Hay una pregunta que cada verano cobra más importancia en ciudades como Granada: ¿cómo bajar la temperatura de unas calles que superan con facilidad los 40 grados? La respuesta pasa, en parte, por los árboles. Pero no por cualquiera ni de cualquier manera. Un equipo de investigación de la Universidad de Granada ha comprobado, tras dos años de mediciones en el parque Federico García Lorca, que cinco especies destacan por su capacidad para refrescar el entorno urbano. Se trata del olivo, el fresno, el plátano de sombra, el níspero y el naranjo amargo, capaces de reducir la temperatura bajo sus copas una media de dos grados y alcanzar descensos puntuales de hasta 3,5 grados respecto a zonas sin vegetación.

Sin embargo, el hallazgo más relevante del proyecto BioCiTrees no es ese ranking de especies. La investigación apunta a que la forma en que las ciudades distribuyen sus zonas verdes puede resultar incluso más determinante que la cantidad de árboles que albergan. “No basta con plantar más árboles, sino que hay que conectar las áreas verdes de la ciudad para que estén lo más unidas posible”, explica la investigadora del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada Nuria Pistón, una de las responsables del estudio.

Del mapa del calor al mapa de la desigualdad

La investigación comenzó mucho antes de instalar sensores en los árboles. El equipo científico quería averiguar dónde coincidían las temperaturas más elevadas con la población que más dificultades tendría para soportar las olas de calor. Para ello cruzaron información climática con indicadores socioeconómicos como la renta, el envejecimiento de la población o la capacidad de adaptación frente a episodios de calor extremo. El resultado permitió localizar las zonas donde el riesgo climático y la vulnerabilidad social se superponen.

Fue entonces cuando surgió una segunda pregunta: una vez identificados esos barrios, ¿qué tipo de vegetación resulta más eficaz para reducir la temperatura? Entre el verano de 2024 y comienzos de 2026, los investigadores instalaron sensores bajo la copa de 19 especies distintas presentes en el parque Federico García Lorca y los compararon con otros colocados en espacios abiertos sin vegetación.

“Sabemos que los árboles enfrían, eso ya lo conocíamos. Lo que queríamos era cuantificar qué especies lo hacen mejor y cuántos grados son capaces de reducir”, argumenta Pistón. Los resultados preliminares sitúan al olivo, el fresno, el plátano de sombra, el níspero y el naranjo amargo como las especies que generan un microclima más fresco. Todas las especies estudiadas reducen la temperatura, gracias a la sombra y a la evapotranspiración, aunque estas cinco destacan sobre el resto.

La investigadora, no obstante, lanza una advertencia para evitar interpretaciones simplistas. “No quiere decir que ahora llenemos la ciudad de olivos”, señala. La elección del arbolado debe incorporar otros criterios como las alergias, el comportamiento de las raíces, el mantenimiento o la adaptación al entorno urbano.

La principal conclusión del proyecto tiene más que ver con el urbanismo que con la botánica. Según los investigadores, una ciudad obtiene mejores resultados frente al calor cuando sus parques y espacios verdes están conectados mediante calles arboladas o corredores vegetales que cuando concentra toda la vegetación en grandes parques aislados. “La planificación urbana tendría que ir por ahí”, sostiene Pistón.

Los barrios de siempre

Ese planteamiento cobra especial importancia en ciudades mediterráneas como Granada, donde el efecto de isla de calor hace que barrios muy urbanizados acumulen temperaturas significativamente superiores a las de su entorno. Para la investigadora, el objetivo no debería limitarse a crear grandes zonas verdes en la periferia, sino conseguir que el verde penetre hasta el interior de la ciudad mediante una red continua de vegetación. “El cinturón verde es una iniciativa muy interesante, pero tendría que conectarse hacia dentro de la ciudad para que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de calles más frescas”, afirma.

Una de las cuestiones que también plantea el estudio es cómo actuar en barrios consolidados, donde apenas existe espacio para plantar grandes árboles. Pistón cree que incluso esos entornos pueden mejorar su confort térmico mediante soluciones adaptadas al espacio disponible. “Donde no se puedan poner árboles grandes habrá que utilizar otras estrategias, como paredes verdes u otro tipo de vegetación que necesite menos espacio”, explica.

Aunque reconoce que todavía queda mucho por investigar -los resultados corresponden a un parque y el siguiente paso será medir qué ocurre en calles asfaltadas o en otras ciudades-, la investigadora insiste en que existe una evidencia difícil de discutir. “Sabemos que al final lo que más refresca es la vegetación”. La conclusión llega en un momento en el que las ciudades buscan fórmulas para adaptarse a un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Y el estudio de la Universidad de Granada apunta a que combatir el calor no depende únicamente de plantar más árboles, sino de decidir dónde y cómo hacerlo para que la sombra llegue también a quienes más la necesitan.

Granada ha vuelto a temblar con fuerza este martes y el miedo acumulado durante los últimos días se ha disparado entre una población que todavía no había recuperado la calma tras el terremoto de 4,8 registrado en la madrugada del pasado sábado. A las 10:39 de la mañana, un nuevo seísmo de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar, ha vuelto a sacudir el área metropolitana y ha dado paso a una veintena de réplicas, dos de ellas también por encima de magnitud 4. El episodio ha dejado tres heridos leves, numerosos daños materiales y el desalojo de espacios como la Alhambra, así como diferentes espacios públicos y centros comerciales.

El terremoto de este martes tiene además un significado especial si se mira con perspectiva histórica. Los 4,8 registrados el pasado sábado de madrugada -inicialmente situado en magnitud 5 y posteriormente revisado- y el de este martes se encuentran entre los mayores terremotos superficiales registrados en Granada desde 1955. En la serie histórica consultada, solo aparecen por encima los seísmos de Armilla de 1955, de magnitud 5,1, y los de Purchil en 1956 y Lentegí en 1984, ambos de magnitud 5. Otro terremoto, registrado en Galera en 1964, alcanzó también los 4,8.

La provincia, sin embargo, ha sufrido terremotos mucho más grandes si se atiende únicamente a la magnitud. El más llamativo es el de Dúrcal de 1954, al que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) atribuye una magnitud de 7,8, pero cuyo hipocentro se situó a unos 650 kilómetros de profundidad, lo que hizo que su intensidad en superficie fuese mucho menor. También el terremoto de Arenas del Rey de 1884, de magnitud estimada 6,5, provocó una catástrofe en la provincia: el IGN recoge unos 4.400 edificios destruidos, 13.000 dañados y 839 víctimas mortales.

La comparación relevante para entender lo ocurrido estos días es, por tanto, la de los terremotos superficiales. Y ahí los dos seísmos de 4,8 de agosto se sitúan entre los más importantes registrados en Granada en las últimas décadas. La diferencia respecto a aquellos episodios históricos es que ahora la provincia ha registrado dos movimientos de esta magnitud en apenas cuatro días y dentro de una secuencia sísmica que continúa activa.

“Al principio parecía un terremoto de 6 o 7”

La sacudida ha vuelto a coger por sorpresa a miles de personas que ya llevaban varios días pendientes de cualquier movimiento. Alicia, una trabajadora social que se encontraba en su oficina cuando ha comenzado el terremoto, ha pensado inicialmente que se había producido un derrumbe en el edificio situado junto al suyo.

“Yo pensaba que del edificio de al lado se había derrumbado algo, porque ha sido como una explosión”, relata. El primer estruendo ha ido seguido del movimiento del edificio y de los cristales. “Cuando he escuchado el ‘bum’ he salido corriendo”, cuenta. Al regresar, ha comprobado que no había ningún derrumbe, pero los cristales seguían temblando y en la oficina se habían caído varios cuadros. “Digo, hostia, esto es un terremoto, pero tremendo. Qué miedo”, explica. Como muchas otras personas, se ha echado a la calle por temor y ya en la vía pública ha percibido las siguientes réplicas.

En La Zubia, municipio limítrofe con Gójar y próximo al epicentro, la percepción ha sido similar. Ángel cuenta que el primer movimiento sísmico le ha parecido inicialmente mucho mayor de lo que finalmente han establecido los instrumentos. “Al principio parecía un terremoto de 6 o 7. Una barbaridad”, explica. Él y su mujer se han refugiado debajo de la mesa del salón hasta que ha terminado la sacudida. No en vano, no oculta que ambos tienen miedo ante una situación que les hace sentir “muy vulnerables”.

Pero la reacción no se ha limitado a buscar refugio durante el temblor. El miedo acumulado durante los últimos días ha llevado a algunos vecinos a abandonar temporalmente el área metropolitana. Ángel cuenta que las carreteras hacia la costa y la salida de Málaga se han congestionado y que, personas con segundas residencias, han decidido marcharse hacia la playa para pasar allí el día. “La gente que tiene segunda vivienda se está yendo y echa el día en la playa”, explica.

Judit se encontraba con su hijo recién nacido y se disponía a ir precisamente hacia Gójar cuando se produjo el terremoto. La intensidad de la sacudida la hizo detenerse ante el miedo, aunque finalmente tanto ella como el bebé se encuentran bien. “Ha sido muy fuerte. Qué horror. Nos hemos asustado, pero estamos bien”, cuenta. La diferencia entre las experiencias de los vecinos vuelve a poner de manifiesto que la percepción de un terremoto no depende únicamente de su magnitud. La profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de terreno y las características de los edificios determinan en buena medida cómo se siente una misma sacudida.

Daños en fachadas, cornisas y edificios

Esta vez, además, el terremoto ha dejado daños visibles en distintos puntos de la capital y del área metropolitana. A los daños que se han producido en edificios históricos con algunos elementos patrimoniales dañados, cornisas, elementos de fachadas, falsos techos y otros elementos también se han desprendido en otros lugares como consecuencia de las sacudidas, mientras distintos municipios han comenzado a evaluar el estado de sus edificios. Muchos vehículos y escaparates de comercios se han visto a su vez dañados por la caída de diferentes elementos de los edificios.

En Granada capital, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha informado de nueve incidencias de especial gravedad que han obligado a cortar siete calles. Los desprendimientos han afectado a fachadas, cornisas y otros elementos de edificios. El Ayuntamiento insiste, no obstante, en que los daños evaluados en la capital no son estructurales.

La situación es más delicada en Las Gabias, donde alrededor de un centenar de viviendas han sido desalojadas después de que los técnicos detectasen fisuras en elementos estructurales de los inmuebles, que ya habían resultado afectados por el terremoto del pasado 15 de agosto. Alrededor de 600 personas han tenido que dormir fuera de sus viviendas por precaución, aunque los técnicos informan de que no hay un peligro estructural inminente en ninguna de los inmuebles.

La magnitud de la respuesta también permite medir la dimensión de la alarma. Según Carazo, solo durante la mañana se recibieron 229 llamadas en la centralita de la Policía Local, 168 en el Cuerpo de Bomberos y otras 61 trasladadas al 092. Los servicios municipales han tenido que priorizar las incidencias y desplazarse a los lugares donde se comunicaban posibles daños. La Alhambra también ha sido desalojada y permanece cerrada mientras se evalúa el estado de espacios como la Alcazaba y los Palacios Nazaríes. Laura, trabajadora del recinto, cuenta que durante los primeros momentos hubo desconcierto entre los trabajadores y visitantes. “Además, estaba todo el mundo con pánico”, relata.

La secuencia de terremotos terminó provocando también el desalojo de grandes centros comerciales y diferentes espacios públicos, en una reacción preventiva ante la posibilidad de nuevos movimientos y mientras se evaluaban los daños. No en vano, en algunas tiendas se ha producido el colapso de falsos techos que han caído sobre los productos en exposición.

Dos 4,8 en cuatro días: una secuencia distinta a la de 2021

El episodio actual comparte algunas características con el enjambre que mantuvo en tensión a Granada en 2021, pero también presenta diferencias relevantes. En aquel año se llegaron a registrar más de un millar de terremotos y varios movimientos de magnitud superior a 4. El mayor incluido en la serie histórica de estos días fue de 4,6, registrado en agosto de 2021. Ahora, sin embargo, la secuencia ha dejado dos terremotos de magnitud 4,8 en apenas cuatro días, además de varias réplicas superiores a 4. El primero, registrado en la madrugada del sábado, fue inicialmente comunicado como un terremoto de magnitud 5 y posteriormente revisado a 4,8. El de este martes ha vuelto a alcanzar esa misma magnitud.

La repetición de movimientos fuertes es uno de los elementos que explican que la percepción de riesgo sea especialmente elevada entre los granadinos. “Llueve sobre mojado”, ha resumido la alcaldesa al explicar que muchos de los edificios que ya fueron revisados después del terremoto del día 15 están siendo evaluados nuevamente. El Ayuntamiento dispone de una aplicación desarrollada junto al Colegio de Arquitectos que permite conocer la situación en la que se encontraba cada inmueble revisado entonces.

La propia Carazo reconoce la angustia vivida durante la mañana del martes, especialmente entre quienes nunca habían experimentado una situación semejante. “Sé la angustia que hemos vivido esta mañana, especialmente nuestros mayores y los más pequeños, que nunca habían vivido una situación de estas características”, señaló ante los medios.

Un terremoto que se siente más de lo que dice su magnitud

La intensidad con la que se han percibido las sacudidas del martes tiene una explicación geológica. José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, explicaba tras el primer episodio de estos días que la depresión de Granada es una cuenca sedimentaria rodeada de fallas. “La depresión de Granada es una cubeta de sedimentos que está completamente rodeada por fallas”, señalaba. Los materiales blandos de la cuenca producen fenómenos de amplificación de las ondas sísmicas, lo que puede hacer que terremotos de magnitud moderada se perciban de forma especialmente intensa.

A esto se suma la relativa poca profundidad de buena parte de los movimientos registrados en la zona. Azañón estimaba que muchos de los terremotos de esta secuencia podían estar produciéndose a entre 3,5 y 5,5 kilómetros de profundidad, aunque advertía de que la profundidad es uno de los parámetros que presenta mayor margen de error en la localización. Por eso, el hecho de que un terremoto sea de magnitud 4,8 no permite por sí solo anticipar qué daños provocará. También importan el terreno, la profundidad, la distancia respecto al núcleo urbano y la vulnerabilidad de las construcciones.

Precisamente por eso, el experto advertía de que el actual episodio no debe compararse directamente con los grandes terremotos que han golpeado recientemente otros países. Las fallas que están generando esta secuencia en Granada tienen una longitud de varias decenas de kilómetros, muy inferior a las grandes estructuras tectónicas capaces de producir terremotos de magnitud 7 o superior. “No es previsible que haya terremotos de siete y pico, porque para eso necesitamos una falla que tenga una longitud de ciento o incluso mil kilómetros. No es el caso de nuestras fallas”, explicaba Azañón.

Eso no significa que Granada esté fuera de peligro sísmico. El geólogo sitúa en torno a 6,5-6,6 la magnitud de los mayores terremotos que podrían producir las estructuras tectónicas de la zona, tomando como referencia los grandes terremotos históricos de Alhama y Arenas del Rey. La diferencia con un terremoto de 4,8 es considerable: la escala de magnitud es logarítmica y un seísmo de 6,5 libera unas quince veces más energía que uno de magnitud 5.

“No podemos predecir ninguna nueva repetición”

La incertidumbre es ahora una de las principales fuentes de preocupación. Después de varios días de actividad, un terremoto de 4,8 y una nueva sucesión de réplicas, muchos vecinos se preguntan cuánto puede durar la secuencia y si todavía puede producirse otro movimiento importante.

La respuesta de los expertos no permite hacer una predicción concreta. Azañón ya advertía de que muchos terremotos pequeños no sirven para “liberar” energía y evitar automáticamente uno mayor. “No tiene nada que ver”, explicaba. Una falla puede seguir moviéndose y las rupturas pueden modificar las condiciones de las zonas próximas, pero no existe una regla que permita asegurar que después de muchos terremotos pequeños no habrá otro más fuerte.

La alcaldesa también ha insistido en este límite del conocimiento científico. “No podemos predecir ninguna nueva repetición”, ha señalado, al tiempo que ha pedido a la población que recurra a los canales oficiales y no a informaciones difundidas sin verificar en redes sociales. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha elevado la fase de preemergencia a emergencia, situación operativa 1, para incrementar los recursos disponibles y reforzar la atención ciudadana. La recomendación de las autoridades es clara: si vuelve a producirse una sacudida, no salir corriendo del edificio ni colocarse junto a fachadas, cornisas u otros elementos que puedan desprenderse. Carazo ha pedido mantener la calma y permanecer en las viviendas siempre que su estructura no haya resultado dañada.

Pero Granada afronta ahora una espera distinta a la de 2021. No solo porque el suelo haya vuelto a temblar, sino porque en apenas cuatro días ha registrado dos terremotos de 4,8, ambos entre los mayores movimientos superficiales de las últimas décadas. La ciudad ha vuelto a descubrir, de la forma más física posible, que vive sobre un territorio sísmicamente activo. Y esta vez el miedo no se ha quedado dentro de las casas: ha llevado a vecinos a refugiarse, a otros a abandonar temporalmente la zona y a las administraciones a multiplicar sus dispositivos de emergencia.

