente de la autovía A-7 y del vehículo privado. La Mesa estima que en la comarca circulan más de 130.000 turismos, sin contar vehículos comerciales o de transporte. El resultado, según su diagnóstico, es un modelo de movilidad basado en el coche como única opción real para desplazamientos cotidianos.

Más allá del transporte de pasajeros, el proyecto incorpora una dimensión logística. El Poniente concentra alrededor del 70% de la producción agrícola de la provincia, un sector que genera millones de toneladas de frutas y hortalizas cada año con salida casi exclusiva por carretera. La Mesa plantea que un futuro corredor ferroviario podría incorporar también usos vinculados al transporte de mercancías, lo que permitiría reducir tráfico pesado en la red viaria y mejorar la eficiencia logística del principal motor económico de la provincia.

El diseño del corredor no está definido. La propuesta más extendida plantea un sistema de cercanías o tranvía metropolitano que conecte la capital con el Poniente a lo largo del eje costero. Sin embargo, el propio coordinador de la Mesa reconoce que se trata de un proyecto complejo, condicionado por la densidad de invernaderos y la ocupación del suelo en buena parte del trazado. Entre las alternativas estudiadas, se ha llegado a plantear el uso de la mediana de la autovía en determinados tramos, una solución ya aplicada en otros entornos metropolitanos. En cualquier caso, las estimaciones económicas apuntan a una infraestructura de gran envergadura, con costes que en estudios previos se situaban en torno a los 1.200 millones de euros en algunos tramos iniciales.

Apoyos institucionales, pero sin hoja de ruta

El proyecto cuenta desde hace tiempo con respaldo político en distintos niveles institucionales, aunque nunca se ha avanzado más allá de las promesas. En el ámbito local, municipios como Roquetas de Mar o El Ejido han aprobado mociones de apoyo al corredor ferroviario. El alcalde ejidense, Francisco Góngora, ha señalado que se trata de infraestructuras que requieren planificación a largo plazo: “Son proyectos que pueden tardar años, así que tenemos que empezar a dar pasos decisivos para que sea una realidad”. En el mejor de los escenarios, desde la Mesa calculan que el tren no entraría en funcionamiento hasta dentro de una década, siempre en función del proyecto que acabara ejecutándose.

No obstante, el Ayuntamiento de Almería también se ha posicionado a favor de mejorar la conectividad entre la capital y su entorno metropolitano. Defiende que este tipo de infraestructuras permitirían descongestionar el tráfico y avanzar en sostenibilidad, aunque reconoce la complejidad administrativa y económica del proyecto. “Entendemos que más tarde o más temprano tendrán que llevarse a cabo esos proyectos”, señalan desde el Consistorio.

La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que el Cercanías del Poniente ya aparece en la planificación estratégica de movilidad autonómica, tanto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 como en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería. No obstante, subraya que se trata de un estudio de viabilidad y que la competencia ferroviaria corresponde al Estado.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, el Ejecutivo central se muestra favorable a la iniciativa, aunque insiste en la necesidad de cooperación entre administraciones. “No es una infraestructura que pueda hacerse de un día para otro, pero nos obliga a repensar cómo queremos que sea Almería a medio y largo plazo”, señalan. El subdelegado, José María Martín, defiende además abrir el debate sobre el reparto de competencias en materia ferroviaria y plantea la necesidad de sumar voluntades institucionales para avanzar. Por último, la Diputación de Almería, sin embargo, no ha respondido a las reiteradas consultas de este medio sobre su posición respecto al proyecto.

Se trata por lo tanto de un proyecto con un amplio respaldo político y técnico en el discurso, pero sin avances concretos en su ejecución. La Mesa del Ferrocarril insiste en que el objetivo inmediato no es construir la infraestructura, sino asegurar su viabilidad futura mediante la planificación del suelo. El debate, sin embargo, sigue abierto entre administraciones que coinciden en la necesidad del corredor, pero discrepan sobre quién debe impulsarlo y cuándo.

Mientras tanto, el Poniente almeriense continúa dependiendo casi en exclusiva de la carretera para sus desplazamientos cotidianos, en un territorio donde la movilidad sigue siendo, más que una cuestión técnica, un problema estructural sin resolver.

Desde el pasado lunes, en el centro de salud de Atarfe contienen la respiración. Desde ese día, este ambulatorio cuenta con una ambulancia menos desde la medianoche y hasta las ocho de la mañana, lo que dificulta tanto la atención médica que provoca un efecto en cascada que afecta a otros municipios. Con la plantilla mermada por falta de personal de cara al verano y con una ambulancia menos, el centro de salud puede verse obligado a cerrar por no tener sanitarios que puedan atender en el momento a una población que supera las 40.000 personas. No son solo las que viven en Atarfe, sino también las que lo hacen en Albolote.

Mientras la Junta de Andalucía defiende que no se ha perdido un recurso, sino que se ha reorganizado, los sanitarios del centro de salud de Atarfe llevan días movilizándose a las puertas del centro exigiendo que se les vuelva a dotar de la ambulancia no medicalizada con la que contaban a partir de la medianoche. Hasta ahora, tenían esa y una UVI móvil que será la única que quede disponible cada madrugada. Aunque se trata de una ambulancia más avanzada, en realidad es un problema añadido porque, al estar medicalizada, necesita que en ella viajen no solo el técnico sanitario que la conduce sino al menos un médico, lo que deja en cuadro al personal de un ambulatorio que tiene una demanda razonable por las noches.

Esto, en la práctica, significa que cuando la UVI móvil sale a un aviso o a un traslado hospitalario, el equipo sanitario que queda en el centro de salud tiene que asumir en solitario toda la actividad de urgencias, tanto la atención presencial como los avisos domiciliarios. Y si en ese intervalo entra una segunda emergencia, la respuesta ya no depende del centro, sino de la disponibilidad de recursos en Santa Fe o Armilla, que cubren un área amplia y no siempre están libres. “Con que salgamos nosotros a un aviso, si sale otro por la noche hay que esperar a la de Santa Fe o Armilla, que cubren zonas muy amplias y que es probable que estén ocupadas”, explica una de las médicas del dispositivo.

La consecuencia directa de esta “reorganización”, como la bautiza la Junta, es que el centro de salud puede verse obligado a cerrar su punto de urgencias en determinados momentos de la noche, una posibilidad que los profesionales no plantean como excepción, sino como escenario real cuando coinciden salidas y nuevas demandas asistenciales. “Vamos a tener que cerrar la urgencia muchas veces”, denuncian.

Recursos escasos cada noche

Porque el problema, insisten, no es sólo de ambulancias. Es de tiempos y de simultaneidad. De la capacidad que van a tener para responder cuando dos urgencias graves ocurran al mismo tiempo en un territorio que no se ha reducido, sino que ha crecido en población y en presión asistencial. Atarfe y Albolote suman en torno a 40.000 habitantes, pero el volumen de atención nocturna, según la plantilla, se comporta como el de dispositivos de mayor tamaño. “Esa cantidad de presencialidad por la noche es equiparable a lo que yo veía en Motril, con una población superior y tres equipos en el centro”, señala otro médico del dispositivo, que regresó recientemente tras varios años fuera del área.

Según ese mismo facultativo, la diferencia entre el diseño teórico que hace la Junta de Andalucía de los recursos de los que se dispone y su funcionamiento real distan mucho de parecerse. La reorganización, según la Junta de Andalucía, no supone pérdida de recursos, sino una mejora en la capacidad de resolución al reforzar la ambulancia de soporte vital avanzado, que ahora pasa a ser el recurso principal en horario nocturno.

Sin embargo, los profesionales sostienen que esa ambulancia ya existía previamente y que el cambio no es la incorporación de un recurso nuevo, sino la desaparición de otro que cumplía una función distinta: los traslados no medicalizados, que permitían descongestionar el sistema sin movilizar equipos sanitarios completos. La diferencia, explican, no es menor. Porque la UVI móvil requiere personal sanitario a bordo, lo que reduce la disponibilidad de profesionales en el centro de salud cada vez que se activa una salida. “Eso es lo que dicen ellos, que en la teoría es muy bonito. Pero no saben cómo trabajamos ni el tipo de población que manejamos”, cuenta una de las médicas.

La tensión se acumula además sobre un dispositivo que ya venía funcionando con limitaciones de personal. Según los profesionales, desde enero se conocía la salida de parte del personal de apoyo, sin que esas plazas hayan sido cubiertas. A ello se suma la falta de sustituciones en vacaciones y bajas, lo que ha ido reduciendo progresivamente la capacidad del equipo. El resultado es un sistema en el que las guardias se reparten sobre una plantilla cada vez más ajustada, con semanas que, en algunos casos, alcanzan las 80 horas de trabajo. “Hay veintitantas guardias sin repartir que tenemos que asumir el personal que ya está”, señalan. Además, como falta personal, ante avisos simultáneos, el centro también queda al borde del cierre durante el día en periodos vacacionales.

Una población que no para de crecer

La situación se agrava en un contexto de crecimiento poblacional que no se detiene en el área metropolitana de Granada. En la última década, Atarfe ha sumado varios miles de habitantes, en torno a un 16% más, según los profesionales. Un incremento que no ha ido acompañado, denuncian, de un aumento equivalente de recursos. A ello se añade otro elemento que los sanitarios consideran estructural: la falta de un tercer equipo de urgencias que permitiría evitar el cierre del centro cuando coinciden varias salidas simultáneas. Una demanda que, según explican, sí se ha atendido en otros dispositivos de características similares.

