El IES El Jaroso de Cuevas del Almanzora (Almería) se ha quedado pequeño. Muy pequeño. El centro ronda los 1.300 alumnos, cerca del doble de su capacidad, según la comunidad educativa, y la falta de espacio ya condiciona el día a día: estudiantes que se desplazan de un aula a otra con la mochila cuando llegan las optativas, clases que tienen dificultades para encontrar un espacio disponible y un patio que se ha quedado reducido tras años de ampliaciones. Parte de la Formación Profesional, además, tiene que impartirse en instalaciones municipales porque el instituto no da más de sí.

La comunidad educativa lleva al menos 15 años reclamando un nuevo instituto y ha vuelto a salir a la calle para exigirlo con una manifestación. El AMPA, que actúa como portavoz de esta reivindicación compartida por familias y centro educativo, asegura que el suelo estará disponible en las próximas semanas, mientras que la Junta de Andalucía sostiene que el Consistorio todavía debe culminar los trámites urbanísticos para poder avanzar en el proyecto. Mientras ambas administraciones discrepan sobre quién ha retrasado el proceso, el nuevo centro tardará previsiblemente varios años en estar construido y la comunidad educativa reclama soluciones para un problema de espacio que ya sufren cada día.

Un centro que ya no tiene dónde crecer

La presidenta saliente del AMPA, Ana Latorre, lleva seis años implicada directamente en la reivindicación -los que lleva su hija en el centro-, aunque sitúa el origen del problema al menos 15 años atrás. Cuevas del Almanzora cuenta con un único instituto, mientras que otros municipios de la zona disponen de dos centros, explica. El crecimiento de la población y la llegada de nuevo alumnado han ido agravando una situación que, según describe, se ha intentado solucionar durante años mediante ampliaciones parciales. “Han ido haciendo apaños. Han ampliado por aquí y por allí”, resume Latorre. El resultado es un centro en el que, según la comunidad educativa, el espacio disponible ya no permite responder con normalidad a las necesidades del alumnado.

La situación se hace especialmente visible cuando los estudiantes dejan de permanecer en su aula de referencia. En primero y segundo de ESO, explica Latorre, los grupos pueden mantenerse en sus clases, pero cuando llegan las optativas el alumnado tiene que desplazarse de un espacio a otro. “Los niños se cuelgan la mochila y van peregrinando de una clase a otra”, señala. El problema ha llegado, según su relato, a situaciones en las que ni siquiera hay un aula disponible para determinadas asignaturas. “Los de segundo de Bachillerato van buscando aulas para poder dar según qué clase, con eso te lo digo todo”, afirma. En uno de los casos que pone como ejemplo, incluso tuvieron que buscar un espacio para impartir matemáticas.

La falta de espacio también condiciona la Formación Profesional. Algunos ciclos no pueden desarrollarse dentro del instituto y se imparten en instalaciones municipales cedidas por el Ayuntamiento: “No los dan en el instituto, los dan en locales que ha puesto el ayuntamiento”, explica la presidenta del AMPA. El patio es otro de los espacios que, según la comunidad educativa, ha quedado desbordado. Las sucesivas ampliaciones del edificio han ido reduciendo el espacio disponible y el alumnado termina concentrándose en una superficie cada vez más limitada. “El patio ha quedado pequeño, porque han ido construyendo, y entonces los niños están apiñados”, sostiene Latorre.

La comunidad educativa lleva años reclamando una solución definitiva. Latorre calcula que la reivindicación se remonta a al menos 15 años. Durante buena parte de ese tiempo ni siquiera existía un terreno propiedad del ayuntamiento que pudiera destinarse a la construcción del nuevo centro. La situación cambió el año pasado, cuando el Consistorio adquirió una parcela para el futuro instituto. Pero la compra no resolvió el problema: el terreno necesita completar su tramitación urbanística para poder ser destinado al uso educativo. La situación ha llevado a la comunidad educativa a volver a movilizarse en la calle. El AMPA sostiene que la reclamación se ha prolongado durante años mediante reuniones y peticiones a las administraciones y que la situación actual ha terminado llevando la protesta al espacio público.

“No nos dan ninguna solución”, lamenta Latorre. La reivindicación no se limita, en cualquier caso, a reclamar que se construya el nuevo edificio. La comunidad educativa pide también actuaciones mientras llega esa infraestructura, consciente de que, incluso una vez desbloqueado el suelo, todavía quedarán varios años de proyecto y construcción. “Una vez que tengan el terreno, estaremos hablando de una espera de mínimo de tres, cuatro años, cuando no más”, asegura que les trasladaron desde la Delegación de Educación. De ahí que la pregunta que plantea la comunidad educativa sea qué ocurrirá con el alumnado durante ese periodo: “Hasta que ese instituto se haga, ¿dónde vamos a meter a los niños?”

El suelo, en el centro del conflicto entre Junta y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostiene que ha cumplido con los pasos que le correspondían para poner a disposición de la Junta el terreno. El alcalde, Antonio Fernández Liria, asegura que los trámites están “prácticamente terminados” y que el suelo estará disponible “en cuestión de dos meses”. El Consistorio sostiene que durante años ofreció diferentes alternativas de suelo ante la imposibilidad de disponer de una parcela urbana que cumpliera las condiciones exigidas para construir el instituto. Según su versión, cuando la Junta finalmente aceptó una de las propuestas, el Ayuntamiento compró el terreno y comenzó a trabajar en su transformación urbanística.

El alcalde responsabiliza al Ejecutivo regional de haber optado por una tramitación más larga de la que, a su juicio, podría haberse utilizado. “Si la Junta hubiese aceptado las diferentes propuestas de suelo desde hace muchos años, este problema no estaría en la situación que está ahora”, afirma Fernández Liria. El Ayuntamiento asegura además que buena parte de los informes necesarios para culminar la tramitación dependen de distintas administraciones de la Junta y que el expediente estará en disposición de ser enviado a Ordenación del Territorio en las próximas semanas. “El ayuntamiento cumplió, compró el terreno y se ha trabajado para que sea urbano”, sostiene el alcalde.

La Junta ofrece una versión diferente sobre el punto en el que se encuentra ahora el proyecto. En un comunicado conjunto del delegado del Gobierno en Almería, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Jiménez, señala que el Consistorio debe “culminar la adaptación del planeamiento urbanístico necesaria” para que la parcela reúna las condiciones necesarias para albergar un equipamiento educativo.

El Ejecutivo autonómico sostiene que, junto a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha estudiado las alternativas existentes y que el siguiente paso corresponde ahora al Consistorio. “No podemos iniciar la tramitación de una infraestructura de estas características sobre una parcela que todavía no reúne las condiciones urbanísticas necesarias”, señala Góngora. La Junta asegura, no obstante, que mantiene su voluntad de construir el nuevo instituto y que continuará con el procedimiento cuando disponga de una parcela “urbanísticamente apta”. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el terreno estará listo en unos dos meses y reclama que, mientras tanto, la Junta concrete cómo piensa afrontar la falta de espacio.

Más de 155.000 euros en actual centro

Mientras las administraciones mantienen esta discrepancia sobre la tramitación del nuevo centro, la Junta defiende también que ha seguido actuando sobre el IES El Jaroso para intentar adaptar sus instalaciones al crecimiento del alumnado.

La Delegación de Educación cifra en más de 155.000 euros la inversión destinada a actuaciones en el centro, entre ellas la redistribución de espacios, la adaptación de aulas y diferentes mejoras del edificio. La delegada territorial asegura que existe un “seguimiento permanente” de la situación del instituto y que la Junta es “plenamente consciente del crecimiento del alumnado y de la necesidad de planificar las infraestructuras educativas de Cuevas del Almanzora”. Pero para la comunidad educativa esas actuaciones no resuelven el problema de fondo. El nuevo instituto sigue pendiente de que el suelo complete su recorrido administrativo y, una vez desbloqueado, todavía tendrá por delante varios años hasta que pueda entrar en funcionamiento.

Ana Latorre dejará este mes la presidencia del AMPA. Su hija está en segundo de Bachillerato y ella considera que la reivindicación necesitará una dirección que pueda mantenerse durante los próximos años. “Estamos moviéndonos para que la nueva directiva tenga permanencia, tiene que permanecer muchos años”, explica. La pregunta, mientras tanto, sigue siendo la misma para las familias del IES El Jaroso: cómo afrontar los próximos cursos en un centro que, según la comunidad educativa, ya funciona al límite de su capacidad mientras espera una solución que todavía tardará años en llegar.

El castillo de San Ramón, levantado entre 1764 y 1768 durante el reinado de Carlos III para proteger la costa de Cabo de Gata (Almería) pierde piedras de sus muros frente al Mediterráneo en El Playazo de Rodalquilar. Parte de la estructura exterior se ha derrumbado y el interior acumula basura, pintadas y vegetación, mientras el deterioro avanza en uno de los enclaves más conocidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las asociaciones Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba denuncian que el inmueble, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra en una situación de abandono cada vez mayor.

La propiedad privada está obligada por ley a conservar el monumento, pero la normativa también permite a la Junta de Andalucía exigir su cumplimiento mediante órdenes de conservación, multas coercitivas o incluso la ejecución subsidiaria de las obras. Las asociaciones aseguran que denunciaron el estado del castillo ante Cultura en mayo y que todavía no han recibido respuesta. La Junta, preguntada por elDiario.es Andalucía, se limita a señalar que son los propietarios quienes tienen la obligación de mantenerlo, mientras el Ayuntamiento de Níjar confirma que existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura.

Un castillo del siglo XVIII frente al mar

El castillo de San Ramón forma parte del sistema de fortificaciones construido en la costa durante el reinado de Carlos III para hacer frente a los ataques de piratas y berberiscos y favorecer el poblamiento de este territorio. La fortaleza fue construida entre 1764 y 1768 y está protegida como BIC y tiene la consideración de monumento. Su historia posterior está marcada por la pérdida de su función militar y por sucesivos cambios de propiedad. Tras los daños provocados por el abandono una vez terminada la Guerra de la Independencia, el Estado lo vendió a particulares en 1875. Décadas después, el inmueble fue adquirido en los años setenta por el arquitecto Alejandro Pérez Lastra, que lo rehabilitó como vivienda, según explica Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba.

La asociación sostiene que durante esa etapa el castillo se mantuvo en unas condiciones razonables, aunque se realizaron modificaciones en el edificio que también considera discutibles. “Mientras estuvo de esta manera, más o menos se conservó”, explica Pérez. El deterioro, tras su reconstrucción, se agravó posteriormente cuando el inmueble pasó a una comunidad de propietarios como consecuencia de un procedimiento judicial. En 2018 el castillo volvió a ponerse a la venta por 3,3 millones de euros, según la presidenta de Amigos de la Alcazaba. Aquella operación abrió también el debate sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de tanteo y retracto para incorporar el inmueble al patrimonio público. Finalmente, no lo hizo.

Según Pérez, el actual propietario sería un alto cargo de una empresa relevante del país, directamente o a través de una sociedad relacionada con él. La asociación sostiene que la adquisición estaba vinculada a un proyecto para rehabilitar el castillo y convertirlo en alojamiento turístico, pero que la iniciativa no llegó a materializarse. “Se ha quedado, de manera que ni una cosa ni otra”, resume la presidenta de Amigos de la Alcazaba. ElDiario.es Andalucía ha intentado localizar a la propiedad para conocer su versión, sus planes para el inmueble y las actuaciones realizadas para garantizar su conservación, sin que haya sido posible dar con ella. Tampoco las instituciones consultadas han podido facilitar el contacto con el propietario.

Un BIC que se debe conservar

El deterioro no es nuevo. Amigos del Parque Natural explica que el castillo ya presentaba daños antes de la llegada del actual propietario. En algunas zonas exteriores se habían realizado reparaciones con cemento que la asociación considera una mala solución, pero que al menos evitaban que se desprendieran piedras de las torres y los muros exteriores. Ahora, según la denuncia, la piedra está “muy afectada por el ambiente salino y por el viento”, con una fuerte erosión. Parte del muro exterior se derrumbó hace más de tres años y se han perdido sillares y mampostería. Los muros están además cubiertos de grafitis y el interior acumula colchones y basura, con signos de ocupación y vandalismo.

La situación, explica Pérez, es especialmente preocupante en el interior. La puerta de acceso permaneció abierta durante meses y hasta mayo, cuando las asociaciones hicieron pública su denuncia. Según la presidenta de Amigos de la Alcazaba, eso facilitó la entrada de curiosos y ocupantes. “Por dentro está hecho polvo, derruido, con basura, pintadas, con las plantas invadiendo el espacio salvajemente”, señala. Tras la denuncia ante los medios, las asociaciones comprobaron que alguien había cerrado la puerta para impedir el acceso.

La Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía establece en su artículo 48 que las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de bienes integrantes del patrimonio cultural tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para garantizar la salvaguarda de sus valores. La misma norma contempla qué puede ocurrir cuando quienes están obligados no cumplen las órdenes de conservación. La Consejería competente puede imponer multas coercitivas de hasta el 10% mensual del coste de las obras o actuaciones exigidas o recurrir a la ejecución subsidiaria, con cargo al obligado.

Las asociaciones esperan respuesta

Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba presentaron en mayo un escrito ante Cultura para denunciar el estado del castillo. “La denunciamos a Cultura en mayo, se presentó un escrito denunciando la situación del deterioro”, explica Maite Pérez. Desde entonces, asegura, no han recibido respuesta. Las asociaciones tenían además solicitada desde antes del verano una reunión con Cultura para abordar la situación general del patrimonio de la provincia y, en concreto, la del castillo de San Ramón. “Ni nos han contestado, ni nos han dicho”, lamenta Pérez.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba critica que las organizaciones patrimonialistas no reciban información sobre los procedimientos que afectan a los bienes cuya conservación defienden: “Creemos que tenemos un papel bastante relevante en cuanto a la discusión y el intento de preservación del patrimonio, sin embargo, a la hora de la verdad no pintamos absolutamente nada, ni nos informan, ni nos consultan”.

Las asociaciones reclaman que la Administración actúe ante el incumplimiento de las obligaciones de conservación. “El dueño del castillo está obligado por ley a ello. Si no lo hace, como es el caso, la Junta de Andalucía debe exigirle que lo haga e imponerle las multas pertinentes”, sostiene Amigos del Parque Natural. La organización también plantea que desde la Administración pública podría iniciarse un expediente de expropiación.

En su denuncia, ambas asociaciones rechazan que el reparto de responsabilidades entre propietarios y Administración sirva para prolongar el deterioro. “No podemos aceptar el típico peloteo entre Cultura y los propietarios en cuanto a las responsabilidades de mantenimiento como excusa de que esta vergüenza se mantenga”, sostienen. Pérez asegura que las asociaciones estudian ahora nuevas vías de presión y no descartan acudir a los tribunales o a la Fiscalía si no obtienen respuesta. “O hay una presión ciudadana o hay una denuncia ya ante la Fiscalía o lo que sea, o no sé, en la cuestión del patrimonio, pues no se mueven”, afirma.

El Ayuntamiento señala a Cultura

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, sostiene que tiene “pocas competencias” sobre el castillo al tratarse de un inmueble privado y protegido como BIC. El Consistorio asegura que está a favor de su conservación y puesta en valor y que está dispuesto a colaborar tanto con la propiedad como con otras administraciones. Inicialmente, el Ayuntamiento no tenía localizada ninguna solicitud concreta de rehabilitación, pero tras consultar con el concejal de Urbanismo confirmó a este medio que sí existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura y que también hay contacto con la propiedad. El Consistorio no ha concretado el contenido del procedimiento.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha sido mucho más escueta ante las preguntas de este medio. Cultura se limita a señalar que el castillo tiene propietarios privados y que son ellos quienes tienen la obligación de mantenerlo. La Administración autonómica no ha aportado información sobre el expediente mencionado por el Ayuntamiento ni ha detallado si ha realizado requerimientos, inspecciones, abierto expedientes sancionadores o dictado órdenes de conservación.

Es precisamente ahí donde las asociaciones sitúan el problema: no cuestionan que la conservación corresponda inicialmente a la propiedad, sino que reclaman que la Administración utilice los instrumentos que tiene a su alcance cuando esa obligación no se cumple. Para Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba, el castillo de San Ramón es también un ejemplo del estado de conservación del patrimonio cultural del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En su denuncia mencionan expresamente otros elementos como el castillo de San Pedro, Los Alumbres y Los Escullos, además de la arquitectura popular y el patrimonio relacionado con la cultura del agua.

“Nuestro parque natural es una de las joyas del patrimonio almeriense y uno de los iconos más reconocidos de nuestra provincia”, sostienen las asociaciones, que reclaman evitar que este patrimonio “se deteriore de forma irreversible”. Las dos organizaciones mantienen desde enero de este año un acuerdo de hermanamiento para unir esfuerzos en la defensa del patrimonio natural y cultural del Parque Natural. En el caso de San Ramón, mientras las asociaciones esperan una respuesta de Cultura, el Ayuntamiento confirma la existencia de un expediente y la Junta remite a la obligación de los propietarios. El castillo, entretanto, continúa frente a El Playazo de Rodalquilar, con los muros cada vez más erosionados y partes de su estructura ya desprendidas.

Andalucía ha mejorado la calidad de su aire en las últimas décadas, pero todavía tiene trabajo por delante para cumplir con los nuevos límites europeos de contaminación. Una investigación de la Universidad de Huelva, que ha analizado durante tres años la composición de las partículas PM10 en 21 estaciones de la comunidad, concluye que nueve de ellas superarían el límite anual de 20 microgramos por metro cúbico (m³) que la Unión Europea ha establecido para 2030, incluso después de descontar la contribución del polvo natural.

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Pollution, analiza muestras recogidas entre 2021 y 2023 en estaciones seleccionadas de la red andaluza de vigilancia de la calidad del aire. El objetivo no era únicamente determinar cuánto material particulado había en el aire, sino conocer de dónde procedía. Para ello, los investigadores analizaron la composición química de las partículas y establecieron las distintas fuentes que contribuyen a las concentraciones de PM10. “El interés del trabajo surge porque a finales de 2024 entró en vigor una nueva directiva europea que establece nuevos valores límite para distintos contaminantes”, explica Pablo Pérez Vizcaíno, investigador de la Universidad de Huelva y autor del estudio. La norma será aplicable a partir del 1 de enero de 2030, por lo que el trabajo trata de comprobar cuál es la situación de Andalucía ante ese nuevo escenario.

Para entenderlo mejor, hay que saber que el denominado PM10 agrupa partículas de un diámetro igual o inferior a diez micrómetros. Son partículas que pueden proceder del polvo, el polen o de diferentes actividades humanas. Para hacerse una idea de su tamaño, Pérez Vizcaíno explica que el diámetro máximo de las partículas analizadas es aproximadamente seis veces menor que el grosor de un cabello humano. “El grosor de un pelo humano suele ser de 60 micrómetros. Nosotros lo más grande que estudiamos son unas partículas que son la sexta parte del grosor de un cabello humano”, señala.

No en vano, el estudio muestra que la distancia respecto al nuevo límite europeo es especialmente elevada en algunos puntos. Antes de descontar la contribución del polvo procedente del Sáhara, 18 de las 21 estaciones analizadas superaban los 20 microgramos por metro cúbico de media anual. La concentración media más alta se registró en Villanueva del Arzobispo, con 31,8 µg/m³, mientras que en 2022 la estación de tráfico Torneo, en Sevilla, alcanzó una media anual de 36,3 µg/m³. Tras descontar la aportación del polvo natural, nueve estaciones seguirían por encima del límite: Alcalá de Guadaíra, Villanueva del Arzobispo, Bailén, Campus, La Línea, Moguer, Granada Norte, Príncipes y Torneo.

El trabajo calcula además cuánto habría que reducir las emisiones antropogénicas -producidas por el ser humano- para que esas nueve estaciones pudieran cumplir el objetivo europeo. Los investigadores estiman que sería necesaria una reducción de entre el 5% y el 50% de las contribuciones de origen humano, dependiendo de cada estación. La combustión aparece como la principal fuente antropogénica en el conjunto del estudio, aunque el tráfico pasa a ser la dominante en las estaciones situadas en ciudades con elevada densidad de circulación. El análisis identifica seis fuentes principales de PM10: polvo mineral, aerosol marino, combustión, tráfico, aportación regional e industria.