La sucesión de terremotos que mantiene en vilo a Granada ha provocado que una pregunta se repita entre la población: ¿puede producirse aquí un terremoto de la magnitud y las consecuencias de los que recientemente han sacudido otros países como Colombia o Venezuela? La respuesta de José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, es tranquilizadora, aunque con matices: las características de las fallas que atraviesan la provincia hacen que no sea previsible un seísmo de magnitud 7 o superior como los que pueden producirse en otros contextos tectónicos.

“No es previsible que haya terremotos de siete y pico, porque para eso necesitamos una falla que tenga una longitud de ciento o incluso mil kilómetros; no es el caso de nuestras fallas”, explica Azañón, que ha analizado durante años la actividad sísmica de la depresión de Granada. La secuencia actual se concentra en un conjunto de fallas de longitud intermedia, de varias decenas de kilómetros, cuya capacidad para generar grandes terremotos está, por tanto, limitada por sus propias dimensiones.

Eso no significa que Granada esté libre de terremotos de magnitud considerable. Al contrario: el geólogo recuerda que los movimientos que se producen en la provincia responden a procesos tectónicos que se prolongan durante cientos de miles o incluso millones de años. “Nuestra perspectiva es pequeñísima comparativamente con lo que duran esos procesos”, señala. La actividad puede concentrarse durante un periodo en una zona y desplazarse después a otra, aunque la velocidad media de deformación sea muy moderada.

El terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Alhendín es, precisamente, un episodio especialmente relevante dentro de ese contexto. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el movimiento a las 01:04 horas y la sucesión de temblores posteriores llevó incluso a la Junta de Andalucía a activar la fase de emergencia, en situación operativa 1, por riesgo sísmico. Al mismo tiempo, el 112 recibió más de 200 avisos relacionados con el seísmo y se produjeron daños materiales, aunque no se han notificado víctimas.

De este modo y dada la magnitud y la intensidad, Azañón considera que el terremoto de esta madrugada es el de mayor magnitud registrado en Granada en las últimas décadas. “De esta magnitud, es la magnitud más grande en los últimos 50 años, que yo tenga constancia”, afirma. En su análisis, utilizando la magnitud momento, sitúa el episodio en torno a 5,2.

Un suelo que amplifica los terremotos

Una de las claves para entender por qué los terremotos de Granada provocan una percepción tan intensa está precisamente bajo los pies de sus habitantes. La depresión de Granada es una cuenca sedimentaria rodeada de fallas. “Es una cubeta de sedimentos que está completamente rodeada por fallas”, explica el catedrático. El terreno sobre el que se asientan buena parte de Granada y su área metropolitana está compuesto por materiales sedimentarios relativamente blandos. Cuando las ondas sísmicas alcanzan la superficie, esas características del terreno pueden provocar fenómenos de amplificación. “Al tener tantos sedimentos blandos”, añade Azañón.

Es una de las razones por las que un terremoto que no tenga una magnitud extraordinariamente elevada puede sentirse con enorme intensidad por la población. La magnitud mide la energía liberada por el seísmo, pero el movimiento que experimentan las personas en un punto concreto depende también de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las características del terreno.

La profundidad es otro de los elementos relevantes en la secuencia actual. Aunque los registros pueden ofrecer inicialmente profundidades de alrededor de diez kilómetros, Azañón advierte de que ese es precisamente uno de los parámetros con mayor margen de error en la localización de los terremotos. Su estimación es que buena parte de estos movimientos podrían estar produciéndose entre 3,5 y 5,5 kilómetros de profundidad.

La combinación de terremotos relativamente superficiales y la amplificación producida por los sedimentos ayuda a explicar las sensaciones descritas estos días por numerosos vecinos: edificios que parecen oscilar “como un barco”, paredes que se mueven y objetos que llegan a desplazarse.

Muchos terremotos pequeños no “evitan” uno grande

La sucesión de movimientos también ha recuperado uno de los mitos más extendidos después de un enjambre sísmico: que muchos terremotos pequeños sirven para liberar la energía acumulada y evitar que se produzca uno mayor.

Azañón lo descarta tajantemente: “No tiene nada que ver”. Cada ruptura está relacionada con las características de la falla que se mueve y, aunque la actividad de una zona puede modificar las condiciones de otras áreas próximas, no existe una relación automática por la que una sucesión de terremotos pequeños descarte la posibilidad de otro de mayor magnitud. El experto apunta, eso sí, que es muy poco habitual que inmediatamente después se produzca un terremoto de una magnitud sustancialmente superior. Eso no permite hacer predicciones a semanas o meses vista, pero sí pone en contexto la evolución de las primeras horas de una secuencia.

De hecho, el actual episodio sísmico todavía está lejos, en número de movimientos, del enjambre que mantuvo en vilo a Granada en 2021, cuando llegaron a registrarse más de un millar de terremotos. Azañón advierte de que la secuencia actual tiene características similares, pero por ahora acumula muchos menos movimientos. “Eso no quiere decir que no pudiera llegar a ese número”, señala.

Granada sí puede sufrir terremotos mayores

El mensaje tranquilizador respecto a los terremotos de magnitud 7 o superior no debe confundirse con la idea de que el riesgo sísmico de Granada sea bajo. La provincia está atravesada por numerosas fallas y tiene antecedentes de terremotos mucho mayores que el registrado esta madrugada.

Azañón sitúa en torno a magnitud 6,5-6,6 el orden de magnitud de los mayores terremotos que podrían producir las estructuras tectónicas de la zona, tomando como referencia los grandes terremotos históricos de Alhama y Arenas del Rey. Y recuerda que la escala de magnitud es logarítmica: un terremoto de 6,5 liberaría aproximadamente quince veces más energía que uno de magnitud 5.

La diferencia fundamental respecto a los grandes terremotos de Colombia o Venezuela está, por tanto, en el contexto tectónico. Las fallas que protagonizan la actividad actual en Granada tienen dimensiones muy inferiores a las estructuras capaces de producir terremotos de magnitudes extremas.

Además, el riesgo no depende únicamente de la energía liberada. “No siempre hay que mirar la energía, sino también la profundidad a la que se ha producido y lo cerca o lejos de una población”, explica el catedrático. Un terremoto superficial y próximo a una zona urbana puede producir consecuencias mucho mayores que otro de similar magnitud ocurrido a gran profundidad o a cientos de kilómetros de distancia.

El mayor riesgo está en lo que se puede caer

La otra cuestión que deja sobre la mesa la secuencia actual es hasta qué punto están preparadas las edificaciones granadinas. Azañón señala que Granada cuenta con una normativa sismorresistente especialmente exigente y que los edificios construidos conforme a ella deben cumplir requisitos específicos de cimentación y estructura. El problema está en el parque inmobiliario más antiguo, levantado antes de la existencia de esas exigencias. “Los edificios más antiguos son los más vulnerables”, apunta.

Y no se trata únicamente de evitar que un edificio colapse. También resulta fundamental controlar los elementos que pueden desprenderse durante una sacudida, desde cornisas hasta cerramientos y otros elementos de las fachadas. Para Azañón, la prevención debe implicar a administraciones, técnicos, constructores y ciudadanos. La idea fundamental, sostiene, es que el terremoto no tiene por qué convertirse necesariamente en una catástrofe si las construcciones están preparadas para soportarlo.

Japón es, en ese sentido, el ejemplo que utiliza el geólogo para explicar hasta dónde puede llegar la prevención: “Si nosotros hacemos edificaciones como lo hacen los japoneses las víctimas no existirán o serán mínimas”. Porque el terremoto, en sí mismo, no es necesariamente lo que mata. Lo decisivo es qué ocurre cuando la onda sísmica llega a una ciudad y encuentra edificios, fachadas y otros elementos que no están preparados para soportarla.

En Granada, por ahora, la ciencia no permite anticipar cuándo terminará la actual secuencia ni descartar completamente nuevos movimientos. Sí permite, sin embargo, ponerla en contexto: la provincia vive sobre un territorio sísmicamente activo, pero las fallas que están generando el actual enjambre no son comparables con las grandes estructuras tectónicas capaces de provocar los terremotos extremos que han sufrido otros países.

Los vecinos de Granada están conteniendo la respiración ante cada sonido o movimiento, con la sensación de que puede tratarse de otro terremoto. No es para menos, pues en las últimas horas, el suelo ha temblado con razonable intensidad en más de cuarenta ocasiones, después de que se produjera un terremoto de magnitud 5 pasada la una de la mañana de este 15 de agosto, y que es ya el más importante en cuatro décadas de los percibidos por la población local. Un seísmo, que se ha notado incluso en provincias como Almería y Málaga, y que ha hecho que muchos ciudadanos saliesen a la calle en plena madrugada con el susto en el cuerpo.

“La gente está sacando los coches de los garajes por si pasa algo más”, explica Ángel, un vecino de La Zubia que reconoce su nerviosismo tras los últimos terremotos ocurridos. Al tratarse de varios de intensidad reseñable en un corto periodo de tiempo, este fenómeno se conoce como enjambre sísmico y no es algo nuevo en Granada.

De hecho, hace tan solo cinco años, otro de similares proporciones tuvo en tensión a los granadinos durante el mes de enero, cuando aún las restricciones por la Covid-19 impedían salir a la calle, pero el miedo fue mayor que las posibles consecuencias legales, haciendo que decenas de ciudadanos copasen las calles y avenidas de Granada capital y los pueblos más cercanos.

En esta ocasión, lo cierto es que el enjambre de terremotos ya ha dejado un seísmo de mayor intensidad que el de 4,4 mbLg que ocurrió entonces. El que ha alcanzado los 5 mbLg, y que ha tenido epicentro en Alhendín sobre la una de la mañana de este sábado, ha provocado incluso que la Junta de Andalucía haya activado el nivel 1 de emergencias por riesgo sísmico. No en vano, muchas personas han salido de sus domicilios por el miedo ante los temblores. De hecho, en algunos hoteles se ha podido ver a turistas en plena calle. “Lo de anoche fue tremendo. Todo el centro estaba lleno de gente que no podía subir a sus casas por la angustia”, explica Esther, una de las granadinas que también decidió salir de su vivienda.

Casas que se mueven “como un barco”

Aunque las recomendaciones de seguridad pasan por no correr y no abandonar los edificios en pleno seísmo, lo cierto es que la sensación de supervivencia ha podido a lo recomendable en muchos casos. Antonio, que vive en un sexto piso en Granada capital, cuenta que, durante uno de los terremotos de mayor intensidad (de 3,7 mbLg con epicentro en La Zubia y a media tarde del viernes), sentía cómo su casa se movía “como si fuese un barco”. Una descripción que coincide con la de muchas otras personas que cuentan que sus domicilios, también situados en otros pueblos, parecían moverse a “merced del viento”.

Por si fuera poco, al enjambre sísmico granadino le ha acompañado también un reventón térmico que ha dado pie a tormentas y lluvias de gran intensidad, lo que ha hecho que algunos se sientan más preocupados. “Esto es tremendo: hay terremotos, ahora hay truenos y ya no vamos a poder salir porque todo el rato pasa algo”, explica José, un lugareño de Ogíjares. Porque más allá de la tensión acumulada entre los ciudadanos, la realidad es que los seísmos sí han dejado daños materiales de pequeña magnitud, pero suficientemente notables en algunas casas: grietas en paredes, mobiliario que se ha caído o incluso partes de cornisas y fachadas que han colapsado.

“En el barrio de mis tíos ha habido daños dentro de las casas y se han caído trozos de pared”, dice José Ignacio, un joven que vive en plena área metropolitana, como sus tíos, lo que hace que los terremotos se perciban aún más. No en vano, dado que el suelo del área metropolitana es sobre todo el de la Vega de Granada, al ser más inestable por ser agrícola, transmite más las vibraciones. Por otro lado, como la mayoría de movimientos sísmicos se han producido en suelo que no es rocoso y a escasa profundidad, la magnitud ha hecho que la intensidad a la que lo perciben los ciudadanos sea mayor aún.

En general, todos los granadinos repiten dos ideas: que tienen el “susto en el cuerpo” y que, sobre todo por el terremoto de magnitud 5, no han podido dormir en toda la noche. Una situación que ya se vivió hace un lustro, pero para la que nadie acaba de acostumbrarse. Más si cabe cuando muchos no pueden evitar pensar en los recientes terremotos que han sacudido recientemente con mayor intensidad y gravedad los países de Colombia y Venezuela. “Estamos preocupados, pero tenemos que tener paciencia”, concluye Ana, una granadina que ya ha vivido varias veces episodios de esta índole y que no quiere que el temor le gobierne.

Adrián Gallegos, alcalde de Trevélez (PP), un pequeño municipio granadino situado a la mayor altitud de la península ibérica, ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Granada por adjudicarse una vivienda municipal que su propio ayuntamiento sacó a concurso en régimen de alquiler con opción a compra. Así consta en la denuncia contra él que ha efectuado el PSOE, único partido de la oposición, y que sostiene que el regidor del PP presuntamente manipuló el procedimiento administrativo para terminar convirtiéndose en adjudicatario de uno de los inmuebles. Unos hechos por los que los socialistas creen que ha podido incurrir en varios delitos.

En concreto, entienden que hay indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración y actividades prohibidas a autoridades, punto en el que se basan sobre todo para querellarse contra el regidor. Además, la documentación presentada ante la Fiscalía de Granada, adelantada por Ideal y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, pone en duda la tramitación del expediente de principio a fin. Pone el foco en la preparación del concurso, en el sistema de adjudicación y en la valoración económica de las viviendas. Extremos que rechaza el primer edil, defendiendo incluso que se abstuvo de intervenir en el procedimiento desde que presentó su solicitud, además de sostener que todo el proceso contó con el aval de la secretaría municipal y de los servicios técnicos.

Un procedimiento en duda

Pero el origen del caso se remonta a octubre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Trevélez formalizó la compra de un edificio situado en la calle Cárcel que alberga dos viviendas en su segunda planta. Apenas unos meses después, el Consistorio aprobó las bases para adjudicarlas en régimen de alquiler con opción a compra con el objetivo declarado de combatir la despoblación y favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entre los requisitos figuraban tener entre 25 y 35 años -el alcalde no llega a los 35 años-, llevar al menos cinco años empadronado en el municipio, no disponer de otra vivienda en propiedad en la provincia y estar dado de alta en la Seguridad Social.

En plena crisis de acceso a la vivienda para la mayoría de ciudadanos, este procedimiento terminó con dos únicos aspirantes. Uno de ellos fue el propio alcalde, Adrián Gallegos, que resultó adjudicatario de la vivienda de mayor superficie, de 105 metros cuadrados, con un alquiler mensual de 260 euros y una opción de compra fijada en 38.000 euros. La segunda vivienda, de unos 72 metros cuadrados, fue adjudicada a otra vecina del municipio por 240 euros mensuales y una futura compra valorada en 35.000 euros.

Es precisamente esa tramitación la que cuestiona el PSOE. La denuncia sostiene que el alcalde no solo concurrió al procedimiento como cualquier otro aspirante, sino que intervino en su fase preparatoria. Entre los documentos aportados a la Fiscalía figura una resolución por la que delegó específicamente la gestión de este expediente en la primera teniente de alcalde, firmada dos días antes de la memoria justificativa del concurso, así como el propio informe técnico que impulsa la iniciativa y que aparece firmado electrónicamente tanto por la técnico municipal como por el regidor.

Los socialistas también ponen el foco en el desarrollo de la adjudicación. Según el acta de la mesa de contratación incorporado a la denuncia, Gallegos obtuvo cuatro puntos en la baremación frente a los tres de la otra solicitante. Pese a que el pliego establecía el rechazo de las ofertas que no alcanzaran esa puntuación mínima, la mesa optó por adjudicar las dos viviendas al considerar que únicamente se habían presentado dos solicitudes y permitió al alcalde elegir primero el inmueble de su preferencia.

Otro de los argumentos del PSOE se centra en el precio fijado para una futura compra de las viviendas. La denuncia sostiene que la tasación municipal se elaboró sin utilizar comparables de compraventa y sitúa el valor de los inmuebles por debajo de distintas referencias públicas de mercado, por lo que solicita a la Fiscalía que practique una pericial independiente para determinar si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal.

El PSOE sostiene que el precio fijado para la futura compra -38.000 euros para el apartamento adjudicado al alcalde y 35.000 para el segundo inmueble- se sitúa muy por debajo de su valor real. La denuncia compara esas cifras con distintos indicadores públicos, como los que hace públicos el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, los precios de la vivienda protegida en Andalucía y referencias del mercado inmobiliario, además de reprochar que la valoración municipal se elaborara utilizando únicamente comparables de alquiler y no de compraventa. Por ello, el PSOE solicita a la Fiscalía que acuerde una tasación pericial independiente que determine si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Los socialistas, según sus cálculos, tasan el precio final en aproximadamente el doble del valor fijado en el expediente.

El alcalde se defiende

El alcalde rechaza todas las acusaciones realizadas por el PSOE en la denuncia. En declaraciones a este periódico, sostiene que decidió presentarse únicamente después de comprobar que una vecina interesada en una de las viviendas había descartado finalmente concurrir al procedimiento. “Si finalmente decidía presentar su solicitud, yo no concurriría para no perjudicar sus posibilidades”, asegura.