Al mismo tiempo, el centro de salud mantiene desde hace tiempo reclamaciones relacionadas con la seguridad. Los profesionales denuncian agresiones verbales frecuentes y episodios de violencia física ocasional, y reclaman una reorganización de la vigilancia que priorice las horas nocturnas, cuando el centro queda más expuesto si el equipo sale a atender avisos. Mientras tanto, las nuevas urgencias del centro de salud de Atarfe siguen sin abrir, pese a que la obra está finalizada. Su puesta en marcha depende todavía de su dotación completa de personal y equipamiento, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre a un dispositivo que ya funciona en tensión permanente.

En ese escenario, la reorganización de ambulancias no se percibe como un ajuste técnico, sino como un punto de inflexión operativo. No por lo que cambia sobre el papel, sino por lo que puede ocurrir cuando varias emergencias coinciden en el mismo momento y los propios sanitarios sólo disponen de una respuesta posible.

A Emilia Llanos el olvido la sometió en vida, eligiendo su propia muerte social, y la persigue hasta el día de hoy, más de medio siglo después de su fallecimiento. Leyendo estas líneas, quizás pocas personas puedan saber quién fue, salvo por el titular de este reportaje, pero Emilia resultó ser tan relevante en la Granada de hace un siglo, que su sola presencia fue esencial en la vida de Manuel de Falla, Ismael González de la Serna y sobre todo Federico García Lorca. Era la dama de la Granada más cultural de principios del siglo XX y hoy es su seña invisible.

Nacida en Villanueva del Arzobispo (Jaén) en 1885, su vida sería la de una cuna de clase media-alta. Hija de Guardia Civil, hermana y descendiente de militares, Emilia Llanos vivió rodeada de un abolengo del que, cuando los años y una enfermedad respiratoria la recluyeron durante algún tiempo en la casa de Granada a la que fue a vivir, logró escapar a través del arte y la literatura. Encerrada entre cuatro paredes, la que acabaría siendo el amor platónico de Lorca, fue la mujer más intelectual de los años 10, 20 y 30 del pasado siglo de la ciudad.

Interesada por escritores de otros países, por el arte menos conocido y por los temas que merecían ser debatidos en tertulias, logró situarse como el referente para la generación de plata del ambiente artístico granadino. Así lo recuerda José Javier García Montero, uno de sus mayores estudiosos: “Ismael de la Serna, Manuel de Falla o Federico acudían a ella atraídos por su conocimiento del arte y la literatura”. Causando, además, un interés físico que, por su belleza, era prácticamente obligatorio.

Pero cómo no iba a causar interés una mujer que además vivía en la Alhambra. Primero en la Puerta del Vino y después en la Calle Real del monumento nazarí, Emilia Llanos estableció en la ciudad palatina su cuartel general de sueños. Allí leyó, aprendió y divulgó las novelas, los ensayos y las líneas que llegaban a sus manos y que permitieron ser libre a una mujer de una época en la que la libertad no siempre estaba disponible para ellas. A principios del pasado siglo, comenzó a moverse por el ambiente intelectual granadino, lo que acabaría uniéndola de por vida a Federico García Lorca.

La musa de Federico

De hecho, el encuentro entre Federico García Lorca y Emilia Llanos tiene algo de mito fundacional. Agosto de 1918. Él, un joven inquieto que todavía no había construido el nombre que hoy lo atraviesa todo y ella, una mujer ya formada, trece años mayor, que leía a Maurice Maeterlinck cuando casi nadie en Granada sabía siquiera pronunciarlo. Bastó una visita para que al día siguiente Lorca regresara solo con un ejemplar dedicado de “Impresiones y paisajes”. “A la maravillosa Emilia Llanos, tesoro espiritual entre las mujeres de Granada”, escribió. No era una fórmula. Era una declaración de intenciones.

A partir de ahí, la relación se sostuvo en algo más profundo que la fascinación inicial. Paseos por la Alhambra, conversaciones interminables, libros que iban y venían, versos leídos en voz alta antes de ser publicados. “Llegaron a ser confidentes absolutos”, dice García Montero. Y añade una afirmación que tensiona el relato más conocido: “Yo creo que sí hubo romance”. Las cartas, con su lenguaje de cortejo, y la insistencia de Lorca en convertirla en interlocutora única, apuntan a una relación que desborda lo estrictamente intelectual sin necesidad de ser reducida a una historia de amor convencional.

Un intercambio de misivas entre ambos es lo que mejor explica esta relación. A finales de 1920, un Federico que ya vive en la Residencia de Estudiantes de Madrid y que está completamente embelesado por Emilia, le escribe confesándole su admiración romántica: “Ayer paseaba por la Carrera de San Jerónimo y vi a una mujer que se parecía a ti: igual de alta, igual de elegante”. Llega incluso a rogarle que le envíe una fotografía “para que pueda verte más a menudo” y a cambio él le dedicaría un poema. A lo que la propia Emilia contesta días después rebajando las expectativas y la emoción del artista granadino. “Le dice amigo varias veces en su respuesta”, explica García Montero.

Un rechazo que, lejos de suponer el final de la relación entre los dos, acabará teniendo episodios que algunos estudiosos asumen que fueron de algo más que amigos, sobre todo en sus encuentros madrileños. Hay pruebas incluso de que Emilia fue importante en la creación de “Doña Rosita la soltera”. Todo pese a que a Vicenta, la madre de Federico, no le gustaba demasiado por ser “demasiado avanzada a su época”. Pese a ello, la relación entre ambas también acabó siendo duradera y cordial.

Porque si algo define a Emilia Llanos en ese vínculo es que no ocupa el lugar que la historia suele reservar a las mujeres: no es musa, no es acompañante, no es nota al pie. Es parte activa de la conversación cultural de su tiempo. Participa en la organización, junto con Manuel de Falla, del Concurso de Cante Jondo de 1922, se sienta en las tertulias donde apenas había presencia femenina y se convierte en referencia para quienes pasaban por la ciudad. “Era la persona a la que acudían cuando venía alguien importante a Granada”, explica el investigador. No estaba en los márgenes: sostenía el centro.

Marchante de antigüedades

Su vida, además, desborda cualquier etiqueta simplificadora. Comerciante de antigüedades, intermediaria en operaciones de alto nivel artístico, anfitriona de intelectuales, modelo en campañas publicitarias de la época. Amiga de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, con la que llega a establecer una relación en el mundo de la compraventa de reliquias. Emilia, en palabras de su estudioso, “era muy importante, influyente en muchos aspectos”. Y, sin embargo, sometida a un control constante: no podía pasear sola, necesitaba acompañante, vivía dentro de un corsé social que limitaba incluso la expresión de sus propios deseos. “Qué tonta fui”, llegaría a escribir años después al recordar un poema que Lorca le dedicó. La conciencia de lo que no pudo ser también forma parte de su biografía.

El verano de 1936 rompe definitivamente ese equilibrio precario. El asesinato de Lorca no sólo acaba con una vida: desmantela otra. Emilia intenta intervenir, mover contactos, llegar a quienes podían frenar lo inevitable. “Hizo lo imposible”, señala García Montero. Hay constancia de gestiones incluso con el militar golpista Queipo de Llano, que le contestó quitándose la responsabilidad. Hubo llamadas e intentos de activar influencias en el entorno del poder fascista. No fue suficiente. Y ese fracaso -más que una culpa directa- se convierte en una losa que ya no abandonará.

A partir de ahí, el relato se vuelve opaco. Emilia se encierra en su casa de Plaza Nueva, a la que se trasladó después de abandonar la Alhambra, reduce su vida al mínimo, desaparece del espacio público. “La vida se le rompe”, resume el investigador. Durante años apenas hay rastro de ella, más allá de una existencia suspendida, atravesada por la ausencia. Se sabe que llegó a ser contratada en la propia Alhambra como guía, puesto que pocas personas la conocían mejor que ella. Pero ni escribe, ni publica, ni reconstruye su lugar en la ciudad que había habitado con tanta intensidad. El olvido, en este caso, no llega desde fuera: comienza como una decisión íntima, como una forma de supervivencia.

No será hasta mediados de los años cincuenta cuando vuelva a asomarse, empujada por la investigación de Agustín Penón sobre la muerte de Lorca. Entonces colabora, aporta información, incluso plantea la posibilidad de adquirir terrenos donde podría estar enterrado el poeta. También desliza una idea que sigue incomodando décadas después: que Lorca no se encuentra en Víznar. Su papel en la construcción de la memoria del escritor es activo, pero vuelve a quedar en segundo plano.

El olvido de ser mujer

¿Por qué? La respuesta, en realidad, es más estructural que biográfica. “Lo que ha pasado en Granada es lo que le ha pasado a las mujeres”, afirma García Montero. Emilia no dejó obra firmada, no publicó libros, no construyó un legado que pudiera archivarse en bibliotecas. Su aportación fue otra: tejer relaciones, sostener espacios, impulsar conversaciones. Y esa forma de estar en el mundo, fundamental pero invisible, es la que la historia ha tendido a borrar.

Falleció en agosto de 1967, 31 años después del asesinato de Lorca. Hoy, su tumba en el cementerio de Granada -elegante, discreta, casi silenciosa- funciona como metáfora de todo lo demás. Hace unos años estuvo a punto de ser desahuciada por los impagos propios de una descendencia que tampoco la recuerda. “Tuve que pagar 1.500 euros de mi bolsillo para salvar el nicho porque la querían trasladar a un osario común”, confiesa García Montero.

Afortunadamente, la intervención del estudioso salvó el espacio físico en el que reposa una mujer tan adelantada a su tiempo, que el tiempo se olvidó de ella. Allí descansa una persona que fue central en su época y que, sin embargo, ha quedado fuera del relato. No por falta de relevancia, sino por la manera en que decidimos contar la historia. Porque a veces no se trata de quién estuvo, sino de a quién decidimos mirar.

