El pasado 8 de marzo, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte publicó la Resolución de 29 de febrero de 2024 por la que se acuerda someter a información pública el “Borrador del II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027”. Un documento de apenas 17 páginas, sin memoria económica, sólo con dos cuadros de datos con los que se pretende explicar la financiación de estas políticas durante los próximos cuatro años.
En este documento, carente de explicaciones sobre el destino económico específico para las actuaciones previstas en él ni calendarización de éstas, sí aparece en cambio en el análisis de la situación actual una dosis importante de autobombo en la que, además de atribuirse los méritos de las actuaciones llevadas a cabo por gobiernos anteriores e interrumpidas desde 2019, se obvia el abandono por parte del Gobierno Andaluz de las políticas memorialistas y, a su vez, de las propias víctimas durante los últimos 4 años largos.
De tal manera que, tras haber conocido en este tiempo la falta de ese compromiso de la derecha andaluza con las víctimas y con las políticas de memoria demostrado desde que ocupan el Ejecutivo Andaluz, es fácil dudar a priori que vayan a tomarse en serio los objetivos y actuaciones especificadas en el propio documento al que nos referimos. Me vienen ahora a la cabeza aquellas declaraciones públicas y publicadas del actual Alcalde de Sevilla (PP) a los pocos días de su toma de posesión cuando calificó de “despilfarro” las políticas de memoria histórica.
No obstante, donde mejor se visualiza esa voluntad de ejecutar las políticas es en los presupuestos que se diseñan para ellas. Y en este caso, en líneas generales, ya se produce un recorte de un 47% con respecto a aquel I Plan Cuatrienal de Memoria Democrática de finales de 2018. Así, de los 9.492.000 € previstos para el I Plan cuatrienal (2019-2022) se ha pasado a los 5.044.160 € previstos para el período 2023-2027.
Es importante tener en cuenta que el proceso para la aprobación de este II Plan se inició el pasado 25 de octubre y todavía no se ha presentado formalmente y en sede parlamentaria el balance de ejecución de aquel I Plan.
Otra cosa es la ejecución que se hizo de aquellos presupuestos propuestos en los años correspondientes al I Plan. Lo cierto es que la mayoría de las actuaciones previstas en él, y que hoy vuelven a aparecer en el nuevo Plan, no se ejecutaron. A pesar de que todas derivaban de la misma Ley 2/17 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Es importante tener en cuenta que el proceso para la aprobación de este II Plan se inició el pasado 25 de octubre y todavía no se ha presentado formalmente y en sede parlamentaria el balance de ejecución de aquel I Plan.
Ya ha transcurrido un año desde la finalización del I Plan y se ha pasado “en blanco”. Al menos, ni se conoce nada del nivel de ejecución de las actividades previstas para ese año 2023 ni su grado de inversión/ejecución presupuestaria.
Pero para el año en curso hay una dotación presupuestaria de 957.160 € (a priori, la menor de los cuatro ejercicios); destinándose prácticamente el 80% de ese dinero (764.881 €) para “culminar el proceso de reconocimiento institucional de víctimas de la guerra civil y la posguerra”. Pobre asignación presupuestaria para tan ambicioso propósito. Más aún cuando en éstos últimos años el gobierno andaluz de derechas jamás ha celebrado institucionalmente un “14 Junio como Día de Homenaje y Recuerdo a las víctimas del franquismo” como establece la propia Ley Andaluza de MH y D.
Tampoco ha financiado proyecto alguno de monumentalización ni ha declarado en el mismo tiempo transcurrido alguna nueva declaración de “Lugar de Memoria”, como también establece esta Ley Andaluza. Destaco estos tipos de actuaciones porque aparecen previstas en este bloque como se deduce de la lectura del borrador del II Plan. Con éstas, cuesta trabajo pensar que van a cumplir con lo que se están comprometiendo.
Sólo destina ese II Plan para este año la ridícula cantidad de 112.279 € para promover la participación de la ciudadanía andaluza en el desarrollo, impulso y concienciación de actuaciones relacionadas con la memoria democrática en Andalucía
Además, en ningún momento el actual Gobierno Andaluz se ha prodigado en destinar fondos suficientes para las tareas de localización y exhumación de fosas o de identificación de restos recuperados. Ha sido fundamentalmente la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la que ha transferido durante la pasada Legislatura y a través de la FEMP, en torno a los 5 millones de euros, para financiar este tipo de actuaciones (3.000 fosas en Andalucía).
Igual ocurre, por ejemplo, con la planteada actualización del Mapa de Fosas de Andalucía o con la Elaboración del Censo de Víctimas Andaluzas. Ambas actuaciones contempladas en la Ley Andaluza de Memoria Democrática de 2017 y recogidas en este nuevo Plan pero que han estado inéditas durante los últimos cuatro años.
Además, sólo destina ese II Plan para este año la ridícula cantidad de 112.279 € para promover la participación de la ciudadanía andaluza en el desarrollo, impulso y concienciación de actuaciones relacionadas con la memoria democrática en Andalucía. Mucho me temo que, con ese dinero, el mandato legal de revisión de los contenidos curriculares y la formación del profesorado en materias específicas de memoria histórica (art. 47 de la Ley Andaluza de MH y D), y del que tan sólo el 0.13% de los 107.000 profesores y profesoras andaluces se han servido; continuará esperando algunos años más.
Por último, sólo el 8.35% de la cantidad prevista en el II Plan de MD para 2024 (957.160 €), es decir, la escasa cantidad de 80.000 €, irán destinados a contribuir a la optimización de la cooperación y coordinación entre las administraciones públicas andaluzas en materia de Memoria Democrática, a pesar de que el documento está en todo momento incidiendo en la importancia de esa cooperación interadministrativa.
Y la realidad es que la tiene, pero pensarán en el Gobierno Andaluz que esa cooperación interadministrativa es importantísima. Pero en las actuaciones conjuntas que hemos conocido, gran parte de los fondos han sido exigidos a otras administraciones ajenas a la Junta o a los propios familiares de las víctimas so pena de no emitir la autorización definitiva de un proyecto de actuación en fosas. Aún así, con las cantidades asignadas para el cumplimiento de este objetivo nada hace pensar que en adelante vaya a ocurrir lo contrario salvo que otras administraciones lo asuman.
No se aprecia consignación presupuestaria en el borrador de este II Plan para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas en ese período
Las cantidades consignadas para los tres años posteriores son ligeramente superiores aunque con una pequeña diferencia con respecto al primer año (apenas unos 405.000 € por año de diferencia con respecto al primer año del Plan), mientras que el reparto económico entre los principales objetivos consignados presupuestariamente es proporcionalmente similar durante los cuatro años.
Así, no se aprecia consignación presupuestaria en el borrador de este II Plan para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas en ese período, asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo la investigación y divulgación para su estudio y conocimiento científico. Siendo así, no se me ocurre cómo piensan poner en marcha por ejemplo el compromiso de poner en funcionamiento del Instituto Andaluz de la Memoria para el que, dicho sea de paso, no aparece especificada ninguna partida presupuestaria en dicho documento.
En definitiva, se prevé una nueva Legislatura desastrosa para la recuperación de nuestra memoria histórica, para el conocimiento de lo que verdaderamente ocurrió durante la represión franquista y para la definitiva reparación del daño causado a las víctimas.
Una situación que nos volverá a distanciar de la realidad que se produce en la actualidad en el conjunto de países europeos con democracias consolidadas y nuestros gobernantes andaluces seguirán desoyendo las recomendaciones que llegan desde los organismos institucionales internacionales o desde el propio derecho internacional humanitario.
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