Gallegos defiende además que se abstuvo “completamente” de intervenir en el expediente desde el momento en que presentó su solicitud y que toda la tramitación quedó en manos de la primera teniente de alcalde. “Una cuestión es el debate político sobre si un alcalde debe o no concurrir a una convocatoria pública promovida por su ayuntamiento y otra muy distinta afirmar la existencia de una actuación ilegal”, sostiene. El regidor insiste en que el procedimiento contó con informes favorables de la secretaría municipal y de los servicios técnicos y recuerda que, por el momento, “lo único que existe es una denuncia presentada por un grupo político”.

Además, tras la publicación de la información adelantada por Ideal, el propio alcalde emitió un comunicado negando el resto de acusaciones de la oposición. El Consistorio sostiene que el proyecto para adquirir el edificio no nació durante el actual mandato, sino que sus primeros trámites fueron aprobados en 2016. Entonces gobernaba IU, el PSOE ocupaba la oposición y el PP ni siquiera tenía representación municipal. También rechaza que el precio de las viviendas estuviera por debajo de su valor real y asegura que, tras la compra del inmueble por 95.000 euros y una nueva valoración posterior, la planta donde se ubican ambos apartamentos quedó tasada en 73.000 euros, cifra que coincide con la suma del precio de venta fijado para ambas viviendas.

La costa andaluza está perdiendo uno de sus principales escudos naturales contra el calor. Las brisas marinas que cada verano alivian las altas temperaturas en provincias como Almería, Granada o Málaga soplan cada vez con menos fuerza y, según una investigación científica basada en 41 años de datos meteorológicos, el debilitamiento ya alcanza el 21% en las estaciones andaluzas analizadas, un porcentaje superior al registrado en el conjunto del litoral mediterráneo. Los investigadores advierten de que este fenómeno puede agravar los episodios de calor extremo precisamente en una de las zonas más vulnerables al cambio climático.

“La brisa es un aire acondicionado natural”, explica la oceanógrafa Shalenys Bedoya-Valestt, una de las autoras del estudio publicado en Scientific Reports. Ese alivio, sin embargo, está perdiendo eficacia. El trabajo sentencia que las olas de calor están debilitando el mismo mecanismo que tradicionalmente ayudaba a rebajar la temperatura en la costa mediterránea. “El mismo mecanismo que debería aliviar las olas de calor está haciendo que las brisas sean más débiles”, explica la investigadora a elDiario.es Andalucía.

Además, según la investigación, los datos desmontan una de las ideas clásicas de la meteorología costera. Hasta ahora se asumía que cuanto mayor era el contraste de temperatura entre la tierra y el mar, más intensa sería la brisa. Sin embargo, el análisis de cuatro décadas de observaciones apunta justo a lo contrario: el calentamiento del Mediterráneo favorece que la brisa aparezca más veces, pero también que llegue con menos fuerza. Para los investigadores, esa paradoja es una de las principales evidencias de que el cambio climático está alterando el funcionamiento de este mecanismo natural.

Un problema mayor en Andalucía

Aunque el estudio analiza toda la cuenca occidental del Mediterráneo, Andalucía destaca por encima de la media. Mientras que el debilitamiento medio de la brisa alcanza el 10% en el conjunto del Mediterráneo y el 17% en la España peninsular, las estaciones de los aeropuertos de Almería y Málaga -empleadas por el equipo como representativas del litoral mediterráneo andaluz- registran una pérdida de intensidad del 21%. Para Bedoya-Valestt, es razonable pensar que el comportamiento de otros tramos de la costa mediterránea andaluza, como la Costa Tropical granadina, sea similar, aunque reconoce que no existen series históricas suficientemente largas para demostrarlo con el mismo nivel de evidencia.

Ese dato preocupa porque Andalucía se encuentra entre los territorios españoles más expuestos al aumento de las temperaturas y a la prolongación de las olas de calor. Si la brisa pierde fuerza, disminuye también uno de los pocos mecanismos naturales capaces de amortiguar los picos de calor en las ciudades costeras. Los investigadores esperaban encontrar el efecto contrario. En teoría, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre la tierra y el mar, más intensa debería ser la brisa. Sin embargo, las observaciones muestran que el calentamiento global está alterando ese equilibrio.

La explicación, señala Bedoya-Valestt, está en las masas de aire extremadamente cálidas procedentes del norte de África, cada vez más frecuentes durante los episodios anticiclónicos. Ese aire forma una especie de “tapadera” sobre las capas bajas de la atmósfera que impide ascender al aire caliente acumulado sobre la superficie. Sin ese movimiento vertical, la brisa pierde el impulso que la hace avanzar desde el mar hacia tierra. “La circulación queda aplanada y la brisa sopla con menos fuerza”, dice.

Cuando más falta hace, menos funciona

La paradoja es que el fenómeno se intensifica precisamente durante las olas de calor. El equipo comparó las brisas registradas durante episodios extremos con las de días normales y comprobó que, en España, son todavía más débiles cuando se disparan las temperaturas. Es decir, el sistema natural que durante décadas ha ayudado a refrescar las tardes de verano pierde eficacia justo cuando resulta más necesario.

La investigadora recuerda que durante una reciente ola de calor en la Comunitat Valenciana observaron que la brisa llegó mucho más tarde de lo habitual y prácticamente sin humedad, lo que redujo casi por completo su capacidad para refrescar el ambiente. Cree que ese comportamiento podría repetirse cada vez con mayor frecuencia si continúa aumentando la temperatura del mar Mediterráneo.

Las consecuencias no se limitan al confort térmico. La brisa también actúa como un sistema de ventilación natural que dispersa contaminantes y transporta humedad hacia el interior. Cuando pierde intensidad, explica Bedoya-Valestt, los contaminantes permanecen más tiempo sobre las ciudades costeras y disminuye uno de los mecanismos que favorecen la formación de tormentas estivales. En una comunidad como Andalucía, con una población muy concentrada en el litoral y episodios de calor extremo cada vez más frecuentes, el debilitamiento de las brisas puede convertirse en un nuevo efecto del cambio climático con repercusiones directas sobre la salud y la calidad de vida.

La oceanógrafa asume que el escenario ha cambiado. “Estamos en un punto que no es reversible; estamos en un punto de mitigación y adaptación”, afirma, citando las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). A su juicio, reducir las emisiones sigue siendo imprescindible, pero también será necesario replantear la planificación urbana para facilitar que las brisas puedan seguir penetrando en las ciudades costeras y no encuentren nuevos obstáculos en su recorrido.

Cada día reciben a miles de personas que cruzan las puertas de la Alhambra. Resuelven dudas, orientan a quienes se pierden entre palacios y jardines, traducen incidencias a visitantes llegados de todo el mundo y acompañan a decenas de miles de escolares en los programas educativos del monumento. Son, en palabras del propio Patronato, los “anfitriones” de la ciudad palatina. Sin embargo, quienes sostienen esa primera y última imagen que millones de personas se llevan del conjunto nazarí denuncian que lo hacen desde la precariedad.

Las trabajadoras del Servicio de Información y Atención al Visitante y del programa Alhambra Educa, ambos externalizados a través de la empresa Sedena, han decidido romper el silencio tras más de un año de negociaciones infructuosas con la adjudicataria. Denuncian jornadas parciales que, aseguran, dejan a parte de la plantilla por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dificultades para conciliar, falta de reconocimiento de los idiomas que utilizan a diario y la ausencia de protocolos específicos frente al calor extremo. Un conflicto laboral que vuelve a poner el foco sobre un debate que sobrevuela desde hace años el principal monumento andaluz: la creciente externalización de servicios que antes asumía directamente el Patronato de la Alhambra y Generalife.

El conflicto estalló públicamente el pasado 17 de julio, cuando una parte de la plantilla convocó una concentración a las puertas del Palacio de Carlos V de la mano de la CNT. El sindicato sostiene que la protesta llega después de más de un año de reuniones, propuestas y negociaciones sin avances con Sedena, la empresa navarra que gestiona tanto el Servicio de Información y Atención al Visitante como el programa Alhambra Educa mediante adjudicación pública. “La movilización no surge porque hayamos rechazado la negociación. Más bien al contrario: llevamos mucho tiempo intentando negociar sin obtener respuestas satisfactorias”, resume Laura, una de las trabajadoras del servicio de información.

Sueldos y condiciones precarias

La principal reivindicación gira en torno a las jornadas parciales que, según denuncian, impiden que parte de la plantilla alcance siquiera el salario mínimo. A ello suman la falta de reconocimiento económico del uso habitual de idiomas –una herramienta imprescindible para atender a visitantes de todo el mundo–, la pérdida de flexibilidad para conciliar la vida laboral y familiar, la ausencia de compensaciones por transporte en una ciudad donde el precio de la vivienda obliga a muchas trabajadoras a vivir cada vez más lejos del monumento y la reclamación de cantidades pendientes derivadas de la actualización salarial del convenio durante la prórroga extraordinaria del contrato en 2025.

“No somos guías turísticos”, insiste Laura. “Nuestra función consiste en informar, orientar y resolver incidencias. Somos el punto de referencia permanente para quienes visitan la Alhambra”. Además de atender consultas o coordinarse con otros servicios del recinto, las informadoras actúan con frecuencia como intérpretes entre visitantes extranjeros y el personal del monumento. “Somos la primera persona con la que se encuentra el visitante cuando llega y, en muchas ocasiones, la última con la que habla antes de marcharse”, resume.

La otra gran pata del servicio externalizado la conforma Alhambra Educa, el programa con el que el Patronato acerca el conjunto monumental a colegios, familias y colectivos sociales mediante visitas didácticas, talleres y actividades educativas. Solo en 2023 participaron en estas iniciativas más de 40.000 escolares, además de cientos de personas atendidas a través de programas desarrollados en hospitales, centros penitenciarios, centros de día y otros recursos sociales. Aunque se trata de plantillas distintas, ambas comparten empresa adjudicataria y denuncian problemas comunes relacionados con las condiciones laborales, la prevención de riesgos y la organización del trabajo.

Entre esas preocupaciones figura también la exposición a las altas temperaturas. Las trabajadoras aseguran que desarrollan buena parte de su jornada en el exterior y denuncian la inexistencia de protocolos específicos que adapten la organización del trabajo durante episodios de calor extremo. Una reclamación que cobra especial relevancia en Granada, donde las alertas por altas temperaturas se han convertido en habituales durante los meses de verano.

La Alhambra y la empresa se ponen de perfil

El Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente del Gobierno andaluz, evita entrar en el fondo del conflicto y recuerda que las relaciones laborales corresponden exclusivamente a la empresa adjudicataria. No obstante, sostiene que ha favorecido el diálogo entre las partes y que el director del monumento, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha mantenido contactos tanto con la representación sindical como con Sedena para propiciar una solución. La institución también asegura que durante el último año ha impulsado mejoras materiales en los puestos de trabajo, como la creación de zonas de sombra, la instalación de ventiladores, la reubicación de algunos espacios de atención al público y la habilitación de nuevas áreas de descanso.

Sedena, por su parte, se limita a asegurar que “en todo momento mantenemos una constante comunicación directa con la representación legal de todas las personas trabajadoras de la empresa, al respecto de las condiciones laborales y los convenios colectivos laborales de aplicación”. Pese a la insistencia de este medio, la empresa no ha respondido, sin embargo, a las cuestiones planteadas sobre las jornadas parciales, las reclamaciones salariales, las medidas de conciliación o las denuncias relativas a la prevención de riesgos laborales.

El conflicto llega además en un momento en el que el modelo de gestión de la Alhambra vuelve a estar bajo la lupa de parte de su plantilla. En los últimos años, trabajadores del propio Patronato han alertado en distintas ocasiones de una progresiva externalización de servicios y de la pérdida de personal propio en áreas consideradas estratégicas, desde la conservación del patrimonio hasta la atención al público. Este conflicto se desarrolla precisamente en uno de esos servicios ya externalizados y vuelve a situar sobre la mesa el debate sobre quién sostiene el funcionamiento cotidiano del monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia y bajo qué condiciones lo hace.

Cinco personas adultas entraron en el colegio de María cuando acababa las clases. Dos de ellas eran agentes de la Policía. La niña, de siete años, llevaba 17 meses viviendo con una familia de acogida en un pequeño municipio andaluz. Había dejado atrás buena parte de los terrores nocturnos con los que llegó, tenía amigas, hacía teatro por las tardes y preguntaba con insistencia si podría graduarse con su clase al terminar el curso. Aquella tarde no volvió a casa porque la administración había decidido retirársela a su familia de acogida para entregársela a la de adopción pese a la oposición de la niña.

María -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las menores que, según asociaciones de familias de acogida y especialistas en protección infantil, ilustran un problema que Andalucía arrastra desde hace años. En 2021, el Parlamento andaluz aprobó una Ley de Infancia y Adolescencia que pretendía facilitar el tránsito entre el acogimiento y la adopción para evitar cambios innecesarios de familia cuando ello respondiera al interés superior del menor. Cinco años después, ese desarrollo reglamentario sigue pendiente y, según denuncian diferentes fuentes, la práctica apenas ha cambiado y los menores siguen en un “limbo jurídico”.

“No son casos aislados. Es más una forma de proceder”, dice María Ferrándiz, asesora jurídica de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF). La Junta de Andalucía rechaza esa visión. Preguntada por este periódico, la Consejería de Inclusión Social asegura que “se está trabajando en el desarrollo reglamentario de manera ambiciosa y con perspectiva de presente y futuro, poniendo al menor en el centro de todas las decisiones”.

Añaden desde la Consejería que “siempre se busca el interés superior del menor y la medida más estable”, y que el acogimiento y la adopción priorizan que los menores crezcan en una familia. No concretan, sin embargo, cuándo estará aprobado ese reglamento ni responden a por qué no se ha articulado mientras tanto un mecanismo que adapte la práctica administrativa al nuevo modelo. En esa tesitura, emergen historias como la de María y su familia de acogida.

“La dejaba llorando y la recogía llorando”

Cuando llegó a casa de Loli y José tenía cinco años. Había sido separada previamente de su familia biológica y, según la documentación aportada por sus acogedores, apenas hablaba, sufría frecuentes terrores nocturnos y arrastraba importantes dificultades emocionales. Con el tiempo, empezó a confiar.

Fue haciendo amigas en el colegio, comenzó actividades extraescolares, conocía a los vecinos del pueblo y, poco a poco, aquella casa dejó de ser un recurso temporal para convertirse en su hogar. Entonces, la Junta comunicó que la menor había pasado a ser adoptable. La pareja pidió ser valorada como familia adoptiva. También propuso una acogida permanente. Ambas posibilidades fueron descartadas alegando un seguimiento y unos informes que la familia niega, comenzando así el denominado proceso de acople con otra familia preseleccionada para la adopción. Según cuenta Loli, la transición nunca llegó a funcionar.

Cuando la niña se quedaba con su nuevo padre adoptivo, rechazaba cualquier contacto. “La dejaba llorando y la recogía llorando”, recuerda la madre de acogida. La niña, asegura, terminó dos veces en urgencias por crisis de ansiedad, y preguntaba si iba a poder terminar el curso con sus compañeros, si podría representar la obra de teatro que llevaba meses preparando o si seguiría viviendo allí. La familia de acogida pidió más tiempo, al menos hasta finalizar el curso escolar. También solicitó que la menor fuera escuchada, pero nada cambió, de acuerdo a su relato.

Semanas después, María salió del colegio acompañada por cinco adultos. Desde allí fue trasladada a un centro de protección para continuar el proceso de adopción. Hoy todo forma parte de un procedimiento judicial, tras una demanda presentada contra la Junta por parte de la familia de acogida. Para las asociaciones, el problema de fondo es que no es un caso aislado y que desde el Ejecutivo regional no acaban de desarrollar una normativa que acabe con situaciones tan dolorosas para los menores y las familias.

Un problema enquistado

Durante décadas, el acogimiento familiar y la adopción han funcionado como dos medidas claramente diferenciadas. El acogimiento tenía vocación temporal. La adopción era otra fase distinta. El problema, según cuentan las fuentes consultadas para este reportaje, aparece cuando ese tiempo provisional deja de serlo. Cuando un niño pasa año y medio, dos o tres años viviendo con una familia, crea amistades, rutinas y vínculos afectivos que ya no responden a la lógica administrativa con la que nació el acogimiento. La pregunta es sencilla de formular y mucho más difícil de responder: ¿Qué debe pesar más en ese momento: el itinerario jurídico previsto por la Administración o la estabilidad emocional del menor?

Precisamente para responder a ese dilema, Andalucía aprobó en 2021 una ley que abría la puerta a flexibilizar el paso entre acogimiento y adopción. Aunque la ley no regula expresamente la denominada “adoptabilidad sobrevenida”, ese concepto ha ido ganando peso en el ámbito técnico. Se refiere a los casos en los que un menor llega a una familia mediante un acogimiento temporal y, durante ese proceso, pasa a ser susceptible de adopción. El manual sobre valoración de la idoneidad elaborado para la Junta por el psicólogo Jesús Palacios sostiene que, en esas situaciones, debe valorarse prioritariamente la continuidad con la familia acogedora cuando ello responda al interés superior del menor.