Hubo un tiempo en el que el actual Geoparque de Granada no era un territorio de cárcavas secas, ramblas erosionadas y badlands imposibles. Lugares que parecen estar muy lejos, pero que se encuentran en plena geografía andaluza. Donde hoy el paisaje parece casi lunar, hace un millón y medio de años existía un enorme humedal habitado por hipopótamos gigantes, grandes depredadores, hienas, grullas y patos adaptados a aguas salobres. Un vergel prehistórico en mitad de lo que hoy es uno de los paisajes más áridos de Andalucía.

Una investigación liderada por paleontólogos de la Universidad de Málaga ha conseguido ahora reconstruir parte de aquel ecosistema desaparecido gracias al hallazgo y estudio de unos fósiles extraordinariamente raros: restos de aves hallados en el yacimiento de Venta Micena, en el Geoparque de Granada. El estudio, publicado en la revista científica Swiss Journal of Palaeontology, ha identificado fósiles de tres especies diferentes —un tarro blanco, una grulla gigante y un cuervo— que ayudan a entender cómo era la cuenca de Baza durante el Pleistoceno inferior y cómo el actual paisaje semidesértico fue, durante cientos de miles de años, un gigantesco sistema lacustre.

“Hoy el paisaje es muy semidesértico. Pero sabemos que eso no ocurría”, explica a elDiario.es Andalucía Paul Palmqvist, catedrático de Paleontología de la Universidad de Málaga y uno de los líderes de la investigación. “Hemos calculado un lago de unos 1.100 kilómetros cuadrados”. La relevancia del hallazgo no reside únicamente en las especies encontradas, sino en algo mucho más difícil: haber encontrado fósiles de aves.

Sobre los más de 25.000 fósiles recuperados en Venta Micena tras décadas de excavaciones, sólo 18 pertenecían a aves. Y apenas siete conservaban suficiente integridad anatómica como para poder ser identificados. “Los huesos de las aves están huecos. Si no, no podrían volar”, explica Palmqvist. A diferencia de los mamíferos, sus restos son mucho más frágiles, pequeños y ligeros, lo que hace enormemente improbable que sobrevivan durante millones de años.

Además, el contexto tampoco ayudaba. Venta Micena, que también alberga restos humanos que evidencian que hubo asentamientos en la zona, fue un lugar en el que habitaban hienas gigantes capaces de fracturar incluso huesos de grandes elefantes para acceder a la médula. Que algunos restos de aves hayan llegado hasta hoy es, en la práctica, una anomalía paleontológica. “Sobre más de 25.000 fósiles, sólo hemos detectado 18 de aves”, insiste el investigador.

Un lago gigantesco donde hoy hay desierto

La investigación refuerza una idea que la geología llevaba tiempo poniendo encima de la mesa: el actual Geoparque de Granada es el resultado de una transformación climática y tectónica gigantesca. Durante buena parte del Plioceno y del Pleistoceno existió en la cuenca de Guadix—Baza un gran lago interior alimentado por un sistema fluvial que recogía agua desde Sierra Nevada y por manantiales hidrotermales. Aquel humedal llegó a ocupar más de mil kilómetros cuadrados.

“Hoy en Orce llueven unos 300 milímetros anuales. Hemos calculado que entonces podía llover aproximadamente el triple”, señala Palmqvist. Aquellas precipitaciones, unidas a una configuración geológica distinta, permitían mantener una enorme masa de agua permanente donde prosperaba una fauna que hoy resultaría impensable en el norte de la provincia de Granada. Hipopótamos más grandes que los actuales, félidos de dientes de sable, grandes hienas carroñeras y los primeros grupos humanos de Europa occidental convivieron en aquel paisaje húmedo que acabó desapareciendo tras el drenaje natural de la cuenca hacia el Guadalquivir. Ese vaciado del lago inició una erosión acelerada que terminó formando las cárcavas y badlands que hoy caracterizan al Geoparque. “La erosión es precisamente la que nos permite acceder hoy a los fósiles”, cuenta Paul Palmqvist.

No obstante, de las tres especies halladas, quizá la más reveladora sea el tarro blanco, un ave acuática muy asociada actualmente a marismas, estuarios y zonas de aguas salobres —aguas saladas, pero en menor cantidad que las del mar abierto, lo que hace que sean óptimas para el consumo de algunos animales—. “Hemos tenido suerte de encontrar el pato más informativo posible”, afirma Palmqvist porque la presencia de esta especie demuestra que alrededor del gran lago existían áreas de poca profundidad sometidas a una intensa evaporación, donde aumentaba la concentración de sal y proliferaban pequeños caracoles de los que se alimentaban estas aves.

La grulla encontrada, de mayor tamaño que las actuales, confirma también la existencia de humedales permanentes. Y además aporta otro dato relevante: probablemente aquellas aves no eran migratorias. Mientras hoy las grullas y la mayoría de tarros blancos sólo pasan el invierno en la península Ibérica, los fósiles hallados en Venta Micena sugieren que hace 1,5 millones de años residían allí durante todo el año y se reproducían en la zona: “Aquello tuvo que estar plagado de aves”.

La investigación también ha permitido reconstruir algo menos visible: las relaciones ecológicas entre los carroñeros del ecosistema. El cuervo identificado en Venta Micena pertenece al registro más antiguo conocido de esta especie en la península. Pero su interés va más allá de la cronología. Los investigadores han asumido que los cuervos hallados formaban parte de la cadena alimenticia de todos los animales que se alimentaban de carne en ese momento, pero que tenían un papel mucho más relevante que el que se ha creído históricamente.

“Los cuervos tenían que estar plagando los refugios de hienas tratando de meterle mano a la comida”, explica Palmqvist. Según afirma, hay estudios actuales realizados en Norteamérica que muestran cómo los cuervos son capaces de robar grandes cantidades de carne a los lobos, alterando incluso el comportamiento de las manadas. Algo que sugiere que en el Geoparque de Granada ya pasaba hace millones de años.

Una pequeña laguna como último vestigio

El estudio conecta además aquel pasado remoto con uno de los humedales actuales más desconocidos del norte de Granada: El Baíco, entre Baza y Benamaurel. Hoy apenas ocupa una pequeña superficie y sólo recupera plenamente agua en los años lluviosos —como este 2026—, después de décadas de drenajes y transformaciones agrícolas. Sin embargo, sigue acogiendo decenas de especies de aves. Para los investigadores, este enclave funciona como una especie de señuelo de aquel gigantesco humedal prehistórico.

“Si hoy un espacio tan pequeño puede albergar más de 50 especies de aves, imagínate lo que debió existir en un lago de más de 1.000 kilómetros cuadrados”, plantea el paleontólogo. “Tenemos algo parecido al Gran Cañón y no somos conscientes”. Palmqvist cree que investigaciones como esta ayudan también a entender el valor patrimonial y científico del Geoparque de Granada, un territorio que considera todavía infravalorado pese a su relevancia internacional.

“Tenemos algo parecido al Gran Cañón del Colorado y muchas veces no somos conscientes”, lamenta. No en vano, el investigador defiende que la paleontología, la geología y la arqueología pueden convertirse en motores económicos para una comarca marcada por la despoblación y la fragilidad económica. “La ciencia histórica puede ser un elemento dinamizador de la economía rural”, afirma.

Porque, en el fondo, los diminutos huesos de aves hallados en Venta Micena no sólo hablan de animales extinguidos. También cuentan la historia de un territorio radicalmente distinto al actual. Uno donde el agua dominaba el paisaje que hoy el tiempo y la erosión han convertido en desierto.

Andalucía afrontará otro verano, y ya es el tercero, con la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin actualizar plenamente y con miles de profesionales sanitarios atrapados en un limbo administrativo que sindicatos y afectados denuncian desde hace años y que afectará a las plantillas que haya en hospitales y centros de salud. Mientras la Junta defiende que se trata de una fase “transitoria” derivada del nuevo modelo de contratación, los profesionales de distintas categorías aseguran que la situación les está dejando fuera del sistema pese a acumular experiencia, formación e incluso plazas aprobadas.

“Llevo cuatro años inscrito en la bolsa del SAS y cuatro años esperando una llamada que nunca llega”, cuenta José María Montero, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de Sevilla y actualmente desempleado. Durante este tiempo ha trabajado en el Sistema Nacional de Salud, ha seguido realizando cursos y acumulando méritos para mejorar su posición en la bolsa andaluza, pero asegura que sigue sin ser baremado oficialmente. “He trabajado y he seguido haciendo cursos para sumar puntos. ¿Para qué? Para nada”, lamenta.

Su caso no es aislado. Francisco Carvajal, enfermero con 15 años de experiencia y formación en urgencias y UCI pediátrica, denuncia que el cambio de sistema de bolsa le dejó prácticamente fuera del SAS. Tras casi una década trabajando en Inglaterra, volvió a Andalucía con 66,6 puntos reconocidos en la antigua bolsa y a las puertas de conseguir una interinidad. Con el nuevo sistema, explica, su puntuación cayó a 1,7 puntos por un error de baremación que ha terminado en los tribunales.

“Me supone una inestabilidad tremenda”, dice. “He estado seis meses en paro y ahora estoy trabajando en un ámbito de la enfermería que no me gusta y para el que no me he formado”. El enfermero asegura que ha tenido que denunciar al SAS por la vía contencioso-administrativa y denuncia que, mientras espera juicio, otros compañeros con menos puntuación sí han conseguido interinidades. Una situación que llega, además, en plena preparación del verano, cuando los hospitales y los centros de salud necesitan reforzar sus plantillas por vacaciones, bajas y el incremento de la presión asistencial en zonas turísticas. Y es precisamente ahí donde los sindicatos advierten del riesgo de que el problema vuelva a agravarse y las listas de espera continúen creciendo.