No toda Andalucía respira la misma contaminación

Una de las principales conclusiones del trabajo es que no existe una única fuente responsable de las partículas que se encuentran en el aire andaluz. Los investigadores identificaron distintos factores, entre ellos las fuentes minerales, marinas, la combustión, el tráfico y la actividad industrial. El peso de cada una cambia considerablemente dependiendo del lugar y en áreas urbanas con mayor volumen de tráfico, como Sevilla o Granada, la circulación tiene un papel especialmente relevante. En otras zonas, sin embargo, adquieren más importancia otras fuentes.

Es el caso de determinadas estaciones de la provincia de Jaén, como Villanueva del Arzobispo y Bailén, donde el factor de combustión tiene un peso destacado. Esta categoría incluye diferentes procesos en los que se produce una quema, desde los motores de los vehículos hasta la quema de biomasa o la calefacción de los hogares. En las zonas industriales de Huelva y la Bahía de Algeciras, por su parte, la actividad industrial aparece como una de las principales fuentes antropogénicas. El resultado es un mapa de contaminación diferente según el territorio. “La mejor solución sería analizar cada estación de manera particular”, apunta el investigador, que insiste en que las medidas propuestas en el estudio son una propuesta general y no la única alternativa posible.

En aquellos lugares donde el tráfico tiene un peso mayor, las soluciones pasan por medidas dirigidas a reducir las emisiones procedentes de la circulación. Entre ellas, Pérez Vizcaíno señala la necesidad de implantar zonas de bajas emisiones eficaces y fomentar alternativas al vehículo privado, como el transporte público o la bicicleta. En las zonas donde predomina la combustión, las actuaciones deberían dirigirse a regular y limitar determinados procesos de quema, distribuirlos en el tiempo o utilizar maquinaria y sistemas más eficientes.

Y en los territorios donde la industria tiene una mayor contribución, el investigador señala la necesidad de introducir tecnologías para reducir emisiones más eficaces en los procesos industriales. “Nosotros básicamente lo que planteamos es reducir lo mínimo posible de cada fuente para estar ya por debajo de los 20 microgramos”, resume. La elección de las medidas, en cualquier caso, no corresponde únicamente al ámbito científico. “Es una cuestión que escapa a lo que es la propia ciencia”, reconoce Pérez Vizcaíno, que apunta a la necesidad de que las administraciones analicen cada caso y estudien la viabilidad de las medidas necesarias para reducir las emisiones.

El aire ha mejorado, pero el margen se estrecha

Los resultados del estudio deben interpretarse además teniendo en cuenta que las muestras analizadas corresponden al periodo 2021-2023. Los investigadores no consideran que los niveles registrados entonces puedan trasladarse automáticamente a 2026, ya que las emisiones fluctúan dependiendo de la actividad industrial, el tráfico o las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, Pérez Vizcaíno tampoco espera que se hayan producido cambios radicales en ausencia de medidas eficaces de reducción de emisiones. “Fluctuaciones van a haber, por supuesto, eso es seguro, pero no es esperable que sean cambios muy grandes y muy significativos, a no ser que simplemente medidas eficaces que lo reduzcan”, explica. El investigador introduce, no obstante, un matiz importante: la situación actual no debe compararse únicamente con el nuevo límite europeo, sino también con la evolución histórica de la contaminación. “Si vas comparando con series temporales antiguas, la cosa está bastante mejor en comparación con otros años”, señala.

La mejora, por lo tanto, no significa que el problema esté resuelto. La nueva normativa europea eleva las exigencias y deja poco más de tres años para alcanzar los nuevos valores. “Tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir intentando reducir las emisiones, pero en este momento no podemos relajarnos tampoco, porque el 2030 está ya casi en la vuelta de la esquina”, advierte.

La meteorología también decide qué respiramos

El estudio muestra además que la concentración de partículas no depende únicamente de la cantidad de emisiones que se producen. Las condiciones meteorológicas pueden determinar que los contaminantes se acumulen sobre una población o sean desplazados por el viento. “El régimen de vientos es clave para ver si esos vientos dirigen todo lo que es la contaminación hacia el núcleo de población o lo aleja”, explica Pérez Vizcaíno.

También existen diferencias estacionales. En invierno aumenta el peso del factor de combustión, entre otras razones porque las temperaturas son más bajas y se utilizan más sistemas de calefacción y se producen más procesos de quema. Para estudiar mejor estas variaciones, la investigación que forma parte de la tesis doctoral de Pérez Vizcaíno está incorporando además instrumentos capaces de realizar mediciones con una resolución temporal mucho mayor. Frente a los sistemas que proporcionan un dato cada 24 horas, estos equipos permiten obtener información cada hora y observar cómo cambia la contaminación a lo largo del día.

“Eso sí que nos permite ver un poco cómo varía cada contaminante a lo largo del día y saber cuáles son los periodos o las horas del día donde tiene lugar un mayor impacto de estos contaminantes en la salud de las personas”, explica. La relevancia del problema, señala el investigador, está también en que se trata de una contaminación que no siempre resulta perceptible para la población. Las partículas analizadas son demasiado pequeñas para ser observadas a simple vista, pero existen numerosos estudios que han relacionado la exposición a material particulado con efectos perjudiciales para la salud.

“Todos nos preocupamos un poco de la calidad de los alimentos que comemos, de la calidad de la bebida que tomamos, pero muy pocas veces nos preocupamos un poco sobre la calidad del aire que respiramos”, señala Pérez Vizcaíno. La experiencia del confinamiento de 2020 ofrece, de hecho, un ejemplo de hasta qué punto la actividad humana puede modificar rápidamente las concentraciones de contaminantes. El investigador explica que su grupo de la Universidad de Huelva observó entonces un descenso muy acusado de numerosos contaminantes. El reto ahora es conseguir una reducción sin necesidad de repetir un episodio de esas características. La diferencia es que, esta vez, el objetivo tiene fecha: 2030.

Juana Rivas no tendrá que ir a juicio por el presunto delito de sustracción de menores por el que estaba siendo investigada al tratar de que su hijo menor se quedase con ella en España el año pasado. La Justicia ha archivado la causa abierta contra ella tras la denuncia presentada por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en marzo de 2025. El Tribunal de Primera Instancia 4 de Granada considera que no resulta debidamente justificada la comisión del delito y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La resolución, contra la que cabe recurso, coincide con la petición formulada por la Fiscalía Provincial de Granada, que la semana pasada solicitó también el sobreseimiento provisional al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no aportaban elementos suficientes para formular acusación contra Rivas. El juzgado pone el foco en la forma en la que la madre actuó durante los meses en los que su hijo menor permaneció en España. La resolución considera que Rivas utilizó los instrumentos legales y procesales disponibles para oponerse al regreso del niño a Italia y que, cuando finalmente existió un requerimiento judicial efectivo para su entrega, cumplió la resolución.

La causa se inició después de que Arcuri denunciara a Juana Rivas en marzo de 2025 por la supuesta sustracción del menor, que permanecía en España después de que un tribunal italiano hubiera ordenado su regreso a Italia. La investigación quedó inicialmente archivada, pero la Audiencia Provincial de Granada ordenó en julio de 2025 continuar las diligencias para determinar si podía existir un delito de sustracción.

Ahora, el juzgado concluye que la conducta investigada no alcanza la relevancia penal necesaria para integrar el delito previsto en el artículo 225 bis del Código Penal. La resolución considera especialmente relevante que, cuando se presentó la denuncia, Rivas y su equipo de abogados estaban haciendo uso de los resortes legales para evitar que el menor se marchase con su padre, previo aval de la justicia granadina en primera instancia. El auto destaca además que durante ese periodo la granadina, a diferencia de lo sucedido en 2017, permaneció localizada y estuvo representada jurídicamente, mientras que las actuaciones posteriores se desarrollaron a través de los procedimientos previstos. El juzgado señala asimismo que, una vez que se produjo el requerimiento efectivo para la entrega del menor, esta se llevó a cabo.

El niño había permanecido inicialmente en España gracias a una medida cautelar acordada el 7 de enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada tras escucharle narrar presuntos episodios de malos tratos por parte del padre. Después de escuchar al menor, el juzgado suspendió de forma provisional su regreso a Italia ante el temor expresado por el niño respecto a su retorno con Francesco Arcuri. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción número 9 y confirmada por la Audiencia Provincial de Granada. Meses después, el 25 de julio de 2025, Rivas entregó al menor en Granada para que regresara con su padre a Italia cuando así lo determinó la justicia.

La resolución conocida ahora establece una diferencia entre esta actuación y los hechos por los que Rivas fue condenada en 2017. En aquella ocasión, la Justicia consideró probado que la entonces condenada había retenido a sus dos hijos y permanecido durante semanas sin hacer efectiva su entrega. La Audiencia Provincial de Granada le impuso inicialmente cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a dos años y medio al considerar que los hechos constituían un único delito y no dos. Posteriormente, Rivas recibió un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses.

La defensa de Rivas entiende que esta resolución del juzgado avala su tesis de que la actuación de la madre en 2025 se produjo dentro de los procedimientos judiciales disponibles. “La resolución confirma algo que hemos sostenido desde el inicio: Juana Rivas no actuó al margen de la Justicia, sino utilizando los instrumentos legales y procesales disponibles para tratar de proteger a su hijo. Y cuando existió una resolución judicial que ordenaba efectivamente su entrega, la cumplió”, señalan sus abogados.

Italia sigue investigando

El archivo de esta causa no afecta en todo caso al procedimiento que se sigue en Italia contra Francesco Arcuri por los presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos. Esta investigación penal, independiente de la causa seguida en Granada contra Rivas, continúa abierta en Italia y se encuentra actualmente en fase de juicio. La causa contra Arcuri investiga presuntos episodios de violencia física y psicológica contra los menores y ha incluido la declaración de Juana Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, así como de distintos profesionales que tuvieron contacto con los niños. El procedimiento penal italiano sigue pendiente de resolución.

En paralelo, el Tribunal Supremo italiano confirmó en julio de este año la atribución de la custodia del hijo menor a Arcuri, después de varios años de litigios en los tribunales italianos. La resolución sobre la custodia se sitúa en el ámbito civil y no supone el cierre del procedimiento penal por los presuntos malos tratos, que continúa de forma independiente.

Con el auto dictado este 24 de septiembre, la investigación penal abierta en España contra Juana Rivas por la actuación de 2025 queda archivada provisionalmente. La decisión coincide con la posición de la Fiscalía y concluye que no existen elementos suficientes para sostener que la permanencia del menor en España y la posterior actuación de su madre constituyeran un delito de sustracción de menores. Falta por ver qué decidirá Italia con respecto a los presuntos malos tratos de Arcuri contra sus hijos, toda vez que hace tan solo unos meses le ratificó la custodia del menor de ellos, pese a estar siendo investigado por esos hechos.

La Abadía del Sacromonte, una de las joyas patrimoniales de Granada, podría cambiar para siempre. El Ayuntamiento de Granada está tramitando un proyecto, a petición del Arzobispado, para cambiar el uso de una parte del conjunto y permitir su conversión en un hotel de lujo. El plan, que está todavía en una fase inicial, contempla además tres plantas de aparcamiento subterráneo con 115 plazas y afecta a un espacio cuyo valor histórico, paisajístico y cultural trasciende al propio edificio.

No en vano, las historias del propio barrio del Sacromonte y de la Granada cristiana están íntimamente ligadas a la Abadía, bajo la que, presuntamente, se encontraron unos libros sagrados que recogían supuestas revelaciones de la propia Virgen sobre un cristianismo hermanado con el islam. Aunque hoy se considera que aquellos documentos fueron una falsificación elaborada en un contexto de persecución de los musulmanes, acabaron dando el nombre de sagrado al monte y a la Abadía que posteriormente se levantaría allí. De ahí que no solo esté en juego el futuro patrimonial de un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII, sino también parte del acervo cultural que se ha construido alrededor de él. Por eso, los vecinos han presentado alegaciones y la oposición municipal también cuestiona el proyecto.

Pese a las dudas, el Ayuntamiento de Granada tramita desde hace meses la modificación del uso de parte del edificio para permitir un hotel de lujo que tendría una ubicación privilegiada, con vistas al propio Sacromonte y a la Alhambra, y que podría convertirse en un nuevo referente de la oferta turística de la ciudad. Sin embargo, además de las reservas por lo que supone la propia Abadía para Granada, hay más elementos que ponen en cuestión el futuro uso hotelero de este lugar. Sin ir más lejos, la Abadía tiene protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno en el que se encuentra, el Valle del Darro, también está protegido como tal desde 2024. La propia declaración autonómica define el valle como un paisaje cultural formado por siglos de relación entre el territorio, el agua y las distintas formas de ocupación humana, e incluye expresamente las laderas de Valparaíso sobre las que se asienta el Sacromonte.

Un hotel para “conservar” la Abadía

El punto de partida del Arzobispado es relativamente claro: hay una parte del conjunto que está en desuso y mantener una construcción histórica de estas dimensiones requiere recursos. La solución que estudia la Iglesia pasa por permitir un nuevo uso en parte de la Abadía y ofrecerlo a inversores privados para que desarrollen allí un hotel. El Arzobispado insiste en que no está construyendo ningún hotel. Lo que hace, explica, es estudiar esa posibilidad para que un inversor pueda hacerse cargo del proyecto y contribuir con su actividad al mantenimiento del conjunto. “Se está estudiando un posible uso de una parte de la Abadía, que está en desuso, para ayudar al mantenimiento de este lugar”, señala la institución.

Todavía no hay, por tanto, un hotel aprobado ni siquiera se conocen todos los detalles de cómo sería. El Ayuntamiento está tramitando el cambio urbanístico que permitiría ese uso y el proyecto contempla una inversión de 24,4 millones de euros. Pero una de las principales incógnitas sigue siendo precisamente la dimensión que tendría el establecimiento y cuántas habitaciones acabaría teniendo. Sí hay, en cambio, una cifra concreta: 115 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas bajo tierra. Y es ahí donde las dudas empiezan a crecer.

Las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales cuestionan que la documentación explique con suficiente claridad qué relación tendrá ese aparcamiento con el futuro hotel. El proyecto prevé unos 4.200 metros cuadrados de aparcamiento subterráneos, mientras que en superficie existen actualmente plazas de estacionamiento, árboles, paseos y miradores. Los colectivos consideran que la intervención sobre este espacio no está suficientemente explicada y reclaman que se aclare incluso el carácter de ese aparcamiento, que aparece definido como público.

El número de habitaciones tampoco figura en la documentación que se ha hecho pública. Y esa ausencia resulta relevante porque no genera el mismo impacto un pequeño alojamiento que un hotel con una actividad más intensa, restaurante, servicios complementarios o celebración de eventos. La arquitecta y especialista en patrimonio Blanca Espigares pone precisamente el foco en esa cuestión. Cree que las 115 plazas de aparcamiento hacen pensar en un establecimiento de cierta dimensión y plantea qué tipo de actividad se permitirá en el futuro espacio hotelero, incluida la posibilidad de celebrar bodas, bautizos, comuniones o grandes eventos.

La controversia tiene que ver también con algo más difícil de medir que los metros cuadrados: qué significa la Abadía para Granada. Los Libros Plúmbeos, las Santas Cuevas, los restos atribuidos a los discípulos de Santiago, la tradición de San Cecilio y la propia construcción de la Abadía forman parte de un relato que terminó dando nombre al monte y configurando la identidad del Sacromonte. El conjunto no es, por tanto, una construcción aislada que pueda entenderse únicamente desde su arquitectura. “Tenemos que entender cómo surge la Abadía”, explica Espigares, que recuerda que su historia está ligada a las cuevas y al aislamiento del lugar respecto de la ciudad. A su juicio, convertir una parte del conjunto en un establecimiento hotelero puede acabar alterando también esa relación histórica entre el edificio, el barrio y el paisaje.

Las alegaciones presentadas al Consistorio van precisamente en esa dirección. Los colectivos consideran que el cambio de uso no debe estudiarse únicamente como una operación urbanística, sino teniendo en cuenta los valores históricos, culturales y paisajísticos que justifican la protección del lugar. Y hay otro elemento que hace especialmente sensible cualquier transformación: no solo la Abadía está protegida. También lo está el territorio que la rodea. El Valle del Darro cuenta con protección como BIC y el Sacromonte forma parte de ese paisaje histórico. De ahí que los alegantes cuestionen que el proyecto pueda valorarse únicamente desde lo que ocurre dentro del edificio y reclamen que se tenga en cuenta todo lo que puede cambiar alrededor.

“Urbanismo a la carta”

Por otro lado, los colectivos consideran que el Ayuntamiento de Granada está modificando el planeamiento para hacer posible un proyecto concreto y califican el procedimiento de “urbanismo a la carta”. El cambio consiste en pasar una parte de la Abadía de su actual uso como equipamiento religioso a un uso residencial singular hotelero. Para los alegantes, el problema no es que Granada pueda tener nuevos hoteles, sino que el planeamiento se adapte cada vez que aparece un proyecto privado que necesita un cambio de uso.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que la planificación urbanística debe responder al interés general y no únicamente a las necesidades de un propietario o de un inversor. Y cuestiona especialmente que el proyecto presente la transformación como una necesidad para el lugar. “El cambio de uso no es una necesidad. Puede ser, en todo caso, una conveniencia para la propiedad, que vislumbra con ese cambio de uso un negocio y un beneficio propio”, sostienen los alegantes.

La diferencia es importante porque el Arzobispado justifica el proyecto precisamente desde la necesidad de encontrar recursos para mantener la Abadía. Para los colectivos, esa necesidad no obliga a elegir un hotel y existen otras posibilidades que deberían estudiarse antes de modificar el planeamiento.

A su vez, el PSOE, desde la oposición consistorial, coincide en reclamar que se analicen alternativas. Su portavoz Juanjo Ibáñez insiste en que el debate no es “hoteles sí u hoteles no” y rechaza que la ciudad tenga que elegir entre convertir la Abadía en hotel o dejarla deteriorarse. “No es hotel o ruina”, sostiene. Una duda a la que se le añade el tamaño del propio aparcamiento. Las alegaciones advierten de que las obras afectarían a una zona actualmente ocupada por aparcamiento en superficie, árboles, paseos y miradores. También cuestionan la valoración que hace el proyecto de las rampas y otros elementos que tendrán que construirse para acceder a las plantas subterráneas. Pero además de lo que se verá, está lo que puede aparecer durante la excavación.

El Sacromonte es un territorio de cuevas y de ocupación histórica. Las propias alegaciones recuerdan los restos arqueológicos conocidos en el entorno y la relación de las cuevas con el origen de la Abadía. Por eso reclaman que se concrete qué actuaciones arqueológicas se realizarán antes y durante la excavación. Espigares incide también en este punto, precisamente por la singularidad del lugar. La historia de la Abadía está ligada a las cuevas y a los hallazgos que se produjeron en ellas, por lo que una excavación de tres plantas bajo tierra añade una intervención especialmente delicada. Las obras no se quedarían, además, bajo tierra. El proyecto contempla intervenir sobre los paseos y miradores y las alegaciones cuestionan que se haya estudiado suficientemente el efecto que tendrán las nuevas rampas, posibles elementos asociados a los accesos y el arbolado existente.

Los coches y el paisaje

No solo eso. El hotel estaría en uno de los lugares más singulares de Granada, pero también en uno de los más complicados para llegar. Las 115 plazas previstas significan, como mínimo, que el proyecto está pensado para recibir un número considerable de vehículos. A ellos habría que sumar los desplazamientos de trabajadores, proveedores, servicios y, dependiendo de cómo termine configurándose el establecimiento, visitantes que acudan a restaurantes o eventos.

Los vecinos reclaman que se estudie con detalle el incremento de tráfico y sus consecuencias sobre el entorno. El PSOE también ha pedido conocer cuántos desplazamientos generaría el hotel, qué vehículos utilizarían los accesos y qué capacidad tienen las carreteras para asumirlos. Una realidad que afecta especialmente al Camino del Sacromonte, que ya soporta el paso de taxis y minibuses turísticos. Blanca Espigares recuerda que el problema de la localización es que los clientes de un hotel situado allí dependerán en buena medida de vehículos para desplazarse por la ciudad.