Sin embargo, las asociaciones sostienen que ese cambio nunca se ha trasladado realmente a la práctica. “La ley pretendía eliminar el muro entre acogimiento y adopción, pero cinco años después sigue sin desarrollarse”, explica Ferrándiz. Según relata, la consecuencia es que muchas familias acogedoras continúan encontrándose con la misma situación. “Tú puedes estar inscrita para adoptar, pero eso no significa que tengas prioridad para adoptar al niño que ya vive contigo. Si otra persona ocupa un lugar preferente, el menor cambia de familia. Eso va totalmente en contra del espíritu de la ley”.

Lo que hace unos años era un debate exclusivamente jurídico, hoy también es psicológico. Según explica la propia Loli, que es a su vez educadora social, la teoría del apego “ocupa un lugar central en la protección infantil” y cada vez más especialistas sostienen que romper un vínculo seguro supone añadir un nuevo episodio traumático a menores que ya han sufrido experiencias de abandono o violencia.

En el caso de María, esa idea la concreta en un informe pericial encargado por la propia familia el psicólogo Javier Múgica y que se ha incorporado al procedimiento judicial. Su conclusión es que la niña había construido un apego seguro con la familia acogedora y una nueva separación suponía un riesgo importante para su desarrollo emocional. Pero más allá de este caso, el informe va mucho más lejos: las relaciones de apego no son vínculos fácilmente sustituibles. Loli lo explica con una frase sencilla: “La meta debe ser el apego seguro. La meta no puede ser un papel de adopción”. Porque no cuestiona la adopción, sino que cuestiona que el expediente administrativo prevalezca automáticamente sobre la realidad emocional de un niño.

Más casos similares

Esa es precisamente la idea que hoy defienden las asociaciones de acogimiento. “No tiene sentido que un niño pase dos años en acogimiento y después tenga que empezar de cero con otra familia”, sostiene Ferrándiz. Su propuesta es “que transiten las medidas y no los niños”. Es decir, que cuando un menor ya ha encontrado estabilidad, sea la figura jurídica la que cambie -de acogimiento a adopción o a acogimiento permanente- y no el niño quien vuelva a perder el entorno que ya considera suyo.

Porque las asociaciones aseguran que el caso de María no es excepcional. No en vano, durante las entrevistas realizadas para este reportaje aparecen otros nombres y otras historias. Por ejemplo: una familia que pidió esperar apenas unas semanas para que las menores terminaran el curso escolar, pero que tampoco le dejaron hacerlo. Otra que acabó litigando hasta conseguir que los tribunales reconocieran su derecho a adoptar y ahora se dedica a asesorar a personas en su misma situación.

Madres y padres acogedores que, según relatan, viven con miedo a discrepar de las decisiones administrativas por temor a perder la idoneidad para futuros acogimientos. No existen datos públicos que permitan cuantificar cuántos casos similares se producen cada año en Andalucía. Pero quienes llevan años trabajando en este ámbito coinciden en una idea: el debate ya no gira únicamente en torno a las familias acogedoras, sino de los propios niños.

Cinco años después de la aprobación de la Ley andaluza de Infancia y Adolescencia, el reglamento que debía desarrollar ese nuevo modelo sigue pendiente. Para María y su familia de acogida, sin embargo, el problema no empezó con una ley ni con un informe psicológico. Empezó el día en que salió del colegio rodeada de cinco personas adultas y dejó atrás la habitación en la que, después de mucho tiempo, había aprendido a dormir sin miedo.

El 1 de julio de 2021, la Sierra de las Nieves entró en un club reservado a apenas 16 espacios naturales de todo el país. La declaración como parque nacional convirtió a este enclave malagueño en la tercera joya de la máxima protección ambiental en Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada, y situó al mayor pinsapar de la península ibérica bajo un nuevo paraguas de conservación. Cinco años después, ese reconocimiento se traduce en más de 25 millones de euros de inversión, nuevas infraestructuras, más investigación y una creciente proyección turística, pero también en nuevos desafíos para preservar uno de los ecosistemas más singulares del Mediterráneo.

“Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero la mala suerte o un despiste te lo puede quemar en tres horas”, recuerda el director del parque, Rafael Haro. Su reflexión explica por sí sola el momento que atraviesa la Sierra de las Nieves: consolidada como referente ambiental y orgullosa de haber dado el salto a la élite de la conservación española, pero todavía inmersa en la construcción de un proyecto que encara retos como el cambio climático, el riesgo creciente de grandes incendios, la falta de personal y la necesidad de seguir compatibilizando la protección del territorio con un turismo sostenible y el desarrollo de los municipios de su entorno.

La declaración como parque nacional supuso un punto de inflexión para un espacio que ya acumulaba décadas de figuras de protección -parque natural desde 1989, Reserva de la Biosfera desde 1995 o zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000-, pero que hasta entonces no había contado con el respaldo económico ni el reconocimiento que otorga la máxima categoría de protección ambiental en España.

Un lustro de desarrollo

Desde 2021, las distintas administraciones han movilizado 25,74 millones de euros para actuaciones de conservación, mejora de infraestructuras, uso público o dinamización socioeconómica, de los que 16,5 millones proceden directamente de la Junta de Andalucía. Entre las principales inversiones destacan el nuevo centro de visitantes de Conejeras, que abrirá próximamente sus puertas tras una inversión superior a los cuatro millones de euros, la nueva base del Plan Infoca en Istán, trabajos de mejora forestal y restauración de hábitats o proyectos de sostenibilidad turística impulsados por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves.

Haro admite que el salto respecto a la etapa anterior ha sido “impresionante”. “En estos cinco años se han invertido más de 25 millones de euros. Una cosa absolutamente impensable cuando éramos parque natural”, explica. A su juicio, la principal diferencia no reside únicamente en el dinero recibido, sino en el lugar que ahora ocupa la Sierra de las Nieves dentro de la conservación española. “Somos 16 parques nacionales. La forma en que nos mira el Gobierno central, la Junta o la propia sociedad es distinta. Hemos conseguido entrar en la joya de la corona de los espacios naturales”.

Ese nuevo estatus también empieza a notarse fuera de los despachos. Aunque el director reconoce que todavía es pronto para medir el impacto económico del parque, asegura que el interés por conocer la Sierra de las Nieves no ha dejado de crecer. “Todo el mundo quiere conocer la joya de la corona. A nivel turístico ya se va notando, pero no podemos pretender que de la noche a la mañana esto se triplique o se cuadruplique. Todo necesita su tiempo”.

El pinsapo, la gran bandera de la sierra

Si existe un símbolo que explica por qué la Sierra de las Nieves terminó convirtiéndose en parque nacional, ese es el pinsapo. La sierra malagueña alberga alrededor de 2.000 hectáreas de esta reliquia botánica exclusiva del sur peninsular, la mayor superficie continua existente, una circunstancia que terminó inclinando la balanza para incorporar este sistema natural -hasta entonces ausente en la Red de Parques Nacionales- a la máxima figura de protección. “El pinsapo ha sido, es y será siempre la estrella del parque”, cuenta Haro.

Durante estos cinco años, buena parte de los esfuerzos se han centrado precisamente en mejorar el estado de conservación de estos bosques. Además de tratamientos selvícolas o actuaciones para favorecer la regeneración natural, el parque desarrolla actualmente un proyecto de 1,7 millones de euros destinado a retirar antiguos vallados de protección que ya han dejado de ser necesarios. “Hace décadas se instalaron para proteger la regeneración frente al pastoreo. Ahora esas plantas ya han salido adelante y estamos retirando alambradas, postes y plásticos. Es una mejora ambiental impresionante porque favorece la conectividad de la fauna y mejora muchísimo el paisaje”, explica.

A ello se suman otros proyectos destinados a naturalizar antiguas repoblaciones forestales, restaurar hábitats o mejorar enclaves de alta montaña como el Quejigal de Tolox, además del impulso que ha supuesto la incorporación a la Red de Parques Nacionales para la investigación científica sobre los procesos ecológicos del espacio protegido.

El fuego, el enemigo permanente

Pero si existe una amenaza que concentra buena parte de los esfuerzos de gestión, esa sigue siendo el fuego. El cambio climático, unido al progresivo abandono de los usos tradicionales del monte, ha incrementado la cantidad de combustible acumulado en buena parte de las sierras mediterráneas. Para Haro, ese fenómeno explica por qué los incendios forestales actuales son cada vez más difíciles de controlar. “Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero una mala suerte, un despiste o una mala intención te lo puede quemar en tres horas”, advierte.

El director recuerda que el abandono progresivo de actividades como la ganadería extensiva o determinados aprovechamientos forestales ha permitido que el monte gane densidad de forma constante. “El monte sigue creciendo”, recuerda. Esa acumulación de biomasa, añade, convierte cualquier incendio en un potencial episodio de enorme intensidad, como ocurrió hace apenas unos años en Sierra Bermeja.

Para tratar de reducir ese riesgo, el parque ejecuta cada año tratamientos preventivos en las zonas consideradas más sensibles: limpieza de cortafuegos, desbroces, clareos forestales o eliminación de combustible vegetal. Sin embargo, Haro reconoce que las limitaciones presupuestarias impiden actuar simultáneamente sobre todo el territorio. “Quisiéramos limpiar todos los caminos todos los años, pero eso es inviable. Vamos actuando por prioridades y rotando las actuaciones según la disponibilidad económica”.

Las lluvias torrenciales registradas el pasado invierno también obligaron a destinar más de un millón de euros adicionales a reparar caminos e infraestructuras dañadas por las borrascas, una inversión extraordinaria que ilustra cómo los fenómenos meteorológicos extremos empiezan a condicionar también la gestión cotidiana del parque.

Un plan para el futuro

Cinco años después de la declaración, la Sierra de las Nieves sigue siendo, en cierto modo, un parque en construcción. Uno de los grandes objetivos inmediatos pasa por culminar la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que regulará desde los usos permitidos hasta la conservación de los recursos naturales o las actividades económicas compatibles con el espacio protegido.

“Nunca vamos a tener a todo el mundo contento”, reconoce Haro. “Pero es fundamental que ese plan salga con el mayor consenso posible y que los municipios se sientan partícipes”. El director insiste en que la declaración como parque nacional no debe entenderse como una limitación para los pueblos del entorno, sino como una oportunidad para generar empleo ligado a un modelo de turismo sostenible, similar al desarrollado en otros parques nacionales españoles.

“No buscamos un turismo masivo”, aclara. “Queremos un turismo que venga a disfrutar del parque, que genere riqueza en los municipios, que cree empleo y que siempre tenga como prioridad la conservación. Si no conservamos lo que tenemos, acabaríamos matando la gallina de los huevos de oro”. Pese al balance positivo, Haro no oculta que aún quedan asignaturas pendientes. Además de culminar la apertura del centro de visitantes y seguir mejorando infraestructuras, admite que el parque continúa funcionando con necesidades de personal, medios materiales y financiación. “Hemos hecho una bestialidad en estos cinco años”, concluye. “Pero falta más. Estamos todavía en cuadro de personal, de material y de inversiones. No podemos perder la ambición”.

El incendio mortal de Los Gallardos (Almería) ha vuelto a tensionar el estado del dispositivo de bomberos forestales de Andalucía. En plena temporada de alto riesgo, los profesionales denuncian que su situación no solo no cambia con respecto a años anteriores sino que no deja de empeorar.

El Plan INFOCA, que está adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) creada por la Junta para mejorar la gestión de este tipo de catástrofes, sigue repitiendo el listado de problemas que ya empiezan a ser tradicionales y que en incendios como el almeriense cobran especial relevancia: falta de plantilla, retenes incompletos en algunos casos, equipos inadecuados y obsoletos o medios insuficientes son la decoración de cada verano según testimonios de los trabajadores y representantes laborales.

Denuncias que se están dejando ver en el fuego de esta zona almeriense próxima al municipio de Bédar. Según explican fuentes de los bomberos sobre el terreno a este medio, la situación a la que se enfrentan llevan avisando de ella desde “hace tiempo”. Denuncian que el “dispositivo está actuando con un 75% del personal, cuando debería estar al 100%”. Es decir, está “incompleto”, lo que es grave por el agotamiento que genera en los profesionales sobre el terreno y porque debe estar al completo durante la temporada de alto riesgo de incendios que se alarga hasta octubre. El operativo desplegado sobre el terreno cuenta alrededor de 500 efectivos, según los datos ofrecidos el sábado por la mañana por el Consejero de Emergencias Antonio Sanz. Doscientos de ellos pertenecen al Plan Infoca, otros 200 son de la Unidad Militar de Emergencias y el resto son del MITECO y bomberos del Levante almeriense.

Además, según los mismos profesionales, “hay un grave problema con los vehículos autobombas (VCI) porque los medios solo tienen un miembro operativo”. En consecuencia, “están currando con extensión de jornada lo que no hay en los escritos”.

Todo ello ocurre mientras el Ejecutivo regional ha venido haciendo gala de un aumento en el presupuesto que destina cada año a los bomberos forestales andaluces, pero que no acaba de verse en el día a día del dispositivo, según sus protagonistas. Aunque es cierto que en estos últimos años sí se está logrando estabilizar a la plantilla durante los doce meses del año y no solo durante los cuatro que dura el periodo de alto riesgo de incendios, lo cierto es que los 271,6 millones de presupuesto que hay para Infoca este año -que supone un 60% más que en 2018, cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno andaluz- son, para los profesionales, una cifra que no impacta aparentemente en sus reclamaciones.

La Junta rechaza ese diagnóstico y defiende que el dispositivo afronta la campaña de 2026 con el mayor despliegue de su historia. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sostiene que el INFOCA cuenta con un presupuesto un 5% más alto que el año anterior y el citado 60% superior respecto al de 2018, además de 4.700 profesionales, 43 medios aéreos, 108 autobombas -el 84% renovadas en los últimos años-, una nueva unidad de maquinaria pesada y otra de fuego técnico, además de mejoras en los sistemas de comunicación. El Gobierno andaluz atribuye, además, a la rapidez de respuesta del operativo que, pese a haberse registrado más intervenciones durante los cinco primeros meses del año que en el mismo periodo de 2025, la superficie calcinada haya sido inferior.

Los seis sindicatos con representación en el dispositivo -CGT, CCOO, UGT, CSIF, SIBFI y UITA- coinciden este año en el diagnóstico. Aunque difieren en el tono de sus críticas a la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), todos sostienen que la campaña de alto riesgo comenzó sin que el operativo esté plenamente desplegado. CCOO calcula que aún falta por incorporar alrededor del 10% del dispositivo, lo que supondría unos 400 trabajadores (del total de 4.000), mientras que CSIF sitúa también el despliegue en torno al 90% a comienzos de julio. UGT, por su parte, asegura que es la primera vez que las tres Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA) inician la campaña con vacantes: 20 en Sevilla, 14 en Málaga y nueve en Granada.

La Junta rechaza estas cifras y asegura que todos los puestos operativos están cubiertos, salvo alrededor de un 5% correspondiente a bajas temporales o a trabajadores que han pasado a segunda actividad tras cumplir los 55 años. El Ejecutivo dice además que este año ha convocado dos ofertas públicas de empleo, con 234 y 348 plazas fijas a jornada completa, para seguir reforzando la plantilla del dispositivo.

Problemas sobre el terreno

Las consecuencias, según denuncian las organizaciones sindicales, ya son visibles sobre el terreno. Hablan de retenes que trabajan por debajo de su dotación mínima, autobombas con un único bombero forestal, puestos de vigilancia cerrados por falta de personal y brigadas incompletas en un momento en el que Andalucía afronta las semanas de mayor riesgo de incendios.

Más allá de la carga de trabajo, sostienen que estas carencias comprometen la seguridad de las intervenciones, ya que las dotaciones mínimas de los equipos están definidas precisamente para garantizar la protección de los profesionales durante la extinción.

A la falta de efectivos se suma otro problema que todos los sindicatos señalan desde hace años: los medios materiales. CGT y CCOO vuelven a denunciar que parte de la flota incorporada al dispositivo no es la adecuada para acceder a los incendios forestales, obligando en ocasiones a esperar otros vehículos para llegar al frente del fuego. También alertan de deficiencias en las comunicaciones durante las intervenciones, al asegurar que el sistema de radio presenta fallos en determinadas zonas y que, donde este no funciona, tampoco existe cobertura móvil.

Los equipos de protección individual (EPI) constituyen otro de los principales focos de conflicto. Las organizaciones sindicales denuncian problemas de reposición por falta de stock y critican que la EMA siga sin disponer de un servicio generalizado para la limpieza y descontaminación de estos equipos, pese a que están expuestos a partículas y sustancias potencialmente cancerígenas procedentes de la combustión. Según CCOO, únicamente la provincia de Huelva dispone actualmente de este servicio de forma operativa.

No obstante, la EMA niega estas carencias y sostiene que dispone de existencias suficientes para abastecer a toda la plantilla. Según sus datos, los almacenes cuentan con miles de prendas y elementos de protección, entre ellos más de 4.500 camisas ignífugas, más de 5.300 pantalones ignífugos, más de 600 cascos de emergencia y 900 pares de guantes de extinción.