Plantillas mermadas

Porque UGT, CCOO, SATSE y CSIF coinciden en denunciar que el SAS volverá a recurrir este verano a los llamados “listados adicionales”, un mecanismo extraordinario que se utiliza cuando las bolsas oficiales se agotan o no están actualizadas. Aunque el SAS, a preguntas de elDiario.es Andalucía, insiste en que se trata de un procedimiento “regulado” y “transparente”, los sindicatos cuestionan que garantice realmente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Utilizar los listados adicionales debe ser la excepcionalidad, no la norma”, advierten desde CSIF, que asegura haber alertado ya en las mesas técnicas de que el sistema acabaría colapsando si no se reducían las notas de corte. “Con unas notas de corte tan altas, enseguida se agotan las listas y tienen que tirar del listado adicional. Eso es lo más injusto y lo menos transparente que existe”, sostiene el sindicato.

El origen del conflicto se remonta al cambio del modelo de bolsa impulsado por el SAS en 2021. Hasta entonces, según explican los sindicatos, las bolsas se actualizaban anualmente. La Junta sustituyó el antiguo sistema por una nueva plataforma con la promesa de agilizar y simplificar las contrataciones, pero la transición ha terminado acumulando retrasos durante años, que hacen que la última actualización completa se produjese en 2023, hace ya dos años y medio. “Lo que iba a ser una baremación más ágil ha acabado siendo todo lo contrario”, denuncia Gema Martín, portavoz sanitaria de CCOO Andalucía. Según explica, actualmente hay miles de profesionales inscritos sin baremar oficialmente, especialmente en categorías sanitarias y de alta demanda.

“Puedes estar inscrita en bolsa, pero sin baremar. Entonces no hay un criterio lógico para llamarte antes a ti o antes a mí”, denuncia. El problema afecta especialmente a quienes han terminado recientemente sus estudios o han acumulado experiencia en los últimos años. “Imagínate que terminas enfermería y no te bareman. ¿Cómo entras entonces en el sistema?”, plantea. Los sindicatos denuncian además que el SAS ha establecido notas de corte muy elevadas en algunas categorías, dejando fuera de las bolsas oficiales a miles de personas. Según CCOO y CSIF, esto obliga después a la propia Administración a recurrir nuevamente a listados adicionales porque las listas principales se agotan rápidamente.

“A veces se dan contratos a gente con muchos menos puntos”, sostiene Victorino Girela, de CSIF. José María Montero, el TCAE sevillano que sigue en paro, comparte esa misma sensación de agravio: “Mantienen en un limbo la bolsa oficial y ofertan contratos a personas con muchísimos menos puntos que los que yo tengo actualmente”. SATSE recuerda que el nuevo Pacto de Bolsa firmado en diciembre de 2025 tenía precisamente como objetivo llegar al verano de 2026 con listados actualizados y una herramienta de contratación más ágil y transparente. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que miles de profesionales presentaron méritos en marzo con la expectativa de que fueran valorados a tiempo para las contrataciones estivales, algo que no ha ocurrido.

“El retraso puede volver a provocar una fuga de profesionales formados en Andalucía”, advierten las enfermeras, que alertan de las consecuencias que puede tener para la asistencia sanitaria “que un sistema con más de 120.000 profesionales no disponga de una herramienta de contratación ágil, actualizada y transparente”. Al mismo tiempo, fuentes del Sindicato Médico Andaluz (SMA) insisten en que la situación se produce además en un contexto de déficit estructural de facultativos. Las jubilaciones, las vacaciones y las bajas veraniegas reducen todavía más unas plantillas ya tensionadas durante el resto del año.

Falta de planificación

Los sindicatos también reprochan al SAS haber abandonado la planificación anticipada de refuerzos estivales que se realizaba hace años mediante los llamados “planes de costas” o “planes de alta frecuentación”, especialmente importantes en provincias turísticas como Málaga, Cádiz o Almería. “No podemos tener contratos tan cortos y tan a última hora”, critica Gema Martín. “Los profesionales se nos van”. Según explica, la falta de estabilidad y la incertidumbre están empujando a muchos sanitarios a buscar mejores condiciones en otras comunidades o directamente en el sector privado.

Desde el SAS defienden, sin embargo, que la situación actual responde a una “fase transitoria” derivada del nuevo modelo pactado con las organizaciones sindicales y aseguran que los listados adicionales “no constituyen un procedimiento ajeno ni opaco”. La Junta de Andalucía sostiene que durante 2026 se están desarrollando los trabajos técnicos necesarios para implantar plenamente el nuevo sistema y recuerda que ya se han publicado las convocatorias para constituir las nuevas bolsas de todas las categorías. Desde el Ejecutivo regional se insiste además en que el objetivo es “compatibilizar dicha transición con la obligación del SAS de asegurar en todo momento la adecuada continuidad asistencial”.

Pero para muchos profesionales, esa transición lleva demasiado tiempo prolongándose. “Has invertido tiempo, dinero y ganas en algo que nunca llega”, relata José María Montero. Y advierte de las consecuencias que, a su juicio, acaba teniendo todo ello en la sanidad pública: “Hay puestos que no se cubren y profesionales asumiendo ratios inadmisibles. El enfermo no entiende ni de administraciones, ni de bolsas adicionales”.

Una carta escrita desde el frente durante la Guerra Civil. Un carné de Falange. Una cartilla de racionamiento. Una fotografía en blanco y negro en la que casi nadie reconoce ya los rostros. Los objetos pasan de mano en mano en un aula de un instituto de Santa Fe (Granada), mientras un grupo de estudiantes explica qué son, de dónde vienen y qué historia esconden. No están leyendo un libro de texto. Están hablando de sus familias.

Durante dos días, el instituto de enseñanza secundaria (IES) Jiménez de Quesada de esta localidad granadina ha convertido sus aulas en una exposición abierta a todo el centro. El alumnado de segundo de Bachillerato ha reunido objetos fechados entre 1936 y 1975 y los ha catalogado, contextualizado y explicado al resto de estudiantes. Pero lo que se muestra sobre las mesas es solo una parte del proyecto. La otra parte ocurre fuera del aula. Cada estudiante elige a una persona mayor de su entorno -abuelos, abuelas u otros familiares-, la entrevista, graba su testimonio y lo convierte en material de trabajo. Lo que empieza como una actividad académica acaba abriendo conversaciones que, en muchos casos, nunca se habían producido.

“Las historias hay que vivirlas también en primera persona y conocer las pequeñas, las que están cerca”, explica Ángela Montes, profesora de Historia y una de las impulsoras de “Memoria Viva”, un proyecto que ya suma seis ediciones entre Santa Fe y Motril. La propuesta nace, en parte, de una limitación. Segundo de Bachillerato está marcado por la presión de la Selectividad, con un temario extenso y poco margen para salirse del guion. “Es un año muy agotador, muy centrado en los apuntes”, señala Montes. “Pero cuando llegamos al siglo XX, todavía hay personas que pueden contar lo que vivieron. Y eso cambia la forma de entenderlo”.

Ese cambio empieza por algo básico: dejar de ver la historia como un relato ajeno. “Tienen que entender que el libro no es un cuento, que esto ha pasado de verdad”, explica la profesora. La distancia temporal, sin embargo, juega en contra. Para una parte del alumnado, la Guerra Civil o el franquismo empiezan a percibirse como episodios lejanos e incluso con tintes frívolos, sin conexión directa con su vida cotidiana. El proyecto intenta romper esa distancia a través de lo más cercano: la memoria familiar.

Historias cercanas

En ese proceso aparecen historias que no estaban en los libros ni en las conversaciones habituales. Relatos que habían quedado guardados durante décadas, a veces por miedo, otras por costumbre. “Cuentan cosas que han tenido dentro muchísimos años. Nadie les ha preguntado. Era un tema tabú”, explica Montes. Las entrevistas no siempre son fáciles. Algunas personas mayores se emocionan al recordar. A veces, también quienes escuchan. “Se me han puesto a llorar algunos alumnos”, reconoce la profesora. Y en ese momento, la historia deja de ser una materia académica para convertirse en una experiencia directa.

En ocasiones, lo que emerge cambia la percepción que el propio alumnado tenía de su familia. “Te voy a contar la verdad: tu abuelo no desapareció, se lo llevaron”, relata Montes sobre algunas de las conversaciones que han surgido durante el proyecto. Son historias que habían permanecido ocultas o edulcoradas y que encuentran, por primera vez, un espacio para ser contadas.

Andrea, estudiante de segundo de Bachillerato, lo define como una experiencia “muy significativa”. En su caso, la actividad ha reforzado un vínculo que ya existía. “Soy muy cercana a mis abuelos y me parece muy bonito incluirlos en una actividad en la que ellos cuentan su experiencia”, explica. Sus abuelos, María Martín y Andrés Rueda, vivieron la posguerra siendo niños. Sus recuerdos no hablan de grandes acontecimientos políticos, sino de la vida cotidiana: la escasez, la necesidad de compartir con los vecinos “por poco que hubiera”, o una estructura social marcada por “una diferencia de clase muy rígida”.

Ese tipo de relatos, alejados de los grandes titulares, son precisamente los que permiten al alumnado aterrizar la historia. “He aprendido a valorar las facilidades que tenemos actualmente”, confiesa Andrea. Y también a cuestionar algunas ideas extendidas entre su generación: “Estas actividades nos sacan del mito y nos muestran cómo fue la realidad de la dictadura”.

Contra el auge del franquismo

La distancia entre relato y realidad es uno de los puntos que más preocupan al profesorado. Montes describe un contexto en el que ciertos discursos han dejado de generar rechazo automático. “Ahora mismo no está mal visto decir barbaridades que antes no se podían decir”, afirma. En el aula, eso se traduce en comentarios, símbolos o consignas que evidencian una banalización del franquismo entre adolescentes: “He escuchado a niños de 12 años decir ‘viva Franco’”.