También aparece el acceso por El Fargue, una vía cuya adaptación para soportar un incremento de tráfico tendría igualmente consecuencias sobre el paisaje del Valle del Darro. Es uno de los puntos donde la protección patrimonial deja de ser una cuestión exclusivamente arquitectónica. No basta con decidir qué se puede hacer dentro de la Abadía si para que ese uso funcione hay que modificar caminos, aumentar el tráfico o transformar el entorno.

Por otro lado, los colectivos consideran que la documentación utiliza criterios demasiado generales y que no analiza con suficiente detalle cómo cambiará la percepción de la Abadía desde su entorno. Entre las cuestiones que señalan están las rampas del aparcamiento, posibles elementos verticales, el arbolado, los accesos y las nuevas instalaciones que pueda necesitar el hotel. El PSOE reclama además que se estudien los corredores visuales hacia la Abadía y la Alhambra, la iluminación nocturna y la señalización. Porque en un lugar como el Sacromonte el paisaje no es simplemente el escenario sobre el que se coloca un edificio. Es parte de lo que se está protegiendo.

Y eso explica también la preocupación de Espigares. Para la arquitecta, la intervención puede ser compatible con el patrimonio si se hace con criterios adecuados, pero el resultado dependerá enormemente de cómo se intervenga en el edificio y de qué tipo de proyecto termine desarrollándose. Una rehabilitación respetuosa y un hotel que transforme profundamente los espacios interiores y exteriores pueden ser dos cosas muy diferentes.

Más presión turística

Por si fuera poco, el futuro hotel ayudaría a tensionar aún más a un entorno urbano que ya sufre desde hace tiempo la presión turística. El Albaicín y el Sacromonte llevan años soportando un turismo extranjero que no deja de crecer y los colectivos vecinales consideran que un nuevo establecimiento hotelero añadiría más visitantes y más actividad en un espacio que ya tiene problemas de movilidad, ruido, limpieza y ocupación del espacio público.

Su preocupación no se limita a la Abadía, sino en la transformación progresiva del barrio. “El Sacromonte no puede convertirse en una sucesión de negocios turísticos que termine destruyendo precisamente aquello que lo hace único, como está pasando en el Albayzín”, advierten desde Albayzín Habitable. Y recuerdan que el proyecto no tiene en cuenta el aumento de servicios que hará falta llevar hasta el entorno del Sacromonte. En sus alegaciones recuerdan que un hotel genera una población flotante formada por huéspedes, trabajadores y visitantes.

El PSOE plantea la misma cuestión desde el modelo de ciudad y reclama estudiar los efectos acumulativos de las nuevas instalaciones turísticas. Su argumento es que cada proyecto puede parecer asumible por separado, pero que la suma de hoteles, apartamentos y visitantes termina teniendo efectos sobre la movilidad, los servicios, la vivienda y los barrios. “Ningún territorio tiene una capacidad infinita”, dice Ibáñez.

Hay una cuestión más. Según las alegaciones, la Abadía ha recibido al menos 2,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del 1,5% Cultural y otros 1,1 millones de la Junta mediante el Plan Alhambra. En total, al menos 3,6 millones de euros de fondos públicos identificados en la documentación. De ahí que los vecinos se pregunten hasta qué punto se puede sufragar con dinero de todos un edificio que acabará teniendo parte de uso hotelero privativo si el Consistorio da luz verde.

También aquí el Arzobispado mantiene su argumento inicial: el futuro negocio serviría para generar recursos con los que mantener la Abadía. Espigares pone el foco en la otra parte de la ecuación: la obligación de conservar un BIC existe con independencia de que el propietario consiga o no convertir parte del conjunto en una actividad económica.

Silencio institucional

Mientras el cambio de uso llega, el Ayuntamiento de Granada, que es quien está llevando adelante el expediente urbanístico, evita entrar al fondo de todas las cuestiones planteadas. Preguntado por las características concretas del proyecto, el Consistorio se limita a decir que se encuentra en un momento “muy incipiente” para avanzar detalles y remite a las explicaciones del Arzobispado como promotor.

Y el Arzobispado, por su parte, señala que todavía está estudiando la posibilidad, que no construirá directamente el hotel y que no hay nada aprobado hasta el momento. Por eso, tampoco concreta todavía aspectos como el número de habitaciones o el funcionamiento del establecimiento. En cuanto a la protección de la Abadía y del paisaje, la Junta tampoco da detalles. La Delegación de Cultura señala que el proyecto todavía no ha llegado al momento de las autorizaciones patrimoniales y que no existe por ahora ninguna previsión oficial sobre cómo se llevará a cabo dicha protección.

Así, el hotel todavía no existe. No se conoce la dimensión final del mismo en cuanto a la presión turística que añadirá y el proyecto puede sufrir modificaciones durante su tramitación, pero sí existe ya una propuesta para cambiar el uso de una parte de la Abadía y hacer posible ese futuro negocio. Una propuesta que pone en jaque el patrimonio cultural de uno de los enclaves más importantes de Granada.

La ciudad, que lleva siglos construyendo alrededor del Sacromonte su propia historia, debe decidir cómo abordar su futuro. Primero fueron las cuevas, después los hallazgos de los Libros Plúmbeos y la construcción de la Abadía. Ahora, cuatro siglos después, el Ayuntamiento tramita la posibilidad de añadir una nueva pieza a esa historia: un hotel de lujo. La duda es si esa nueva pieza puede incorporarse sin cambiar demasiado el paisaje, el barrio y el patrimonio que precisamente hacen de la Abadía uno de los lugares más importantes de Granada.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez (PP), ha relacionado una presunta agresión sexual ocurrida en este municipio almeriense con la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta del pasado julio. La Subdelegación del Gobierno en Almería ha asegurado a posteriori que el detenido llegó a la provincia desde la ciudad autónoma hace más de un año y ha criticado que el Ayuntamiento “era conocedor” de esa circunstancia cuando la regidora hizo las declaraciones. Preguntado elDiario.es Andalucía sobre si la alcaldesa iba a matizar sus declaraciones, el Consistorio ha rechazado hacerlo: “No hay que matizar nada”, explican desde su gabinete, que insiste en que el vídeo “no da a confusión”.

En el vídeo difundido por la alcaldesa en sus redes sociales, Ibáñez califica de “muy grave” el suceso y afirma que una mujer ha sufrido “una agresión sexual consistente en tocamientos” por parte de “un inmigrante ilegal procedente de Ceuta”. A continuación, enlaza el caso con la crisis migratoria de este verano: “Las consecuencias de la invasión de Ceuta consentida por Pedro Sánchez ya están llegando a la península”, afirma. Después reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique “cómo ha llegado hasta aquí”, “si ha habido algún traslado” y “quién lo ha autorizado”.

La Subdelegación del Gobierno ha desmentido la asociación que ha hecho la regidora en sus perfiles en Instagram y Facebook. Según fuentes oficiales, “la persona detenida había llegado a Almería hace algo más de un año desde Ceuta”. Además, añaden que “el Ayuntamiento de El Ejido era conocedor también” de esa circunstancia. Sin embargo, desde el Consistorio ni matizan ni rectifican las palabras de la primer edil.

Preguntados expresamente por si el Ayuntamiento iba a matizar o desdecirse después de la aclaración de la Subdelegación, desde el gabinete municipal responden que “no se dice que este migrante llegase a finales de julio” y que “no da a confusión”. “Nosotros ya nos pronunciamos con el vídeo”, añaden. La alcaldesa no afirma literalmente en su vídeo que el detenido llegase a El Ejido durante la entrada masiva de julio. La asociación se produce a través de la sucesión de las declaraciones: identifica al detenido como procedente de Ceuta, afirma inmediatamente después que las “consecuencias” de la crisis ya están llegando a la Península y reclama explicaciones sobre un posible traslado. La Subdelegación, sin embargo, sitúa la llegada del hombre a Almería más de un año atrás.

En todo caso, los hechos que han dado pie a las declaraciones de la alcaldesa se produjeron el pasado domingo. Entonces, el detenido fue arrestado por la Policía Local de El Ejido después de que una mujer alertara a los servicios de emergencias y denunciara haber sufrido tocamientos sexuales sin consentimiento, según fuentes policiales citadas por Europa Press. Pese a que la investigación sobre los hechos continúa y el Gobierno desvincula lo sucedido con la entrada masiva del pasado julio, la alcaldesa Ibáñez ha aprovechado además para reclamar “actuaciones inmediatas y urgentes” como la “devolución” de las personas que delinquen y no tienen derecho a permanecer en España, así como más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad. “La seguridad de los ejidenses no es negociable”, concluye.

Casi dos meses de crisis migratoria

Cabe recordar que la situación migratoria a la que alude la regidora se produjo los días 30 y 31 de julio, cuando se registró una entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta, que mantiene al Ejecutivo central, a la ciudad autónoma y a oposición política enfrentados por la respuesta que se puede dar a la crisis. Una respuesta que no acaba de llegar con la velocidad que desearían migrantes y ceutíes y que ya ha dado pie a escenas violentas. El Gobierno cifró en un primer momento en 72.000 las personas que llegaron a la ciudad durante el episodio, aunque la inmensa mayoría regresó a Marruecos en las horas posteriores. A finales de agosto, el Ministerio de Defensa calculaba que alrededor del 90% de quienes habían entrado ya habían retornado.

La crisis, no obstante, mantiene efectos sobre la ciudad autónoma. El Gobierno central aprobó el 1 de septiembre un plan de choque de 309 millones de euros para reforzar servicios públicos, seguridad y dispositivos de acogida, mientras que Interior había contabilizado a comienzos de septiembre 4.516 retornos voluntarios y 278 expulsiones. En cuanto a los menores, el Ministerio había identificado más de 2.000 desde el inicio de la entrada masiva. Es en este contexto de crisis migratoria todavía abierta en el que la alcaldesa de El Ejido introduce el caso del detenido, aunque la Subdelegación sostiene que su llegada a Almería se produjo más de un año antes.

“Soy la última vecina de la calle”. La que lo dice es Paloma Navarro, una mujer de Granada que se enfrenta al desahucio de la que es su casa desde hace 35 años. Lo dice con la voz entrecortada, mirando con la rabia de quien se siente injustamente tratada, pero convencida de que antes de expulsarla de su vivienda ella va a dar batalla. No en vano, el propietario del inmueble, Estudios y Gestión Integral de Inmuebles, es un gran tenedor que adquirió todo el edificio —seis pisos en total— en el año 2024 y que, desde entonces, trata de echar a esta vecina del centro histórico granadino.

Pretende expulsarla del que es su hogar desde hace más de tres décadas pese a que tanto ella como su familia han vivido siempre en él sin dejar nunca de pagarlo. “Ahora mismo estoy sola y saben que soy más vulnerable”, lamenta Paloma, asumiendo que su batalla legal va a ser complicada. De hecho, este 21 de septiembre tiene el juicio por la demanda de desahucio interpuesta por los propietarios y no es optimista con el resultado. Según explica, el principal problema que tiene es que, además del interés de la empresa por expulsarla para remodelar el edificio para sacar más dinero por los pisos, el contrato que tiene lo firmó su padre en 1991, pero él falleció en 2002 sin que se haya subrogado. Algo a lo que se agarra Estudios y Gestión Integral de Inmuebles para afirmar que la casa en la que vive Paloma desde que tenía 7 años no es su casa.

Sin empleo estable, sin familia próxima, ya que sus padres fallecieron y sus hermanas no viven cerca, la situación económica de Paloma es de extrema vulnerabilidad. Paga una mensualidad que ronda los 350 euros y, pese a sus problemas monetarios, ha intentado negociar con la propiedad para subir la renta y acercarla al precio de mercado. “Soy consciente de que vivo en una zona donde el precio es más alto y aunque me cueste por mis ingresos, quiero llegar a un acuerdo, pero se niegan a escucharme”, lamenta. De hecho, cuenta que, tras hablar en persona con el propietario del inmueble, este le dijo que entendía su situación, pero que le entendiese a él, que ya había contratado la licencia para hacer obras y adaptar el edificio para sus proyectos inmobiliarios.

Paloma recuerda incluso el momento en el que el actual propietario conoció el interior de su casa. Fue antes de que el edificio cambiase de manos. Según cuenta, los antiguos propietarios le avisaron de que iba a acudir un arquitecto para estudiar la posibilidad de instalar un ascensor. El hombre que se presentó en su vivienda fue Rubens Cortés, al que identifica como la persona vinculada a la actual propiedad. Entró en la casa, recorrió las habitaciones y tomó fotografías. “Él ha estado aquí, él tiene las pruebas de que sabe que yo vivía aquí”, asegura Paloma, que conserva en su memoria aquella visita.

La escena, recuerda, tuvo lugar poco antes de que el inmueble fuese vendido. Paloma estaba en casa cuando el arquitecto, que es también el CEO de la inmobiliaria que posee su edificio, le pidió permiso para hacer fotografías en el interior. Ella accedió, aunque le llamó la atención que quisiera retratar distintas estancias. “Me preguntó, soy el arquitecto, ¿puedo echar unas fotos?”, relata. Después, asegura que el hombre le explicó que necesitaba comprobar las características del edificio y estudiar un posible acceso.

Unos meses después, cuenta, llegó la operación de compraventa y, con ella, el cambio de escenario para los vecinos que todavía permanecían en el inmueble. Paloma asegura que poco después recibió un burofax en el que se ofrecía a los residentes la posibilidad de comprar el edificio, una operación que cifraba en unos 800.000 euros. “Sabían que no teníamos 800.000 euros para comprar el edificio entero”, recuerda. Además, se da la circunstancia de que tres de los seis pisos de la finca llevan años vacíos y que los otros dos que quedan cuentan con alquileres temporales que acaban el próximo mes de abril, por lo que Paloma es la única residente fija que queda. La última vecina, junto a su gata, y la más vulnerable.

Dos años de presiones

Desde que se produjo la compra del edificio, la relación con la nueva propiedad ha estado marcada por los burofaxes. El primero que Paloma recuerda llegó en 2023 y tenía como asunto el pago del alquiler: incluía un número de cuenta al que debía seguir ingresando la mensualidad. Después llegó la comunicación de que el contrato no sería renovado. Hasta ese momento, el alquiler se había ido prorrogando anualmente y, según cuenta, la familia había seguido pagando con normalidad. En marzo de 2024 recibió el aviso de que la propiedad prescindía de esa renovación y que debía abandonar la vivienda.

Paloma no aceptó. Bajó a las oficinas que la empresa tiene en el mismo entorno de Plaza Nueva e intentó hablar con sus responsables. Primero con una empleada y después, según relata, con la mujer del propietario. La respuesta fue que no habría un nuevo contrato porque se iban a realizar obras en el edificio. Ella llegó incluso a hablar personalmente con Rubens para explicarle que llevaba toda su vida allí. “Él me entendía a mí, pero que lo entendiera yo a él”, recuerda que le dijo el propietario, según su versión, mientras le explicaba que tenía una licencia solicitada para realizar las obras.

La negociación no llegó a ninguna parte. Paloma asegura que estaba dispuesta incluso a asumir una subida del alquiler para adaptar la mensualidad al nuevo precio de la zona. Pagaba menos de 360 euros al mes y, pese a su situación económica, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para seguir viviendo en la casa. “Yo le dije que incluso estaba dispuesta a pagar más, que yo lo entiendo, que las cosas han subido, pero nada, nada”, explica.

La propiedad optó finalmente por acudir a los tribunales. El procedimiento iniciado contra Paloma es un desahucio por precario, una acción con la que la empresa reclama recuperar la posesión de la vivienda al considerar que ella carece de título para ocuparla. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada identifica expresamente a Estudio y Gestión Integral de Inmuebles como una entidad mercantil con condición de gran tenedora.

La situación económica de Paloma ha quedado además recogida en el propio procedimiento. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada emitieron en junio de 2025 un informe en el que concluyeron que se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica. Un mes después, el juzgado dejó constancia de que estaba desempleada, no tenía bienes inmuebles y no había recibido una alternativa habitacional por parte de la Administración.

La jueza rechazó la suspensión extraordinaria que Paloma había solicitado al amparo de una de las medidas previstas para determinados hogares vulnerables, al considerar que no cumplía los requisitos específicos establecidos por esa norma. Pero, al mismo tiempo, acordó suspender el procedimiento durante un máximo de cuatro meses en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ordenó poner la resolución en conocimiento de los Servicios Sociales para promover el acceso de Paloma a los recursos necesarios, incluida una solución habitacional.

Ese tiempo, sin embargo, no ha resuelto el problema. Paloma tiene ahora que enfrentarse al juicio y a la posibilidad de perder la vivienda en la que se crio. Mientras tanto, ha rechazado, según cuenta, una oferta de 5.000 euros para abandonar el piso. Asegura que inicialmente se le ofrecieron 2.000 euros y que la cantidad aumentó después hasta los 5.000. “Como si me estuvieran haciendo un favor”, lamenta.

La alternativa que le queda pasa por resistir mientras se resuelve el procedimiento y tratar de encontrar una solución habitacional. Está inscrita como solicitante de vivienda protegida y asegura que se le ha aplicado un mecanismo que le permite tener prioridad cuando haya una vivienda disponible, pero ella misma señala la dificultad de que ese recurso llegue a tiempo. “Fíjate la de edificios vacíos que hay, pudiendo empezar por ahí”, lamenta.

Paloma no está sola

En su defensa no está sola. Stop Desahucios, el Sindicato de Vivienda y colectivos como Albayzín Habitable y Realejo Habitable la acompañan en el proceso. Para Ariadna, integrante de Stop Desahucios, la cuestión trasciende el caso concreto de Paloma. El colectivo asegura haber identificado otros edificios completos vinculados al entorno empresarial de Rubens Cortés y sitúa el caso dentro de la transformación residencial que, a su juicio, está experimentando el centro histórico de Granada. Según explica, el grupo ha localizado cuatro edificios completos en el entorno de calle Elvira y Plaza Nueva. Esta información, que procede del colectivo y que aparece en una web vinculada a la empresa, no ha podido ser contrastada con la propiedad.

La organización considera que el conflicto refleja una transformación más amplia del Albaicín y del centro de Granada, donde cada vez resulta más difícil que quienes han vivido históricamente en el barrio puedan seguir haciéndolo. “El barrio se cuida con vecinas”, resume Ariana, portavoz de Stop Desahucios y una de las personas que está más cerca de Paloma en todo este caso. Desde la plataforma sostienen que el problema ya no es solamente el precio de la vivienda, sino la progresiva desaparición de vivienda disponible para residentes en Granada capital.

La transformación del centro histórico también ha ido borrando la vida de barrio que Paloma recuerda. Cuenta que cada vez quedan menos vecinos de toda la vida, mientras las maletas y los turistas se han convertido en una imagen habitual de Plaza Nueva y el Albaicín. A su alrededor, dice, han desaparecido comercios tradicionales y han proliferado alojamientos y negocios orientados al turismo, haciendo cada vez más difícil que las familias puedan seguir viviendo en el barrio.

En el caso de Paloma, además, Stop Desahucios plantea que el hecho de que el contrato figure a nombre de su padre no debería cerrar necesariamente la puerta a su permanencia. Ariana explica que el colectivo ha defendido en otros procedimientos la subrogación de contratos de padres a hijos y considera relevante que Paloma nunca abandonase la vivienda. “Cuando su padre firmó el contrato, Paloma ya estaba dentro”, señala.

La organización admite, en todo caso, que la vía judicial será complicada. El auto dictado en julio ya estableció que Paloma no reunía los requisitos concretos para acogerse a una de las suspensiones extraordinarias previstas para determinados ocupantes vulnerables. Pero Stop Desahucios considera que existen otros argumentos jurídicos que deben ser estudiados y que, incluso en caso de una sentencia desfavorable, todavía habría margen para recurrir y negociar con la propiedad.

Paloma afronta así un juicio que para ella va mucho más allá de una disputa sobre un contrato. En las paredes de su casa siguen las fotografías familiares: sus padres, sus hermanas, los antiguos vecinos y las vivencias que se han desarrollado en esas habitaciones. Son imágenes de una vida que se ha desarrollado casi entera en esas estancias. Ella llegó con siete años y ahora, con 42, se enfrenta a la posibilidad de tener que marcharse.