La movilidad de la plantilla

Las críticas también alcanzan a la gestión de los recursos humanos. UGT y CSIF denuncian que la dirección de la Agencia está rechazando solicitudes de movilidad por motivos de conciliación familiar, incluso en casos relacionados con el cuidado de menores o familiares dependientes. CSIF asegura haber llevado este asunto ante la Inspección de Trabajo. Ambas organizaciones sostienen además que la falta de previsión ha dejado prácticamente agotadas las bolsas de empleo, obligando a recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir vacantes mientras, según denuncian, existen trabajadores del propio INFOCA con la formación y experiencia necesarias que podrían ocupar esos puestos.

En el caso de CGT, sindicato mayoritario entre los bomberos forestales, las críticas van un paso más allá. La organización considera que los problemas que ya existían antes de la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía no solo no se han resuelto, sino que se han agravado, y acusa al Gobierno andaluz de priorizar el anuncio de nuevas inversiones frente a la resolución de las deficiencias que, aseguran, siguen encontrando los profesionales durante las intervenciones.

Frente a estas denuncias, la Junta de Andalucía sostiene que el INFOCA de 2026 cuenta con el mayor presupuesto de su historia y defiende que el dispositivo dispone de 4.700 profesionales, 43 medios aéreos, más de un centenar de autobombas y nuevas unidades especializadas para reforzar la lucha contra los incendios forestales. El Ejecutivo andaluz insiste en que la creación de la Agencia de Emergencias ha permitido mejorar la coordinación de todos los servicios de emergencias y mantiene que Andalucía dispone de uno de los dispositivos de prevención y extinción de incendios más avanzados de Europa.

Sin embargo, para los representantes de la plantilla la fotografía es distinta. Su principal preocupación no es tanto el volumen de inversión anunciado como la capacidad real del operativo para responder durante las semanas más críticas del verano. Con la campaña ya iniciada y las altas temperaturas instaladas en buena parte de Andalucía, advierten de que el dispositivo continúa funcionando sin haber alcanzado la plantilla prevista y con problemas materiales que, a su juicio, siguen sin resolverse año tras año.

Las agresiones al personal sanitario siguen creciendo en Andalucía. Solo durante 2025 se registraron 1976 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 110 más que el año anterior. De ellas, 387 fueron agresiones físicas y el 74% de las víctimas fueron mujeres. Lejos de ser un problema puntual, la violencia contra quienes trabajan en la sanidad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los profesionales.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha anunciado el desarrollo de un régimen sancionador específico para los usuarios que agredan al personal del sistema sanitario público. La medida, reclamada desde hace años por los sindicatos, permitirá imponer multas de entre 500 y 60.000 euros y otras medidas complementarias con el objetivo de disuadir este tipo de conductas. Desde UGT, que ha sido uno de los sindicatos que más ha presionado para que saliese adelante la medida, valoran positivamente el anuncio, aunque advierten de que las sanciones, por sí solas, no resolverán un problema que consideran estrechamente relacionado con el deterioro de las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria.

Hasta ahora, las agresiones a profesionales sanitarios podían tener consecuencias penales o civiles, pero Andalucía carecía de un régimen administrativo específico que sancionara este tipo de comportamientos dentro del ámbito sanitario. La nueva norma pretende llenar ese vacío. “Consideramos muy importante que se aborde la elaboración de este régimen sancionador, al igual que ya han hecho otras comunidades autónomas. Creemos que con estas sanciones se va a conseguir un efecto disuasorio, puesto que actúa directamente el sistema sobre el agresor”, explica Blanca Espinosa, responsable de prevención e igualdad en sanidad de UGT Andalucía.

No solo agresiones físicas

Las sanciones no se limitarán a las agresiones físicas. También podrán castigarse insultos, amenazas, faltas de respeto, coacciones o agresiones cometidas a través de medios digitales, conductas que constituyen una parte importante de los incidentes registrados cada año. Además de las multas económicas, el régimen contemplará otras medidas de carácter asistencial. Entre ellas figura una reivindicación histórica del sindicato: que sea el agresor quien cambie de centro sanitario y no el profesional agredido. “Hasta ahora a quien se cambiaba era al profesional agredido. Creemos que quien debe cambiar de centro es el agresor”, sostiene Espinosa.

El consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, anunció durante la reunión del Observatorio de Agresiones que la propuesta será remitida próximamente al Parlamento andaluz para su aprobación. “Esperamos que sea cuestión de poco tiempo, porque urge su aplicación”, añade la representante sindical. No en vano, para UGT, el nuevo régimen sancionador supone un avance, pero no será suficiente si no se actualiza el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones, aprobado en 2020.

El sindicato recuerda que aquel documento nació en un contexto completamente excepcional, marcado por la pandemia de la COVID-19, y que la realidad de los centros sanitarios ha cambiado radicalmente desde entonces. “El plan data de 2020, se hizo en plena pandemia y desde entonces han cambiado muchísimo las cosas. De los aplausos se ha pasado a las agresiones diarias para las personas que trabajan en el SAS”, resume Espinosa.

Entre las modificaciones que reclama UGT figura eliminar la identificación pública de los profesionales mediante nombre y apellidos y sustituirla por un código alfanumérico, similar al que utilizan los cuerpos policiales. Según explica el sindicato, en numerosas ocasiones los agresores utilizan esos datos personales para continuar hostigando a los trabajadores fuera del centro sanitario. Otra de las reivindicaciones consiste en que no sea la propia víctima quien deba asumir el peso de denunciar la agresión.

“Queremos encontrar la fórmula para que no sea la persona agredida quien tenga que personarse en la denuncia, sino que sea el propio Servicio Andaluz de Salud quien la asuma”, reclama. Al mismo tiempo, en UGT insisten en la necesidad de reforzar la seguridad física de los centros sanitarios mediante vigilancia presencial y cámaras de seguridad, especialmente en aquellos donde se concentra un mayor número de incidentes.

¿Por qué siguen aumentando las agresiones?

Aunque el comportamiento violento de determinados usuarios constituye el detonante inmediato, UGT considera que el problema tiene causas mucho más profundas. Para el sindicato, el incremento continuado de las agresiones guarda una relación directa con la presión que soporta actualmente la sanidad pública andaluza. La falta de profesionales, las listas de espera, la sobrecarga asistencial y la saturación de los servicios generan una creciente frustración entre muchos pacientes, que en ocasiones termina descargándose sobre el personal que les atiende.

Sin embargo, Blanca señala un factor especialmente determinante. “Pensamos que la dificultad de accesibilidad al sistema, sobre todo en Atención Primaria, es lo que más agresiones provoca”, afirma. En otras palabras, cuando los ciudadanos encuentran dificultades para conseguir una cita, retrasos en la atención o una elevada demora asistencial, la tensión acaba trasladándose a quienes trabajan en primera línea.

Las consecuencias de las agresiones van mucho más allá de la lesión física o del insulto puntual. Los profesionales afectados sufren con frecuencia ansiedad, estrés, miedo a volver a determinados puestos de trabajo o incluso bajas laborales, circunstancias que terminan repercutiendo también en el funcionamiento de los centros sanitarios. Para UGT, proteger a quienes trabajan en el SAS no es únicamente una cuestión laboral, sino una medida que repercute directamente en la calidad de la asistencia que reciben los ciudadanos.

Por eso, el sindicato defiende que la respuesta debe ser integral: sanciones eficaces para los agresores, protocolos actualizados, mayor seguridad en los centros, protección jurídica para las víctimas y un refuerzo de las plantillas que permita reducir la tensión asistencial. Porque, como recuerdan desde la organización sindical, las casi 2.000 agresiones registradas en un solo año reflejan un problema que ya no puede considerarse excepcional, sino una realidad cotidiana que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones públicas.

Desde el año 2023, Andalucía cuenta con una herramienta destinada a mejorar la atención sanitaria que reciben la ciudadanía pero que ha abierto una brecha entre los médicos de primaria y los hospitalarios. Hablamos de la teleconsulta. Un método mediante el que un facultativo de un centro de salud puede volcar en un sistema informático todas las pruebas complementarias que se le haya hecho a un usuario para que un médico del hospital de turno pueda mirarlas y responder casi al momento para pautar un tratamiento o agendar una cita con dicho especialista. El problema, sin embargo, es que hay quienes están haciendo un mal uso continuado de esta herramienta.

Así, la teleconsulta está generando malestar entre médicos de familia que denuncian que se están reduciendo citas con los médicos de hospital porque esta herramienta permite despachar con demasiada facilidad el cuadro clínico de un ciudadano. Dicho de otro modo: se está convirtiendo en una barrera de entrada que en algunas ocasiones deja a los usuarios sin posibilidad de que les vea un especialista hospitalario que debería atenderles en persona y no basándose simplemente en imponer una pauta de fármacos por lo visto en unas pruebas complementarias que tiene disponibles gracias a este sistema telemático.

La teleconsulta nació con una filosofía muy distinta. Implantada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2023, pretendía agilizar la comunicación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, reducir desplazamientos innecesarios y acortar los tiempos de respuesta cuando una valoración presencial no fuese imprescindible. Un sistema que, sobre el papel, cuenta con el respaldo de todos los actores consultados. El problema llega cuando la teoría se encuentra con la práctica.

Pacientes con patologías “potencialmente graves”

“Estamos hartos de denunciarlo”. Así explica Marta, médica de familia en Granada, el sentimiento que asegura compartir buena parte de sus compañeros. Su principal reproche no va dirigido contra la herramienta sino contra el uso que, según denuncia, hacen algunos servicios hospitalarios. “Muchas veces vienen denegadas porque el especialista considera que no tiene que verlo y pauta tratamiento sin ver al paciente”, explica. Una decisión que, añade, deja al médico de familia “atado de pies y manos”, obligado a seguir atendiendo a pacientes para los que considera necesaria una valoración hospitalaria.

La situación, sostiene, afecta a numerosas especialidades. Cita como ejemplo Dermatología, donde el especialista decide en ocasiones únicamente a partir de una fotografía enviada desde el centro de salud. “Están viendo una foto, no están viendo al paciente”, lamenta. También menciona Traumatología o Nefrología, donde asegura que muchas solicitudes terminan rechazadas sin llegar a generar una consulta presencial. La preocupación de los médicos no reside únicamente en esa sensación de pérdida de criterio clínico. Lo que verdaderamente les inquieta es el riesgo que, a su juicio, puede conllevar resolver determinados casos sin explorar físicamente al paciente. “Hay veces que puede ser una chorrada, pero hay veces que dejan de ver a gente que sí tiene patologías potencialmente graves”, advierte Marta.

Una médica de familia ya jubilada en Sevilla, que prefiere mantener el anonimato, coincide con ese diagnóstico. Explica que la teleconsulta nació con una idea “muy buena”, pero denuncia que algunos especialistas hospitalarios la utilizan como un filtro previo para evitar derivaciones. Según relata, tras revisar las pruebas complementarias enviadas por Atención Primaria, responden con una pauta terapéutica sin llegar a citar al paciente, incluso en situaciones donde el médico de cabecera entiende que la valoración presencial resulta necesaria.

Esa percepción también ha llegado a las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Teresa Almagro, portavoz de la Marea Blanca Gaditana, sostiene que la teleconsulta “ha dejado de ser una herramienta para agilizar la asistencia” y denuncia que se está utilizando para sustituir primeras consultas hospitalarias. “Las personas a las que se les hizo una teleconsulta y que están esperando una respuesta no aparecen en ninguna lista de espera oficial”, afirma. A su juicio, el sistema termina ocultando una parte de la demanda asistencial y dificulta que los pacientes conozcan cuánto tiempo llevan realmente esperando.

Desde el ámbito sindical también existen reservas, aunque con un discurso más moderado. Fuentes sectoriales consideran que la presión asistencial derivada del incremento de las listas de espera puede estar favoreciendo un mayor recurso a las teleconsultas y los telediagnósticos. El sindicato insiste en que la herramienta puede ser útil dentro de una Atención Primaria suficientemente dotada, pero advierte de que “el abuso de la teleconsulta indiscriminada no es bueno ni para el paciente ni para el profesional”.

Mejorar el protocolo

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos comparte parte de esa preocupación. Su vicepresidente, Gerardo Sánchez, que además también es neumólogo y médico de hospital, defiende que la teleconsulta es “una herramienta muy potente” para agilizar diagnósticos y mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, pero reconoce que puede producirse un uso inadecuado. “Algún médico puede decidir simplemente por las pruebas complementarias, sin ver al paciente, y ese no es el uso que tiene que tener esa herramienta”, explica.

En su opinión, “en ningún momento te puedes escudar en hacer ese tipo de medicina para no ver pacientes” ni “puede haber cortapisas a la hora de derivar a un paciente al hospital”. Sánchez asegura además que el Consejo lleva tiempo trasladando esta preocupación a la Consejería de Salud y que ambas partes trabajan en la protocolización del sistema para evitar precisamente esos usos inadecuados. “Tiene que estar todo protocolizado”, dice.

El Consejo ha ido más allá y ha remitido una carta a los colegiados en la que alerta de que ese tipo de no derivaciones “puede conllevar consecuencias legales y deontológicas de especial relevancia, por lo que recomendamos no participar en prácticas de esta naturaleza”. “Recomendamos no declarar a pacientes como no tributarios de asistencia ni mantenerlos en situación de pasivo cuando ello implique que no sean valorados o atendidos por el servicio correspondiente, incluso cuando dichas actuaciones estén respaldadas por guías o protocolos”, reza la misiva.

La Consejería de Salud, por su parte, rechaza que la teleconsulta sustituya la atención presencial. En respuesta a este periódico recuerda que el SAS aprobó en marzo de este año una instrucción corporativa y protocolos comunes para homogeneizar su utilización en todas las especialidades. “La normativa es clara al establecer que la teleconsulta es una modalidad complementaria de atención sanitaria y que, en ningún caso, sustituye a la atención presencial ni puede convertirse en la única vía de acceso a la atención hospitalaria especializada”, señala.

Desde Salud añaden que el paciente “debe ser valorado presencialmente siempre que esté clínicamente indicado” y recuerda que los propios protocolos excluyen expresamente de la teleconsulta las sospechas de patología maligna o aquellas situaciones urgentes que requieran una intervención rápida. Asimismo, asegura que el SAS realiza un seguimiento continuo mediante indicadores sobre tiempos de respuesta, capacidad resolutiva, cumplimiento de plazos y tasas de rederivación para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta.

Sobre el papel, todas las partes defienden prácticamente el mismo modelo: una teleconsulta que agilice la asistencia sin sustituir nunca la valoración presencial cuando ésta resulte necesaria. Sin embargo, ahí termina el entendimiento. Mientras la Consejería sostiene que ese es precisamente el funcionamiento que recogen sus protocolos, varios médicos de familia consultados aseguran que la realidad diaria dista mucho de ese diseño y denuncian que continúan produciéndose rechazos de derivaciones, tratamientos pautados sin exploración física y pacientes que nunca llegan a ser vistos por el especialista hospitalario.

Hay empresas que crecen siguiendo la evolución de su sector. Y luego están las que deciden adelantarse a él. Innovasur pertenece a ese segundo grupo. Lo hizo cuando apostó por desplegar fibra óptica en municipios donde ningún gran operador veía negocio. Volvió a hacerlo cuando vendió una línea de negocio consolidada para invertir en ciberseguridad e inteligencia artificial, dos ámbitos que entonces apenas comenzaban a despegar. Casi dos décadas después de su nacimiento, la compañía jiennense se ha convertido en uno de los principales referentes tecnológicos del país sin haber renunciado nunca a la provincia desde la que nació.

Cuando Innovasur comenzó su actividad hace casi veinte años, poco hacía pensar que terminaría vigilando las infraestructuras digitales de miles de empresas y administraciones públicas en toda España. Su origen fue mucho más modesto: una pequeña empresa de integración tecnológica que trabajaba prácticamente en exclusiva para la provincia de Jaén. “Nacimos siendo un pequeño integrador tecnológico con cuatro o cinco personas y sin más expectativas que trabajar para la provincia de Jaén”, recuerda su fundador y consejero delegado, Juan José Prieto.

El primer gran salto llegó en 2014 con la creación de Blaveo, un operador de telecomunicaciones propio que comenzó a desplegar redes de fibra óptica cuando todavía buena parte de la provincia permanecía al margen de esa revolución tecnológica. Mientras las grandes compañías concentraban sus inversiones en las principales ciudades, Innovasur decidió mirar hacia otro lado.

“Fuimos los primeros en llegar con fibra óptica a municipios donde ningún operador quería invertir”, explica Prieto. Aquella apuesta permitió conectar a decenas de miles de hogares en localidades como Úbeda, Baeza o La Carolina y consolidó el crecimiento de la empresa. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó pocos años después. Cuando Blaveo ya era un negocio rentable, la compañía tomó una decisión poco habitual: vender esa unidad de negocio para reinvertir los recursos en sectores mucho más inciertos, pero también con mayor recorrido. “A mí siempre me ha llamado la atención hacer algo distinto”, reconoce Prieto.

Un salto arriesgado

La decisión fue clara. Innovasur apostaría por dos ámbitos que entonces comenzaban a perfilarse como estratégicos, pero que entonces sonaban como un salto arriesgado: la ciberseguridad y la digitalización inteligente de ciudades y territorios. “Había dos sectores en auge y decidimos apostar por los dos: la ciberseguridad y la digitalización de los territorios”, recuerda. La apuesta resultó acertada. En apenas un lustro, la empresa ha pasado de contar con unas cincuenta personas y cinco millones de euros de facturación a superar los 400 profesionales y los 40 millones de euros de negocio.