Frente a ese escenario, el proyecto introduce un elemento difícil de relativizar: el testimonio directo. “Les desmonta muchos mitos y su pensamiento va evolucionando”, explica la profesora. La experiencia no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas y fomentar una mirada crítica. “Que no se crean todo lo que ven en redes sociales”. Esa falta de un discurso único también se refleja en los materiales. En la exposición conviven cartas del frente con objetos cotidianos, documentos oficiales o símbolos vinculados a la dictadura. “Aquí no hay censura, todo se recibe”, asegura Montes. El objetivo no es construir un relato uniforme, sino mostrar la complejidad de una época a través de las experiencias individuales.

En ese sentido, el aula se transforma en algo más cercano a un archivo o a un museo. “El instituto se convierte en un museo vivo”, señala el director del centro, José Andrés Mateos. Para él, el proyecto representa un cambio de enfoque en la enseñanza de la historia: “Ya no hablamos de una materia basada en la memorización, sino de una disciplina viva”. La clave está en el papel del alumnado. “No estudian la historia, estudian su historia”, argumenta. Ese matiz, aparentemente pequeño, cambia la relación con el aprendizaje. El esfuerzo deja de estar vinculado únicamente a un examen y adquiere un sentido emocional, conectado con la propia identidad y el entorno.

El proyecto se enmarca dentro del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, pero su lógica va más allá de cualquier etiqueta administrativa. La innovación, en este caso, no pasa por la tecnología, sino por la capacidad de convertir el patrimonio cotidiano en una herramienta educativa. Cartas, fotografías, utensilios domésticos o documentos familiares permiten reconstruir cómo se vivía en la guerra, la posguerra o el franquismo desde una escala concreta: la de las familias de Santa Fe o Motril. Y, al mismo tiempo, facilitan una comparación directa con el presente.

Porque, mientras el tiempo avanza, la memoria se va estrechando. Las personas que vivieron aquellos años desaparecen y, con ellas, las historias que no se han contado. “Esas personas van muriendo y esas historias van muriendo con ellas”, advierte Montes. El proyecto no pretende resolver ese vacío, pero sí intervenir en él. Generar, al menos, un momento de escucha. “Si de 65 alumnos cala en uno o dos, yo me doy por satisfecha”, dice la profesora. Aunque, después de seis años, sospecha que el impacto es mayor. Lo suficiente, quizá, para que dentro de unas décadas alguien vuelva a abrir una caja, saque una carta o una fotografía, y encuentre en ella algo más que un objeto: una historia que alguien decidió no dejar perder.

Con el humo todavía sobrevolando Almonte, las dudas han vuelto a situarse sobre los medios humanos y técnicos con los que cuenta el dispositivo de bomberos forestales de Andalucía, el EMA Infoca, de cara al verano. De hecho, los dos incendios declarados estos días en este municipio de Huelva, en pleno entorno de Doñana, han funcionado como anticipo de lo que está por venir: una campaña de alto riesgo que arranca el 1 de junio y que lo hace entre versiones enfrentadas sobre el estado real del dispositivo que está integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) desde hace año y medio.

Mientras la Junta de Andalucía insiste en que el operativo llega “reforzado” y con más medios que nunca, buena parte de la representación sindical describe un escenario muy distinto: vacantes sin cubrir, unidades incompletas, problemas de relevo en plena extinción y una carga de trabajo que, en algunos incendios, se traduce en jornadas que se alargan durante horas sin descanso. El contraste entre ambas lecturas no es nuevo, pero este año llega con un elemento añadido: la campaña comienza tras semanas de incendios simultáneos en distintas provincias y después de un invierno especialmente lluvioso que ha dejado, según coinciden todas las partes, una acumulación de vegetación que incrementa el riesgo de propagación rápida del fuego.

No obstante, la Junta defiende que el Infoca afronta la campaña con un refuerzo significativo de medios. Habla de 108 autobombas -la mayoría renovadas-, 43 aeronaves, nuevas unidades de maquinaria pesada y una estructura operativa apoyada en 23 Centros de Defensa Forestal, además de una red de vigilancia y puntos de agua extendida por todo el territorio. El Ejecutivo andaluz insiste también en la consolidación de empleo estable dentro de la EMA, con más de 200 plazas fijas, y la incorporación progresiva de nuevas herramientas tecnológicas de coordinación y gestión de incendios. Así, la lectura oficial es clara: más recursos, más tecnología y una estructura más integrada.

“El peor enemigo es la improvisación”

Pero la fotografía que dibujan varios sindicatos es mucho menos optimista. Para CGT, que representa en torno al 40% del operativo, el dispositivo llega a la campaña con problemas estructurales que no se corrigen con cifras globales. Denuncian más de 400 vacantes sin cubrir y brigadas que, en algunos casos, deben reorganizarse para alcanzar los mínimos operativos. En su diagnóstico, el problema no es sólo de volumen de plantilla, sino de disponibilidad real en el momento crítico.

“El peor enemigo de una emergencia es la improvisación”, sostienen, y apuntan directamente a lo que consideran una gestión deficiente de la planificación del dispositivo en los meses previos al alto riesgo. En su relato, que comparten con los sindicatos minoritarios UITA y SIBFI, los incendios de Doñana y otros conatos recientes no son excepciones, sino ejemplos de una operativa que trabaja al límite, con medios incompletos y relevos insuficientes. Además, CSIF coincide en el diagnóstico de fondo, aunque lo centra en un problema inmediato: la falta de incorporación del personal eventual a pocos días del inicio oficial de la campaña.

La central sindical advierte de que esta situación deja equipos incompletos y reduce la capacidad de respuesta ante incendios simultáneos, uno de los escenarios más críticos del verano andaluz. También alerta del contexto climático: la vegetación acumulada tras un invierno muy húmedo se está secando con rapidez y actúa ya como combustible continuo en buena parte del territorio. CCOO añade a este escenario otros problemas que vienen arrastrándose de campañas anteriores: unidades que no están completas, vehículos que no siempre son adecuados para el terreno y carencias en la gestión de los equipos de protección individual.

En este último punto introducen un elemento especialmente sensible: la falta de contrato de limpieza de los EPIs, lo que podría obligar a parte del personal a manipular material contaminado fuera de los circuitos previstos. Desde UGT ofrecen una visión más matizada. Reconocen que existen vacantes y problemas de gestión interna, pero sostienen que el dispositivo se completará con la incorporación del personal de bolsa, como en campañas anteriores.

Desde el sindicato también apuntan más a los problemas organizativos y de recursos humanos que a una falta estructural de medios. Habla de movilidad, conciliación y un deterioro del clima laboral vinculado a la gestión interna de la nueva EMA. A su vez, admiten problemas recurrentes con algunos vehículos utilizados en extinción en zonas de difícil acceso, aunque, eso sí, recuerdan que Andalucía mantiene una de las mayores flotas de medios aéreos del país.

Un conflicto que viene de lejos y que sigue abierto

La campaña arranca, además, con un conflicto laboral que lleva meses tensionando al dispositivo. Hace apenas dos semanas, la Junta cerró un preacuerdo con CCOO, UGT y CSIF sobre un nuevo complemento retributivo vinculado a la experiencia profesional. El acuerdo fue rechazado por CGT y otros colectivos vinculados al EMA Infoca, que consideran que sustituye el histórico complemento de antigüedad por un sistema variable y menos garantista. También critican que el proceso de negociación se haya producido sin la participación de toda la representación sindical.

Desde la Junta, en cambio, se defiende como una solución jurídica dentro de las limitaciones de la legislación presupuestaria y como un avance en el reconocimiento de la experiencia profesional. El resultado es un dispositivo que inicia su campaña de máximo riesgo con una división sindical abierta y con interpretaciones radicalmente distintas sobre su propio estado.

Además, los incendios de Almonte han funcionado como recordatorio inmediato de ese escenario. No tanto por su magnitud, que de hecho ha tenido un impacto significativo en una zona de “alto valor ecológico”, sino por el momento en el que se produce: justo antes del despliegue completo del operativo y en un contexto de advertencias sobre acumulación de combustible vegetal en el monte. La propia Junta ha advertido de que este año la campaña será “especialmente compleja” por la combinación de lluvias intensas y posterior subida de temperaturas, un patrón que ha favorecido el crecimiento de pasto fino altamente inflamable.

En ese contexto, la disputa ya no es sólo sobre condiciones laborales o modelos de gestión. Es sobre la capacidad real de respuesta en un verano que, según todos los actores, ya ha empezado a tensarse antes incluso del inicio oficial de la campaña. El temor de los bomberos forestales es que no se vea reflejado en las actuaciones que deberán realizar, dado que las temperaturas ya están siendo altas y los veranos anteriores ya han demostrado que los fuegos cada vez son de mayor intensidad. Una realidad para la que, insisten, debe estar preparado el Gobierno andaluz para dotar de recursos técnicos y humanos suficientes al dispositivo.

Desde hace algún tiempo, la conservación y restauración de la Alhambra –el monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia– son un ejercicio cada vez más complicado de llevar a cabo. A la pérdida paulatina de personal porque no se han contratado perfiles suficientes, se suma que, desde la última actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT) del monumento, no se exige que los profesionales contratados para esas tareas tengan una formación especializada. Es decir, que cualquier trabajador que esté en la bolsa única de empleo de la Junta de Andalucía puede acceder a la plaza de un especialista en restauración sin saber nada de ello. Un problema que, lejos de mejorar, va a peor dado que la jubilación de los especialistas está cada vez más próxima.