“Que me he criado aquí, que llevo aquí desde los 7 años, y que este señor no necesita la vivienda para vivir”, dice cuando se le pregunta qué le pediría a la jueza. Y añade una frase que resume su situación: “Jamás en la vida hemos faltado un pago, que hay pruebas”. Ni Estudio y Gestión Integral de Inmuebles ni el propietario al que Paloma identifica como responsable de la operación han respondido a las preguntas formuladas por este medio. Tampoco el Ayuntamiento de Granada ha respondido a las cuestiones planteadas sobre el caso y la situación habitacional de Paloma.

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no son suficientes para investigar a la granadina, que trató de evitar que Daniel, su hijo menor, se marchase a Italia junto a su padre al temer por su integridad física. El informe, firmado el pasado 14 de septiembre y del que se ha hecho eco el equipo jurídico de Rivas, sostiene que no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de un nuevo delito y establece una diferencia expresa entre lo ocurrido en 2017 y la actuación de la granadina en 2025.

El Ministerio Fiscal considera que Rivas no actuó hace un año con la voluntad de retener al menor al margen de los procedimientos legales para hacerse con su custodia. Al contrario, señala que permaneció localizada, estuvo asesorada jurídicamente y recurrió a distintos procedimientos judiciales para intentar suspender o retrasar la entrega del niño. La Fiscalía otorga además especial relevancia a que, cuando comenzaron los hechos en enero de 2025, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada dictó una medida cautelar de protección tras escuchar al niño y para que pudiese permanecer en España. Tras una batalla legal, el menor fue finalmente entregado a su padre el 25 de julio de 2025, cuando la orden de restitución pasó a ser ejecutiva.

La Fiscalía entiende que lo sucedido en 2025 no se parece a lo que ocurrió cuando fue condenada por la retención de sus dos hijos en 2017. En aquella ocasión, recuerda la Fiscalía, permaneció durante aproximadamente un mes en paradero desconocido pese a los requerimientos judiciales de entrega. En esta segunda ocasión, según el Ministerio Público, la situación fue distinta: la madre no se ocultó con el menor y utilizó los cauces judiciales para oponerse a su retorno. La petición de archivo llega después de que la Audiencia Provincial de Granada ordenara en julio de 2025 continuar investigando la posible sustracción, pese a que el Juzgado de Instrucción había archivado inicialmente la denuncia. Juana Rivas está citada para declarar como investigada el próximo 30 de octubre.

Un proceso diferente a 2017

Ahora, el fiscal considera especialmente relevante que la permanencia de Daniel en España no comenzara como una decisión unilateral de su madre, sino después de que un juzgado de Granada adoptase una medida cautelar de protección. El 7 de enero de 2025, la jueza de guardia escuchó al menor y acordó suspender provisionalmente su regreso a Italia ante el temor que dijo tener por su propia seguridad. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada y confirmada por la Audiencia Provincial. Precisamente esa resolución fue la que llevó a la jueza del Instrucción 4 a archivar inicialmente la denuncia de Arcuri en mayo de 2025, al considerar que Rivas estaba amparada por una decisión judicial española y que no había cometido un delito de sustracción.

Aquel auto sostenía además que tampoco existían indicios suficientes de los delitos de malos tratos habituales y lesiones psicológicas denunciados por Arcuri. La magistrada rechazaba que las acusaciones sobre una supuesta manipulación del menor pudieran sustentarse en el llamado síndrome de alienación parental y recordaba la prohibición de utilizar planteamientos sin aval científico, tal y como señala la Ley de Infancia. La Audiencia Provincial de Granada revocó parcialmente aquel archivo en julio de 2025 y ordenó investigar únicamente la posible sustracción del menor, al considerar que los hechos relatados podían presentar inicialmente caracteres de delito. La propia Audiencia descartó, además, reabrir la investigación por el supuesto maltrato psicológico atribuido a Rivas.

Ahora, la Fiscalía vuelve ahora a poner la diferencia entre lo que ocurrió cuando Rivas saltó a la primera plana periodística y lo que ha sucedido ahora: lo ocurrido en 2025 no fue, a juicio del Ministerio Público, una repetición de la conducta por la que Rivas fue condenada años atrás. La granadina fue condenada inicialmente en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos, después de haber permanecido durante aproximadamente un mes en paradero desconocido en 2017 y haber incumplido los requerimientos judiciales para entregarlos a su padre. El Tribunal Supremo redujo posteriormente la pena a dos años y seis meses al considerar que se trataba de un único delito y no de dos. En 2021, el Gobierno concedió a Rivas un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses y sustituyó la inhabilitación para ejercer la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta penúltima legal se suma a un historia judicial que comenzó mucho antes y que durante años ha transitado entre España e Italia. Rivas y Arcuri se trasladaron a Cerdeña después de una primera denuncia por malos tratos presentada por ella en 2009. En 2016, Rivas abandonó Italia con sus dos hijos y regresó a Granada, donde volvió a denunciar a su pareja. El conflicto por la custodia y el regreso de los menores acabó desembocando en la causa penal que terminó con su condena por sustracción de menores y convirtió el caso en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en España.

Arcuri, investigado en Italia

En paralelo a lo que ocurre sobre la presunta sustracción del hijo menor de la expareja, Italia mantiene abierto un procedimiento penal contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos hijos. Las acusaciones se refieren a hechos investigados durante años en Cerdeña y el juicio comenzó finalmente en 2025 después de que la Fiscalía de Cagliari reabriese unas actuaciones que habían permanecido sin avances durante años. El propio fiscal general de Cagliari llegó a reconocer en 2024 un retraso “inadmisible” en la tramitación del caso. En febrero de 2026, Rivas y su hijo mayor, Gabriel, declararon como testigos ante el tribunal de Cagliari en el proceso contra Arcuri. El proceso continúa en fase de declaraciones testificales y, según fuentes del caso, podría prolongarse varios años más.

Precisamente, la investigación italiana es uno de los elementos que la Fiscalía de Granada considera relevantes para analizar qué ocurrió en enero de 2025. El Ministerio Público señala que en aquel momento existían actuaciones penales en Italia relacionadas con presuntos malos tratos y que la medida de protección adoptada en Granada se produjo después de la exploración del menor y a petición de la propia Fiscalía Provincial. Esto no significa que las acusaciones contra Arcuri esté confirmadas, sino que el procedimiento penal italiano sigue abierto y será ese tribunal el que tenga que determinar si existe responsabilidad penal. En junio, el juicio continuó con la declaración de testigos, entre ellos trabajadores de los servicios sociales de Carloforte y profesionales que habían intervenido en la atención de los menores.

La causa italiana convive además con el procedimiento civil sobre la custodia de Daniel. El Tribunal de Casación italiano confirmó hace dos meses que la custodia del menor corresponde a su padre, después de varios años de decisiones contradictorias y recursos. La resolución dejó abierta, no obstante, la causa penal por los presuntos malos tratos que continúa en Cerdeña. El hijo menor regresó finalmente con Arcuri el 25 de julio de 2025 y permanece desde entonces en Italia.

De este modo, el archivo que ahora reclama la Fiscalía no pone fin a toda la batalla judicial que enfrenta a Rivas y Arcuri, pero sí puede cerrar uno de sus frentes principales en España. La decisión final corresponde a la Audiencia de Granada, que deberá pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público. Mientras tanto, el procedimiento italiano contra Arcuri continúa pendiente de resolución, mientras Gabriel, el hijo mayor de Rivas, vive con ella desde hace ya tres años.

Más de 130.400 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes en Andalucía. La normalidad será la nota dominante, pero hay lugares donde no se alcanza esa normalidad a veces deseada. Cabo de Gata empieza otro curso sin el instituto que los vecinos llevan años reclamando para la zona. La propuesta pasa por construir un centro de Secundaria en Pujaire que dé servicio a varios núcleos de Níjar y Almería capital y evite los desplazamientos que cada día tienen que hacer los alumnos. La plataforma ciudadana que reclama el proyecto sostiene que hay terreno disponible y que la zona reúne las condiciones para acoger el centro. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedarían aquí”, explica Lola Alonso, vecina de la zona y madre de un niño que este curso comienza la ESO.

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, también defiende la construcción del instituto y asegura que ya ha abordado el proyecto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno andaluz no concreta si tiene previsto levantar el centro ni pone fecha al proyecto. Su respuesta se limita a señalar que “la escolarización está garantizada” y que Educación continúa priorizando las necesidades de infraestructuras. Mientras, los vecinos denuncian desplazamientos de hasta 45 minutos para acudir a clase y relacionan la falta de servicios con la pérdida de población en estos núcleos.

Un instituto para toda la costa

Porque la reivindicación no se limita a Pujaire, que es un anejo de Níjar, sino que la plataforma ciudadana plantea el instituto para varios núcleos del entorno de Cabo de Gata, una zona marcada por la dispersión geográfica. El Ayuntamiento de Níjar habla de ocho pedanías de los municipios de Níjar y de la propia Almería capital que podrían beneficiarse del centro. De este modo, Pujaire, Ruescas, San José, Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Barranquete y Cortijo Abajo son los principales núcleos de población que se beneficiarían de esta infraestructura que se llamaría Puerta del Cabo por situarse, precisamente, a las puertas del parque natural.

Pero sin ella, la situación actual obliga a los estudiantes a desplazarse fuera de sus localidades para continuar sus estudios. Y no hablamos de un trayecto puntual. Es el viaje de ida y vuelta de cada día lectivo. “Si tú metes a un niño en un autobús 45 minutos para ir y otros 45 para volver a su instituto, es una barbaridad”, lamenta Francisco Palenzuela, uno de los portavoces de la plataforma que pone el foco en la gran dispersión geográfica que hay entre unas zonas y otras.

El problema, casi como la propia dispersión, viene de lejos. Palenzuela explica que la reclamación ya existía antes de los últimos comicios locales de 2023 y que, pese al cambio de corporación municipal del PSOE al PP, los vecinos han seguido reclamando el centro, contando incluso con el respaldo consistorial, pese a que Gobierno regional y local comparten signo político.

Además, personas como Lola Alonso tienen un motivo especialmente cercano para seguir reclamando el instituto: su hijo tiene 11 años y este curso comienza la ESO. Si el centro que reclaman los vecinos estuviera construido, no tendría dudas sobre dónde estudiaría. “Si estuviera el instituto, mi hijo iría a este instituto. No iría a uno tan grande como el de Puerto Carrero”, explica. En Cabo de Gata, según relata, los alumnos pueden cursar actualmente primero y segundo de ESO, pero después tienen que desplazarse para continuar sus estudios. En el caso de las familias de San José, algunas optan por llevar a sus hijos a Cabo de Gata durante esos primeros cursos y después deben buscar otro centro cuando terminan esa etapa.

La falta de un instituto propio hace que los desplazamientos formen parte de la trayectoria educativa de estos niños. Y, para algunas familias, también empieza a pesar en la decisión de dónde vivir. “Muchos padres se están yendo de aquí y vendiendo sus casas”, asegura Alonso. “Estamos perdiendo población en los pueblos rurales porque se van buscando una mejoría para su hijo”.

Un solar de 18.000 metros cuadrados

Por eso, los vecinos no solo reclaman el instituto. También tienen identificado dónde quieren que se construya ya que el propio Ayuntamiento de Níjar ha ofrecido a la Junta de Andalucía una ubicación concreta. Según la información que maneja la plataforma, se podría construir en una parcela situada en Pujaire y que cuenta con una superficie gráfica de 17.833 metros cuadrados, más que suficiente para adecuar un centro educativo que absorva a una población que supera ampliamente el millar de menores en edad para cursar sus estudios allí.

Palenzuela asegura que se trata de un terreno municipal de alrededor de dos hectáreas y considera que reúne las condiciones necesarias para acoger el instituto. “Está todo: el solar despejado, la carretera... cumple todo”, sostiene. De hecho, el Ayuntamiento de Níjar confirma que Pujaire es una de las opciones planteadas. En la información facilitada a este periódico, el Consistorio señala que el instituto, “por ubicación y requisitos”, podría construirse en la localidad.

Además, el Consistorio también asegura que ha mostrado públicamente su apoyo al proyecto. Los concejales de Educación y Urbanismo se han reunido con la plataforma para abordar la necesidad de un centro de Secundaria para toda la zona. Pero que exista un terreno disponible no significa que el proyecto esté en marcha. Falta saber si la parcela ha sido formalmente puesta a disposición de la Junta, qué trámites urbanísticos serían necesarios y, sobre todo, si Educación ha dado algún paso para convertir la propuesta en una obra.

“La escolarización está garantizada”

El Consistorio nijareño asegura que la reivindicación ha llegado a la Administración autonómica. Según explica, ha mantenido “varias reuniones” con la Delegación de Educación para abordar tanto las inversiones que ya se están realizando en los centros del municipio como futuras actuaciones. Entre ellas está, según el ayuntamiento, “la del instituto para la costa”. La plataforma, sin embargo, reclama avances concretos. Lola Alonso asegura que llevan más de un año esperando una reunión con la Junta.

“Educación lleva ya un año y pico diciendo que sí, que sí, que iríamos, y no hemos ido”, afirma. Los vecinos sostienen que la Junta les ha trasladado que poner en marcha un instituto supone una inversión importante y que hay distintos requisitos que cumplir. Palenzuela asegura que una de las explicaciones que han recibido es que “no hay fondos”. Pero la Junta no confirma esa versión. Preguntada por este periódico sobre el proyecto, su financiación y los plazos para construir el centro, la respuesta oficial no concreta ninguno de esos extremos.

El Gobierno regional se limita a defender que los alumnos de la zona tienen actualmente garantizada su escolarización. “Actualmente, la escolarización del alumnado de la zona está garantizada a través de los centros de referencia y de los recursos establecidos”, señala la Junta. Educación añade que “se sigue priorizando el plan de infraestructuras, dando respuesta a aquellas necesidades que se puedan presentar” y que continúa “atendiendo y priorizando las necesidades de infraestructuras educativas conforme se presentan”.

La Junta no aclara si contempla construir el instituto de Pujaire. Tampoco concreta en qué fase estaría el proyecto, si existe un expediente abierto, qué requisitos considera que debe cumplir la zona, cuál sería el coste de la actuación o cuándo podría ejecutarse. La respuesta deja así dos posiciones enfrentadas: para la Junta, la escolarización está garantizada con los centros y recursos existentes y para los vecinos, eso no resuelve el problema de fondo: los alumnos siguen teniendo que desplazarse y las familias siguen reclamando un centro educativo de Secundaria en su entorno.

Educación y despoblación

Pero el instituto es también una cuestión de población. La falta de servicios públicos, dicen los lugareños, está haciendo más difícil que las familias se queden. “Cada vez más gente de Pujaire y de Ruescas se está yendo a Retamar”, asegura Palenzuela. Y apunta directamente a la falta de servicios: “La gente se va, sobre todo porque no hay servicios, y la educación es fundamental”. Alonso coincide. Según su experiencia, hay familias que están optando por marcharse cuando sus hijos llegan a la edad de estudiar Secundaria. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedan aquí”, insiste.

La reivindicación se produce en una zona con una fuerte actividad turística durante los meses de verano, pero donde los vecinos reclaman servicios que permitan mantener población durante todo el año. El instituto se ha convertido así en uno de los símbolos de esa demanda. “Si no tuviéramos niños, no lucharíamos ni buscaríamos nada”, dice Alonso. “Pero tenemos espacio y nos dan el terreno”. El curso ya comienza. Los alumnos siguen teniendo plaza y la Junta insiste en que la escolarización está garantizada. Lo que no hay es un calendario para el instituto que los vecinos llevan años reclamando. Y en Pujaire siguen esperando la misma respuesta: si hay alumnos, hay terreno y el Ayuntamiento defiende el proyecto, qué falta para que la Junta dé el siguiente paso.

El CEIP Enrique Tierno Galván de La Zubia, en Granada, ha comenzado el curso escolar con parte de sus instalaciones todavía en obras. Ventanas pendientes de colocar, baños sin terminar, polvo y materiales de construcción conviven estos días con el alumnado, mientras el centro ha tenido que reorganizar algunos de sus espacios para poder arrancar las clases con normalidad. Todo ante la indignación del propio centro, las familias de los estudiantes y hasta el consistorio local.

La actuación, destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del colegio, cuenta con una inversión de 210.277,58 euros de la Junta de Andalucía. Según fuentes del propio centro educativo, las obras debían estar casi finalizadas -a falta de detalles-, a comienzos de curso, pero la realidad ha sido distinta. Mientras la Consejería de Educación sostiene que los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y que la fecha prevista para su finalización es el próximo 31 de octubre, la comunidad educativa, sin embargo, se siente engañada: el curso ha comenzado antes de que las obras hayan terminado y con buena parte de los trabajos todavía visibles en el centro.

“Nos habían dicho que a principios de septiembre iba a estar prácticamente finalizada, solo a falta de poner el elevador”, explica Carmen, presidenta del AMPA del colegio, que tiene una hija de diez años escolarizada en el centro. Según relata, las familias se encontraron al comenzar septiembre con una obra mucho menos avanzada de lo que esperaban. El AMPA asegura que durante el verano apenas ha visto trabajadores en el centro y que, ante la proximidad del inicio de las clases, la dirección y el Ayuntamiento de La Zubia tuvieron que reclamar a la Junta medidas para garantizar que el alumnado pudiera acceder al colegio sin entrar en las zonas de trabajo.

La situación ha obligado además al centro a reorganizar parte de su funcionamiento. Según el AMPA, algunas aulas han tenido que cambiar de ubicación y espacios como la biblioteca y el aula de música se han adaptado para acoger clases que ya no podían desarrollarse en sus emplazamientos habituales. Uno de los cambios que más preocupa a las familias afecta al aula TEA, donde están escolarizados cinco alumnos con necesidades específicas. “Son niños con autismo severo y van a tener que cambiar de clase cuando ya llevan tres años adaptándose a un aula”, señala Carmen. El resto del alumnado también se ha visto afectado, según el AMPA, por cambios en los patios y por la reorganización de los espacios del centro.

La presidenta de la asociación de madres y padres insiste, no obstante, en que las familias no cuestionan la necesidad de la actuación. Al contrario: las obras pretenden precisamente eliminar las barreras arquitectónicas que tenía el colegio. La crítica se centra en las condiciones en las que el centro afronta el comienzo del curso y en las expectativas que, según el AMPA, se habían trasladado sobre el calendario de los trabajos.

El Ayuntamiento de La Zubia, gobernado por el PSOE, también ha reclamado a la Junta que acelere las obras. La alcaldesa, Puri López, ha visitado en varias ocasiones el centro y avala la versión de las familias y el propio colegio: la existencia de trabajos pendientes, materiales de obra en distintas zonas, ventanas sin colocar, baños sin terminar y polvo derivado de las actuaciones. “Estamos hablando de nuestros niños y niñas y de un centro educativo en el que pasan muchas horas cada día”, señala López, que reclama que alumnado, profesorado y trabajadores puedan desarrollar su actividad “con todas las garantías de seguridad y bienestar”.

Una obra con plazo hasta finales de octubre

No obstante, la Junta de Andalucía ofrece una explicación distinta sobre el calendario. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), asegura que la actuación fue programada dentro del programa de Obras de Escolarización de Verano y que contempla un periodo de ejecución de cuatro meses. El Ejecutivo regional cifra en 210.277,58 euros la inversión y explica que la intervención tiene como objetivo la “supresión de barreras físicas y arquitectónicas” para garantizar la movilidad y la inclusión del alumnado. Según la Junta, la fecha de conclusión prevista es el 31 de octubre de 2026. Es decir, casi dos meses después del inicio del curso escolar. Una explicación que choca con el calendario que manejaba la comunidad educativa, mucho más corto en el tiempo.

Sin embargo, la Junta sostiene que mantiene el contacto con la dirección del centro y que las instalaciones serán sectorizadas para separar las zonas de trabajo de las utilizadas por el alumnado. También asegura que se adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para garantizar el inicio del curso.

Es precisamente ahí donde aparece la principal diferencia entre la versión de la Administración y la de las familias. La Junta defiende que los trabajos se encuentran dentro del plazo previsto y que el centro puede comenzar el curso con las medidas de seguridad correspondientes. El AMPA, en cambio, considera que la comunidad educativa esperaba que la obra estuviera prácticamente acabada cuando los alumnos regresaran a las aulas.