Uno de los pilares de ese crecimiento es hoy la ciberseguridad. Desde su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), operativo las veinticuatro horas del día, Innovasur monitoriza en tiempo real la actividad de más de 2.000 empresas y organismos públicos de todo el país. “Es como una central de alarmas donde vigilamos las veinticuatro horas a nuestros clientes para evitar que sufran cualquier incidente”, explica Prieto. Lejos de considerar que el mercado está saturado, el CEO cree que apenas se está empezando a comprender la magnitud del problema.

“Todavía no estamos concienciados del peligro y de los retos que hay en la ciberseguridad”, advierte. El incremento constante de los delitos informáticos obliga a empresas y administraciones a reforzar cada vez más sus sistemas de protección, convirtiendo este ámbito en uno de los sectores con mayor proyección dentro de la economía digital. La segunda gran línea estratégica de Innovasur gira en torno a la digitalización inteligente de las ciudades. Para ello ha desarrollado City Brain, una plataforma capaz de integrar información procedente de sensores, cámaras y múltiples fuentes de datos para ayudar a gestionar servicios públicos mediante inteligencia artificial.

Desde el tráfico hasta la recogida de residuos, pasando por la movilidad o la planificación urbana, el objetivo es facilitar que las administraciones puedan tomar decisiones basadas en información en tiempo real. “Nos gustan los proyectos con impacto, aquellos que ayudan a tomar mejores decisiones y terminan mejorando la calidad de vida de los ciudadanos”, señala Prieto. Pero detrás del crecimiento tecnológico existe también una apuesta decidida por las personas. La plantilla de Innovasur tiene una edad media de apenas 34 años y combina profesionales con experiencia procedentes de grandes compañías con jóvenes titulados incorporados directamente desde las universidades andaluzas. “Estamos consiguiendo una mezcla entre talento joven y profesionales con experiencia que está funcionando muy bien”, explica el empresario. Además, casi el 40% de la plantilla es de origen jienense, lo que da prueba de lo pegada que está la empresa al territorio.

El horizonte de la compañía pasa ahora por consolidar esas dos grandes líneas de negocio que han impulsado su crecimiento. Por un lado, seguir perfeccionando City Brain, la plataforma de inteligencia artificial con la que aspiran a que cada vez más ciudades y territorios gestionen sus servicios públicos a partir del análisis inteligente de datos. Por otro, ganar peso en un ámbito estratégico como la defensa, después de haber conseguido sus primeros contratos con este sector durante el último año. “Queremos seguir desarrollando productos que tengan un impacto real en la vida de las personas y crecer de una manera sana y sostenible”, explica Prieto, convencido de que el desarrollo tecnológico español tendrá cada vez más oportunidades en ámbitos como la seguridad y la defensa.

Jaén como origen y seña de identidad

Aunque hoy la mayor parte de la facturación de la compañía procede ya de fuera de Andalucía, el vínculo con Jaén sigue siendo uno de los elementos centrales de su identidad. “Estoy enamorado de Jaén. Es mi casa y seguiré apostando por ella toda la vida”, afirma Prieto. Ese arraigo no responde únicamente a una cuestión sentimental. El CEO reconoce que los primeros contratos con pequeños ayuntamientos y con la Diputación de Jaén fueron fundamentales para que una empresa entonces desconocida pudiera crecer y asumir retos cada vez mayores.

Por eso, cuando el proyecto alcanzó la madurez, llegó el momento de devolver parte de ese apoyo al territorio. Así nació la Fundación Innovasur, una iniciativa que impulsa programas de capacitación tecnológica, fomenta las vocaciones digitales entre la juventud y trabaja para acercar la innovación a la ciudadanía. “Cuando te va bien, quieres devolverle a tu tierra parte de lo que un día te dio”, dice Prieto.

Mientras la compañía continúa expandiendo su actividad hacia nuevos ámbitos como la defensa o la inteligencia artificial aplicada, mantiene intacta la idea que la ha acompañado desde sus inicios: demostrar que una empresa tecnológica nacida en Jaén puede competir con éxito en los sectores más exigentes sin necesidad de deslocalizar su talento ni renunciar a sus raíces. Porque, en un momento en el que la innovación suele asociarse a grandes polos tecnológicos, Innovasur ha construido un camino diferente. Uno que parte de Jaén, pero que hace tiempo dejó de tener fronteras.

Augustin Marie Ndour no habla de él mismo sino del colectivo. Afincado en Granada y nacido en Senegal en 1969, este activista, que llegó a ser el primer candidato negro a la presidencia del Gobierno en España en los comicios de 2019, es hoy un hombre feliz porque su lucha ha servido para abrir camino. No en vano, es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de 2024 que ha permitido ahora que el Gobierno de PSOE y Sumar, a través de un real decreto, impulsase una regularización extraordinaria que acaba este 30 de junio y que es un “éxito colectivo”, en palabras del propio Ndour.

Lo es porque durante mucho tiempo pareció imposible que España volviese a iniciar un procedimiento administrativo de este calado -la última fue en 2005 durante el Gobierno de Zapatero-. Con un creciente auge de la extrema derecha, el viraje del debate hacia posiciones xenófobas y aporofóbicas pareció guardar en un cajón la ILP que tanto había costado impulsar y que hasta el Partido Popular llegó a decir que apoyaría en su tramitación parlamentaria. “Fue frustrante. Una montaña rusa. Por momentos creíamos que no se produciría la regularización”, admite Augustin.

Ndour reconoce que hubo momentos en los que llegó a desesperarse al comprobar cómo la iniciativa quedaba atrapada entre los intereses de los partidos. “Sabíamos que era buena para el conjunto de la sociedad, pero muchas veces los intereses partidistas estaban por encima del interés común”, lamenta. Durante meses mantuvieron reuniones con representantes del PSOE, del PP y del resto de grupos parlamentarios para tratar de desbloquear una medida que parecía condenada a permanecer en un cajón. “Lo pasé mal porque uno piensa que quienes están en política están para mejorar la vida de la gente”, admite.

Un trabajo de años

Antes incluso de que la iniciativa legislativa popular llegase al Congreso, Ndour tenía claro que era el momento de intentarlo. “O era ahora o nunca”, recuerda. Temía que un cambio de ciclo político cerrase durante años cualquier posibilidad de sacar adelante una medida de este tipo. Fue entonces cuando llamó a Jorge Serrano, coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, formación en la que milita desde hace años, y le planteó una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Le dije que si no hacíamos algo, me encadenaba a los leones del Congreso”, rememora entre risas. Aquella conversación fue el punto de partida de una ILP que, con el respaldo de entidades como Regularización Ya!, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales, logró reunir más de medio millón de firmas para llegar a la Cámara Baja.

“Cada organización jugó un papel fundamental. Éramos entidades muy distintas, con formas diferentes de entender muchas cosas, pero todos teníamos claro que aquí lo importante no eran los protagonismos, sino que esto saliera adelante”, insiste. Por eso rechaza cualquier intento de atribuirle el éxito en solitario. “Ha sido una victoria de la sociedad civil. Hay muchísima gente detrás que ha trabajado de manera extraordinaria durante años”.

El trabajo, sin embargo, no terminó cuando el Gobierno aprobó el real decreto que abrió el proceso de regularización extraordinaria. Durante los tres meses de plazo, las organizaciones han tenido que volver a movilizarse para intentar que ninguna persona quedase fuera por trabas burocráticas. Una de las principales dificultades fue la obtención del certificado de vulnerabilidad, un requisito que en algunos municipios se convirtió, según denuncia, en un auténtico cuello de botella.

Esa implicación práctica ha marcado también los últimos meses de su trabajo. Más allá de la reivindicación política, Ndour ha pasado buena parte de este tiempo atendiendo llamadas de personas que apuraban los plazos, resolviendo dudas sobre la documentación o intentando encontrar soluciones para quienes se encontraban con obstáculos administrativos. Para intentar salvarlos, la Fundación para la Ciudadanía Global desarrolló una aplicación que permitía tramitar ese certificado de forma telemática, verificando la identidad, la geolocalización y la situación de vulnerabilidad de cada solicitante mediante documentación y una grabación en vídeo. “Lo que más me preocupaba era que muchísimos hermanos se quedaran fuera por cuestiones administrativas. Intuimos que van a pasar muchos años hasta que vuelva a existir una oportunidad como esta”, explica.

Una convicción personal

Esa preocupación tiene mucho de biográfica. Ndour sabe perfectamente qué significa vivir pendiente de un plazo o de un documento. Llegó a Europa desde Senegal, pasó por Portugal y terminó instalándose en España justo cuando concluía el último gran proceso extraordinario de regularización. No consiguió acogerse a él y tuvo que buscar otras vías para obtener la documentación. “Ahora me llaman muchos chavales diciendo que todavía no les ha llegado el certificado de antecedentes penales o que les falta algún papel. Recuerdo perfectamente esa angustia porque yo también la viví”, afirma.

Su historia personal es, en buena medida, el origen de su activismo. Recién llegado a España sufrió un accidente de moto mientras trabajaba sin documentación. Acabó hospitalizado, con las piernas rotas, sin apenas hablar español y sin conocer a nadie. Aquella experiencia le llevó a acercarse a la Pastoral de Migraciones y comenzar una labor de acompañamiento que, más de dos décadas después, sigue desarrollando. “Después de haber pasado por todo aquello y ver que, veinte años después, sigue habiendo personas viviendo exactamente lo mismo, pensé que no podía quedarme de brazos cruzados”.

Aquella experiencia le permitió comprobar cómo la irregularidad administrativa se convierte en una forma de vulnerabilidad permanente. Recuerda, por ejemplo, que el empresario para el que trabajaba cuando sufrió el accidente apenas permaneció tres minutos en el hospital. “Entró, me preguntó cómo estaba y enseguida me pidió las llaves del trabajo porque no quería que aquello sirviera como prueba de que yo estaba trabajando sin papeles. Se marchó y no volvió”, relata. Para él, esa escena resume la indefensión de miles de personas que, por miedo a perder el empleo o ser expulsadas, aceptan condiciones laborales que nunca asumirían si tuvieran una situación administrativa regular.

Salir de “la cárcel”

La irregularidad administrativa, insiste, no solo impide acceder a un empleo estable. Condiciona toda la vida. “Es como estar en una cárcel y que, de repente, te digan que puedes salir”, resume. Haber trabajado sin papeles en los invernaderos de Almería o aceptar empleos precarios le permitió comprobar, dice, que quien vive en esa situación apenas puede reclamar derechos laborales básicos. “Si tienes 40 de fiebre, vas a trabajar porque sabes que, si no, te sustituyen por otra persona. Cuando te regularizas empiezas a cotizar, claro, pero también puedes exigir tus derechos, coger una baja, tener vacaciones o negarte a determinados abusos”.

Por eso sostiene que la regularización extraordinaria no debe entenderse como un punto final, sino como el inicio de un camino. “La primera integración es la integración jurídica. Sin papeles no podemos hablar de integración económica ni social porque no tienes acceso a casi nada”, defiende. Aunque celebra el proceso que ahora concluye, Ndour considera que España todavía tiene pendiente una reforma profunda de la Ley de Extranjería. Aun así, cree que la movilización social ha demostrado que es posible cambiar las cosas. “Cuando empezamos hablábamos de unas 500.000 personas en situación irregular. Ahora las estimaciones hablan de hasta 900.000, incluso cerca de un millón. Un Estado no puede permitirse tener a tanta gente viviendo en un limbo jurídico”, sostiene.

Esa es también la razón por la que rechaza el discurso que presenta las regularizaciones como un privilegio. A su juicio, lo que hacen es sacar a la luz una realidad que ya existe. “No hablamos de personas que van a venir mañana. Hablamos de personas que ya viven aquí, que trabajan, que alquilan habitaciones, que consumen y que forman parte de nuestra sociedad, aunque el Estado no las reconozca jurídicamente”, sostiene.

Lejos de dar por terminada la lucha, el activista senegalés cree que la principal victoria de estos años trasciende incluso a la propia regularización. “La sociedad civil vuelve a tener la confianza de que, cuando se organiza y se moviliza, puede conseguir cambios importantes”. Una convicción que, para él, vale casi tanto como el real decreto que este 30 de junio pone fin a uno de los procesos de regularización más importantes de las últimas décadas.

De hecho, hay cierta ironía en que quien hace más de veinte años no llegó a tiempo para acogerse a una regularización extraordinaria haya terminado dedicando buena parte de su vida a impulsar otra que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. Ndour sonríe cuando se le recuerda esa coincidencia, pero vuelve enseguida a su idea de siempre: “No es la historia de una persona. Es la historia de muchísima gente que decidió que esto merecía la pena”.

El día en que a Mariana Pineda le arrebataron la vida por garrote vil cuando apenas tenía 26 años, no solo estaban cercenando una vida, sino mandando un mensaje de disciplinamiento. La granadina, que fue asesinada durante el reinado absolutista de Fernando VII por haber sido presuntamente hallada bordando una bandera en favor de la libertad, continuó siendo víctima de su propia valentía incluso después de su muerte. Ahora, casi dos siglos después, su figura no solo va recuperando su relevancia, sino que parte de su legado renace con la puesta a la venta por parte de unos propietarios privados de documentos que formaron parte de su archivo.

La librería Astarloa, ubicada en Bilbao, vende por 40.000 euros parte del archivo que Mariana Pineda pudo recopilar en vida. Un archivo que tiene un valor mucho más elevado que el monetario porque entre las piezas se encuentra una carta: el único manuscrito completo que se conserva de la propia Mariana. Pero más allá de ello, lo que dice también esta herencia física es que todo cuanto se trató de borrar de la joven granadina, asesinada el 26 de mayo de 1831, nunca fue suficiente para acabar con el rastro de una mujer tan importante y pionera. Una feminista cuando el feminismo ni siquiera se contemplaba como palabra.

Según explican fuentes de la negociación, la Junta de Andalucía es la administración pública que está negociando la compra de un legado que lleva más de dos años en venta y cuya recuperación permitiría al público y a la cultura general tener en su poder los retazos que construyen el recuerdo de una Mariana Pineda cercenada en su vida, pero también en su propia biografía. De ella sabe como pocas personas Antonina Rodrigo, la escritora granadina que ha dedicado más de 25 años en estudiar quién fue y qué no supimos suficiente sobre Mariana.

Hablamos con ella para valorar la importancia del legado y para partir de un supuesto desconocido: se trató de borrarla tanto tanto, que incluso se le hurtó el “de” que anticipaba su apellido Pineda y que denota que no procedía de un estrato social bajo, lo que eleva la importancia de su figura y de su propia reivindicación política.

Rodrigo, que siente un agradecimiento vital a Mariana por haber abierto camino para muchas mujeres como ella, llegó a adquirir en su momento la llave de la celda en la que Pineda pasó sus últimas horas de vida. “Esa llave es simbólica no solo por la puerta que cerraba, sino porque esa puerta fue a la que Mariana miraba y a través de la que escuchaba su sueño de volver a ver a sus hijos”. Porque parte del borrado histórico de la granadina pasa porque no todo el mundo sabe que tuvo descendientes y que, seguramente hoy, siga teniendo familia incluso en Granada capital.

Un archivo que sobrevivió al intento de borrar a Mariana

La propia Antonina Rodrigo reconoce que cuando conoció la existencia del archivo sintió una mezcla de sorpresa y alivio. “Estuve casi 25 años investigando y no encontré nunca una carta o un documento personal de Mariana”, explica la escritora a elDiario.es Andalucía. Por eso considera que el fondo que ahora se encuentra a la venta tiene un valor que trasciende cualquier cifra económica. “Eso es un tesoro para nosotros”, explica.

La importancia del legado no reside únicamente en la carta manuscrita de Mariana, sino en el conjunto documental que la acompaña. Según explica Iker, propietario de la librería Astarloa, el archivo está compuesto en gran medida por documentación relativa a los hijos de la granadina, un aspecto sobre el que apenas han sobrevivido testimonios documentales. “Es un archivo del entorno familiar de Mariana Pineda; sobre todo está compuesto por bastante documentación relativa a su hijo”, señala.

Entre todas las piezas destaca precisamente esa carta escrita y firmada por la propia Mariana, que, tras el estudio realizado por los especialistas de la librería, constituye “el documento manuscrito suyo más extenso que se conserva en la actualidad”. Hasta ahora, explica el librero, únicamente se conocían algunas firmas en documentos oficiales y una carta incompleta conservada en Granada.

La aparición de este fondo ayuda también a comprender hasta qué punto la memoria material de Mariana Pineda fue deliberadamente desmantelada tras su ejecución. Rodrigo recuerda que, una vez condenada a muerte, las autoridades irrumpieron en su vivienda y se llevaron prácticamente todas sus pertenencias. “Entraron en su casa y lo arramblaron con todo”, explica. Aquel saqueo, unido al paso del tiempo, convirtió en excepcional cualquier documento original relacionado con la joven liberal.