“En 2 o 3 años puede que no haya trabajadores que puedan restaurar y conservar la Alhambra”. Quien lo denuncia es precisamente uno de los que quedan y que, con una edad cercana al retiro profesional, denuncia que ni la Junta ni el Patronato de la Alhambra y el Generalife acaban de ser conscientes del grave problema que eso representa. Este trabajador, que prefiere guardar el anonimato, afirma que ya en la actualidad faltan profesionales dedicados a la restauración porque no se han cubierto todas las plazas, pero que, además, de las cubiertas tan solo tres corresponden a profesionales cualificados en dichas funciones. “La Alhambra no se conserva con obras puntuales, sino que requiere un mantenimiento diario que no se le puede encomendar a alguien que no sepa nada del tema”, lamenta.

No en vano, los problemas de personal en la Alhambra son ya históricos. En las últimas dos décadas se han sucedido las quejas de los trabajadores porque no se ha estabilizado a muchos de ellos y faltaban manos en diversas áreas, llegando incluso a que la Inspección de Trabajo reconociese que esa situación genera problemas de salud en los empleados del monumento. Sin embargo, las últimas actualizaciones de la RPT no han acabado de atajar todas las problemáticas y, en ámbitos como la restauración, están agravando los males. De hecho, los restauradores lamentan que no se les considere profesionales de grupo 1 o 2, sino 3, lo que, por salario, desincentiva que se atraigan nuevos perfiles de especialistas a estas funciones.

Sin formación específica

No se trata solo de una cuestión de falta de personal, sino también de cómo se cubren esas vacantes. La última modificación de la RPT, aprobada por la Junta de Andalucía, eliminó los requisitos específicos de titulación que antes se exigían para determinadas plazas. Según explica el comité de empresa, anteriormente los puestos vinculados a restauración requerían formaciones concretas –como Bellas Artes u otras especialidades–, pero esas “coletillas” desaparecieron en la negociación del nuevo modelo que se impuso en septiembre de 2024 tras varios amagos de huelga por parte de los trabajadores.

Desde entonces, el acceso a estos puestos se realiza a través de la bolsa única de empleo autonómica, un sistema común para toda Andalucía que no distingue entre funciones genéricas y trabajos altamente especializados. En la práctica, esto permite que trabajadores puedan acceder a plazas sin que exista relación entre su formación y las tareas a desempeñar. “Yo soy jardinero y me puedo ir a cantería”, resume gráficamente Pepe Antequeruela, portavoz del comité de empresa.

El problema, según los representantes de la plantilla, es que esa homogeneización administrativa no encaja con la realidad de un espacio como la Alhambra, donde cada intervención requiere conocimientos técnicos muy específicos. “Cuando tú no tengas trabajadores especializados, traerás empresas de la calle”, advierte Antequeruela, que reconoce que esta dinámica de privatización ya se está produciendo en determinados trabajos.

De hecho, los propios trabajadores describen un funcionamiento cada vez más limitado dentro del monumento. “No somos capaces de hacerlo porque quienes entran nuevos no son profesionales”, señala el empleado consultado, que explica que muchas de las plazas actuales “no tienen contenido de trabajo” porque quienes las ocupan no cuentan con la cualificación necesaria. Esto genera, además, una cadena de disfunciones internas: empleados que aceptan puestos por cercanía o estabilidad pero que luego no pueden desempeñar las tareas, mandos intermedios que no pueden asignarles trabajo y una creciente dependencia de contratas externas.

A corto plazo, además, el comité de empresa apunta a que la situación puede consolidarse si no se introducen cambios en la planificación prevista. La nueva RPT contempla la incorporación progresiva de personal –con una previsión inicial de 25 plazas laborales y 21 de funcionarios– dentro de un marco más amplio que supera el centenar de puestos, pero bajo los mismos criterios actuales. Es decir, sin garantizar que esas nuevas incorporaciones respondan a perfiles especializados. “Se van a cubrir plazas, pero no necesariamente con gente que sepa hacer ese trabajo”, señalan desde la representación de los trabajadores, que advierten de que, sin corregir ese enfoque, el problema no solo persistirá, sino que se ampliará con cada nueva incorporación.

Una plantilla insuficiente

La consecuencia más inmediata no es visible a corto plazo, pero sí acumulativa. El mantenimiento de la Alhambra no depende solo de grandes intervenciones, sino de un trabajo constante y minucioso. “Hay que salir todos los días, recorrer el monumento, ver grietas, goteras, fisuras…”, explica el trabajador. No es algo que se pueda solventar contratando externamente tareas puntuales. “Tienen que conocer bien el monumento y eso es imposible sin estar a diario en él”, insiste el profesional. A ello se suma la presión de las visitas: miles de personas al día que, aunque de forma imperceptible, contribuyen al desgaste del conjunto. “El daño es pequeño, pero 8.000 personas al día, 365 días al año son muchos”, explica el trabajador sobre la realidad de un monumento cuya importancia no deja de crecer en visitantes, hasta el punto de que es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En este contexto, la falta de relevo generacional agrava aún más la situación. La mayor parte de los especialistas actuales se encuentra en torno a los 60 años y su jubilación es inminente. “En dos años empieza a jubilarse el 60% de la plantilla”, advierte el trabajador, mientras que desde el comité apuntan a un horizonte de entre seis y siete años para un cambio completo en el personal. Sin embargo, las condiciones actuales no garantizan que quienes ocupen esos puestos en el futuro cuenten con la formación necesaria.

Desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife, por su parte, niegan cualquier irregularidad en la contratación y subrayan que todo el proceso se ajusta estrictamente a la normativa vigente. Fuentes del organismo señalan que la cobertura de plazas se realiza a través de la bolsa única de la Junta y que los requisitos vienen determinados por la RPT y el convenio colectivo, no por decisiones discrecionales del propio Patronato. En ese sentido, reconocen que las categorías profesionales “exigen niveles genéricos de titulación” y apuntan a la formación interna como vía para reforzar la capacitación del personal mientras se alcanzan “soluciones estructurales”.

Una explicación que no convence a la plantilla. “Dándole una formación de dos días o una semana no formas a nadie”, replica el trabajador, que insiste en que la restauración del monumento requiere años de especialización. “La Alhambra no es un centro de formación”, añade.

Desde el Ejecutivo regional, la respuesta incide en la misma línea. La Junta, a través de la Consejería de Justicia, defiende que la actualización de la RPT y del sistema de acceso fue acordada con los sindicatos “para garantizar la cobertura de vacantes según los criterios de igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, no entra a valorar el impacto de ese modelo en espacios de alta especialización como la Alhambra.

Mientras tanto, dentro del monumento, la preocupación sigue creciendo. “Esto es el día a día”, resume el trabajador. “La Alhambra está muy bien hecha y tarda en notarse el mal trabajo, pero si mientras se está formando a la gente las cosas se caen, el patrimonio se pierde”.

“No queremos que Granada se convierta en un parque temático para los turistas”. La frase, que se repite como un mantra desde hace ya años en la ciudad de la Alhambra, cobra con cada decisión política una nueva dimensión. La última que refuerza la turistificación es la subasta que está haciendo la Junta de Andalucía de un edificio para destinarlo a uso hotelero y que está situado en el Albaicín, barrio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Además, el inmueble, que amenaza con convertirse en un hotel de lujo, está en uno de los miradores más emblemáticos de la capital granadina. Por un precio que ronda entre los 1,8 y los 2,5 millones de euros, el barrio sigue vendiéndose, según denuncian los vecinos.

En concreto, lo que vende el Gobierno andaluz es el centro de menores que hay junto al mirador de San Miguel Alto. Este centro, cerrado en 2019, es una de las joyas más codiciadas del urbanismo de Granada por su posición privilegiada. De hecho, si acaba convirtiéndose en un hotel, tendría una importancia similar a la que tiene el Alhambra Palace, ubicado en la colina de la propia Alhambra, ya que ambos serían visibles desde cualquier punto de la ciudad, los que les convierte en parte del decorado paisajístico. Un caramelo para cualquier inversor al tratarse de una de las ciudades más turísticas de España. Y para los vecinos del Albaicín otro motivo más para sentir que les están expulsando de sus casas.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca. Porque no quieren que la gentrificación siga ganando camino y porque señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble. Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín.

La ciudad como negocio

Sin embargo, los colectivos vecinales sostienen que el conflicto va mucho más allá de la construcción de un hotel. Lo que consideran que está en juego es el propio modelo de ciudad. “Es la ciudad como negocio frente a la ciudad para vivir”, explica Miguel Martín, colaborador habitual de Albayzín Habitable y una de las personas que más tiempo lleva estudiando el desarrollo urbanístico previsto para el Cerro de San Miguel. Porque, según denuncia, la operación actual no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia que lleva décadas sobrevolando el Albaicín.

Martín explica que ya presentó alegaciones en 2023 al avance del plan especial que afecta a la zona y que el propio documento urbanístico contiene profundas contradicciones. “Dicen que las cuevas habitadas son incompatibles con el parque y plantean expulsar a la población, pero los hoteles sí son compatibles”, lamenta. A su juicio, el Cerro de San Miguel se ha convertido en uno de los espacios más codiciados por los intereses turísticos de Granada. “Alguien ha visto que aquello es muy atractivo turísticamente. Las vistas del mirador de San Miguel dejan pequeño al de San Nicolás”, sostiene.

Vecinos con miedo de ser expulsados

La preocupación no es menor en un barrio que lleva años denunciando el avance de los apartamentos turísticos, la desaparición de vivienda residencial y el cierre progresivo de espacios para la vida cotidiana, como el centro de salud Fortuny-Velutti. “No podemos turistificar toda la ciudad”, insiste Martín. “Hay que vivir en Granada. No puede convertirse todo en un negocio”.