Mientras los trabajos continúan, la dirección del centro ha tenido que reorganizar espacios y recorridos para hacer compatible la actividad educativa con una actuación que todavía tiene por delante varias semanas de ejecución. Carmen reconoce que la dirección está extremando las precauciones para evitar que el alumnado acceda a las zonas de obra. “Se está controlando al máximo”, asegura después de haber recorrido el colegio para comprobar las entradas, las salidas y las medidas de seguridad.

El AMPA ha convocado además una concentración a las puertas del centro para reclamar que las obras se aceleren y que el colegio pueda recuperar cuanto antes la normalidad. La actuación que debía servir para hacer el Tierno Galván más accesible ha convertido, al menos durante el arranque del curso, parte del colegio en un espacio de convivencia entre clases y trabajos de construcción. La Junta mantiene octubre como fecha de finalización. Las familias esperan que, esta vez, el calendario se cumpla.

Han pasado tres semanas desde que dos terremotos de magnitud 4,8 sacudieron Granada en apenas cuatro días y pusieron a prueba a una ciudad acostumbrada a convivir con los seísmos. El enjambre sísmico continúa, aunque los temblores ya no forman parte de la conversación cotidiana como lo hicieron a mediados de agosto. Pero para algunos vecinos del Zaidín, el terremoto sigue estando muy presente.

Hay familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas, personas que duermen en casas de familiares y vecinos que aseguran seguir sin saber cuándo podrán volver a entrar en sus casas o qué ocurrirá con unos edificios que ya arrastraban problemas desde mucho antes de que la tierra comenzara a moverse. A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre.

En la avenida de Dílar, en la calle Navarra y en otros puntos de Santa Adela-La Cruzada, las grietas y los daños han convertido el regreso a casa en una incógnita. Algunos vecinos reclaman informes técnicos por escrito que determinen si sus viviendas son seguras; otros miran hacia un proyecto de renovación urbana que lleva décadas pendiente y que ahora vuelve a aparecer como una posible solución para los edificios más deteriorados. Mientras tanto, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno central reivindican las medidas adoptadas y las ayudas activadas, y la oposición municipal reclama más rapidez y coordinación. Tres semanas después, el terremoto puede haberse alejado de las calles, pero para quienes siguen fuera de sus casas, la emergencia todavía no ha terminado.

En otros puntos del área metropolitana, la situación sí ha empezado a desbloquearse. El Ayuntamiento de Las Gabias autorizó este pasado lunes el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, que habían sido desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico. Los vecinos pudieron regresar a sus domicilios a partir de las 16.00 horas, una vez finalizadas las obras provisionales de emergencia y realizadas las correspondientes comprobaciones técnicas.

Los trabajos concluyeron el pasado viernes y durante el fin de semana los técnicos elaboraron los informes que certificaban la seguridad de la actuación provisional. El caso de Las Gabias muestra así una evolución diferente a la de algunos edificios del Zaidín: allí el desalojo ha podido quedar resuelto tras las obras de emergencia y la certificación técnica, mientras que en Granada capital todavía hay vecinos que continúan fuera de sus viviendas y reclaman saber qué actuaciones deben acometerse y cuándo podrán regresar.

Vecinos desalojados

Uno de ellos es Luismi, vecino de la avenida de Dílar 33, uno de los edificios afectados por problemas estructurales. Lleva fuera de su vivienda desde el pasado 15 de agosto y se ha tenido que trasladar temporalmente a casa de su hija. Cinco días después de abandonar su domicilio, asegura que le ofrecieron la posibilidad de acudir a un albergue, pero desde entonces no ha recibido, según relata, nueva información sobre cuándo podrá volver. Tiene una cita prevista para este miércoles, 9 de septiembre, pero hasta entonces la incertidumbre continúa: “Sigo fuera de mi casa, nadie se ha puesto en contacto conmigo y estamos en una absoluta incertidumbre”.

La situación no solo le ha obligado a cambiar de domicilio. Luismi asegura que todavía tiene enseres dentro del edificio y que no puede acceder a ellos por el peligro existente. “Tenemos enseres todavía dentro de ella y no nos dejan sacarlos todavía por peligro”, explica. El vecino describe también el impacto que está teniendo la situación sobre quienes permanecen fuera de sus casas: “Tenemos ansiedad, miedo y un absoluto desamparo”.

El caso de Dílar 33 no es aislado. Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, explica que desde los terremotos han visitado junto al Ayuntamiento distintos pisos afectados y han hablado con residentes desalojados. Entre los edificios que considera necesario estudiar se encuentra precisamente el número 33 de la avenida de Dílar, además de otros inmuebles de las calles Bernarda Alba y Navarra. La asociación y el Consistorio, señala, están estudiando la posibilidad de buscar acuerdos con promotores privados para abordar una renovación integral y construir viviendas nuevas en aquellos edificios que presenten peores condiciones.

“No es seguro que se vaya a acometer eso”, reconoce Ruiz, que explica que una actuación de ese tipo requiere tiempo. Por eso plantea una solución en dos velocidades: reparar lo necesario para que los vecinos puedan volver cuando los técnicos determinen que es seguro y, paralelamente, estudiar una intervención de mayor alcance en los edificios cuya situación haga poco razonable limitarse a reparar los daños. “Aunque se llegara a un acuerdo para hacer una reparación integral, hace falta tiempo, porque eso no se hace de un día para otro”, apunta.

En la calle Navarra, Esther vive una situación similar. Su edificio, situado en la zona de Santa Adela-La Cruzada y construido, según explica, en los años cincuenta, sufrió daños con los terremotos. Tras los primeros seísmos acudieron bomberos, Protección Civil y voluntarios, pero la vecina asegura que no había recibido la visita de un técnico cualificado que explicara a los residentes el estado del inmueble. Hasta que, recientemente, vio a un técnico municipal en el edificio, se acercó a él y, según su relato, este le comunicó que había que actuar y que podía ser necesario desalojar a los vecinos de la parte izquierda.

“¿No han venido todavía? No, aquí seguimos”, relata Esther. El problema, añade, es que esa valoración no se ha trasladado a los vecinos por escrito. “Estamos reclamando que nos den los informes por escrito”, explica. Para los residentes, contar con una documentación técnica que determine el estado de sus viviendas resulta especialmente importante ante las distintas valoraciones que están recibiendo.

La vecina asegura que el mismo día coincidió en el edificio con un perito del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya valoración, según su relato, consideraba los daños leves. Esther teme que una indemnización insuficiente no permita a comunidades con vecinos trabajadores y pensionistas afrontar una reparación que puede requerir una derrama elevada. “Una derrama, a lo mejor, no la pueden poner y el edificio ni se puede arreglar”, sostiene.

Por eso Esther cree que en algunos casos puede resultar más razonable recuperar el proyecto de renovación urbana de Santa Adela-La Cruzada que arrastra el barrio desde hace años. “Hay edificios que están para tirarlos”, afirma. Su propuesta pasa por recuperar aquel proyecto y construir viviendas nuevas y sismorresistentes para los vecinos que necesitan una vivienda digna.

La reivindicación no es nueva. Irene, otra vecina del Zaidín, sitúa el origen del problema en el plan de renovación de Santa Adela y La Cruzada desarrollado entre 2000 y 2005, que contemplaba la demolición y renovación de numerosas viviendas antiguas del barrio. Según explica, más de dos décadas después la transformación sigue lejos de completarse y hubo además un parón entre 2008 y 2022. Los terremotos de agosto han vuelto a poner sobre la mesa, a su juicio, la vulnerabilidad de algunos de esos edificios. “¿Cómo pueden hacer que las personas regresen a sus casas, les pidan que arreglen unos muros de carga que ya están convertidos en arena, y decirles que vuelvan a vivir dentro de su casa?”, plantea. Y lanza una pregunta que resume una de las principales preocupaciones de los vecinos: “¿Qué seguridad proporcionas tú a la gente para que vivan esas viviendas?”.

El Ayuntamiento pide calma

El Ayuntamiento de Granada llama a la calma y sostiene que la respuesta sobre la seguridad de los edificios se está realizando mediante un protocolo específico. Según el Consistorio, los técnicos municipales inspeccionan o reevalúan cada inmueble y las actuaciones se planifican diariamente dando prioridad a las situaciones de mayor riesgo. Cuando un edificio es considerado seguro, los vecinos pueden permanecer o regresar; cuando se determina un desalojo preventivo, Urbanismo comunica la decisión a la Policía Local, que identifica a las personas afectadas y comprueba si cuentan con una alternativa habitacional. Servicios Sociales realiza después el seguimiento de las familias y el Ayuntamiento ofrece alojamiento de emergencia a quienes lo necesiten.

El Consistorio asegura haber realizado 1.289 inspecciones o reevaluaciones de edificios en dos fases: 706 en la primera y 583 en la segunda. También señala que mantiene un dispositivo permanente de evaluación e intervención y que desde el primer momento reforzó Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Urbanismo, Limpieza y mantenimiento. En el propio Zaidín, el Ayuntamiento puso en marcha una Oficina de Información y Asesoramiento en el Centro Cívico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada. Según sus datos, cerca de 1.800 personas han sido atendidas mediante citas individuales y grupales. También se incorporó atención psicológica, con unas 200 personas atendidas, y se habilitaron plazas de alojamiento de emergencia en Inturjoven para las personas desalojadas.

Es precisamente en este punto donde las versiones de los vecinos y la Administración presentan uno de los principales contrastes. Mientras el Ayuntamiento asegura que existe desde el inicio una solución habitacional para los desalojados y un protocolo para garantizar el seguimiento de cada familia, vecinos como Luismi aseguran que siguen esperando información concreta sobre su regreso a casa.

La oposición municipal considera insuficiente la respuesta. La portavoz socialista, Raquel Ruz, reclama a la alcaldesa, Marifrán Carazo, “certezas, coordinación y rapidez” y sostiene que algunos residentes reciben informaciones diferentes dependiendo del servicio o profesional al que consulten. El PSOE propone que se establezca un plazo máximo de una semana para que las familias dispongan de un informe técnico escrito que determine si pueden permanecer en sus viviendas o deben desalojarlas.

“Ahora mismo no puede ocurrir que una familia reciba informaciones diferentes dependiendo de con quién hable”, denuncia Ruz. La portavoz socialista reclama además que, si los técnicos municipales no son suficientes para cumplir esos plazos, el Ayuntamiento contrate arquitectos y otros profesionales de forma extraordinaria. También considera que los informes son necesarios para tramitar las reclamaciones e indemnizaciones correspondientes ante el Consorcio de Compensación de Seguros y reclama más apoyo presencial para los afectados que tienen dificultades con la administración electrónica. El PSOE extiende la misma crítica a los centros educativos del barrio. El concejal Jacobo Calvo asegura que en los colegios “no tienen ningún papel escrito” y que las evaluaciones se están gestionando telefónicamente, por lo que reclama que los informes técnicos sobre las infraestructuras escolares estén concluidos antes del 10 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas.

El Ayuntamiento rechaza esa imagen de falta de respuesta y reivindica que ha estado pendiente de la situación desde el primer día, también mediante reuniones con vecinos y otras administraciones que, según el Consistorio, no siempre se han hecho públicas. Además de las actuaciones de emergencia, el equipo de gobierno destaca como medida económica propia la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las reparaciones de daños causados por los terremotos en viviendas habituales y establecimientos donde se desarrolla una actividad económica. Para el resto de inmuebles afectados, la bonificación será del 50%.

Ayudas de la Junta

A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre. Las ayudas, dirigidas a entidades locales, podrán financiar actuaciones de reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración y reposición de infraestructuras e instalaciones dañadas, además de otros gastos vinculados a esas actuaciones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto anunciar este miércoles nuevas medidas durante su visita a Granada.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que las entidades locales pueden recurrir ya al Real Decreto 307/2005 para financiar actuaciones urgentes, como el apuntalamiento de edificios y las medidas necesarias para permitir el realojo. La Subdelegación del Gobierno señala además que durante este mes de septiembre se declarará a los municipios afectados como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, con el objetivo de complementar las ayudas a particulares y entidades locales.

La propia Subdelegación sitúa otra pieza clave en el Consorcio de Compensación de Seguros. Según la información facilitada, el organismo ha movilizado a 250 peritos de toda España y ha recibido ya más de 49.000 solicitudes de indemnización por daños. La cifra engloba las solicitudes recibidas por los daños derivados de estos episodios sísmicos, sin que el dato permita determinar por sí mismo cuántas corresponden a los edificios afectados del Zaidín.

Mientras las administraciones ponen en marcha ayudas y dispositivos, en el barrio persiste otra pregunta: cuánto tiempo puede prolongarse la espera. Para quienes viven en edificios antiguos y dañados, no siempre se trata simplemente de reparar una grieta. Hay comunidades que tienen que conocer el alcance real de los daños, saber qué parte de la intervención corresponde al seguro y determinar si pueden asumir económicamente las obras. Y hay vecinos que, como Luismi, ni siquiera pueden entrar todavía en su casa para recoger sus pertenencias.

Servicios desbordados

La emergencia también dejó al descubierto las dificultades de los servicios encargados de atenderla. Guadalupe Gutiérrez, gestora de emergencias del 112 Andalucía en Granada y delegada sindical, relata que el volumen de incidencias desbordó ampliamente la capacidad habitual del Centro de Coordinación. En condiciones normales, explica, se gestionan alrededor de un centenar de incidencias por turno, mientras que durante los terremotos llegaron a superar las mil en algunos turnos. El 18 de agosto, entre las 10:37 y las 15:00 horas, calcula que entraron entre 700 y 900 casos.

Según su testimonio, en uno de los momentos más críticos solo había dos personas trabajando presencialmente en Granada y una tercera conectada desde Jaén. También denuncia demoras en la incorporación de refuerzos y problemas con la aplicación informática utilizada para gestionar las emergencias. Algunas incidencias, asegura, llegaron a acumular esperas cercanas a las dos horas antes de ser aceptadas y trasladadas al operativo correspondiente.

Gutiérrez desvincula esas demoras de la actuación de los trabajadores: “La plantilla hizo todo lo humanamente posible, pero era materialmente imposible atender de manera simultánea semejante volumen de llamadas e incidencias con el personal disponible”. Su denuncia es que los terremotos pusieron de manifiesto carencias que, según sostiene la representación sindical, ya existían antes de la emergencia y que afectan al dimensionamiento de la plantilla, la carga de trabajo y los medios disponibles.

El terremoto, por tanto, ha dejado de ser para la mayoría de Granada una cuestión de temblores constantes y carreras a la calle. En zonas como el Zaidín sigue teniendo una dimensión mucho más concreta. Es la de una familia que duerme en casa de un hijo, la de unos vecinos que esperan un informe que determine si pueden regresar, la de una comunidad que no sabe si podrá afrontar una reparación y la de un barrio que vuelve a mirar hacia un proyecto de renovación que lleva décadas pendiente. Para ellos, el seísmo no terminó cuando dejó de temblar el suelo. Terminó -o terminará porque el enjambre sísmico no ha finalizado aunque sea menos perceptible- cuando puedan volver a abrir la puerta de su casa con la certeza de que pueden quedarse.

Desde este lunes, Almería cuenta con menos conexiones ferroviarias. En concreto, el Intercity que la conectaba con Madrid, y que pasaba por las provincias de Granada y Jaén, dejará de circular durante las obras previstas en Despeñaperros, con un plazo anunciado de 14 meses, y el tramo entre Almería y Linares-Baeza quedará cubierto por autobús. Un periodo de tiempo que puede alargarse y que, mientras dura, contará con una alternativa ferroviaria limitada a un único Alvia vía Granada, mientras Renfe anuncia refuerzos puntuales en los días de mayor demanda.

El problema es que nadie sabe todavía qué pasará después. Renfe asegura que será al terminar las obras cuando pueda determinar cómo quedará la oferta definitiva entre Almería y Madrid, sin garantizar que el Intercity vaya a regresar. Una incógnita que genera malestar entre los colectivos ferroviarios que temen que una suspensión inicialmente temporal termine convirtiéndose en una pérdida permanente de conexiones, mientras municipios como Jódar (Jaén), por donde pasaba el tren, se quedarán directamente sin ningún servicio ferroviario en su estación.

Es decir, la desaparición del Intercity no afecta únicamente a quienes utilizan el tren para desplazarse entre Almería y Madrid. El servicio también permite conectar municipios de Almería, Granada y Jaén con otros puntos de Andalucía y con la capital española. Para los colectivos ferroviarios, esa función territorial es precisamente uno de los motivos por los que reclaman que la conexión se mantenga más allá de la rentabilidad económica.

José Carlos Tejada, portavoz de la Mesa del Ferrocarril de Almería, recuerda que el servicio lleva alrededor de medio siglo cumpliendo una función de vertebración entre las provincias de Almería, Granada y Jaén. La organización admite que el Intercity no es rentable y que Renfe aporta recursos para mantenerlo, pero considera que esa circunstancia no debería determinar por sí sola la continuidad de una conexión que presta un servicio territorial. “Durante 50 años ha cumplido una misión fundamental, que ha sido vertebrar el territorio”, sostiene Tejada, que reclama que esa función se mantenga incluso cuando llegue la Alta Velocidad.

De dos conexiones a una

Además, hasta este lunes 6 de septiembre, Almería disponía de dos frecuencias diarias con Madrid. Con la suspensión del Intercity, cuenta únicamente con el Alvia que conecta ambas ciudades vía Granada. Mientras, el servicio público ferroviario entre Almería y Linares-Baeza sí se mantendrá, pero por carretera.

La Mesa del Ferrocarril, que ya ha mantenido reuniones con Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes en las que ha habido “buena sintonía”, considera insuficiente esta alternativa y ha planteado a Renfe que mantenga la segunda circulación mediante trenes Alvia. Su propuesta pasa por disponer de dos frecuencias ferroviarias entre Almería y Madrid mientras duren las obras. También la Plataforma por el Tren Almería reclama conservar la conexión de la tarde. Su portavoz, José Antonio Barrera, plantea utilizar un tren Alvia 730 híbrido, como el que actualmente realiza la conexión de Almería con Granada por la mañana, para mantener una segunda circulación.

Se anuncian obras por 14 meses. Todos sabemos que las obras civiles al final duran más. Posiblemente estaremos hablando de dos años

José Carlos Tejada — Portavoz de la Mesa del Ferrocarril de Almería

“Lo mismo que lo hace por la mañana, pedimos que lo haga por la tarde y no perdamos esa frecuencia del tren de por la tarde”, señala. Mientras el Gobierno central deriva la explicación de la situación en Renfe, la compañía, sin embargo, no se compromete con ninguna de estas alternativas en su respuesta. Desde la entidad aseguran que se reforzará determinados días el Alvia Almería-Granada-Madrid, especialmente viernes y domingos, cuando exista una mayor demanda, pero esos refuerzos puntuales no suponen recuperar la segunda frecuencia diaria.

La suspensión está vinculada a las actuaciones que Adif ejecuta en la infraestructura ferroviaria en el entorno de Despeñaperros. El plazo anunciado para las obras es de 14 meses, pero los colectivos ferroviarios miran ese calendario con cautela. “Se anuncian obras por 14 meses. Todos sabemos que las obras civiles al final duran más. Posiblemente estaremos hablando de dos años”, advierte Tejada.

La preocupación no se limita a que las obras puedan prolongarse. El principal temor es qué ocurrirá con el servicio cuando terminen. Renfe asegura que todavía es pronto para determinar cuál será la oferta definitiva entre Almería y Madrid y que será entonces, una vez conocidas las condiciones operativas de la infraestructura, cuando pueda concretar cómo se quedarán las conexiones. La compañía y la Mesa del Ferrocarril tienen previsto continuar las conversaciones durante el otoño, en una reunión en la que también está previsto que participen el Ministerio de Transportes y Adif. Por ahora, por tanto, Renfe no garantiza la recuperación del Intercity, aunque tampoco anuncia su desaparición definitiva. La decisión queda abierta a la espera de cómo quede la infraestructura y de las condiciones de explotación que resulten de las obras.

Pueblos desconectados

Sin embargo, para algunos municipios, la consecuencia del corte será mucho más profunda que perder una conexión directa con Madrid. Es el caso de Jódar, en Jaén, donde el Intercity es actualmente el servicio ferroviario que mantiene conectada la estación con el resto de la red. Su alcaldesa, Juana Cazorla, advierte de que desde la supresión de este ferrocarril no pasará ningún tren por la estación de Jódar. “¿Y qué supone eso? Un aislamiento total y absoluto”, afirma.