Quizá por eso la historiadora insiste en que el archivo no puede acabar nuevamente oculto en una colección privada. “La Junta de Andalucía está casi obligada”, afirma. No habla únicamente de una compra patrimonial, sino de una responsabilidad con la memoria colectiva. “Que todo eso esté a disposición de los historiadores y del mundo entero”, reclama. Incluso reconoce que, si hubiera podido permitírselo, ella misma habría adquirido el fondo. “Si yo tuviera 40.000 euros lo compraba”, asegura entre risas.

Paradójicamente, el archivo no acaba de aparecer. Lleva más de dos años buscando comprador sin éxito. Según explica Iker, durante ese tiempo fue ofrecido a distintas administraciones públicas, aunque ninguna mostró interés por adquirirlo. La situación cambió hace apenas unas semanas, cuando el Archivo Histórico Provincial de Granada, dependiente de la Junta de Andalucía, contactó con la librería para solicitar toda la documentación técnica sobre el legado. Desde entonces, la venta permanece paralizada mientras la Administración estudia la operación.

“La pieza está reservada”, explica el librero. El procedimiento, añade, será largo. Primero deberá completarse la valoración técnica del fondo, posteriormente determinar su interés patrimonial, encontrar la correspondiente partida presupuestaria y, finalmente, negociar la adquisición. “Como toda relación con la administración, los procesos son bastante lentos. Llevará meses seguramente”, resume. Astarloa está acostumbrada a este tipo de operaciones. Entre sus principales clientes figuran el Ministerio de Cultura y distintas bibliotecas y archivos públicos autonómicos y provinciales, por lo que el proceso, aunque lento, entra dentro de la normalidad en el mercado del patrimonio documental.

Una oportunidad para reparar parte de la historia

La posible adquisición del archivo llega en un momento en el que la figura de Mariana Pineda ha recuperado parte del reconocimiento institucional y ciudadano que le fue negado durante décadas. Durante el franquismo su nombre desapareció de colegios, homenajes y espacios públicos por representar precisamente aquello que el régimen combatía: la defensa de las libertades y los ideales constitucionales.

Para Rodrigo, sin embargo, todavía queda mucho por recuperar. “Mariana es una figura extraordinaria, no solamente para España, sino para el mundo”, sostiene. La escritora la define como “una de las primeras feministas”, una mujer que defendió la libertad en una época en la que ni siquiera existía un movimiento organizado que reclamara la igualdad entre hombres y mujeres. “Es una persona de estos días nuestros”, resume.

Esa es precisamente la trascendencia del archivo. No solo permitiría conservar el manuscrito más importante que se conoce de Mariana Pineda, sino reconstruir parte de una biografía que durante casi dos siglos permaneció incompleta por la desaparición de buena parte de sus documentos personales. Un legado que sobrevivió a registros, saqueos, al olvido y al paso del tiempo, y cuya incorporación al patrimonio público supondría recuperar una parte de la historia de Andalucía que estuvo a punto de desaparecer para siempre.

Pese a la insistencia de elDiario.es Andalucía por conocer el estado de las negociaciones, la Consejería de Cultura ha preferido no realizar declaraciones sobre la operación, aunque fuentes oficiales sí confirman que se ha preguntado por el lote que está en venta. En todo caso, el desenlace de las negociaciones determinará si uno de los hallazgos documentales más relevantes en torno a Mariana Pineda pasa a formar parte del patrimonio público o continúa en manos privadas.

Cuando se piensa en energía solar, pocos lugares parecen tan privilegiados como el desierto de Tabernas. Situado en el corazón de Almería, este paisaje árido recibe algunas de las mayores cantidades de radiación solar de Europa y se ha convertido desde hace décadas en un laboratorio natural para investigar el futuro de las energías renovables. Pero en cualquier estación, sobre todo en el verano que ahora empieza, y pese a su fuerza como estos días en plena ola de sol y calor, hay un problema que apenas se ve a simple vista: miles de partículas suspendidas en el aire.

Estas partículas microscópicas suspendidas en la atmósfera están actuando como un filtro capaz de restar parte de la energía que llega desde el sol. Es un fenómeno conocido por la comunidad científica como extinción solar atmosférica y una investigación liderada por especialistas del CIEMAT, la Universidad de Granada y el CIESOL acaba de cuantificar su impacto en España. La conclusión es llamativa: una parte significativa de la energía solar disponible se pierde antes incluso de llegar a las instalaciones encargadas de transformarla en electricidad. “En promedio, en Tabernas estamos en un 5 o 6% anual”, explica Aitor Marzo, investigador del Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y uno de los autores del trabajo.

La investigación ha sido desarrollada por la Plataforma Solar de Almería y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y el CIESOL, centro mixto de la Universidad de Almería y el propio CIEMAT. Las conclusiones se han publicado en la revista científica Science Direct.

La energía que desaparece por el camino

No en vano, la imagen que solemos tener de la producción solar es sencilla: cuantas más horas de sol, más electricidad puede generarse, pero la realidad es bastante más compleja. Los investigadores llevan años estudiando el efecto que tienen los aerosoles atmosféricos, es decir, las partículas microscópicas de polvo, sales marinas, contaminación o arena sahariana que permanecen suspendidas en el aire. Partículas que se multiplican en periodos de calima, cada vez más frecuentes en nuestro clima.

“Siempre hay aerosoles. Lo que pasa es que hay días más cargados y otros menos”, explica Marzo. Estas partículas afectan a las instalaciones solares de varias formas. Por un lado, dispersan parte de la radiación y hacen que la luz llegue menos concentrada. Por otro, reducen directamente la cantidad de energía que alcanza la superficie terrestre. Además, terminan depositándose sobre espejos y paneles, obligando a incrementar las labores de limpieza y mantenimiento. En el caso de las plantas solares de concentración, que utilizan miles de espejos para reflejar la luz hacia un receptor situado en lo alto de una torre, el efecto es especialmente importante. “Nadie podía medir lo que pasa a esa radiación desde el espejo hasta la punta de la torre”, señala el investigador. Y ahí es precisamente donde se encontraba una parte del problema.

Las plantas termosolares de torre funcionan concentrando la radiación solar sobre un receptor situado a decenas o incluso cientos de metros de altura. Para lograrlo utilizan miles de espejos distribuidos alrededor de la instalación. La radiación llega al espejo, pero después debe recorrer una segunda distancia hasta alcanzar la torre. Ese trayecto adicional atraviesa una atmósfera cargada de partículas. Durante años, la industria podía medir con precisión la radiación que llegaba al suelo, pero resultaba mucho más difícil cuantificar cuánta energía se perdía durante ese segundo recorrido.

Aunque la investigación se centra principalmente en las plantas solares de concentración, Aitor Marzo recuerda que el fenómeno también afecta a la energía fotovoltaica. En este caso, los aerosoles reducen parte de la radiación que alcanza los paneles y además favorecen la acumulación de polvo sobre su superficie. “Lo que afecta a uno afecta a otro, quizás de manera diferente, pero siempre hay una parte común en la que afecta”, explica. “Ese polvo que tienes encima de los paneles hace que pase menos radiación al panel fotovoltaico y, por lo tanto, genere menos energía”.

A partir de los trabajos desarrollados en la Plataforma Solar de Almería, los investigadores han diseñado sistemas capaces de medir esa pérdida y comprobar que no es una cuestión menor. En condiciones atmosféricas favorables, las pérdidas rondan el 4%, en las peores, hasta un 10% y en un promedio anual, en Tabernas se alcanzan entre un 5% y un 6%. Sin embargo, en otras zonas del planeta los valores son mucho más elevados. “Hay lugares donde las pérdidas son de un 40%”, explica Marzo. En algunos puntos de Emiratos Árabes Unidos, añade, se han llegado a registrar pérdidas cercanas al 25%.

La paradoja del desierto

Los resultados no significan que Almería haya dejado de ser uno de los mejores lugares de Europa para producir energía solar. De hecho, ocurre justo lo contrario. El estudio sitúa a Almería entre las zonas de España más favorables para este tipo de instalaciones, ya que la enorme cantidad de radiación solar que recibe el sureste peninsular sigue compensando las pérdidas provocadas por la atmósfera.

Sin embargo, la investigación sí señala un matiz importante en un momento de expansión de las energías renovables: no basta con contabilizar las horas de sol. También es necesario analizar factores como la presencia de aerosoles, la frecuencia de episodios de calima o los costes adicionales derivados de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones. Según los cálculos realizados por el equipo científico, la extinción solar eleva hasta un 50% el coste de la electricidad en los periodos con mayor carga de aerosoles. Es decir, en verano. “Todo esto son parámetros que afectan a la rentabilidad de los proyectos solares”, señala Marzo.

Aunque los investigadores no se apuntan al alarmismo, sí recuerdan que la evolución del cambio climático merece atención. “Estamos viendo que están habiendo cada vez más episodios de calima”, afirma el científico. La llegada de polvo procedente del Sáhara no es un fenómeno nuevo en Andalucía, pero los episodios extremos se han hecho cada vez más visibles durante los últimos años. En marzo de 2022, por ejemplo, una intensa intrusión de polvo africano tiñó de calima naranja buena parte de la península y llegó incluso a alcanzar regiones del norte de Europa.

Si estos episodios se vuelven más frecuentes, las instalaciones solares podrían verse obligadas a incrementar sus labores de limpieza y mantenimiento. “Si hay cambios en los patrones de ensuciamiento debido al cambio climático, esto va a suponer un incremento en el gasto de mantenimiento”, advierte. Eso no significa que las grandes inversiones realizadas en energía solar estén en peligro. “No considero que los cambios vayan a ser tan drásticos como para que la inversión que se ha hecho haga que fracasen este tipo de proyectos”, aclara. Pero sí obligan a afinar los cálculos.

Porque incluso en uno de los lugares más soleados de Europa, una parte de la energía del sol nunca llega a convertirse en electricidad. Queda atrapada en millones de partículas invisibles suspendidas sobre el desierto.

Cuando se habla de grandes centros tecnológicos, es fácil pensar en Madrid, Barcelona o Málaga. Más difícil resulta imaginar que uno de esos polos de innovación pueda levantarse en un municipio de apenas 900 habitantes de la provincia de Jaén. Sin embargo, eso es precisamente lo que está ocurriendo en La Bobadilla, pedanía de Alcaudete, donde Insyte Soluciones ha convertido un entorno rural en la base desde la que diseña y gestiona proyectos de telecomunicaciones para España y buena parte de Europa.

La empresa nació en 2021 como parte del grupo Insyte Instalaciones, una de las principales compañías españolas del sector de las telecomunicaciones. Pero su ubicación no responde a una decisión estratégica basada únicamente en criterios empresariales. Detrás hay también un compromiso personal con el territorio. “El presidente de la empresa (Ramón Rufián) es de este pueblo y quiso fomentar el empleo aquí por un tema rural, de despoblamiento”, explica Onofre Martínez, responsable del centro tecnológico de Insyte Soluciones en Jaén.

Lo que comenzó como una apuesta por generar oportunidades laborales en un entorno que durante décadas ha visto marcharse a buena parte de su población joven se ha convertido, apenas cinco años después, en un proyecto de gran dimensión. En la actualidad, alrededor de 115 personas trabajan en las instalaciones de La Bobadilla y la compañía ya construye una segunda fase del complejo con la intención de seguir ampliando su actividad.

Aunque el grupo desarrolla proyectos en Alemania, Austria, Portugal, Marruecos o Argentina y suma miles de trabajadores entre todas sus empresas, el centro jiennense se ha especializado en uno de los ámbitos más estratégicos de la transformación digital: la ingeniería de telecomunicaciones. Desde Jaén se diseñan despliegues de redes de fibra óptica para España, Alemania y Austria, se desarrollan proyectos de redes móviles y se presta soporte a infraestructuras críticas de grandes operadores de telecomunicaciones. También se coordinan incidencias que afectan a la red -como averías en estaciones base o centrales de comunicaciones-, movilizando a los equipos técnicos encargados de resolverlas sobre el terreno.

“Desarrollamos la ingeniería, hacemos la implementación, aportamos toda la documentación y seguimos todos los procesos de calidad que exige cada operador”, resume Martínez al explicar un trabajo que, aunque resulta invisible para la ciudadanía, es esencial para garantizar el funcionamiento cotidiano de las comunicaciones. Pero si hay un aspecto que define el proyecto es su capacidad para generar empleo cualificado allí donde antes apenas existían oportunidades de este tipo. Durante décadas, buena parte de los ingenieros formados en Jaén se vieron obligados a abandonar la provincia para desarrollar su carrera profesional. Insyte quiere invertir esa tendencia.

Conectados con Jaén

“Siempre hemos emigrado. Ahora lo que estamos consiguiendo es que la gente se quede”, afirma Martínez. Para lograrlo, la empresa mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Jaén y con centros de Formación Profesional. El objetivo no es incorporar únicamente perfiles con experiencia, sino captar talento joven y especializarlo desde dentro en un sector altamente técnico.

“Cogemos gente junior y la vamos formando poco a poco. Es un trabajo muy específico y esa experiencia no la vas a encontrar ya hecha”, explica el responsable del centro tecnológico. Esa apuesta por la formación continua ha permitido incorporar perfiles muy diversos -ingenieros, arquitectos, especialistas en informática, telecomunicaciones o diseño industrial- que encuentran en Jaén una oportunidad profesional sin necesidad de abandonar su entorno.

La elección de La Bobadilla tampoco es casual desde el punto de vista simbólico. Que una empresa tecnológica de estas características se implante en un municipio de menos de mil habitantes supone un mensaje sobre el potencial del medio rural para acoger proyectos de alto valor añadido. “Que haya un centro tecnológico aquí es un logro importantísimo. Además, puede convertirse en una empresa tractora para que otras compañías se instalen también en este entorno”, sostiene Martínez.

La ampliación del complejo responde precisamente a esa visión. La segunda fase permitirá incorporar nuevos proyectos y atraer otras empresas del grupo especializadas en ámbitos como la inteligencia artificial, ampliando el ecosistema tecnológico que empieza a consolidarse en la provincia. Ese horizonte conecta, además, con otras iniciativas estratégicas que están transformando el mapa industrial jiennense, como el desarrollo del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX), con el que Insyte ya ha colaborado en distintos proyectos de innovación.

“Yo creo que por ahí van los tiros: la inteligencia artificial y el CETEDEX tienen que impulsar el crecimiento de las empresas tecnológicas en Jaén”, dice Martínez. Frente a la imagen tradicional de una provincia vinculada casi exclusivamente al olivar, la aparición de empresas como Insyte Soluciones dibuja una realidad mucho más diversa. Una provincia capaz de generar empleo altamente cualificado, atraer inversión tecnológica y competir en sectores estratégicos desde un pequeño núcleo rural.

Martínez está convencido de que ese cambio ya ha comenzado. “Jaén está preparada. De hecho, ya hay muchas empresas que están viniendo aquí”, sentencia. En un momento en el que la transformación digital redefine el mercado laboral y la lucha contra la despoblación se ha convertido en uno de los grandes retos del medio rural, Insyte Soluciones representa una idea sencilla, pero poderosa: que el futuro tecnológico también puede escribirse desde un pueblo de apenas 900 habitantes.

Raúl, nombre ficticio por recomendación de su abogada, no puede ocultar su indignación. Él es uno de los seis investigados por la Policía Nacional por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos tras los incidentes registrados durante un acto de precampaña protagonizado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Granada el pasado 16 de abril. Según este activista antifascista, la investigación se está dirigiendo básicamente contra quienes participaron en la protesta, pese a que sostiene que la actitud que mantuvieron fue pacífica y que los episodios de violencia comenzaron cuando varios asistentes al mitin, junto a miembros de la seguridad que acompañaba al dirigente de Vox, avanzaron hacia la concentración.

Según la cronología de los propios investigados, se organizó una protesta en el entorno de la Catedral de Granada, muy próxima a la plaza de las Pasiegas, donde se celebraba el mitin. La convocatoria, aseguran, se difundió de manera informal a través de redes sociales y de distintos colectivos sociales. Al grito de “no pasarán”, “no a la guerra” o “Granada será la tumba del fascismo”, decenas de personas trataron de mostrar su rechazo a la presencia de Abascal, manteniéndose en una calle contigua al escenario desde el que intervenía el líder de Vox.

La tensión fue aumentando conforme avanzaba el acto. Desde el escenario, Abascal denunció que los manifestantes estaban cometiendo un “delito electoral” al impedir el desarrollo normal del mitin y llegó a decir que no comenzaría su intervención hasta que fueran desalojados. De hecho, argumentó que, si eso no ocurría, avanzaría él mismo por la calle en la que se encontraban los manifestantes. Algo que acabaría haciendo instantes después cuando se produjo el encontronazo entre ambos grupos.

Lo que iba a ser una movilización de protesta acabó derivando en una escena de tensión en la que intervinieron manifestantes, agentes de la Policía Nacional, asistentes al acto y miembros de la seguridad privada que acompañaba a Abascal. Según ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, el balance de aquella tarde fue la detención de un hombre de la seguridad privada de Abascal acusado de golpear con el mástil de una bandera a un agente y la apertura de una investigación que, semanas después, se ha traducido en otras cinco detenciones practicadas en comisaría contra activistas antifascistas y un total de seis personas investigadas por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El atestado ya ha sido remitido al juzgado y todos ellos permanecen a la espera de que la autoridad judicial decida cómo continúa el procedimiento.