Porque el Cerro de San Miguel no es únicamente un mirador. También es uno de los últimos barrios de cuevas habitadas de Granada. Un espacio históricamente vinculado a población humilde y obrera que, según denuncian los vecinos, lleva décadas bajo amenaza urbanística. David, residente en una de estas cuevas y miembro de la asociación vecinal del Cerro de San Miguel Alto desde 2007, asegura que los intentos de transformación turística vienen de muy lejos. “Ya en los años 70 proyectaban aquí un hotel de diez plantas con teleférico hasta la Silla del Moro”, explica. “Y en 2008 ya había planes urbanísticos para recalificar la zona y construir alojamientos turísticos”.

A su juicio, el actual proyecto busca “borrar definitivamente las cuevas habitadas que no sean turísticas”. “Las cuevas resisten y forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Granada”, reivindica. Pero denuncia que durante años las administraciones han intentado justificar desalojos bajo acusaciones de marginalidad, inseguridad o ruina física. “Nos criminalizan constantemente para justificar una limpieza social”, afirma.

La gravedad de las denuncias vecinales aumenta cuando se analiza el alcance real de la subasta. Según sostiene David tras estudiar las referencias catastrales incluidas en el expediente, el lote no afectaría sólo al antiguo centro de menores. También incluiría espacios públicos del entorno, parte de los accesos al mirador e incluso zonas próximas a las murallas históricas del cerro. “El mirador de San Miguel Alto podría acabar formando parte del hotel”, advierte. Una afirmación que, de confirmarse, supondría un terremoto político y patrimonial en uno de los enclaves más emblemáticos de Granada.

Falta de transparencia

Los vecinos denuncian además una absoluta falta de transparencia institucional. El nuevo PEPRI del Albaicín acumula años de retrasos y más de 300 alegaciones vecinales siguen sin respuesta. “Todo se hace con política de hechos consumados”, critica David. “No hay participación ciudadana ni interlocución real. Nos enteramos cuando las decisiones ya están tomadas”. La controversia también ha abierto una grieta política. Porque aunque el PSOE se ha posicionado ahora públicamente contra el hotel, los movimientos vecinales recuerdan que el avance urbanístico que abrió la puerta a esta transformación fue aprobado en 2023 bajo el anterior gobierno municipal socialista encabezado por Francisco Cuenca, ahora parlamentario andaluz. “Dicen que están en contra, pero el avance del plan especial lo aprobaron ellos”, recuerda Miguel Martín.

Mientras tanto, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas. El Gobierno andaluz no ha querido valorar la subasta pese a las preguntas de este periódico y se ha limitado a señalar que “la subasta aún está en marcha”. Por su parte, el Ayuntamiento tampoco ha respondido a las dudas vecinales sobre el impacto turístico y patrimonial del proyecto y únicamente defiende que “el PEPRI se encuentra en su fase final de redacción”, señalando además que el equipo municipal trabaja simultáneamente en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Granada, que está desactualizado desde 2001.

Pero en el Albaicín hace tiempo que el debate dejó de ser únicamente urbanístico. Para muchos vecinos, lo que está ocurriendo en San Miguel forma parte de una transformación mucho más profunda de Granada. Una ciudad donde cada vez hay más hoteles, más apartamentos turísticos y menos vecinos. Donde antiguos espacios públicos comienzan a convertirse en oportunidades de negocio. Y donde el miedo a que el Albaicín deje de ser un barrio para convertirse definitivamente en un decorado turístico ya no parece una exageración vecinal, sino una posibilidad cada vez más cercana. Por eso, los que lo sufren no van a dejar de movilizarse donde y cuando sea.

Diego ya ni se acordaba de que tenía pendiente una cita con neurología. Hacía demasiado tiempo. Tanto, que cuando hace unos días recibió un mensaje del Servicio Andaluz de Salud (SAS) avisándole de una consulta programada, pensó que sería un error. Después llegó la llamada telefónica: tenía pendiente una derivación desde 2023. “¿Cómo me llaman en 2026 para una cita de esto?”, se pregunta este vecino de Jaén en conversación con este periódico, que finalmente será atendido el próximo 28 de mayo en el Hospital Universitario de Jaén, 897 días después de que le derivaran al especialista.

Su caso llega en plena campaña electoral andaluza, que ha venido marcada entre otras cosas por la gestión de la sanidad pública en manos del Gobierno del PP. Su líder y aspirante a ser reelegido, Juanma Moreno, que había intentado centrar la atención ciudadana en la “estabilidad” frente al “lío” de depender de Vox, ha acabado entrando de lleno, sobre todo en el último debate electoral, en el terreno más incómodo para los populares y que afecta más directamente a las personas, al margen de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama: una sanidad que acumula más de un millón de pacientes esperando una operación o una consulta con especialista.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, aportados por la propia Junta de Andalucía y correspondientes a diciembre de 2025, la comunidad cerró el año con 1.052.839 personas en listas de espera sanitarias. Andalucía sigue siendo además la autonomía con mayor demora media para una operación: 173 días frente a los 121 de media estatal. En el caso de Diego, la espera fue tan larga que el problema por el que acudió al médico casi desapareció antes de recibir la cita.

La salida: la sanidad privada

Todo comenzó con un dolor punzante detrás del oído izquierdo. Primero pasó por maxilofacial, después por otorrinolaringología y finalmente fue derivado a neurología. Ningún especialista consiguió encontrar el origen exacto del problema. El dolor aparecía de forma intermitente, a veces durante días enteros. “Un día me levantaba y ya estaba con el dolor todo el día”, recuerda. La consulta con neurología nunca llegó. Pasaron los meses y después los años. Ante la falta de respuesta del sistema público, acabó recurriendo a una consulta privada. “Me fui de pago”, admite. Tampoco allí obtuvo un diagnóstico claro. Con el tiempo, los síntomas fueron remitiendo.

“Yo me había olvidado completamente”, cuenta sobre aquella derivación pendiente. Porque la llamada del SAS ha llegado, pero casi tres años después, cuando el episodio ya había quedado atrás en su vida cotidiana. “Supongo que no será nada grave si no me he muerto”, ironiza.

El Servicio Andaluz de Salud reconoce que el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Jaén atravesó “una situación de déficit de profesionales” agravada durante los años de pandemia y que eso “ha tenido impacto en las demoras”. Según explica el SAS, el hospital ha pasado de tener nueve a trece especialistas en neurología y se han incorporado nuevas herramientas como la teleconsulta para intentar reducir las listas de espera.

“Aun así, se siguen impulsando medidas específicas para mejorar los tiempos de respuesta y la organización de la atención”, señalan desde la administración sanitaria a este periódico. Mientras tanto, desde la Junta lleva semanas defendiendo que la situación está mejorando. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha llegado a decir que “el Plan de Garantía Sanitaria está funcionando” y que Andalucía avanza hacia “una mejora real y sostenida de la accesibilidad quirúrgica”. Sin embargo, las cifras apenas se han movido respecto al año anterior: el número total de pacientes en espera sólo se ha reducido un 0,7% pese al incremento del gasto sanitario y al aumento de las derivaciones a clínicas privadas.

Mientras el Gobierno andaluz intenta contener el desgaste político, las historias acumuladas detrás de las estadísticas empiezan a aflorar públicamente. Diego asegura que, tras compartir su caso en redes sociales, comenzaron a aparecer decenas de testimonios similares. “Me han contado un montón de casos”, explica. Una realidad que dibuja el “colapso asistencial” que denuncian no solo los usuarios, sino los profesionales y los sindicatos desde hace años, empezando desde la atención primaria, con centros de salud que se sitúan en zonas de difícil cobertura y que no dan la respuesta más óptima para los vecinos.

25 meses esperando una rehabilitación

Vecinos que esperan meses para pruebas diagnósticas. Operaciones retrasadas durante años. Personas a las que les cancelan citas y nunca vuelven a llamarlas. Una de ellas es Ana, vecina de Granada. En enero de 2024 acudió al traumatólogo por un dolor en el brazo izquierdo después de haber sufrido previamente una necrosis en el hombro derecho que requirió cirugía. Tras realizarle una resonancia magnética, fue derivada “con preferencia” al médico rehabilitador.

La cita llegó el pasado 4 de marzo. 25 meses después. “Y lo único que me dan serían cinco sesiones en grupo para aprender unos ejercicios”, lamenta. Ahora continúa esperando otra resonancia magnética por nuevos problemas traumatológicos y asegura llevar ya cinco meses sin respuesta. Ha presentado una reclamación formal.

Los dos casos reflejan un fenómeno que se ha convertido en uno de los principales problemas políticos para el Ejecutivo andaluz. Las protestas de las mareas blancas movilizaron hace unas semanas a miles de personas en las ocho capitales andaluzas, mientras el CIS y el Centra sitúan ya la sanidad como la principal preocupación de la ciudadanía andaluza, por encima incluso del paro.

Consciente del desgaste, Moreno ha intentado desplazar parte de la responsabilidad hacia el Ministerio de Sanidad y las huelgas médicas relacionadas con el nuevo Estatuto Marco. El presidente andaluz sostiene que las movilizaciones han provocado cientos de miles de actos médicos suspendidos y “mucho daño” a las listas de espera. Un argumento que electoralmente está siendo rebatido por los partidos de la izquierda, que acusan al presidente andaluz de tratar de quitarse responsabilidad, especialmente tras la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Pero mientras el debate político ha escalado durante la campaña electoral, para muchos pacientes el tiempo sigue detenido entre pruebas pendientes, consultas aplazadas y teléfonos que tardan años en sonar. El caso de Diego, con casi 900 días sin ver a su neurólogo, y Ana, con 25 meses de espera para una rehabilitación, son dos de los ejemplos que explican por qué la sanidad pública y sus cifras determinan que se han convertido en el eje central de un debate político que irá más allá del próximo 17M. Gane quien gane.