Cazorla considera que el ferrocarril no puede analizarse únicamente desde la rentabilidad de cada servicio. En su opinión, las conexiones ferroviarias permiten que los jóvenes estudien o trabajen fuera y sigan viviendo en sus municipios, facilitan la llegada de visitantes y contribuyen a mantener actividad económica y población en las zonas rurales.

La alcaldesa recuerda su propia experiencia familiar: una de sus hijas se desplazaba en tren a Granada para estudiar, pero un cambio de horarios terminó haciendo incompatible el servicio con las necesidades de los estudiantes. Para Cazorla, ese tipo de decisiones forman parte de un proceso de deterioro progresivo de las conexiones. “Nos cambiaron de horario, ya no les venía bien, que es una manera también de ir eliminando líneas”, sostiene.

"Cuando se quita una infraestructura, se quita un servicio; luego generar otra vez el hábito del uso es complejo"

Juana Cazorla — Alcaldesa de Jódar (Jaén)

La alcaldesa de Jódar considera que el riesgo de que una suspensión temporal termine facilitando la desaparición del servicio no es una hipótesis nueva. Su experiencia, asegura, es que una vez que una infraestructura deja de utilizarse, recuperar posteriormente los usuarios resulta complicado. “Cuando se quita una infraestructura, se quita un servicio; luego generar otra vez el hábito del uso es complejo”, señala. Ese es precisamente el temor que comparten los colectivos ferroviarios: que durante más de un año los viajeros se acostumbren a otras formas de desplazamiento y que, cuando llegue el momento de decidir qué servicios ferroviarios recuperar, la demanda sea todavía menor.

En el caso de Jódar, la alcaldesa vincula además las comunicaciones con el problema demográfico. El municipio, explica, ha pasado de rondar los 14.000 habitantes a unos 11.400. Cazorla no atribuye esa pérdida exclusivamente al ferrocarril, pero sí considera que las malas comunicaciones dificultan que los jóvenes puedan quedarse en el municipio mientras estudian o trabajan. “¿Qué hijo o hija nuestro se va a quedar en la provincia si tenemos unas comunicaciones pésimas?”, plantea.

No solo una cuestión de Madrid

El cierre temporal de esta conexión y las dudas sobre el futuro del Intercity se producen además mientras Almería sigue esperando la llegada de la Alta Velocidad, a través del Corredor Mediterráneo cuyas obras siguen ralentizadas en Lorca (Murcia). La Mesa del Ferrocarril considera que, mientras ese proyecto no se complete, la provincia necesita mejorar las prestaciones de los servicios actuales.

Tejada sostiene que sería además posible reducir alrededor de 30 minutos el viaje del Alvia mediante un nuevo estudio de los horarios y de las denominadas 'mallas' ferroviarias. A ese ahorro se sumarían otros 30 minutos cuando los trenes vuelvan a salir de la estación de Almería, en lugar de la actual situación derivada de las obras del soterramiento. El objetivo, según sus cálculos, sería pasar de unas siete horas de viaje a alrededor de seis.

La reivindicación, por tanto, no se limita a conservar una frecuencia. Los colectivos reclaman más trenes y mejores tiempos de viaje en una provincia que consideran penalizada desde hace años por sus conexiones ferroviarias. Para Cazorla, además, la llegada de la Alta Velocidad no debería significar el abandono de las líneas convencionales. “El tren no tiene que ser rentable, el tren tiene que ser un transporte público y social”, recuerda.

La alcaldesa, como los colectivos y muchas otras localidades desconectadas del tren, reclama que la defensa del ferrocarril se convierta en una reivindicación conjunta de los 97 municipios de Jaén, tengan o no estación, y de la Diputación provincial. Porque, para los municipios que atraviesa la línea, el problema no es solo sobre cuánto se tarda en llegar a Madrid, sino si dentro de unos meses seguirá pasando algún tren por sus estaciones.

Hay algo que a veces se pierde entre las prisas, los horarios y las exigencias del día a día: descansar también forma parte de trabajar. No es un favor de la empresa, ni un tiempo que se pierde, ni una concesión que pueda quedar al margen de la organización de la jornada. Para UGT Andalucía, los descansos son un derecho laboral básico y, al mismo tiempo, una herramienta fundamental para proteger la salud de las personas trabajadoras.

“El tiempo de descanso no constituye una concesión empresarial ni un elemento secundario de la relación laboral”, recuerda Clara de la Colina, secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía. Su importancia va mucho más allá de parar durante unos minutos: las pausas permiten reducir la fatiga acumulada, prevenir accidentes y limitar la sobrecarga física y emocional asociada al trabajo. Por eso, la normativa establece una serie de descansos mínimos que las empresas deben respetar. Y conocerlos es importante para saber qué derechos corresponden a cada persona trabajadora.

Cuando la jornada continuada supera las seis horas, existe el derecho a una pausa mínima de 15 minutos. En el caso de las personas menores de 18 años, la protección es mayor: si la jornada continuada supera las cuatro horas y media, el descanso debe ser de al menos 30 minutos.

Estas pausas forman parte de los mínimos legales, aunque los convenios colectivos pueden establecer condiciones más favorables y mejorar tanto su duración como su aplicación. El descanso no termina cuando termina la jornada. Entre el final de un día de trabajo y el comienzo del siguiente deben transcurrir como mínimo 12 horas. Se trata de una garantía especialmente importante para evitar que la acumulación de jornadas termine convirtiéndose en fatiga permanente y para permitir que las personas trabajadoras puedan recuperar sus capacidades físicas y psicológicas.

Un día y medio de descanso semanal

La ley establece también un descanso semanal mínimo de un día y medio ininterrumpido, equivalente a 36 horas consecutivas y preferentemente comprendiendo el domingo. La regulación permite, en los términos legalmente establecidos, que este descanso semanal pueda acumularse por periodos de hasta 14 días. Además, determinados sectores, categorías profesionales o modalidades de trabajo pueden contar con particularidades específicas, siempre dentro de las garantías legales y preventivas correspondientes.

Las vacaciones también forman parte del descanso necesario. Cada persona trabajadora tiene derecho, como mínimo, a 30 días naturales de vacaciones al año. Y hay una cuestión especialmente importante: mientras la relación laboral permanezca vigente, estas vacaciones no pueden sustituirse por una compensación económica. El objetivo es que el descanso se produzca efectivamente y permita recuperar a la persona trabajadora de la actividad laboral.

Que la ley establezca unos mínimos no significa que esos sean necesariamente los límites de los derechos laborales. La negociación colectiva puede mejorar las condiciones y establecer periodos de pausa más amplios, mejores descansos entre jornadas, descansos semanales más favorables o más días de vacaciones. También puede haber regulaciones específicas en función del sector, la categoría profesional o las características de una determinada actividad. Pero esas particularidades, recuerda UGT Andalucía, no deben convertirse en una reducción injustificada de la protección de la salud.

Descansar también es prevenir

La cuestión de fondo es precisamente esa. Los descansos no son una formalidad administrativa ni un obstáculo para la productividad. Son una medida de prevención de riesgos laborales. “Descansar también es prevenir”, subraya De la Colina. Respetar las pausas, garantizar el tiempo suficiente entre jornadas, mantener el descanso semanal y disfrutar de las vacaciones permite combatir la fatiga y reducir los riesgos asociados a la sobrecarga física y mental.

Y esta cuestión adquiere especial relevancia en un contexto en el que existe preocupación por el incremento de las bajas por enfermedad. Desde la Oficina de Atención Sindical de UGT Andalucía recuerdan que, si existe preocupación por el aumento de las incapacidades temporales, la prevención y la protección efectiva de la salud laboral deben formar parte de la respuesta.

Eso implica cumplir los descansos mínimos establecidos legalmente, evitar prolongaciones indebidas de jornada y garantizar que las plantillas puedan recuperar sus capacidades físicas y psicológicas. Porque trabajar más tiempo no significa necesariamente trabajar mejor. Y, en ocasiones, la mejor manera de cuidar el trabajo es precisamente garantizar que quien trabaja pueda parar, recuperar fuerzas y volver a hacerlo en condiciones de seguridad y dignidad.

Marcial, que siempre fue el poeta de El Margen, una pedanía de Cúllar Baza (Granada), tenía previsto leer una obra dedicada a su madre el mismo día en que 'Los Paraísos', un documental contra la desmemoria rural, se iba a emitir por primera vez en su propio pueblo. No llegó a tiempo. Murió días antes de poder verse en un film que, con el destino de por medio, ha acabado contando, dentro y fuera de la pantalla, lo que queda cuando las miradas y la gente se marchan de unas calles y unas casas que albergaron mucha vida.

Aunque esta obra audiovisual, creada por los hermanos Armando y Mercedes Camacho, no pretende ser un llanto que recuerde el pasado, sino una oda a quienes lo construyeron, lo cierto es que Los Paraísos sirve de ejemplo perfecto de cómo escuchar brinda las mejores historias. Los relatos de Genoveva Castillo, Antonio Simón, Benita Barea, que sigue cantando copla a sus 'noventa y tantos' y el propio Marcial Rodríguez construyen lo que un día fue El Margen, en un mundo que parece destinado a convertir en realidad su nombre y que documentales como este están dispuestos a cambiar.

Así, durante algo más de media hora, las cuatro personas, que ya han superado las nueve décadas de vida, hablan de un pasado rural que sigue muy presente en cada uno de sus poros. Alternado con imágenes captadas por dron que dan muestra de la belleza del paisaje que rodea el altiplano de Granada, el corazón del documental es un ejercicio de respeto y memoria. Sobre todo memoria. Por y para quienes nunca han deseado perderla.

Un ejercicio de memoria

Porque ese fue, precisamente, el punto de partida de sus autores. Hijos de un padre de Cúllar y una madre de Galera, Armando y Mercedes Camacho crecieron vinculados a esta comarca del norte de la provincia y decidieron convertir ese arraigo en un homenaje a sus padres, a sus antepasados y a una forma de entender la vida que se desvanece al mismo ritmo que la despoblación. “Ha surgido como un homenaje a nuestros padres, a nuestros ancestros, a nuestra tierra y a poner en valor unas costumbres que ya se están perdiendo”, explica Armando Camacho en conversación con este periódico.

El proyecto, completamente autofinanciado, se prolongó durante un año. Armando asumió la grabación, tanto con cámara como con dron, el montaje y hasta la composición musical. Sin embargo, pronto comprendieron que el documental dejaría de pertenecerles para convertirse en un espacio donde los protagonistas hablaran con total libertad. “Les planteamos unas preguntas básicas, pero han sido ellos quienes han querido contar lo que han querido contar. No queríamos una fórmula exacta, sino que se sintieran cómodos y transmitieran sus sensaciones”, explica.

Y lo que cuentan no es únicamente la historia de un pueblo. Es la historia de toda una generación. La de quienes nacieron entre finales de los años veinte y mediados de los treinta, crecieron marcados por la Guerra Civil y la posguerra, apenas pudieron acceder a la escuela y aprendieron a leer gracias a vecinos que enseñaban lo imprescindible entre faenas agrícolas. También la de quienes hicieron del campo una escuela de vida, fabricando sus propios aperos, conservando alimentos durante años o aprendiendo a cultivar una tierra donde el agua siempre fue escasa.

“Son personas de 90 años, pero muy jóvenes. No son los típicos abuelos ancianos”, insiste Camacho. De hecho, uno de los momentos más espontáneos del documental llega cuando Benita rompe a cantar con la naturalidad de quien sigue celebrando la vida. Esa vitalidad fue una constante durante todo el rodaje. Los directores compartieron comidas, migas junto a la lumbre, canciones, bailes y también lágrimas. “Esto ha superado el mero hecho técnico o artístico de hacer un documental. Hemos acabado teniendo una relación de amistad con cada uno de ellos”, reconoce.

Un pueblo que resiste

La realidad que rodea a El Margen hace aún más valiosos esos testimonios. La pedanía, que llegó a reunir a miles de habitantes durante el siglo pasado, apenas supera hoy los tres centenares de vecinos. La emigración hacia Cataluña y el Levante, primero, y el envejecimiento posterior han ido vaciando sus calles hasta el punto de que este ha sido el último curso de su colegio, que cerrará definitivamente tras quedarse con solo dos alumnos.

Sin embargo, Los Paraísos evita caer en la nostalgia fácil. No idealiza el pasado ni esconde la dureza de unas vidas atravesadas por el hambre, el trabajo desde la infancia o las privaciones. Algunas de esas historias, reconoce Camacho, ni siquiera aparecen en el montaje final. “Había testimonios de cosas muy duras y preferimos dejar algunas fuera”. La intención nunca fue recrearse en el sufrimiento, sino conservar la dignidad de quienes lo vivieron.

Quizá por eso el documental está despertando una respuesta que trasciende el propio pueblo. Personas que emigraron hace décadas a Barcelona, Madrid o el norte de España reconocen en estas conversaciones la voz de sus abuelos y la memoria de unos lugares que también forman parte de su identidad. “Todo el mundo que lo está viendo dice que le recuerda a su abuelo”, dice con orgullo su director.

El efecto, además, ya se deja notar en El Margen. Gracias al impulso generado por la película volverá este año una antigua cuadrilla musical que llevaba tres décadas desaparecida, mientras sus autores ya preparan nuevos documentales en otras localidades del Geoparque de Granada con el mismo propósito: registrar la memoria antes de que sea demasiado tarde.

Porque eso es, en el fondo, Los Paraísos. No un documental sobre cuatro personas mayores ni sobre un pueblo que pierde habitantes. Es el intento de conservar una forma de mirar el mundo antes de que desaparezca con quienes todavía pueden contarla. Y en tiempos en los que todo parece medirse por la velocidad, detenerse durante treinta y siete minutos para escuchar a Genoveva, Antonio, Benita y Marcial quizá sea la mejor forma de recordar que la memoria también necesita quien la escuche.

En la Costa Tropical granadina, entre Salobreña y el mar, la antigua azucarera del Guadalfeo sigue en pie como una estructura detenida en el tiempo y como testigo de cómo las intenciones urbanísticas pueden acabar incluso con un bien protegido. Cerró en 2006, pero su historia no terminó ahí porque una de sus naves fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016, aunque continúa sin un proyecto de conservación o musealización y con buena parte de sus instalaciones deteriorándose. Una degradación que ocurre a la par que se aprueban proyectos de construcción que derribarán parte de las instalaciones para levantar nuevas edificaciones aledañas.

La propuesta lanzada en la pasada campaña electoral andaluza desde Por Andalucía para convertir la nave más importante de la azucarera en un gran museo andaluz ha vuelto a situarla en el debate público en los últimos meses. No es una idea nueva. Tampoco una promesa inédita. Durante los últimos veinte años, la azucarera ha aparecido y desaparecido del discurso institucional mientras su futuro quedaba suspendido entre la protección patrimonial, el planeamiento urbanístico y la propiedad privada. Y es que pese a ser un conjunto industrial considerado único en su tipología en Europa sigue sin un destino definido dos décadas después de su cierre.

Todo ello a pesar de que se trata de unas instalaciones que tienen más de siglo y medio de historia. La fábrica tiene su origen en el siglo XIX. Fue fundada en 1861 y llegó a convertirse en uno de los principales motores de la economía azucarera andaluza. La caña de azúcar fue la base durante décadas la vida agrícola de la Vega de Salobreña y la Costa Tropical, condicionando el paisaje, el trabajo y las relaciones sociales de toda la comarca.

Según quienes trabajaron en ella, la azucarera no era sólo una fábrica, sino el centro de un sistema económico completo. La campaña de la caña movilizaba a agricultores, cooperativas, cortadores y personal técnico en un engranaje estacional que marcó generaciones. “Era un trabajo salvaje, salvaje. No se atrevía la gente a hacerlo porque te destroza”, recuerda Alejandro Espinosa, cooperativista que participó en las negociaciones del cierre y trabajó en la gestión del sector cañero.

Un terreno atractivo para el urbanismo costero

El punto de inflexión llegó en 2006. La producción dejó de ser rentable y la actividad industrial se acabó deteniendo, en parte por la competencia exterior. Pero, según relatan varias personas que estuvieron muy ligadas a ella, el contexto económico de aquellos años no puede separarse del entorno inmobiliario que se estaba gestando en la zona. “Los cantos de sirena eran los campos de golf y la construcción”, cuenta Espinosa al recordar las negociaciones de la época.

Así, la caída del cultivo de la caña coincidió en ese momento con el auge de las expectativas urbanísticas sobre los suelos agrícolas más próximos al litoral. No en vano, eran los años de la burbuja inmobiliaria. En ese proceso, la continuidad de la actividad azucarera acabó dejando paso a una reconfiguración del territorio: parte de la Vega perdió su uso agrícola tradicional y se abrió la puerta a nuevos desarrollos residenciales y turísticos. Desarrollos que más de dos décadas después sí se van a llevar a cabo, mientras el uso cultural de la vieja fábrica sigue en el aire.

No obstante, desde dentro del sector, hubo intentos de buscar alternativas. Se exploraron cultivos sustitutivos, mejoras en los sistemas de riego o la reconversión hacia productos derivados de mayor valor añadido, como el azúcar moreno o usos industriales de la caña. Pero la viabilidad económica del modelo no terminó de sostenerse. “Yo luché por que se mantuviera al menos una parte de la Vega”, señala Espinosa. “Se hicieron estudios, alternativas, pero aquello ya no era rentable”.

En paralelo al cierre industrial, el futuro del complejo quedó vinculado a un desarrollo urbanístico más amplio en la zona. Según relatan fuentes implicadas en el proceso, sobre los terrenos se proyectaban operaciones residenciales que incluían cientos de viviendas y la transformación del entorno. En ese contexto, la azucarera quedó condenada a un futuro entre operaciones inmobiliarias que jugaban con su desaparición. Por eso, la Junta Andalucía otorgó en 2016 la figura de BIC a una de las naves, intentando así una protección patrimonial que pretendía frenar la demolición completa del complejo.

“Se estaba planteando tirar la fábrica, dejar el solar a cero y construir viviendas”, explica el histórico dirigente de IU en Salobreña, Ángel Coello. No en vano, la declaración BIC obliga a conservar los elementos protegidos y bloquea su demolición, aunque no resuelve automáticamente su uso futuro. Sin embargo, pese a ser un espacio protegido, lo que ocurra con la azucarera está condicionado por los planes urbanísticos que sí se están empezando a ejecutar en las naves y zonas no protegidas de la propia fábrica, mientras el uso museístico sigue olvidado.

Un museo que nunca llega

Desde la declaración como BIC, la idea del museo industrial ha estado presente de forma recurrente. Sin embargo, nunca ha llegado a materializarse. Tanto Coello como otras fuentes consultadas coinciden en que, por las características del complejo y la maquinaria conservada, el uso museístico es prácticamente la única alternativa viable. “El ayuntamiento no tiene capacidad ni para invertir ni para gestionar un museo”, apunta Coello. “Por eso la Junta debería integrarlo en su red de museos”. Pero la realidad administrativa actual es otra.

Según la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, no consta la presentación de proyectos de conservación o musealización del bien. Tampoco se han emitido órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento. La Junta recuerda además que el planeamiento urbanístico vigente prevé un mecanismo para la cesión del complejo como dotación cultural dentro del desarrollo del sector SUT-1 de Salobreña. Sin embargo, ese proceso depende de que la propiedad inicie el desarrollo urbanístico correspondiente.

Mientras eso no ocurra, la responsabilidad del mantenimiento recae en la empresa propietaria, Azucareras del Guadalfeo S.A., que debe cumplir con las obligaciones de conservación establecidas en la legislación de patrimonio histórico. El Ayuntamiento de Salobreña, por su parte, sostiene que el margen de actuación es limitado, ya que el planeamiento está aprobado y el conjunto forma parte de un ámbito urbanizable en manos privadas. El resultado de esta arquitectura administrativa es un escenario de responsabilidades cruzadas.

Así, la Junta señala la falta de proyectos por parte de la propiedad, el Consistorio sostiene que el planeamiento está cerrado desde hace años y la propiedad no ha respondido a las solicitudes de este medio para conocer su posición. Mientras tanto, el complejo continúa deteriorándose. La imagen es la de un espacio protegido en el papel, pero sin intervención real sobre el terreno. Un Bien de Interés Cultural que no se ha llegado a consolidar ni a tener un proyecto de uso público ni una estrategia de conservación estable. “Eso está ahí en el aire”, lamenta Alejandro Espinosa sobre el futuro del museo.