Abascal se saltó el cordón policial

Precisamente esa investigación es la que ha desatado una fuerte polémica entre colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian que las diligencias policiales sólo se están dirigiendo contra quienes participaron en la protesta antifascista, mientras que no conocen actuaciones similares contra asistentes al acto de Vox que, según sostienen, también protagonizaron episodios violentos.

Así lo explica a este periódico Raúl, uno de los investigados, que prefiere mantener el anonimato mientras el procedimiento judicial continúa abierto. “La manifestación se convocó de forma totalmente pacífica y todo está grabado. Hay vídeos en redes sociales, en televisión... Se puede ver perfectamente lo que pasó”, sostiene.

Su relato sitúa el punto de inflexión cuando Abascal abandonó el escenario y un grupo de personas de su entorno avanzaron hacia la calle en la que se encontraban los manifestantes. “Cuando Santiago Abascal decide que esa manifestación no le agrada, manda a toda su gente. Se saltan el cordón policial y, lejos de proteger a las personas que nos estábamos manifestando pacíficamente, la Policía arremete contra nosotros”, asegura.

Raúl sostiene que él ni siquiera fue identificado durante los incidentes. Según explica, los agentes le dieron el alto cuando ya se encontraba lejos del lugar de la concentración. “A mí me identifican como a un kilómetro de la manifestación, de manera totalmente aleatoria. Pensé que aquello quedaría ahí”, recuerda. Sin embargo, días después recibió una llamada de la Policía Nacional. “Me dijeron que tenía que ir a comisaría para informarme sobre unos hechos relacionados con el 16 de abril. Fuimos varios compañeros junto a nuestra abogada y, cuando llegamos, nos detuvieron para comunicarnos los delitos por los que nos investigaban”.

Esa forma de actuar es una de las cuestiones que más llama la atención de los investigados. Según explica uno de ellos, los agentes les comunicaron que existían grabaciones en las que supuestamente aparecen participando en hechos delictivos, aunque asegura que nunca les enseñaron ese material. “La Policía nos dijo que nos tenía grabados, pero no nos ha enseñado ningún vídeo. Nos dijeron que la investigación seguía abierta y que estaban identificando a más personas”.

La APDHA denuncia a miembros de Vox

Para este activista, el problema no es únicamente la investigación, sino el sentido de ésta. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros. Los que actuamos en nombre del antirracismo, del antifascismo y de la democracia somos siempre los perseguidos”. Su testimonio coincide en buena parte con la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha solicitado al juzgado que investigue también la actuación de varios asistentes al acto de Vox y del personal de seguridad privada.

En su escrito, la organización sostiene que la concentración antifascista estaba ejerciendo de forma pacífica su derecho de manifestación cuando varios asistentes al mitin irrumpieron en la protesta tras las declaraciones de Abascal, provocando la alteración del orden y perturbando el ejercicio del derecho de reunión. Esta organización solicita también que se investigue el posible uso de defensas extensibles por parte de particulares y reclama que se incorporen a la causa todas las grabaciones disponibles del incidente, tanto de medios de comunicación como del propio partido, además de información sobre el operativo policial desplegado aquel día.

No obstante, la investigación contra los seis activistas ha propiciado la creación de la Plataforma de Apoyo 16 de Abril. Este colectivo denuncia que las actuaciones policiales persiguen “amedrentar a quienes se manifiestan pacíficamente” y critica que, mientras seis manifestantes ya están siendo investigados por la justicia, no tenga constancia de diligencias similares contra quienes, según su versión, protagonizaron las agresiones desde el entorno de Vox.

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La justicia deberá decidir ahora si los indicios recopilados por la Policía Nacional justifican continuar la causa contra los seis investigados o si, por el contrario, procede a archivar las diligencias. Hasta entonces, Raúl asegura que la sensación con la que conviven todos ellos es difícil de sacudirse. “Los vídeos sólo sirven para investigarnos a nosotros”.

La firma de una declaración institucional vuelve a situar sobre la mesa una reivindicación que en Almería se repite desde hace más de dos décadas: la creación de un corredor ferroviario que conecte la capital con la comarca del Poniente. No es una idea nueva ni un proyecto cerrado, sino una aspiración que ha ido apareciendo y desapareciendo de los planes de movilidad sin llegar nunca a ejecutarse.

Ahora, la Mesa del Ferrocarril ha conseguido que distintas instituciones se sienten en torno a un mismo documento para escenificar un apoyo conjunto a una infraestructura que, sobre el papel, podría articular el principal eje urbano y económico de la provincia. La cita para la firma se ha pospuesto por cuestiones de agenda, pero se prevé que se formalice en la Universidad de Almería. Sin embargo, la propuesta vuelve a poner el foco en un área que concentra a más de medio millón de personas entre la capital y el Poniente, una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur peninsular sin una red de cercanías ferroviarias.

La idea de un corredor ferroviario entre Almería y el Poniente no es nueva y ha ido casi paralela a la del Corredor Mediterráneo. Forma parte de una secuencia de intentos de planificación que se remonta, al menos, a finales de los años noventa, cuando distintos estudios ya apuntaban a la necesidad de prolongar el eje ferroviario hacia la zona occidental de la provincia. De hecho, en 2008 llegó a plantearse un sistema tranviario metropolitano que no llegó a materializarse tras la crisis económica. Años después, el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (POTPA) incluyó la previsión de un corredor paralelo a la autovía. Sin embargo, la reserva efectiva de suelo nunca llegó a consolidarse.

Para evitar que se perdiese el proyecto entre promesas, la Mesa del Ferrocarril retomó esa demanda en 2020 mediante alegaciones a la planificación territorial autonómica, en las que pedía algo concreto: blindar el trazado para evitar que el desarrollo urbanístico cierre definitivamente la posibilidad de construirlo en el futuro.

Un corredor necesario

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, cree que el tren aún no es una realidad por un hecho muy sencillo: el problema no es la ausencia de estudios, sino la falta de ejecución política. “Esto es una reivindicación de hace muchos años. La mesa se constituye como plataforma para plantear soluciones de movilidad en el corto, medio y largo plazo”, explica. En ese recorrido, asegura, se han presentado alegaciones y propuestas para que la administración autonómica reserve un corredor ferroviario a lo largo del Poniente. Sin embargo, sostiene que ese objetivo no se ha materializado en la planificación vigente.

“El problema es que cada administración traslada la responsabilidad a otra. Y mientras tanto, el corredor sigue sin reservarse”, apunta. Para la Mesa, la clave no es únicamente construir la infraestructura, sino evitar que sea imposible en el futuro por la ocupación del suelo. No en vano, el argumento central del proyecto es demográfico. Según los datos que maneja la Mesa, en el Poniente viven alrededor de 330.000 personas, a las que se suman las aproximadamente 220.000 de la capital. En total, unos 550.000 habitantes en un mismo eje territorial sin conexión ferroviaria metropolitana.

“En ninguna comarca del país con este volumen de población no existe tren de cercanías. Es una anomalía”, sostiene Tejada. La movilidad diaria entre municipios como Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido o Adra y la capital depende casi exclusivamente de la autovía A-7 y del vehículo privado. La Mesa estima que en la comarca circulan más de 130.000 turismos, sin contar vehículos comerciales o de transporte. El resultado, según su diagnóstico, es un modelo de movilidad basado en el coche como única opción real para desplazamientos cotidianos.

Más allá del transporte de pasajeros, el proyecto incorpora una dimensión logística. El Poniente concentra alrededor del 70% de la producción agrícola de la provincia, un sector que genera millones de toneladas de frutas y hortalizas cada año con salida casi exclusiva por carretera. La Mesa plantea que un futuro corredor ferroviario podría incorporar también usos vinculados al transporte de mercancías, lo que permitiría reducir tráfico pesado en la red viaria y mejorar la eficiencia logística del principal motor económico de la provincia.

El diseño del corredor no está definido. La propuesta más extendida plantea un sistema de cercanías o tranvía metropolitano que conecte la capital con el Poniente a lo largo del eje costero. Sin embargo, el propio coordinador de la Mesa reconoce que se trata de un proyecto complejo, condicionado por la densidad de invernaderos y la ocupación del suelo en buena parte del trazado. Entre las alternativas estudiadas, se ha llegado a plantear el uso de la mediana de la autovía en determinados tramos, una solución ya aplicada en otros entornos metropolitanos. En cualquier caso, las estimaciones económicas apuntan a una infraestructura de gran envergadura, con costes que en estudios previos se situaban en torno a los 1.200 millones de euros en algunos tramos iniciales.

Apoyos institucionales, pero sin hoja de ruta

El proyecto cuenta desde hace tiempo con respaldo político en distintos niveles institucionales, aunque nunca se ha avanzado más allá de las promesas. En el ámbito local, municipios como Roquetas de Mar o El Ejido han aprobado mociones de apoyo al corredor ferroviario. El alcalde ejidense, Francisco Góngora, ha señalado que se trata de infraestructuras que requieren planificación a largo plazo: “Son proyectos que pueden tardar años, así que tenemos que empezar a dar pasos decisivos para que sea una realidad”. En el mejor de los escenarios, desde la Mesa calculan que el tren no entraría en funcionamiento hasta dentro de una década, siempre en función del proyecto que acabara ejecutándose.

No obstante, el Ayuntamiento de Almería también se ha posicionado a favor de mejorar la conectividad entre la capital y su entorno metropolitano. Defiende que este tipo de infraestructuras permitirían descongestionar el tráfico y avanzar en sostenibilidad, aunque reconoce la complejidad administrativa y económica del proyecto. “Entendemos que más tarde o más temprano tendrán que llevarse a cabo esos proyectos”, señalan desde el Consistorio.

La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que el Cercanías del Poniente ya aparece en la planificación estratégica de movilidad autonómica, tanto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 como en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería. No obstante, subraya que se trata de un estudio de viabilidad y que la competencia ferroviaria corresponde al Estado.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, el Ejecutivo central se muestra favorable a la iniciativa, aunque insiste en la necesidad de cooperación entre administraciones. “No es una infraestructura que pueda hacerse de un día para otro, pero nos obliga a repensar cómo queremos que sea Almería a medio y largo plazo”, señalan. El subdelegado, José María Martín, defiende además abrir el debate sobre el reparto de competencias en materia ferroviaria y plantea la necesidad de sumar voluntades institucionales para avanzar. Por último, la Diputación de Almería, sin embargo, no ha respondido a las reiteradas consultas de este medio sobre su posición respecto al proyecto.

Se trata por lo tanto de un proyecto con un amplio respaldo político y técnico en el discurso, pero sin avances concretos en su ejecución. La Mesa del Ferrocarril insiste en que el objetivo inmediato no es construir la infraestructura, sino asegurar su viabilidad futura mediante la planificación del suelo. El debate, sin embargo, sigue abierto entre administraciones que coinciden en la necesidad del corredor, pero discrepan sobre quién debe impulsarlo y cuándo.

Mientras tanto, el Poniente almeriense continúa dependiendo casi en exclusiva de la carretera para sus desplazamientos cotidianos, en un territorio donde la movilidad sigue siendo, más que una cuestión técnica, un problema estructural sin resolver.

Desde el pasado lunes, en el centro de salud de Atarfe contienen la respiración. Desde ese día, este ambulatorio cuenta con una ambulancia menos desde la medianoche y hasta las ocho de la mañana, lo que dificulta tanto la atención médica que provoca un efecto en cascada que afecta a otros municipios. Con la plantilla mermada por falta de personal de cara al verano y con una ambulancia menos, el centro de salud puede verse obligado a cerrar por no tener sanitarios que puedan atender en el momento a una población que supera las 40.000 personas. No son solo las que viven en Atarfe, sino también las que lo hacen en Albolote.

Mientras la Junta de Andalucía defiende que no se ha perdido un recurso, sino que se ha reorganizado, los sanitarios del centro de salud de Atarfe llevan días movilizándose a las puertas del centro exigiendo que se les vuelva a dotar de la ambulancia no medicalizada con la que contaban a partir de la medianoche. Hasta ahora, tenían esa y una UVI móvil que será la única que quede disponible cada madrugada. Aunque se trata de una ambulancia más avanzada, en realidad es un problema añadido porque, al estar medicalizada, necesita que en ella viajen no solo el técnico sanitario que la conduce sino al menos un médico, lo que deja en cuadro al personal de un ambulatorio que tiene una demanda razonable por las noches.

Esto, en la práctica, significa que cuando la UVI móvil sale a un aviso o a un traslado hospitalario, el equipo sanitario que queda en el centro de salud tiene que asumir en solitario toda la actividad de urgencias, tanto la atención presencial como los avisos domiciliarios. Y si en ese intervalo entra una segunda emergencia, la respuesta ya no depende del centro, sino de la disponibilidad de recursos en Santa Fe o Armilla, que cubren un área amplia y no siempre están libres. “Con que salgamos nosotros a un aviso, si sale otro por la noche hay que esperar a la de Santa Fe o Armilla, que cubren zonas muy amplias y que es probable que estén ocupadas”, explica una de las médicas del dispositivo.

La consecuencia directa de esta “reorganización”, como la bautiza la Junta, es que el centro de salud puede verse obligado a cerrar su punto de urgencias en determinados momentos de la noche, una posibilidad que los profesionales no plantean como excepción, sino como escenario real cuando coinciden salidas y nuevas demandas asistenciales. “Vamos a tener que cerrar la urgencia muchas veces”, denuncian.

Recursos escasos cada noche

Porque el problema, insisten, no es sólo de ambulancias. Es de tiempos y de simultaneidad. De la capacidad que van a tener para responder cuando dos urgencias graves ocurran al mismo tiempo en un territorio que no se ha reducido, sino que ha crecido en población y en presión asistencial. Atarfe y Albolote suman en torno a 40.000 habitantes, pero el volumen de atención nocturna, según la plantilla, se comporta como el de dispositivos de mayor tamaño. “Esa cantidad de presencialidad por la noche es equiparable a lo que yo veía en Motril, con una población superior y tres equipos en el centro”, señala otro médico del dispositivo, que regresó recientemente tras varios años fuera del área.

Según ese mismo facultativo, la diferencia entre el diseño teórico que hace la Junta de Andalucía de los recursos de los que se dispone y su funcionamiento real distan mucho de parecerse. La reorganización, según la Junta de Andalucía, no supone pérdida de recursos, sino una mejora en la capacidad de resolución al reforzar la ambulancia de soporte vital avanzado, que ahora pasa a ser el recurso principal en horario nocturno.

Sin embargo, los profesionales sostienen que esa ambulancia ya existía previamente y que el cambio no es la incorporación de un recurso nuevo, sino la desaparición de otro que cumplía una función distinta: los traslados no medicalizados, que permitían descongestionar el sistema sin movilizar equipos sanitarios completos. La diferencia, explican, no es menor. Porque la UVI móvil requiere personal sanitario a bordo, lo que reduce la disponibilidad de profesionales en el centro de salud cada vez que se activa una salida. “Eso es lo que dicen ellos, que en la teoría es muy bonito. Pero no saben cómo trabajamos ni el tipo de población que manejamos”, cuenta una de las médicas.

La tensión se acumula además sobre un dispositivo que ya venía funcionando con limitaciones de personal. Según los profesionales, desde enero se conocía la salida de parte del personal de apoyo, sin que esas plazas hayan sido cubiertas. A ello se suma la falta de sustituciones en vacaciones y bajas, lo que ha ido reduciendo progresivamente la capacidad del equipo. El resultado es un sistema en el que las guardias se reparten sobre una plantilla cada vez más ajustada, con semanas que, en algunos casos, alcanzan las 80 horas de trabajo. “Hay veintitantas guardias sin repartir que tenemos que asumir el personal que ya está”, señalan. Además, como falta personal, ante avisos simultáneos, el centro también queda al borde del cierre durante el día en periodos vacacionales.

Una población que no para de crecer

La situación se agrava en un contexto de crecimiento poblacional que no se detiene en el área metropolitana de Granada. En la última década, Atarfe ha sumado varios miles de habitantes, en torno a un 16% más, según los profesionales. Un incremento que no ha ido acompañado, denuncian, de un aumento equivalente de recursos. A ello se añade otro elemento que los sanitarios consideran estructural: la falta de un tercer equipo de urgencias que permitiría evitar el cierre del centro cuando coinciden varias salidas simultáneas. Una demanda que, según explican, sí se ha atendido en otros dispositivos de características similares.

Al mismo tiempo, el centro de salud mantiene desde hace tiempo reclamaciones relacionadas con la seguridad. Los profesionales denuncian agresiones verbales frecuentes y episodios de violencia física ocasional, y reclaman una reorganización de la vigilancia que priorice las horas nocturnas, cuando el centro queda más expuesto si el equipo sale a atender avisos. Mientras tanto, las nuevas urgencias del centro de salud de Atarfe siguen sin abrir, pese a que la obra está finalizada. Su puesta en marcha depende todavía de su dotación completa de personal y equipamiento, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre a un dispositivo que ya funciona en tensión permanente.

En ese escenario, la reorganización de ambulancias no se percibe como un ajuste técnico, sino como un punto de inflexión operativo. No por lo que cambia sobre el papel, sino por lo que puede ocurrir cuando varias emergencias coinciden en el mismo momento y los propios sanitarios sólo disponen de una respuesta posible.