La campaña andaluza ha incorporado en su recta final un nuevo frente para el Gobierno de Juan Manuel Moreno: el conflicto enquistado desde hace años con los bomberos forestales y el personal técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAyA). Apenas cuatro días antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo, el sindicato CGT -mayoritario porque representa a aproximadamente el 40% de los profesionales dentro del operativo INFOCA- mantiene convocada una concentración este miércoles frente al Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz, pese al preacuerdo anunciado el lunes entre la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

No en vano, la protesta llega en un momento especialmente delicado. No solo porque haya que pasar por las urnas en apenas unos días, sino porque Andalucía también se encuentra a semanas del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios y tras un invierno especialmente lluvioso que, según advierten los propios profesionales, ha dejado una gran acumulación de combustible vegetal en el monte. “Lo que cayó en febrero ya está seco”, explica Antonio Castellanos, bombero forestal y portavoz de CGT.

Por eso, dado el contexto, la Junta se afana por presentar el nuevo pacto como “un avance histórico” para los más de 4.000 trabajadores del dispositivo. El preacuerdo firmado contempla la creación de un “Complemento de Experiencia Operativa y Desarrollo Profesional” que el Gobierno andaluz vende como una solución jurídica para compensar la antigüedad del personal del INFOCA y EMA. Pero no es el complemento de antigüedad que históricamente reclaman en el cuerpo por ser, además, casi los únicos empleados públicos que no lo perciben en toda Andalucía.

Para contrarrestar esta circunstancia, el Ejecutivo de Moreno sostiene que las restricciones de la Ley General Presupuestaria impiden implantar directamente los trienios, por lo que ha diseñado una fórmula alternativa que comenzaría a aplicarse progresivamente desde enero de 2026. “El Gobierno andaluz culmina así un avance histórico tras años de trabajo”, defienden desde la Junta, que vincula además este acuerdo a otra de las reivindicaciones históricas del operativo: la ampliación a 12 meses de trabajo durante todo el año y no sólo en campaña de incendios.

“Presión sindical”, defienden los firmantes

Sin embargo, el anuncio no ha servido para desactivar el conflicto. Más bien al contrario. CGT, junto al Sindicato Independiente de Bomberos Forestales de INFOCA (SIBFI) y la Asociación Movimiento INFOCA, rechazan frontalmente el acuerdo y denuncia que se ha negociado “a puerta cerrada” con organizaciones sindicales minoritarias dentro del operativo. El sindicato sostiene que el documento estaba cerrado desde el pasado 15 de abril y que se les remitió apenas 48 horas antes para estudiarlo. “Nos dejan sin posibilidad de analizarlo con nuestros servicios jurídicos”, denuncian.

La crítica principal de CGT se basa precisamente en qué manera se aborda la antigüedad de la plantilla. El sindicato sostiene que la Junta no la reconoce realmente, sino que sustituye ese derecho por un complemento variable vinculado al desempeño profesional. “Ganamos un complemento variable a cambio de renunciar a uno seguro y fijo: la antigüedad”, critican. Además, alertan de que el nuevo sistema podría absorber las cantidades que algunos trabajadores ya tienen consolidadas por antigüedad y retrasar los incrementos salariales, al computarse cada seis años en lugar de cada tres. “Siguen riéndose de nosotros y tratándonos como trabajadores públicos de segunda”, sostienen desde la organización sindical.

Fuentes sindicales firmantes del preacuerdo alcanzado con la Junta apuntan que las reivindicaciones se iniciaron hace años en unidad sindical con CSIF, UGT, CCOO, CGT y UITA pero que los dos últimos se cayeron. “Están en su derecho de tomar la postura que consideren, pero lo cierto es que son CSIF, UGT y CCOO los tres sindicatos que han sacado adelante este acuerdo, que consideramos muy positivo para el personal del INFOCA”. “Los bomberos forestales llevan años luchando para que se reconozca el valor de su trabajo, su experiencia, su especialización y otras cuantas cuestiones, y este acuerdo por fin lo hace tras la presión sindical que hemos ejercido durante todo este tiempo tanto en la calle como en las mesas de negociación”, añaden.

El conflicto alrededor de los trienios lleva años enquistado dentro de la agencia pública. Los bomberos forestales denuncian que siguen siendo de los pocos trabajadores públicos andaluces que no perciben complemento de antigüedad pese a desempeñar un servicio esencial. Castellanos asegura que el nuevo acuerdo “bloquea cualquier margen de negociación hasta 2030” y acusa tanto a la Junta como a los sindicatos firmantes de haber escenificado una “negociación fake” para desactivar el malestar interno antes de las elecciones.

Más problemas laborales

Pero las reivindicaciones del operativo van mucho más allá de los salarios. Los sindicatos movilizados denuncian también que pese a que desde la Consejería de Presidencia se prometió que toda la plantilla estaría estabilizada durante los 12 meses del año y no solo durante las campañas de alto riesgo de incendios, hay técnicos y bomberos que aún no tienen contratos anuales. Un problema que merma los dispositivos de prevención que han de operar continuamente.

Pero también señalan problemas de movilidad y conciliación familiar, retrasos en procesos internos, falta de transparencia en concursos y bolsas de empleo, además de carencias materiales que, aseguran, afectan directamente a la seguridad del servicio. Entre ellas, señalan la existencia de vehículos “inadecuados” para la extinción de incendios forestales o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes y adecuados. Según denuncian, algunos trabajadores deben declararse “inoperativos” para poder recibir nuevo material, quedando temporalmente fuera de servicio.

La situación, sostienen, se ha agravado tras la separación entre EMA y AMAyA. Castellanos describe una agencia “desbordada” administrativamente y cuestiona incluso si el problema responde ya a “voluntad política o incapacidad operativa”. “Somos esenciales para la propaganda política”, critica el portavoz sindical. “Cuando hay un problema se hacen fotos en el puesto de mando, pero luego no diseñan lo que tiene sentido para la operación de emergencia”.

El momento escogido para la movilización tampoco es casual. La concentración tendrá lugar frente al Palacio de San Telmo en plena campaña electoral y justo antes del arranque oficial del periodo de alto riesgo. “Después es más complicado mover a la gente”, admite Castellanos.

Mientras tanto, el resto de sindicatos firmantes del acuerdo guarda silencio ante la convocatoria de protesta. La Junta, por su parte, intenta proyectar imagen de conflicto encauzado y de diálogo social cerrado. Pero la negativa del sindicato mayoritario a respaldar el pacto mantiene abierto un frente incómodo para el Gobierno andaluz en uno de los servicios públicos más simbólicos de la comunidad autónoma.

Pablo Rodríguez, vecino de Granada y socio del bar Loop -un céntrico establecimiento hostelero-, permanece hospitalizado y pendiente de ser operado después de sufrir en la madrugada del sábado una agresión en el centro de la capital granadina que la Policía Nacional ya investiga. Su entorno sostiene que el ataque estuvo motivado por la camiseta antifascista que llevaba puesta.

Los hechos, avanzados en Ideal, ocurrieron en la zona entre calle Pavaneras y el inicio del Realejo, después de que Rodríguez terminara su jornada de trabajo en el establecimiento hostelero del que es socio. Según relata su pareja, la activista feminista Alejandra Chenoll, ambos salieron del local junto a varias amistades poco después del cierre, alrededor de las tres de la madrugada.

“Yo iba unos metros más atrás hablando con una amiga y de repente escuchamos un golpe”, explica Chenoll en conversación con este periódico. Cuando llegó hasta el lugar donde estaba Pablo, lo encontró inconsciente en el suelo y “en un charco de sangre”.

Dos jóvenes que se acercaron a auxiliarles les explicaron que habían visto salir corriendo a un grupo de unas seis personas. Horas después, ya en el hospital y tras recuperar parcialmente la conciencia, Rodríguez pudo relatar lo sucedido. Según su testimonio, varios jóvenes comenzaron a increparle por la camiseta que llevaba puesta, con el mensaje “Antifascist Bitches”, antes de rodearlo y golpearlo. “Le dijeron si estaba orgulloso de la camiseta”, relata Chenoll. “Le pegaron un único puñetazo, le rompieron el pómulo y lo noquearon”.

Operado tras fracturarse el pómulo

La víctima sufrió una fractura de pómulo y permanece ingresada para recuperarse de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido. Su pareja insiste además en desmontar algunas versiones iniciales que apuntaban a una pelea nocturna. “No fue una pelea. Fue una agresión”, sostiene. “No iban borrachos ni hubo una discusión previa. Lo rodearon y le pegaron”.

Chenoll asegura que el golpe dejó inconsciente de inmediato a Rodríguez, que cayó al suelo y se golpeó también la cabeza. “Yo cuando lo vi pensaba que estaba muerto”, afirma. “Creo que se largaron porque pensaron que estaba muerto. Si no, la paliza podría haber sido mayor”.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a este periódico que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido. La familia prevé además presentar denuncia formal en las próximas horas y solicitar la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, el caso ha provocado ya reacciones de colectivos sociales y organizaciones de Granada, que han mostrado públicamente su apoyo a la víctima y han convocado una concentración de rechazo a la agresión. Chenoll entiende que sucedido tiene lugar en un contexto de creciente actividad ultra en la ciudad y asegura que durante esa misma mañana aparecieron pintadas con simbología nazi en distintos puntos de Granada y firmados por Curva Sur, una formación ultra vinculada al Granada Club de Fútbol y con miembros de la excisión de Hogar Social Granada, una organización fascista con implantación por toda España.

“Es importante que se sepa que no fue dentro del bar y que no fue una pelea cualquiera”, insiste. “Fue porque iba solo con una camiseta. Nos puede pasar a cualquiera”. Mientras Pablo se recupera de su agresión, la investigación policial tratará de esclarecer los hechos y dar con los presuntos agresores.