Porque la azucarera del Guadalfeo no es sólo un edificio en desuso, sino que se trata de uno de los últimos vestigios de la industria azucarera en la península, con maquinaria casi única que formó parte de un sistema productivo que marcó durante más de un siglo la economía de la Costa Tropical. Pero también es un caso de estudio sobre cómo se gestionan -o se bloquean- instalaciones claves cuando entran en conflicto distintos intereses: la protección patrimonial, la planificación urbanística y la propiedad privada.

“Recuerdo cuando los veranos se me hacían eternos y en casa de mi abuela me ponía a preguntarle cosas de la familia”. Ese recuerdo, tan arraigado en muchos de nosotros, lo dibuja en su memoria Inmaculada Alemán, catedrática de Antropología Física e investigadora de la Cátedra Salvador Vila de Memoria Democrática por la Universidad de Granada (UGR), e impulsora de un proyecto que busca precisamente rellenar el puzle que es el pasado.

Alemán, junto con un equipo de investigadores, están desarrollando una hemeroteca del recuerdo que pretende devolver a la vida a represaliados de la Guerra Civil y el franquismo. A través de un sistema online que pretende acercarse a todas las generaciones nace 'Las luces de los que ya no están'. Una idea que surge de la necesidad de incidir en la memoria histórica de España y de dar acceso a la ciudadanía a una herramienta que quiere estar abierta a cualquiera que pretenda dar luz al olvido.

Porque la idea está íntimamente ligada con sacar de la universidad el conocimiento para que sea accesible a cualquier vecino que necesite contar la historia de los suyos o indagar en la de otros para que el tiempo no siga enterrándolas. Con ese convencimiento, Alemán y su equipo, que pertenecen a la cátedra Salvador Vila, que lleva el nombre del rector de la UGR que fue fusilado en 1936 en el mismo lugar que Federico García Lorca, han abierto un periodo de preinscripción para que todos los interesados, no necesariamente de Granada capital, puedan adherirse a una iniciativa que concluirá su primera fase el 31 de octubre.

El proyecto no se limita a abrir un espacio donde recopilar recuerdos. La intención de la cátedra es enseñar a cualquier ciudadano a reconstruir una biografía con la misma metodología que emplean los historiadores: consultar archivos, rastrear noticias en hemerotecas, localizar documentos oficiales, revisar fotografías familiares o entrevistar a quienes todavía conservan la memoria de aquellos años. Todo ese material servirá para recomponer vidas que, en muchos casos, quedaron reducidas a un nombre o a un silencio.

Un proyecto abierto

“No queríamos que fuera solo para estudiantes o investigadores, sino que queríamos que estuviera abierto para toda la ciudadanía”, explica Alemán a este periódico. La iniciativa nació cuando los integrantes de la cátedra comenzaron a plantear qué actividades podían desarrollar. “Pensamos en conferencias o presentaciones de libros, pero queríamos hacer algo que llegara a todo el mundo”. El proyecto también busca aprovechar un momento muy concreto del año: el verano. No por casualidad, sino porque es cuando muchas familias vuelven a reunirse en los pueblos y los nietos comparten más tiempo con sus abuelos. Es ahí donde la investigadora cree que aún sobreviven relatos que nunca llegaron a escribirse.

“Nos interesa muchísimo llegar a las personas mayores, porque cada vez quedan menos que conserven ese recuerdo. Queremos que los chavales hablen con sus abuelos este verano y recuperen parte de esa memoria”, explica. Para Alemán, muchas familias todavía guardan piezas de un puzle que nunca terminaron de completar por miedo, por el paso del tiempo o simplemente porque nadie volvió a preguntar.

Esa es, precisamente, la filosofía de una iniciativa que pretende construir la historia desde abajo. “Queremos hacer historia con las historias de las familias”, resume la investigadora. Porque, sostiene, la represión franquista no solo forma parte de los libros, sino también de miles de historias domésticas que permanecen escondidas en álbumes de fotografías, cartas, partidas de nacimiento, expedientes administrativos o recortes de prensa que nunca habían vuelto a leerse.

Cualquier documento puede convertirse en una pista. La plataforma permitirá subir fotografías, cartas, certificados, testimonios orales o cualquier otro material que ayude a reconstruir una biografía. Después será el equipo de la Universidad de Granada el encargado de orientar a los participantes y dar coherencia a toda esa información para convertirla en un relato documentado.

Entre quienes ya se han inscrito se encuentra el cantaor flamenco Juan Pinilla, que pretende aprovechar las herramientas que ofrece la universidad para profundizar en dos episodios de la historia de su familia marcados por la represión franquista. Por un lado, quiere seguir investigando el caso de su bisabuelo materno, Rafael Molina Manta, que fue sometido a la depuración psiquiátrica impulsada por el equipo del médico Antonio Vallejo-Nájera en la posguerra.

Por otro, tratará de arrojar luz sobre un supuesto hijo que su abuelo habría tenido tras resultar herido en la batalla de Brunete, una historia familiar de la que solo recientemente ha comenzado a conocer algunos detalles. “Lo que ofrece este proyecto es una herramienta fundamental para enfrentarse a archivos, información e investigación, además de un soporte digital donde subir los nombres de nuestros familiares para que se conozca su historia y que, como decía Julia Conesa, una de Las Trece Rosas, sus nombres no se borren de la historia”, explica.

Ir más allá

El trabajo se organizará a través de foros virtuales distribuidos por los barrios de la Granada de los años treinta -aunque el proyecto también está abierto a investigaciones de otros municipios-, con recursos metodológicos y acompañamiento durante todo el proceso. La idea es que quienes nunca han investigado aprendan también a utilizar archivos y hemerotecas, dos herramientas fundamentales para completar los huecos que la memoria familiar ya no alcanza a llenar.

La ambición, sin embargo, va más allá de la propia investigación. Cuando finalice esta primera fase, la cátedra quiere crear un mapa interactivo en el que cada una de las biografías recuperadas vuelva a ocupar el barrio en el que transcurrió su vida. También prevé organizar actividades en la calle para que esos nombres regresen simbólicamente al espacio del que un día desaparecieron.

“No lo planteamos como resistencia, sino como fortaleza”, afirma Alemán al ser preguntada por el auge de los discursos que cuestionan las políticas de memoria democrática. “Creo que estamos en un momento de suficiente madurez para presentar toda esta evidencia a la ciudadanía”. Porque, para la investigadora, cada biografía recuperada no solo permite reconstruir la historia de una familia, sino también completar el relato colectivo de un país que todavía conserva demasiados huecos en su memoria.

Desde que nació, Aurora ha volcado su vida en mejorar la de su hijo. No es una frase hecha ni algo que se escape de lo común, pero sí es la realidad de una madre que ejemplifica cómo es tener a un hijo con necesidades especiales en Andalucía. A sus cinco años, está a tan solo uno de perder el derecho a recibir la atención temprana que ofrece la Junta de Andalucía a los menores de entre 0 y 6 años, cuyo modelo está tensionado. Profesionales y familias argumentan que las últimas decisiones del Ejecutivo regional están favoreciendo una externalización del servicio que ahoga a quienes trabajan en él y dificulta la atención de los niños.

En Andalucía, según datos de la Junta, alrededor de 35.000 menores necesitan de la atención temprana que se ofrece en los diferentes centros que hay por toda la comunidad autónoma. Son los llamados Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT) que, dependiendo de la provincia, están externalizados más en entidades del tercer sector o en empresas privadas. Un reparto que pone en jaque el modelo porque, como denuncian los profesionales sanitarios, Almería, Granada o Sevilla sufren directamente las consecuencias de que los CAIT sean gestionados desde el sector privado. Aurora sabe de primera mano lo que implica ese hecho. Su hijo de cinco años lleva toda su vida acudiendo a este servicio y se puede considerar afortunado.

Según los datos que manejan desde el sector, en provincias como Granada la lista de espera para acceder a la atención temprana supera los 200 niños y en otras como Almería la cifra se dispara hasta los 700. De ahí que Aurora explique que ella logró que su hijo entrase en un CAIT tras “reclamarlo mucho por vía administrativa”. No en vano, “la atención que necesitan niños como el mío ni acaba con las horas que les atienden diariamente, ni termina a los seis años”. Resume así que el modelo no solo languidece por su externalización, sino porque se queda corto en cuanto a atención. “Desde hace tiempo, nosotros llevamos a nuestro hijo a profesionales particulares para que completen su seguimiento”, explica.

La situación ha llegado hasta el punto de que familias y profesionales han decidido unirse en una sola voz para reclamar cambios en un sistema que, aseguran, lleva años acumulando problemas y que la última adjudicación de los conciertos sociales ha terminado por agravar. Para ello, llevan tiempo movilizándose porque su principal preocupación no es únicamente quién gestione los centros, sino las consecuencias que tiene un modelo que se renueva cada dos años y que, con cada licitación, vuelve a poner en cuestión la estabilidad de trabajadores y menores.

Un sistema “inestable”

“Cada dos años se tensiona el sistema. Cada dos años se pone profesionales en la puerta de la calle y se reubica a niños sin tener en cuenta el vínculo terapéutico”, lamenta Aurora. Su caso ilustra bien ese temor. Toda la organización familiar gira alrededor de las sesiones de psicología, logopedia y terapia ocupacional de su hijo. Incluso los horarios laborales de ella y de su marido, así como la rutina de su hija pequeña, dependen de las terapias. “Nuestra vida gira en torno a las sesiones de mi hijo”, cuenta.

Ese vínculo con los profesionales es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a las familias. Especialmente cuando se trata de menores con trastornos del neurodesarrollo, la confianza con la persona que les atiende constituye una parte esencial del tratamiento. “En el momento en que el niño confía en la persona que está con él, ya has triunfado. Si un niño con autismo no confía en quien lo atiende, está perdiendo el tiempo”, explica Aurora, que reconoce haber cambiado de profesional hasta encontrar uno con el que su hijo lograra establecer esa relación.

Sin embargo, esa continuidad es precisamente la que dicen que está desapareciendo. Y no solo lo perciben las familias. También quienes trabajan dentro de los Centros de Atención e Intervención Temprana. “Nosotros somos profesionales sanitarios: fisioterapeutas, logopedas, psicólogos... Pero al trabajar en un servicio público externalizado, nuestras condiciones son muy precarias comparadas con las de nuestros homólogos de la sanidad pública”, explica Ángela, una profesional que trabaja en uno de los CAIT andaluces. A su juicio, el principal problema es que la atención temprana “se ha convertido en un sitio de paso”.

Los salarios, denuncia, apenas superan el salario mínimo interprofesional (SMI). “Un logopeda que acaba de terminar su especialización puede cobrar unos 1.100 euros. Con antigüedad puede llegar a 1.400. No puedes vivir con ese sueldo”, lamenta. La consecuencia es inmediata: quienes adquieren experiencia terminan marchándose a otros ámbitos del sistema sanitario, a clínicas privadas o incluso abandonando la profesión.

“La gente se va porque no aguanta aquí”, afirma. “Tengo compañeras que están preparando oposiciones, otras que han decidido hacerse autónomas y otras que directamente están estudiando otra profesión”. Una rotación constante que, insiste, repercute directamente sobre los menores. “Las familias sufren un cambio constante de terapeuta. Y eso rompe un vínculo al que ellas le dan muchísimo valor”.

La Junta defiende el nuevo concierto social

La última adjudicación de los conciertos sociales ha incrementado además la incertidumbre. Algunas entidades han perdido parte de las sesiones que gestionaban y otras han dejado de prestar el servicio. Eso ha obligado a redistribuir menores entre distintos centros y ha abierto numerosas dudas sobre la continuidad laboral de las plantillas y sobre cómo se aplicarán las subrogaciones previstas en los nuevos contratos.

En algunos casos, denuncian, los profesionales serán contratados por las nuevas adjudicatarias, pero perderán la antigüedad acumulada durante años. En otros, todavía ni siquiera saben cuál será su futuro laboral. “Ni las propias empresas saben muy bien cómo se va a hacer. Creo que han incluido la subrogación sin ser conscientes de la complejidad que tiene”, sostiene Ángela. Las profesionales rechazan que se trate únicamente de una reivindicación salarial. Insisten en que la financiación actual no permite mantener equipos estables ni mejorar las condiciones laborales porque el incremento aprobado por la Junta resulta insuficiente para absorber el aumento de los costes de los últimos años. “Ellos presumen de haber aumentado la financiación, pero la subida no cubre todo lo que ha subido la vida. Con ese dinero hay que pagar salarios, alquileres, materiales... No llega”, explica.

Desde la Consejería de Salud, sin embargo, defienden que el nuevo concierto social supone precisamente un refuerzo del sistema. Según los datos facilitados a elDiario.es Andalucía, la nueva planificación incrementa un 13,1% el presupuesto respecto al contrato anterior, hasta superar los 52 millones de euros anuales, y aumenta un 5,1% el número de sesiones financiadas, además de elevar el precio por sesión hasta los 30,13 euros.

La Junta niega además que la pérdida de adjudicaciones haya supuesto el cierre de ningún CAIT. Reconoce que algunas entidades han perdido lotes, pero sostiene que esas sesiones han sido asumidas por otras organizaciones y que, en la mayoría de los casos, el volumen total incluso se ha incrementado. Asimismo, rechaza que exista un proceso generalizado de privatización y defiende que el sistema continúa siendo mixto, con un claro predominio de entidades sin ánimo de lucro en provincias como Huelva, Málaga, Córdoba o Cádiz, mientras que en Granada, Almería y Sevilla existe una mayor presencia de empresas privadas.

Un modelo que se agota

Es precisamente en esas provincias donde las familias sitúan el origen del conflicto. Consideran que el creciente peso de empresas privadas está modificando un modelo que históricamente había recaído en entidades sociales con una larga trayectoria en atención temprana. “Las empresas privadas están sentadas en la mesa donde se negocian los pliegos. Las familias y los trabajadores no”, critica Aurora, cuyo hijo está en uno de estos CAIT.

A ello se suma un problema que ni familias ni profesionales consideran resuelto: las listas de espera. Aunque la Junta defiende el incremento de sesiones, quienes trabajan sobre el terreno sostienen que el aumento de la demanda continúa dejando fuera a cientos de menores. Según los datos que manejan las plataformas familiares, en provincias como Granada se supera actualmente los 200 niños esperando una plaza y en otras como Almería se rebasa los 700.

La preocupación va más allá del presente. Las profesionales advierten de que el modelo puede quedarse sin relevo si las condiciones laborales no mejoran. “Lo que realmente me preocupa no es nuestra situación, sino la atención temprana. Creo que en dos o tres años no va a haber profesionales dispuestos a trabajar aquí”, alerta Ángela como profesional sanitaria implicada en este servicio. Explica que ya resulta complicado cubrir bajas porque los recién titulados descartan incorporarse a unos centros donde los salarios son bajos, la estabilidad depende de licitaciones periódicas y la presión asistencial no deja de aumentar.

Mientras tanto, las familias continúan organizando su vida alrededor de un servicio que consideran imprescindible para el desarrollo de sus hijos y que, denuncian, cada vez ofrece menos certezas. Aurora tiene claro que seguirá reclamando cambios, no sólo por su hijo, sino por quienes vienen detrás. “Soy maestra. No peleo solo por mi hijo. Me duelen también todos los demás porque esto es un maltrato permanente”.

Hay una pregunta que cada verano cobra más importancia en ciudades como Granada: ¿cómo bajar la temperatura de unas calles que superan con facilidad los 40 grados? La respuesta pasa, en parte, por los árboles. Pero no por cualquiera ni de cualquier manera. Un equipo de investigación de la Universidad de Granada ha comprobado, tras dos años de mediciones en el parque Federico García Lorca, que cinco especies destacan por su capacidad para refrescar el entorno urbano. Se trata del olivo, el fresno, el plátano de sombra, el níspero y el naranjo amargo, capaces de reducir la temperatura bajo sus copas una media de dos grados y alcanzar descensos puntuales de hasta 3,5 grados respecto a zonas sin vegetación.

Sin embargo, el hallazgo más relevante del proyecto BioCiTrees no es ese ranking de especies. La investigación apunta a que la forma en que las ciudades distribuyen sus zonas verdes puede resultar incluso más determinante que la cantidad de árboles que albergan. “No basta con plantar más árboles, sino que hay que conectar las áreas verdes de la ciudad para que estén lo más unidas posible”, explica la investigadora del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada Nuria Pistón, una de las responsables del estudio.

Del mapa del calor al mapa de la desigualdad

La investigación comenzó mucho antes de instalar sensores en los árboles. El equipo científico quería averiguar dónde coincidían las temperaturas más elevadas con la población que más dificultades tendría para soportar las olas de calor. Para ello cruzaron información climática con indicadores socioeconómicos como la renta, el envejecimiento de la población o la capacidad de adaptación frente a episodios de calor extremo. El resultado permitió localizar las zonas donde el riesgo climático y la vulnerabilidad social se superponen.

Fue entonces cuando surgió una segunda pregunta: una vez identificados esos barrios, ¿qué tipo de vegetación resulta más eficaz para reducir la temperatura? Entre el verano de 2024 y comienzos de 2026, los investigadores instalaron sensores bajo la copa de 19 especies distintas presentes en el parque Federico García Lorca y los compararon con otros colocados en espacios abiertos sin vegetación.

“Sabemos que los árboles enfrían, eso ya lo conocíamos. Lo que queríamos era cuantificar qué especies lo hacen mejor y cuántos grados son capaces de reducir”, argumenta Pistón. Los resultados preliminares sitúan al olivo, el fresno, el plátano de sombra, el níspero y el naranjo amargo como las especies que generan un microclima más fresco. Todas las especies estudiadas reducen la temperatura, gracias a la sombra y a la evapotranspiración, aunque estas cinco destacan sobre el resto.

La investigadora, no obstante, lanza una advertencia para evitar interpretaciones simplistas. “No quiere decir que ahora llenemos la ciudad de olivos”, señala. La elección del arbolado debe incorporar otros criterios como las alergias, el comportamiento de las raíces, el mantenimiento o la adaptación al entorno urbano.

La principal conclusión del proyecto tiene más que ver con el urbanismo que con la botánica. Según los investigadores, una ciudad obtiene mejores resultados frente al calor cuando sus parques y espacios verdes están conectados mediante calles arboladas o corredores vegetales que cuando concentra toda la vegetación en grandes parques aislados. “La planificación urbana tendría que ir por ahí”, sostiene Pistón.

Los barrios de siempre

Ese planteamiento cobra especial importancia en ciudades mediterráneas como Granada, donde el efecto de isla de calor hace que barrios muy urbanizados acumulen temperaturas significativamente superiores a las de su entorno. Para la investigadora, el objetivo no debería limitarse a crear grandes zonas verdes en la periferia, sino conseguir que el verde penetre hasta el interior de la ciudad mediante una red continua de vegetación. “El cinturón verde es una iniciativa muy interesante, pero tendría que conectarse hacia dentro de la ciudad para que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de calles más frescas”, afirma.

Una de las cuestiones que también plantea el estudio es cómo actuar en barrios consolidados, donde apenas existe espacio para plantar grandes árboles. Pistón cree que incluso esos entornos pueden mejorar su confort térmico mediante soluciones adaptadas al espacio disponible. “Donde no se puedan poner árboles grandes habrá que utilizar otras estrategias, como paredes verdes u otro tipo de vegetación que necesite menos espacio”, explica.

Aunque reconoce que todavía queda mucho por investigar -los resultados corresponden a un parque y el siguiente paso será medir qué ocurre en calles asfaltadas o en otras ciudades-, la investigadora insiste en que existe una evidencia difícil de discutir. “Sabemos que al final lo que más refresca es la vegetación”. La conclusión llega en un momento en el que las ciudades buscan fórmulas para adaptarse a un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Y el estudio de la Universidad de Granada apunta a que combatir el calor no depende únicamente de plantar más árboles, sino de decidir dónde y cómo hacerlo para que la sombra llegue también a quienes más la necesitan.

Granada ha vuelto a temblar con fuerza este martes y el miedo acumulado durante los últimos días se ha disparado entre una población que todavía no había recuperado la calma tras el terremoto de 4,8 registrado en la madrugada del pasado sábado. A las 10:39 de la mañana, un nuevo seísmo de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar, ha vuelto a sacudir el área metropolitana y ha dado paso a una veintena de réplicas, dos de ellas también por encima de magnitud 4. El episodio ha dejado tres heridos leves, numerosos daños materiales y el desalojo de espacios como la Alhambra, así como diferentes espacios públicos y centros comerciales.

El terremoto de este martes tiene además un significado especial si se mira con perspectiva histórica. Los 4,8 registrados el pasado sábado de madrugada -inicialmente situado en magnitud 5 y posteriormente revisado- y el de este martes se encuentran entre los mayores terremotos superficiales registrados en Granada desde 1955. En la serie histórica consultada, solo aparecen por encima los seísmos de Armilla de 1955, de magnitud 5,1, y los de Purchil en 1956 y Lentegí en 1984, ambos de magnitud 5. Otro terremoto, registrado en Galera en 1964, alcanzó también los 4,8.

La provincia, sin embargo, ha sufrido terremotos mucho más grandes si se atiende únicamente a la magnitud. El más llamativo es el de Dúrcal de 1954, al que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) atribuye una magnitud de 7,8, pero cuyo hipocentro se situó a unos 650 kilómetros de profundidad, lo que hizo que su intensidad en superficie fuese mucho menor. También el terremoto de Arenas del Rey de 1884, de magnitud estimada 6,5, provocó una catástrofe en la provincia: el IGN recoge unos 4.400 edificios destruidos, 13.000 dañados y 839 víctimas mortales.

La comparación relevante para entender lo ocurrido estos días es, por tanto, la de los terremotos superficiales. Y ahí los dos seísmos de 4,8 de agosto se sitúan entre los más importantes registrados en Granada en las últimas décadas. La diferencia respecto a aquellos episodios históricos es que ahora la provincia ha registrado dos movimientos de esta magnitud en apenas cuatro días y dentro de una secuencia sísmica que continúa activa.

“Al principio parecía un terremoto de 6 o 7”

La sacudida ha vuelto a coger por sorpresa a miles de personas que ya llevaban varios días pendientes de cualquier movimiento. Alicia, una trabajadora social que se encontraba en su oficina cuando ha comenzado el terremoto, ha pensado inicialmente que se había producido un derrumbe en el edificio situado junto al suyo.

“Yo pensaba que del edificio de al lado se había derrumbado algo, porque ha sido como una explosión”, relata. El primer estruendo ha ido seguido del movimiento del edificio y de los cristales. “Cuando he escuchado el ‘bum’ he salido corriendo”, cuenta. Al regresar, ha comprobado que no había ningún derrumbe, pero los cristales seguían temblando y en la oficina se habían caído varios cuadros. “Digo, hostia, esto es un terremoto, pero tremendo. Qué miedo”, explica. Como muchas otras personas, se ha echado a la calle por temor y ya en la vía pública ha percibido las siguientes réplicas.

En La Zubia, municipio limítrofe con Gójar y próximo al epicentro, la percepción ha sido similar. Ángel cuenta que el primer movimiento sísmico le ha parecido inicialmente mucho mayor de lo que finalmente han establecido los instrumentos. “Al principio parecía un terremoto de 6 o 7. Una barbaridad”, explica. Él y su mujer se han refugiado debajo de la mesa del salón hasta que ha terminado la sacudida. No en vano, no oculta que ambos tienen miedo ante una situación que les hace sentir “muy vulnerables”.

Pero la reacción no se ha limitado a buscar refugio durante el temblor. El miedo acumulado durante los últimos días ha llevado a algunos vecinos a abandonar temporalmente el área metropolitana. Ángel cuenta que las carreteras hacia la costa y la salida de Málaga se han congestionado y que, personas con segundas residencias, han decidido marcharse hacia la playa para pasar allí el día. “La gente que tiene segunda vivienda se está yendo y echa el día en la playa”, explica.

Judit se encontraba con su hijo recién nacido y se disponía a ir precisamente hacia Gójar cuando se produjo el terremoto. La intensidad de la sacudida la hizo detenerse ante el miedo, aunque finalmente tanto ella como el bebé se encuentran bien. “Ha sido muy fuerte. Qué horror. Nos hemos asustado, pero estamos bien”, cuenta. La diferencia entre las experiencias de los vecinos vuelve a poner de manifiesto que la percepción de un terremoto no depende únicamente de su magnitud. La profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de terreno y las características de los edificios determinan en buena medida cómo se siente una misma sacudida.

Daños en fachadas, cornisas y edificios

Esta vez, además, el terremoto ha dejado daños visibles en distintos puntos de la capital y del área metropolitana. A los daños que se han producido en edificios históricos con algunos elementos patrimoniales dañados, cornisas, elementos de fachadas, falsos techos y otros elementos también se han desprendido en otros lugares como consecuencia de las sacudidas, mientras distintos municipios han comenzado a evaluar el estado de sus edificios. Muchos vehículos y escaparates de comercios se han visto a su vez dañados por la caída de diferentes elementos de los edificios.

En Granada capital, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha informado de nueve incidencias de especial gravedad que han obligado a cortar siete calles. Los desprendimientos han afectado a fachadas, cornisas y otros elementos de edificios. El Ayuntamiento insiste, no obstante, en que los daños evaluados en la capital no son estructurales.

La situación es más delicada en Las Gabias, donde alrededor de un centenar de viviendas han sido desalojadas después de que los técnicos detectasen fisuras en elementos estructurales de los inmuebles, que ya habían resultado afectados por el terremoto del pasado 15 de agosto. Alrededor de 600 personas han tenido que dormir fuera de sus viviendas por precaución, aunque los técnicos informan de que no hay un peligro estructural inminente en ninguna de los inmuebles.

La magnitud de la respuesta también permite medir la dimensión de la alarma. Según Carazo, solo durante la mañana se recibieron 229 llamadas en la centralita de la Policía Local, 168 en el Cuerpo de Bomberos y otras 61 trasladadas al 092. Los servicios municipales han tenido que priorizar las incidencias y desplazarse a los lugares donde se comunicaban posibles daños. La Alhambra también ha sido desalojada y permanece cerrada mientras se evalúa el estado de espacios como la Alcazaba y los Palacios Nazaríes. Laura, trabajadora del recinto, cuenta que durante los primeros momentos hubo desconcierto entre los trabajadores y visitantes. “Además, estaba todo el mundo con pánico”, relata.

La secuencia de terremotos terminó provocando también el desalojo de grandes centros comerciales y diferentes espacios públicos, en una reacción preventiva ante la posibilidad de nuevos movimientos y mientras se evaluaban los daños. No en vano, en algunas tiendas se ha producido el colapso de falsos techos que han caído sobre los productos en exposición.

Dos 4,8 en cuatro días: una secuencia distinta a la de 2021

El episodio actual comparte algunas características con el enjambre que mantuvo en tensión a Granada en 2021, pero también presenta diferencias relevantes. En aquel año se llegaron a registrar más de un millar de terremotos y varios movimientos de magnitud superior a 4. El mayor incluido en la serie histórica de estos días fue de 4,6, registrado en agosto de 2021. Ahora, sin embargo, la secuencia ha dejado dos terremotos de magnitud 4,8 en apenas cuatro días, además de varias réplicas superiores a 4. El primero, registrado en la madrugada del sábado, fue inicialmente comunicado como un terremoto de magnitud 5 y posteriormente revisado a 4,8. El de este martes ha vuelto a alcanzar esa misma magnitud.

La repetición de movimientos fuertes es uno de los elementos que explican que la percepción de riesgo sea especialmente elevada entre los granadinos. “Llueve sobre mojado”, ha resumido la alcaldesa al explicar que muchos de los edificios que ya fueron revisados después del terremoto del día 15 están siendo evaluados nuevamente. El Ayuntamiento dispone de una aplicación desarrollada junto al Colegio de Arquitectos que permite conocer la situación en la que se encontraba cada inmueble revisado entonces.

La propia Carazo reconoce la angustia vivida durante la mañana del martes, especialmente entre quienes nunca habían experimentado una situación semejante. “Sé la angustia que hemos vivido esta mañana, especialmente nuestros mayores y los más pequeños, que nunca habían vivido una situación de estas características”, señaló ante los medios.

Un terremoto que se siente más de lo que dice su magnitud

La intensidad con la que se han percibido las sacudidas del martes tiene una explicación geológica. José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, explicaba tras el primer episodio de estos días que la depresión de Granada es una cuenca sedimentaria rodeada de fallas. “La depresión de Granada es una cubeta de sedimentos que está completamente rodeada por fallas”, señalaba. Los materiales blandos de la cuenca producen fenómenos de amplificación de las ondas sísmicas, lo que puede hacer que terremotos de magnitud moderada se perciban de forma especialmente intensa.

A esto se suma la relativa poca profundidad de buena parte de los movimientos registrados en la zona. Azañón estimaba que muchos de los terremotos de esta secuencia podían estar produciéndose a entre 3,5 y 5,5 kilómetros de profundidad, aunque advertía de que la profundidad es uno de los parámetros que presenta mayor margen de error en la localización. Por eso, el hecho de que un terremoto sea de magnitud 4,8 no permite por sí solo anticipar qué daños provocará. También importan el terreno, la profundidad, la distancia respecto al núcleo urbano y la vulnerabilidad de las construcciones.

Precisamente por eso, el experto advertía de que el actual episodio no debe compararse directamente con los grandes terremotos que han golpeado recientemente otros países. Las fallas que están generando esta secuencia en Granada tienen una longitud de varias decenas de kilómetros, muy inferior a las grandes estructuras tectónicas capaces de producir terremotos de magnitud 7 o superior. “No es previsible que haya terremotos de siete y pico, porque para eso necesitamos una falla que tenga una longitud de ciento o incluso mil kilómetros. No es el caso de nuestras fallas”, explicaba Azañón.

Eso no significa que Granada esté fuera de peligro sísmico. El geólogo sitúa en torno a 6,5-6,6 la magnitud de los mayores terremotos que podrían producir las estructuras tectónicas de la zona, tomando como referencia los grandes terremotos históricos de Alhama y Arenas del Rey. La diferencia con un terremoto de 4,8 es considerable: la escala de magnitud es logarítmica y un seísmo de 6,5 libera unas quince veces más energía que uno de magnitud 5.

“No podemos predecir ninguna nueva repetición”

La incertidumbre es ahora una de las principales fuentes de preocupación. Después de varios días de actividad, un terremoto de 4,8 y una nueva sucesión de réplicas, muchos vecinos se preguntan cuánto puede durar la secuencia y si todavía puede producirse otro movimiento importante.

La respuesta de los expertos no permite hacer una predicción concreta. Azañón ya advertía de que muchos terremotos pequeños no sirven para “liberar” energía y evitar automáticamente uno mayor. “No tiene nada que ver”, explicaba. Una falla puede seguir moviéndose y las rupturas pueden modificar las condiciones de las zonas próximas, pero no existe una regla que permita asegurar que después de muchos terremotos pequeños no habrá otro más fuerte.

La alcaldesa también ha insistido en este límite del conocimiento científico. “No podemos predecir ninguna nueva repetición”, ha señalado, al tiempo que ha pedido a la población que recurra a los canales oficiales y no a informaciones difundidas sin verificar en redes sociales. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha elevado la fase de preemergencia a emergencia, situación operativa 1, para incrementar los recursos disponibles y reforzar la atención ciudadana. La recomendación de las autoridades es clara: si vuelve a producirse una sacudida, no salir corriendo del edificio ni colocarse junto a fachadas, cornisas u otros elementos que puedan desprenderse. Carazo ha pedido mantener la calma y permanecer en las viviendas siempre que su estructura no haya resultado dañada.

Pero Granada afronta ahora una espera distinta a la de 2021. No solo porque el suelo haya vuelto a temblar, sino porque en apenas cuatro días ha registrado dos terremotos de 4,8, ambos entre los mayores movimientos superficiales de las últimas décadas. La ciudad ha vuelto a descubrir, de la forma más física posible, que vive sobre un territorio sísmicamente activo. Y esta vez el miedo no se ha quedado dentro de las casas: ha llevado a vecinos a refugiarse, a otros a abandonar temporalmente la zona y a las administraciones a multiplicar sus dispositivos de emergencia.

La sucesión de terremotos que mantiene en vilo a Granada ha provocado que una pregunta se repita entre la población: ¿puede producirse aquí un terremoto de la magnitud y las consecuencias de los que recientemente han sacudido otros países como Colombia o Venezuela? La respuesta de José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, es tranquilizadora, aunque con matices: las características de las fallas que atraviesan la provincia hacen que no sea previsible un seísmo de magnitud 7 o superior como los que pueden producirse en otros contextos tectónicos.

“No es previsible que haya terremotos de siete y pico, porque para eso necesitamos una falla que tenga una longitud de ciento o incluso mil kilómetros; no es el caso de nuestras fallas”, explica Azañón, que ha analizado durante años la actividad sísmica de la depresión de Granada. La secuencia actual se concentra en un conjunto de fallas de longitud intermedia, de varias decenas de kilómetros, cuya capacidad para generar grandes terremotos está, por tanto, limitada por sus propias dimensiones.

Eso no significa que Granada esté libre de terremotos de magnitud considerable. Al contrario: el geólogo recuerda que los movimientos que se producen en la provincia responden a procesos tectónicos que se prolongan durante cientos de miles o incluso millones de años. “Nuestra perspectiva es pequeñísima comparativamente con lo que duran esos procesos”, señala. La actividad puede concentrarse durante un periodo en una zona y desplazarse después a otra, aunque la velocidad media de deformación sea muy moderada.

El terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Alhendín es, precisamente, un episodio especialmente relevante dentro de ese contexto. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el movimiento a las 01:04 horas y la sucesión de temblores posteriores llevó incluso a la Junta de Andalucía a activar la fase de emergencia, en situación operativa 1, por riesgo sísmico. Al mismo tiempo, el 112 recibió más de 200 avisos relacionados con el seísmo y se produjeron daños materiales, aunque no se han notificado víctimas.

De este modo y dada la magnitud y la intensidad, Azañón considera que el terremoto de esta madrugada es el de mayor magnitud registrado en Granada en las últimas décadas. “De esta magnitud, es la magnitud más grande en los últimos 50 años, que yo tenga constancia”, afirma. En su análisis, utilizando la magnitud momento, sitúa el episodio en torno a 5,2.

Un suelo que amplifica los terremotos

Una de las claves para entender por qué los terremotos de Granada provocan una percepción tan intensa está precisamente bajo los pies de sus habitantes. La depresión de Granada es una cuenca sedimentaria rodeada de fallas. “Es una cubeta de sedimentos que está completamente rodeada por fallas”, explica el catedrático. El terreno sobre el que se asientan buena parte de Granada y su área metropolitana está compuesto por materiales sedimentarios relativamente blandos. Cuando las ondas sísmicas alcanzan la superficie, esas características del terreno pueden provocar fenómenos de amplificación. “Al tener tantos sedimentos blandos”, añade Azañón.

Es una de las razones por las que un terremoto que no tenga una magnitud extraordinariamente elevada puede sentirse con enorme intensidad por la población. La magnitud mide la energía liberada por el seísmo, pero el movimiento que experimentan las personas en un punto concreto depende también de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las características del terreno.

La profundidad es otro de los elementos relevantes en la secuencia actual. Aunque los registros pueden ofrecer inicialmente profundidades de alrededor de diez kilómetros, Azañón advierte de que ese es precisamente uno de los parámetros con mayor margen de error en la localización de los terremotos. Su estimación es que buena parte de estos movimientos podrían estar produciéndose entre 3,5 y 5,5 kilómetros de profundidad.

La combinación de terremotos relativamente superficiales y la amplificación producida por los sedimentos ayuda a explicar las sensaciones descritas estos días por numerosos vecinos: edificios que parecen oscilar “como un barco”, paredes que se mueven y objetos que llegan a desplazarse.

Muchos terremotos pequeños no “evitan” uno grande

La sucesión de movimientos también ha recuperado uno de los mitos más extendidos después de un enjambre sísmico: que muchos terremotos pequeños sirven para liberar la energía acumulada y evitar que se produzca uno mayor.

Azañón lo descarta tajantemente: “No tiene nada que ver”. Cada ruptura está relacionada con las características de la falla que se mueve y, aunque la actividad de una zona puede modificar las condiciones de otras áreas próximas, no existe una relación automática por la que una sucesión de terremotos pequeños descarte la posibilidad de otro de mayor magnitud. El experto apunta, eso sí, que es muy poco habitual que inmediatamente después se produzca un terremoto de una magnitud sustancialmente superior. Eso no permite hacer predicciones a semanas o meses vista, pero sí pone en contexto la evolución de las primeras horas de una secuencia.

De hecho, el actual episodio sísmico todavía está lejos, en número de movimientos, del enjambre que mantuvo en vilo a Granada en 2021, cuando llegaron a registrarse más de un millar de terremotos. Azañón advierte de que la secuencia actual tiene características similares, pero por ahora acumula muchos menos movimientos. “Eso no quiere decir que no pudiera llegar a ese número”, señala.

Granada sí puede sufrir terremotos mayores

El mensaje tranquilizador respecto a los terremotos de magnitud 7 o superior no debe confundirse con la idea de que el riesgo sísmico de Granada sea bajo. La provincia está atravesada por numerosas fallas y tiene antecedentes de terremotos mucho mayores que el registrado esta madrugada.

Azañón sitúa en torno a magnitud 6,5-6,6 el orden de magnitud de los mayores terremotos que podrían producir las estructuras tectónicas de la zona, tomando como referencia los grandes terremotos históricos de Alhama y Arenas del Rey. Y recuerda que la escala de magnitud es logarítmica: un terremoto de 6,5 liberaría aproximadamente quince veces más energía que uno de magnitud 5.

La diferencia fundamental respecto a los grandes terremotos de Colombia o Venezuela está, por tanto, en el contexto tectónico. Las fallas que protagonizan la actividad actual en Granada tienen dimensiones muy inferiores a las estructuras capaces de producir terremotos de magnitudes extremas.

Además, el riesgo no depende únicamente de la energía liberada. “No siempre hay que mirar la energía, sino también la profundidad a la que se ha producido y lo cerca o lejos de una población”, explica el catedrático. Un terremoto superficial y próximo a una zona urbana puede producir consecuencias mucho mayores que otro de similar magnitud ocurrido a gran profundidad o a cientos de kilómetros de distancia.

El mayor riesgo está en lo que se puede caer

La otra cuestión que deja sobre la mesa la secuencia actual es hasta qué punto están preparadas las edificaciones granadinas. Azañón señala que Granada cuenta con una normativa sismorresistente especialmente exigente y que los edificios construidos conforme a ella deben cumplir requisitos específicos de cimentación y estructura. El problema está en el parque inmobiliario más antiguo, levantado antes de la existencia de esas exigencias. “Los edificios más antiguos son los más vulnerables”, apunta.

Y no se trata únicamente de evitar que un edificio colapse. También resulta fundamental controlar los elementos que pueden desprenderse durante una sacudida, desde cornisas hasta cerramientos y otros elementos de las fachadas. Para Azañón, la prevención debe implicar a administraciones, técnicos, constructores y ciudadanos. La idea fundamental, sostiene, es que el terremoto no tiene por qué convertirse necesariamente en una catástrofe si las construcciones están preparadas para soportarlo.

Japón es, en ese sentido, el ejemplo que utiliza el geólogo para explicar hasta dónde puede llegar la prevención: “Si nosotros hacemos edificaciones como lo hacen los japoneses las víctimas no existirán o serán mínimas”. Porque el terremoto, en sí mismo, no es necesariamente lo que mata. Lo decisivo es qué ocurre cuando la onda sísmica llega a una ciudad y encuentra edificios, fachadas y otros elementos que no están preparados para soportarla.

En Granada, por ahora, la ciencia no permite anticipar cuándo terminará la actual secuencia ni descartar completamente nuevos movimientos. Sí permite, sin embargo, ponerla en contexto: la provincia vive sobre un territorio sísmicamente activo, pero las fallas que están generando el actual enjambre no son comparables con las grandes estructuras tectónicas capaces de provocar los terremotos extremos que han sufrido otros países.